Francisco Daniel Iturros Garcia

Expediente 453/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
453/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
09/07/2021

Partes del expediente

  • Francisco Daniel Iturros Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de julio de dos mil veintiuno. I. SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la cual negó la Protección de la Justicia Federal en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se negó la Justicia de la Unión, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Asimismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente principal, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes incidentales, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En diverso aspecto, devuélvase la documental exhibida por la autoridad responsable 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Enrique Palacios Iniestra, consistente en el registro de audio y video de las resoluciones combatidas dentro de la carpeta judicial administrativa PUE/311/2021, contenido en dos discos versátiles digitales. No ha lugar a solicitar el acuse de recibo respecto de los discos versátiles digitales devueltos, toda vez que la autoridad responsable indicada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de los discos versátiles descritos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión; por lista a sus autorizados, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; mediante oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 453/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Francisco Daniel Iturrios García; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibido el diecisiete siguiente, en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Francisco Daniel Iturrios García, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos siguientes: "Ill.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Puebla, quien tiene su domicilio en el edificio del Centro de Justicia Penal Federal del Poder Judicial de la Federación." "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Las resoluciones pronunciadas el veintiséis y veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en autos del proceso penal PUE/311/2021, de! índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Federal Acusatorio en el Estado de Puebla, actuando como Juez de Control dentro de la causa penal PUE/311/2021, la primera en la que se calificó y ratificó la legalidad de la detención y retención ministerial del suscrito imputado FRANCISCO DANIEL ITURRIOS GARCIA, aquí quejoso; la diversa en la que se decretó en contra del suscrito imputado FRANCISCO DANIEL ITURRIOS GARCÍA, aquí quejoso la prisión preventiva oficiosa; la tercera en la que se dictó auto de vinculación a proceso, en contra de FRANCISCO DANIEL ITURRIOS GARCÍA, por la probabilidad en la comisión del hecho que la ley señala coma delito CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE POSESION CON FINES DE COMERCIO, EN LA HIPOTESIS DE VENTA DE CLORHIDRATO DE METANFETAMINA, previsto y sancionado en el ordinal 195, párrafo primero y tercero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal, en relación con el 25, fracción II y 479, ambos de la Ley General de Salud." (Fojas 7 vuelta y 8). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1º, 11, 14, 16, 19 y 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite del asunto. En acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno (fojas 12 a 19), se registró la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 453/2021 de este índice y se previno a la promovente para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Mediante escrito fechado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno (foja 22), el quejoso desahogó la prevención en cita, señalando como responsable a dicha autoridad. En auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 23 a 28), se admitió a trámite la demanda, con incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito. TERCERO. Parte tercera interesada. A la agente del Ministerio Público Federal Silvia Martínez Cruz, en su carácter de autoridad tercera interesada se le emplazó a juicio el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. CUARTO. Cita para sentencia. En acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 23 a 28), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad que reside en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, escrito de desahogo, así como del análisis de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en este juicio de derechos fundamentales, se reclama: Del 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de juez de control (Jesús Enrique Palacios Iniestra): a) El control de la detención efectuado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, sobre el quejoso, en la causa penal PUE/311/2021. b) El auto de vinculación a proceso dictado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, contra Francisco Daniel Iturrios García, en la causa penal PUE/311/2021, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia del delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el ordinal 195, párrafo primero y tercero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal, en relación con el 245, fracción II y 479, ambos de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 9 párrafo primero y 13 fracción II, del Código Penal Federal. c) La medida cautelar impuesta al quejoso, en audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, consistente en la prisión preventiva oficiosa, dentro del procedimiento penal PUE/311/2021. Y, del 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla: La ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al rendir sus informes justificados las responsables aceptaron los actos reclamados (fojas 332 y 39), por lo que se tiene plenamente acreditada su certeza. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las documentales que al efecto adjuntaron (fojas 34 a 38 y fojas 41 a 47) y la reproducción del registro audiovisual de la audiencia inicial de veintiséis y su continuación el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, contenidas en el disco versátil digital remitido en apoyo al informe justificado de la ordenadora, en el que se aprecia que, en efecto, emitió las determinaciones combatidas en la causa penal PUE/311/2021. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica de los actos reclamados esto es, que se trata de determinaciones emitidas dentro de un proceso judicial, la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, ya que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Así, la resolución relativa al control de la detención fuer dictada en la audiencia inicial, verificada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, mientras que la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso se verificaron el veintiocho siguiente, y se notificaron personalmente tanto al directo quejoso como a su defensa, durante su desahogo, por lo que esas notificaciones, en su orden, surtieron efectos el veintisiete y el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 94 del ordenamiento legal en cita. En ese sentido, el pazo de presentación de la demanda de amparo abarcó, para el primer caso, del veintiocho de abril al diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Y, en el segundo, del treinta de abril al veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, con descuento, de los sábados y domingos que mediaron entre dichos períodos, así como del cinco de mayo de dos mil veintiuno, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que si la demanda de amparo se presentó el catorce de mayo de dos mil veintiuno, es claro que su promoción fue oportuna. QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y este juzgador tampoco advierte, de oficio, que se actualice alguna, por lo que es procedente el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de la que derivan los actos reclamados, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos reclamados se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el directo quejoso tiene el carácter de imputado en el procedimiento penal de origen. Apoya lo anterior, por analogía y razones que la conforman, la jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor." También es aplicable, la tesis 1a. CCL/2011 (9a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se transcribe a continuación: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. El principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen; para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defensor; sin embargo, la oportunidad de las partes de intervenir directamente en el proceso, no puede traer como consecuencia que en el caso de una defensa inadecuada, por una deficiente argumentación en el debate de los elementos presentados en su contra, se deje al imputado en estado de indefensión, al no haberse controvertido correctamente su valor convictivo, menos aún en el caso de reservarse su derecho a realizar alguna manifestación, y que su silencio sea utilizado en su perjuicio, pues acorde con la fracción II, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no puede utilizarse en su perjuicio. En ese sentido, de la interpretación armónica del principio de contradicción con la institución de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, contenida en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que ambos procuran proteger ampliamente y apartándose de formalismos, los valores e intereses humanos de la más alta jerarquía, por cuyo motivo, tratándose de la materia penal, la suplencia se da aun en el caso de no haberse expresado conceptos de violación o agravios por el imputado, pues el órgano de control constitucional puede suplir no sólo su deficiente formulación, sino su total ausencia, pudiendo, por ello, el imputado y su defensor, a través del juicio de amparo, impugnar el alcance probatorio que asignó el juez de control o juez de garantía a los datos de investigación que motivaron la formalización del procedimiento y a los datos aportados en su defensa y, en consecuencia, el dictado del auto de vinculación a proceso, expresando las razones por las que a su juicio fue indebida dicha valoración; de estimar lo contrario, se vulneraría su derecho a una defensa adecuada contenido en la fracción VIII del apartado B, del citado artículo 20 constitucional. SÉPTIMO. Estudio de los actos reclamados. En principio, conviene apuntar que a efecto de analizar la constitucionalidad del auto de vinculación reclamado, esta autoridad únicamente ponderará las cuestiones debatidas en la audiencia inicial, que constituyen la base en la cual se emitieron las mencionadas determinaciones del juez de control responsable y, que constan en los registros de audio y video almacenados en el disco versátil digital que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado. Por otra parte, se precisa que este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 75, de la Ley de Amparo, no puede sustituirse al juez de control responsable y analizar en esta sentencia los registros y actuaciones practicados por el órgano técnico, que atento al principio de contradicción que rige al sistema de justicia penal acusatorio y oral, el juez responsable no tuvo en cuenta al emitir el acto ahora reclamado; máxime que no se trata de pruebas supervenientes relacionadas directamente con la violación a derechos humanos de la primera etapa de investigación. Se invoca, en lo conducente, las tesis 1a. CCIV/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHOS HUMANOS. SU RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL AL ESTUDIO DE VIOLACIONES Y PRUEBAS SUPERVENIENTES RELACIONADAS CON LA PRIMERA FASE DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Las violaciones a derechos humanos en la primera fase de investigación del nuevo sistema de justicia penal pueden ser reclamables en amparo, por lo que esta Primera Sala sostiene la Jurisprudencia 1a./J. 107/2007, de rubro: 'ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SON SUPERVENIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN.'. Ello no se contrapone a la Jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), también sostenida, de rubro: 'ORDEN DE APREHENSIÓN O auto de vinculación a proceso. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).'. Lo anterior es así, porque si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio ha admitido como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tengan directa relación con hechos de la investigación, más aún, si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal. Lo que reconoce el segundo criterio es la revisión de constancias conforme a la naturaleza jurídica del nuevo sistema de justicia penal, pero ello no implica que pierda vigencia y obligatoriedad el primer criterio rector para la admisión de pruebas en cuestiones de excepcionalidad, incluso, de máximo rigor al tratarse de tortura. Por ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el hecho de que la autoridad responsable no hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del nuevo procedimiento penal, no es impedimento para que el tribunal de amparo admita y valore medios de prueba supervenientes que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación. Al respecto, un caso paradigmático es la tortura, pues además no debe perderse de vista que versa sobre un tema de pronunciamiento previo y oficioso." Asimismo, sirven de apoyo, las tesis VI.2o.P.38 P (10a.), emitidas, en su orden, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE IMPONERSE DE LOS DATOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, RESOLVER CONFORME A LAS CUESTIONES EFECTIVAMENTE DEBATIDAS EN LA AUDIENCIA. Atento a que el sistema procesal penal acusatorio y oral opera, entre otros, bajo el principio de contradicción, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente y aportar pruebas al respecto, al decidir sobre la procedencia del auto de vinculación a proceso, el Juez de control no debe imponerse de los datos que integran la carpeta de investigación, sino en observancia a dicho principio, resolver conforme a las cuestiones efectivamente debatidas en la audiencia. Lo anterior, a fin de evitar la formación de un criterio propio que afecte su objetividad e imparcialidad, y que su decisión se emita únicamente conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia desahogada ante él, pues el principio en comento, no otorga privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de éstas, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de garantía, discutirlas en un debate pleno y contradictorio sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten y, con base en ello, el Juez resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con lo propuesto por ellos." "RECURSO DE QUEJA. RESULTA FUNDADO CONTRA LA SOLICITUD DEL JUEZ DE DISTRITO EFECTUADA AL JUEZ DE CONTROL PARA LA REMISIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL auto de vinculación a proceso. De una interpretación sistemática y armónica del texto de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo, y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, para el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse únicamente la existencia de 'un hecho que la ley señale como delito' y 'probabilidad en la comisión o participación del activo', de ahí que el Juez de control al emitir el auto referido solamente considera los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público respectivo, en la audiencia inicial correspondiente, en términos del artículo 313, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ende, resulta incorrecto que el Juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se reclama el auto de vinculación a proceso, solicite la remisión de la carpeta de investigación, ya que no todos los datos de prueba que ahí constan, necesariamente tienen que tomarse en cuenta al momento de que el Juez de control emita la citada vinculación a proceso reclamada, sino que debe atenderse únicamente al contenido de la referida audiencia, en la que el representante social expone de manera oral los datos de prueba con los que estima se establece el hecho que la ley señala como delito, y de manera probable, que el imputado lo cometió o participó en su comisión, a fin de colmar uno de los requisitos que prevé el artículo 316, del invocado Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de tal auto de plazo constitucional." Así mismo, conviene apuntar que el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se analiza a la luz de los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general' , de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese sentido, por cuestión de técnica jurídica se analizarán los actos reclamados en su orden natural de emisión, es decir, primero se analizará la constitucionalidad del control de la detención practicado a Francisco Daniel Iturrios García, posteriormente el auto de vinculación a proceso emitido en su contra y, finalmente la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. I. Control de detención. En cuanto a este acto reclamado, no se aprecia deficiencia alguna que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y se estima legal su dictado. A fin de explicar el porqué de dicho aserto, es oportuno indicar que el artículo 16, párrafos séptimo y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cuando se realice una detención en caso de flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley, y que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial, excepto en tratándose de casos de delincuencia organizada. Además, dicho artículo prevé, como regla general, que ninguna persona podrá ser privada de la libertad, sino mediante orden de aprehensión emitida por autoridad judicial competente, por delitos cuya pena sea privativa de la libertad, existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión y como excepciones a aquella, se precisan: 1) La posibilidad de que cualquier persona pueda detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido (flagrancia), supuesto en el que deberá ponerlo sin demora a disposición de la autoridad más cercana. 2) Que el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, ordene la detención en casos urgentes, en los que se trate de delito grave y exista el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia y no pueda acudir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Por otro lado, el numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales estipula que inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. En este supuesto, el Juez preguntará al detenido si cuenta con defensor, y en caso negativo, ordenará que le nombre un defensor público, y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. Una vez realizado lo anterior, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en el aludido Código. En este sentido, del contenido de los registros audio-visuales remitidos por el juez de control responsable, como justificación de sus actos, se obtiene que en la audiencia inicial de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, iniciada a las nueve horas con veintiséis minutos de esa data, la responsable individualizó a las partes, entre ellas al imputado Francisco Daniel Iturrios García, y al licenciado Jesús Eduardo Muñoz León (defensor público) quien proporcionó su número de cédula profesional (3720600). Posteriormente, preguntó al peticionario de amparo cómo quería que se trataran sus datos de identificación, y este indicó que se tuvieran como reservados; a preguntas del juez, el imputado refirió que su nacionalidad era mexicana, que no pertenecía a algún grupo étnico, que no tenía dificultad para comunicarse, y dijo que sí le habían hecho de su conocimiento los derechos que le asisten; asimismo, el juez le explicó que entre esos derechos se encuentra el designar defensor y le inquirió sobre si quería que su defensa la llevara Jesús Eduardo Muñoz León, a lo que contestó que sí, por lo que dicha profesionista aceptó y protestó el cargo conferido, y los datos de su cédula profesional fueron corroborados por el juez de marras con la auxiliar de sala. Enseguida, en uso de la voz, la agente del Ministerio Público, solicitó que se calificara de legal la detención y retención de Francisco Daniel Iturrios García, acaecida en flagrancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto del hecho con apariencia del delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el ordinal 195, párrafos primero y tercero, en relación con los diversos 193 y 194 del Código Penal Federal, en relación con el 245, fracción II y la última línea horizontal de la tabla prevista en el diverso 479, ambos de la Ley General de Salud, con base en los siguientes hechos: Que el día veintitrés de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las quince horas, realizaban recorrido de vigilancia preventiva a bordo de la unidad 1980, los policías estatales George Darío Ponce Sánchez, Ricardo Huerta Castillo y María Fernanda Martínez Vergara, y al circular de oriente a poniente sobre la carretera federal 130 que conduce de Tulancingo hacía a Huauchinango, a la altura de la Colonia El Paraíso, por razones fisiológicas decidieron acudir a los baños de la tienda comercial denominada "Bodega Aurrera", y al entrar al estacionamiento de dicho establecimiento, situado en la citada carretera y la calle La Fragua, el policía Ricardo Huerta Castillo, quien iba como copiloto, observó que a unos siete metros, estaba una persona del sexo masculino de espaldas, orinando entre dos vehículos, lo que hizo del conocimiento de George Darío Ponce Sánchez, por lo que se detuvieron a unos tres metros del sujeto, quien al notar su presencia se dirigió a ellos diciéndoles "jefe es que ya tenía muchas ganas, una disculpa". Ante ello se acercó a Ricardo Huerta Castillo, identificándose como elemento de policía, haciéndole saber que orinar en la vía pública era una falta administrativa y que podían observarlo las personas que transitaban por el área (civiles y menores). Al pedirle que se identificara, el hoy quejoso dijo que no contaba con documento alguno para tal efecto, ante ello, dicho elemento policíaco le pidió autorización para realizarle una inspección preventiva a su persona respetando su dignidad, indicándole que podía o no acceder a esa revisión y que era parte de sus funciones como policía, a lo que el intervenido accedió y le pidió que le "hiciera el paro". Así, contando con la seguridad perimetral de George Darío Ponce Sánchez, Ricardo Huerta Castillo, al palpar el bolsillo de lado derecho del pantalón que llevaba le pidió al hoy quejoso que sacara su contenido, por lo que este extrajo una bolsa de plástico transparente donde se encontraban diversas bolsas transparentes tipo sellado adherible, de aproximadamente 2.5 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo, que contenían una sustancia color blanca y granulada con las características propias a la droga conocida como cristal. Del lado izquierdo, el citado elemento policiaco advirtió un bulto pequeño, por lo que le solicitó al intervenido que sacara su contenido, a lo que éste le dijo que traía otro "pants" abajo y en él le fue encontrado (en la bolsa izquierda de esta última prenda) una bolsa de plástico transparente amarrada con un nudo que contiene una sustancia color blanca y granulada -a granel- con características propias a la droga conocida como cristal. Ante tal hallazgo el elemento Ricardo Huerta Castillo, le preguntó al hoy quejoso si contaba con alguna receta o documento que justificara la posesión de dicha sustancia a lo que contestó que no. Por lo cual a las 15:03, el mencionado policía estatal le informó a Francisco Daniel Iturrios García, que se encontraba detenido y que sería puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, y no ante la autoridad cívica, por hechos con apariencia del delito contra la salud. A las 15:04, Ricardo Huerta Castillo, le dio lectura a los derechos del detenido, quedando enterado el hoy quejoso. A las 15:08, María Fernanda Martínez Vergara, realizó la inspección del lugar de la detención, a las 15:18, llevó a cabo la inspección de los objetos asegurados, embalaje y etiquetamiento, siendo las siguientes: 133 bolsas transparentes tipo sellado adherible, de aproximadamente 2.5 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo, que contenían una sustancia color blanca y granulada con las características propias a la droga conocida como cristal; así como una bolsa de plástico transparente amarrada con un nudo que contiene una sustancia color blanca y granulada -a granel- con características propias a la droga conocida como cristal. A las 15:28 trasladaron al detenido a las oficinas de Dirección General de la Policía Estatal Preventiva ubicada en la colonia Azcárate, de la ciudad de Puebla, a fin de realizar la documentación correspondiente y que se le realizara el dictamen médico al detenido, llegando aproximadamente a las 18:45. Terminada la documentación, a las 20:00 se trasladan a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, dejándolo a disposición de la representación social a las 21:22, del veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Asimismo, la puesta a disposición de Francisco Daniel Iturrios García, ante el centro de justicia penal federal se llevó a cabo a las 21:11, del veinticinco de abril de dos mil veintiuno. Expuesto lo anterior, la fiscal reiteró el lugar de la detención, y justificó el tiempo tomado para poner a disposición de la fiscalía al imputado en razón de la distancia del lugar de la detención a la ciudad de Puebla. Igualmente señaló como sustento de su solicitud de que se calificara de legal la detención y retención decretada, los siguientes datos de prueba: - El informe policial homologado y el acta aviso de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, signado por George Darío Ponce Sánchez, Ricardo Huerta Castillo y María Fernanda Martínez Vergara, todos elementos de la Policía Estatal Preventiva de Puebla, del que se obtienen las circunstancias de modo tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos; y, - Los objetos asegurados (bolsas con sustancia color blanca y granulada con las características propias a la droga conocida como cristal). En uso de la voz la defensa solicitó que no se calificara de legal detención y retención del imputado, aduciendo, en esencia, que la forma de proceder para llevar un control preventivo provisional por parte de los elementos de policía no se encuentra justificada. Lo anterior, porque los policías llegaron a las instalaciones de la "Bodega Aurrerá" por las mismas razones que el imputado, es decir, a realizar sus necesidades fisiológicas y al descubrirlo realizando una falta administrativa (orinando entre dos coches), tienen un primer contacto de proximidad, pero ello no justifica que se pasara de un control preventivo de grado inferior a uno superior y realizarle una revisión exhaustiva a su persona. Citando como apoyo a su dicho los criterios con registros digitales 2014689 y 2010961 Continuó la defensa, precisando que es ilegal la detención, porque existe criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los elementos aprehensores no cuentan con facultades para llevar al detenido a que le realicen un certificado médico, previo a ponerlo a disposición de la fiscalía. Que no se le puede dar preeminencia a diligencias administrativas practicadas por los elementos aprehensores, sobre el derecho humano del detenido de ser puesto a disposición inmediatamente de la autoridad investigadora, aun existiendo base normativa para la práctica de diversas diligencias. Citando como apoyo a sus alegaciones lo resuelto por la Primera Sala del Máximo Tribunal al resolver el amparo directo en revisión 895/2015, relacionado con los diversos 903/2015 y 904/2015. Por otro lado, la defensa precisó que no se debía calificar de legal la detención, porque entre otras peticiones, el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, le solicitó a la representante social autorización por parte de su superior jerárquico para un procedimiento abreviado en caso de judicializar el asunto con detenido y resultar vinculado a proceso el hoy quejoso, siendo notificado por parte de la fiscal -en suma- que sólo en caso de quedar vinculado a proceso su defenso, hasta ese momento se haría la petición correspondiente. Postura con la que dijo disentir la defensa, pues afirmó que en otras ocasiones ya desde sede ministerial se hace dicha solicitud y ya se cuenta con dicha autorización del procedimiento abreviado cuando se dicta vinculación a proceso. Y, finalmente insistió en que no debía calificarse la detención, pues de las constancias que obran en la carpeta de investigación se aprecia que su patrocinado no cuenta con antecedentes criminales registrales. En replica, la fiscal señaló fundamentalmente que la solicitud de hacerle una revisión derivó del primer acercamiento de los elementos policíacos con el imputado y la corroboración de que éste estaba cometiendo una falta administrativa (orinando entre dos autos). Y, como una cuestión de seguridad para todas las partes, la revisión a la que accedió voluntariamente, por lo que se encuentra justificado el control preventivo de grado menor a mayor. Que las cuestiones administrativas a que alude la defensa, se consideran necesarias y razonables para llevar a cabo la puesta a disposición del detenido; y si bien se deben hacer con prontitud, debe ponderarse la distancia que existe entre la ciudad de Huauchinango a la ciudad de Puebla; y que debe considerarse la dificultad en el conteo de los indicios (bolsitas), así como el registro en el control nacional de detenidos, e inspecciones. Que si bien la fiscalía tiene la obligación de practicar dictamen médico al detenido, lo cierto es que los policías también, a fin de evitar alguna circunstancia violatoria de derechos fundamentales. Que no se advierte del certificado médico, que el imputado presente alguna lesión, además no se aprecia de la documentación anexa que se tuviera la intención de obtener una declaración por parte de Francisco Daniel Iturrios García, por lo que no se actualiza la nulidad de los actos de investigación, al margen de que las diligencias (inspecciones, dictámenes y registros), practicadas no requieren vigilancia por el ministerio público, pues deben ser realizados conforme a la Ley Nacional de Seguridad Pública y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Que en cuanto al procedimiento abreviado, ello no es suficiente para declarar ilegal la detención, pues escapa a las cuestiones debatidas. Que si diversa fiscal ya contaba con una autorización, eso pudiera ser factible en virtud de los registros de esa causa penal y de esa carpeta de investigación; y que en el caso se está hablando de un hecho futuro en relación con la etapa procesal en la que se encuentran, pues se reservó en su momento la factibilidad de acceder a esa forma de terminación anticipada. Que solicitaba que se considerara el criterio jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal, relativo a la independencia fáctica y sustancial de la detención y la demora en la puesta a disposición, pues suponiendo que hubiera habido esa demora, no declara la nulidad de la detención. En dúplica la defensa reiteró sus argumentos e insistió en que -conforme al criterio que citó de la Primera Sala- los elementos policíacos no tienen la facultad de llevar a que le realicen un certificado médico antes de ponerlo a disposición. Que el Ministerio Público es indivisible y debió hacerse llegar a su superior jerárquico la petición de procedimiento abreviado, reiterando que en diversa indagatoria si se hizo. Por su parte el imputado manifestó que no deseaba hacer manifestación alguna. Acto seguido el juez de control señaló: ". Habiendo escuchado a las partes declaro cerrado el debate, proceso a resolver sobre esta petición realizada por la Fiscalía, en torno a calificar de legal la detención del señor Francisco Daniel, señalando como consideración, como aspecto toral, el derecho a la libertad, que constitucionalmente está establecido para todas las personas dentro del estado mexicano, entendiendo esto como un derecho de carácter fundamental, sin embargo, es importante señalar que no es absoluto en la medida que puede ser restringido de manera excepcional por alguna circunstancias que la propia constitución federal prevé, entre ellas, la flagrancia delictiva que se encuentra prevista concretamente en el artículo 16 párrafo quinto de la Constitución Federal, en relación con el 146 fracción primera, del Código Nacional de Procedimientos Penales, entendiendo que una persona bajo esta figura jurídica puede ser detenida en términos legales al momento de estar cometiendo un hecho que lay señala como delito. Con base en ese marco normativo, realizó el pronunciamiento correspondiente entorno a esta solicitud de la Fiscalía tomando en cuenta desde luego la información que ha sido vertida por parte de los primeros respondientes, en este caso, los elementos de la Policía Estatal Preventiva George Darío Ponce Sánchez, Ricardo Huerta Castillo, así como María Fernanda Martínez Delgado, quienes hacen referencia precisamente de lo que pudieron observar, según su narrativa el día veintitrés de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las quince horas, en el entendido que realizaban entorno a los también dispone el artículo 21 constitucional acciones propias de Seguridad Pública de Vigilancia y Prevención de Delito, como facultades que les asisten a los elementos en este caso la Policía Estatal. Refiere que en la unidad patrulla con número de identificación 1980, encontraron precisamente a la altura de la carretera federal 130 que conduce de Tulancingo hacía a Huauchinango, a la altura de la Colonia El Paraíso y hacen alusión a que de acuerdo a la necesidades fisiológicas que en ese momentos tenían dadas su actividad policial, determinaron acercarse a los baños de la tienda comercial denominada Bodega Aurrera, entrando al estacionamiento hay de referencia que en esa tienda ubicada en la carretera federal número 130 que conduce de Tulancingo a Huauchinango y la calle La Fragua ya como un aspecto precisión espacial o territorial de la Colonia El Paraíso perteneciente al municipio de Huauchinango, Puebla, refiere que el Policía Ricardo Huerta, venía de copiloto observó que sobre el trayecto ya entrando al estacionamiento, la distancia aproximadamente de siete metros pudo observar la presencia de una persona del sexo masculino que estaba parada dándole la espalda a los elementos de la Policía Estatal, cuyas referencias de complexión física y vestimenta refieren y señalan que precisamente la persona en cuestión se encontraban miccionando entre dos coches, refieren también que se percataron de ello debido a que sobre el suelo se dibujaba una mancha liquida evidentemente producida por la orina de la persona y fue en ese momento que el primer aspecto propio de observación policial de acontecimiento que permitió una interacción ya con la persona descrita, en el entendido que el oficial George Darío que iba manejando detuvo la marcha del vehículo practicándose por parte del Policía Ricardo Huerta Castillo la intervención ya directa con la persona en contexto quien señala refirió jefe ya tenía muchas ganas una disculpa. Es importante destacar que este primer aspecto adquiere sentido conforme a derecho en cuanto a la actividad policial que se tome en consideración precisamente este conjunto de facultades que la propia autoridad de Seguridad Pública tiene en relación con los aspectos propios al advertir la vulneración a una norma de carácter reglamentaria, a una norma administrativa en el sentido que era evidente que en ese contexto los policías actuaran al advertir que ..(inaudible).. se encontraba orinando en lo que es un espacio público, es así como se justifica insisto, este primer aspecto relativo a la presencia policial y la interacción con la persona, pues también hay señalamiento que lo policía le hicieron saber que orinar en la vía pública es una falta de carácter administrativo y que podía ser observado por personas civiles o menores, que transitaran por el área. En ese sentido también advierto que se apega a derecho la actuación policial pues se le pidió que se identificara, respondiendo la persona que no contaba con identificación alguna y bajo esas circunstancias, desde luego, bajo el conocimiento que ese tipo de opciones de vulneración a normas de carácter reglamentario, de partes administrativas, presupone la colusión hacía el Juez calificador correspondiente, y en ese sentido, el protocolo también que corresponde, es la remisión para efectos de seguridad tanto del propio sujeto como de la policía,- Considerando ello, también estimo que la actuación policial resulta conforme a derecho es decir, al pedirle la autorización para realizarle la inspección preventiva a su persona y bajo el señalamiento que en ese contexto se respetó su dignidad al señalarle que él podía desde luego acceder a ello u oponerse a lo mismo, sin embargo se refiere que la persona accedió y fue en ese momento que el propio elemento, George Darío Ponce Sánchez quien brindó la seguridad perimetral, realizó la revisión correspondiente, en principio a la altura de la cintura, llegando al bolsillo de lado derecho del pantalón deportivo color negro que llevaba con rayas blancas, y fue ahí donde palpó la presencia de un paquete, sacando una bolsa de plástico transparente cuyo interior se encontraban diversas bolsitas transparentes tipo sellado adherible, como se puede advertir, en análisis propio de estas actividades de carácter policial, si bien el primer nivel de contacto procedió por una falta administrativa, lo cierto es que en secuencia con las actividades propias de los policías de seguridad insisto, vigilancia y prevención del delito, se pudo advertir ante esta revisión aceptada por la persona de acuerdo a esta narrativa, que se encontraba en posesión de determinados objetos, en este caso de las bolsas de plástico transparente que en su interior contenían una sustancia color blanca y granulada por sus características propias a la droga conocida como cristal y es ahí donde bajo esta secuencia de hechos bajo este aumento de nivel de contacto, se puede advertir la flagrancia delictiva lo cual ya genera de manera concreta y objetiva, una sospecha debidamente razonada de un hecho delictivo que justifica a su vez la actuación policial en términos legales. Continuando con la revisión correspondiente también hay señalamiento por parte de los policías en este caso del policía Ricardo Huerta Castillo, quien fue la persona que hizo la revisión y para precisar ese efecto insisto el elemento George Darío, brindaba seguridad perimetral mientras Ricardo Huerta Castillo, verificaba esa condición de la persona detenida, volviendo a palpar con la mano un producto pequeño esto ya del lado izquierdo del pantalón señalando que traía debajo del original pantalón de color negro, un diverso pantalón encontrándole en la bolsa izquierda del pants color gris, que llevaba abajo, insisto, una bolsa de plástico transparente en la cual se observaba un nudo y al interior de la misma contenía unas sustancia a granel de color blanca y granulada con las características similares también a la droga conocida como cristal. Por lo cual ello dio pauta precisamente a la detención ya formal del señor que a la postre se supo se llamaba Francisco Daniel y se le informó que precisamente quedaba detenido por la posesión del narcótico correspondiente. Como se puede advertir esta secuencia de información vertida por los primeros respondientes en cuanto a la forma que tuvieron interacción con el señor Francisco Daniel, adquiere sentido si se toma en consideración precisamente como fue evolucionando, como fue aumentando de nivel, el contacto con los referidos elementos de la policía y si bien, en un principio no se pudo advertir la presencia del narcótico afecto a la cause lo cierto en que en el desarrollo propio de sus facultades fue aumentando esta interacción, hasta visualizar el conjunto de narcótico relacionado con la clase, lo que permite establecer precisamente la legalidad de la actuación policial, al advertir la presencia de la droga y con ello poner en evidencia la flagrancia delictiva correspondiente que justifica esta actuación de los primeros respondientes. En ese sentido considero que en el momento procesal en que se actúa no le asiste la razón a la defensa en cuanto a sus argumentos propios de la detención ya que estos datos que presenta o estos argumentos mejor dichos, estas razones que trata de establecer no resultan suficientes para controvertir de manera adecuada insisto en este momento procesal el alcance de las manifestaciones vertidas por la Fiscalía con apoyo en lo que los policías manifestaron. Refiere defensa que en la forma de control preventivo provisional no se ajusta a los parámetros legales pues hay un señalamiento que los elementos de la policía acudieron por los mismos motivos, es decir, por necesidades fisiológicas, es muy importante a destacar que si hace referencia a los primeros respondientes a ellos se entiende que su intención era dirigirse a los baños propios del establecimiento comercial para efectuar esa acción y cubrir con ello la necesidad fisiológica correspondiente, sin embargo previo a que alcanzaran su objetivo, lo cierto es que pudieron advertir la presencia de una persona que hacía lo propio pero en un lugar público, lo cual determinaba por sí mismo la presencia o vulneración a una norma de carácter reglamentaria en este caso a una falta de carácter administrativo que puso en evidencia esa comisión y que dejó la actividad propia de interacción con los policías, que en este caso lo que ya se explicó y dio pauta a ese aumento de actividad policial hasta que se encontró la droga en su persona y procedió la detención correspondiente en términos legales. En ese contexto se atiende también esa manifestación en el sentido que no había necesidad de aumentar el control preventivo de uno menor a uno mayor, se señaló esa secuencia de actividad policial, dio pauta a ello sin vulnerar los derechos fundamentales del señor Francisco de acuerdo a la narrativa completa y al advertir que la actividad no sobrepasó los límites y facultades que para ello tiene la policía estatal preventiva. En cuanto a la ausencia de una sospecha objetiva razonada que plantea la defensa, he explicado también porque a través de ese protocolo de seguridad propio de conducir a la persona del juez calificador se le preguntó sobre la posibilidad de hacerle una inspección de carácter personal y el señalamiento de que la persona accedió a ello por lo que también en este contexto, la advertencia o la observación concreta del conjunto de narcótico confeccionado en los paquetes correspondientes adquiere sentido al momento de revisar a la persona para el efecto correspondiente, por lo que considero que dentro de los cauces legales lo elementos de la policía estatal actuaron apegados a derecho. Y en este mismo contexto, del mismo modo se responde al cuestionamiento que hace la defensa del porqué suponer en su ropa se encontraba un objeto de carácter ilícito, no hay una suposición en ese sentido pues como se señaló, la observación de la droga es propia de esta revisión de carácter personal que aconteció en el caso concreto ante la presencia de una falta de carácter administrativo que puso de relieve la posibilidad de ser revisado para efectos de seguridad y es ahí en donde considero que dentro de los cauces legales, la actuación policial se encuentra sostenida en términos del marco jurídico y propio de sus facultades que emanan, como ya se señaló, del artículo 21 constitucional, en relación a esta obligación que tienen de seguridad pública, de prevención del delito y de vigilancia correspondiente. Bajo estas circunstancias de estos primeros argumentos expresados por la defensa no adquieren el sentido suficiente para controvertir al plan para los efectos que han sido tomados para calificar de legal la actuación policial, entendiendo desde luego que la fiscalía con ello, genera precisamente ya, la suposición razonada ante la presencia de narcótico de que se estaba cometiendo un hecho delictivo. Por lo que hace a los aspectos de retención, debo señalar que también la fiscalía se encargó de manifestar el conjunto de actuaciones realizadas por parte de los primeros respondientes, en el sentido de que se hizo de inspección del lugar de detención, se hizo por parte de elementos de la policía estatal la revisión del narcótico entendiendo que se trataba de ciento treinta y tres bolsitas transparentes selladas de sellado adherible y además la diversa bolsa, también que a las siete horas con veintiocho (sic) minutos, se trasladaron a bordo de la unidad oficial a las instalaciones de la propia Policía Estatal Preventiva y también, que arribando a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos aproximadamente, al lugar correspondiente donde se verificó la observación médica, el dictamen médico a la persona detenida. Hay señalamiento también que se hizo registro nacional de detención, que se llenó el informe policial homologado, que se hizo la inspección del lugar de los hechos, y de detención y de inspección de objetos y registro de cadena de justicia, y que una vez terminado ello a las veinte horas, se trasladaron a la Fiscalía General de la República llegando ya concretamente a la puesta a disposición a las veintiún horas con veintiocho (sic), considero que contrario a lo señalado por la defensa se encuentra toda esta actuación policial debidamente justificada y el señalamiento concreto de los momentos precisos en que se llevaron a cabo determinadas circunstancias sin que ello implique desde esta perspectiva y este análisis alguna vulneración concreta a los Derechos Humanos que le son propios al señor Francisco. Desde luego tomando en consideración que para calificar de legal la detención se tomaron en consideración única y exclusivamente los aspectos que fueron referidos a por los primeros respondientes al momento en que aconteció esta interacción con el justiciable y desde luego ante la presencia del narcótico de referencia, sin que se tome en cuenta algún dato o alguna información que se haya generado ya en cuanto a la retención de la que fue objeto , por lo que contrario a los argumentos mencionados por parte de la defensa, estimo no ha lugar a considerar de ilegal la retención correspondiente, pues insiste se entiende .( inaudible). y si bien se hace alusión a los criterios pues refiere la defensa en el sentido que lo elementos no tienen la obligación de hacer la revisión médica correspondiente o de llevar a la persona al revisión médica, es importante señalar que en esa circunstancia se estila precisamente para dar seguridad y certeza a la condición en este caso de Francisco Daniel para que ante la puesta a disposición se logre advertir que el mismo se encontraba en condiciones propias de salud y no fuera afectado en este aspecto, en su persona, desde luego sin que se advierta en el caso, que ese traslado para el dictamen médico correspondiente, tuviera alguna circunstancia o relevancia en contra de los derechos fundamentales del propio señor Francisco Daniel porque en el caso concreto que se analiza no existe alguna información en ese sentido es por tanto considero que también se apega a derecho esta detención a nivel policial. Por otra parte debo señalar que en este contexto y del análisis respectivo de los horarios correspondientes de la actividad realizada por los primeros respondientes, que reportan en este informe policial homologado no se advierte demora injustificada contrario a lo que establece o pretende manifestar la defensa, pues insisto el tiempo no rebasa en exceso las condiciones necesarias para ser puesto a disposición ante la fiscalía en el momento indicado entre las veintiún con veintidós minutos. Por otra parte debo de señalar que el plazo correspondiente de cuarenta y ocho horas que fue empleado por la fiscalía antes de que se venciera el mismo, y ante la circunstancia propia de poner a disposición al señor Francisco Daniel ante este Centro de Justicia Penal Federal, insisto antes de que se venciera dicho plazo también se encuentra apegado a derecho y por tanto considero que existen condiciones apropiadas para definir que estas actuaciones se ajustaron al marco legal que corresponde tanto para la actividad de los elementos de la policía estatal preventiva como para la Fiscalía General de la República y en ese sentido debo señalar que el hecho que la ley señala como delito por el cual se produjo la detención del señor Francisco Daniel, es de aquellos que no necesitan algún requisito de procedibilidad para su persecución toda vez que se persiguen de oficio y en ese sentido, se advierte que los elementos la policía estatal actuaron. Bajo esa circunstancia estimo que existe suficiente información vertida por la Fiscalía para calificar, como lo hago, en ese momento de legal la detención de la que fue. (inaudible).Francisco Daniel y también para establecer que al encontrarse apegado a derecho la actuación tanto de los policías como de la Fiscalía, la retención de la que fue objeto en estas dos instancias adquiere matices de legalidad. (inaudible).. Por lo que hace a los demás argumentos en cuanto a los demás argumentos expresados por el defensor público en cuanto a las circunstancias de procedimiento abreviado que solicitó en sede ministerial estimo que la circunstancias propias de algunos .(inaudible).en que se llevaron a cabo esas autorizaciones previo a la iniciación de un auto de vinculación a proceso que es un requisito para ello, no pueden ser analizadas en este causa penal en el sentido que propone la defensa, pues no se conocen en específico los aspectos que en su caso tuvieron lugar en esa sede ministerial respecto de esa otra circunstancia o causa penal diversa, en el entendido que un control de carácter judicial, para verificar la oportunidad o no de esa autorización por parte de la fiscalía en ese primer momento procesal, deviene carente de sentido, toda vez que no se ha emitido el auto de vinculación a proceso, sería un paso que se estaría anticipando por parte de la defensa y la fiscalía que, en su momento, pudiera ser propio para dar mayor celeridad al procedimiento, sin embargo, en este primer momento procesal no se cuenta con los insumos de carácter legal necesarios para tener un procedimiento de este tipo, tendríamos que esperar en efecto, se dicte un auto de vinculación a proceso en este caso el señor Francisco Daniel circunstancia que es futura, que aún no se han sentado las bases propias para ello y pronunciarme sobre unas circunstancia que debió de suceder, sin bases legales firmes, considero que no tendría sentido, por lo cual considero que esos argumentos carecen de la materia necesaria para su análisis correspondiente en esta etapa, pero insisto, de ser una circunstancia que pudiera dar celeridad, eventualmente pudiera entrar en coordinación tanto la defensa como la fiscalía, para que eventualmente esto se pudiera realizar, pero no es propio de un análisis de carácter legal de mi parte, porque reitero no se tienen los insumos legales, no se tiene las bases sólidas como para verificar si era necesario o no, que la delegada de la fiscalía se pronuncie con anticipación en este caso, y en ese contexto califico también carente de razonabilidad los argumentos que en ese aspecto concreto refiere ..(inaudible).. Bien, debo decirle señor Francisco que de acuerdo a la determinación que he asumido en cuanto a calificar de legal la detención, usted deberá de permanecer detenido durante el desarrollo de la presenta audiencia y hasta en tanto se resuelva será sometido a una medida cautelar que restrinja su libertad en toro a lo que dispone el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales." En este orden de ideas, se conviene con el juez responsable, en el sentido de que la detención del quejoso se ajustó a los parámetros que exige el artículo 16 constitucional y 146 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que fue detenido tras haber sido observado cometiendo una falta administrativa (orinando entre unos vehículos), lo que justificó el acercamiento inicial de los elementos policíacos al infractor, quien intentó disculpar su conducta. Ante ello se le pidió se identificara y no lo hizo por no contar con documento para ello, por lo que previo a la primigenia intención de remitirlo ante el juez calificador, y como medida de seguridad, se le pidió autorización para realizarle la inspección preventiva a su persona con respeto a su dignidad, y sabido de ello y de que podía oponerse, accedió, tras lo cual, se le encontró el estupefaciente afecto, lo que indudablemente acreditó la hipótesis de flagrancia que se cita. Por ende, resulta infundado lo alegado por el quejoso en su demanda en el sentido de que no se encuentra justificado el control provisional que dijeron ejercer los efectivo policíacos. Lo anterior, pues como ya lo ha determinado precisamente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquellos casos en los que el control preventivo derive de la comisión de una infracción administrativa, la autoridad debe exponer los datos que permitan identificar en qué consistió tal infracción, así como aquellos que, con posterioridad, hubieran justificado una intromisión mayor en la persona o en sus propiedades como en efecto sucedió, y correctamente ponderó la responsable. En consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo los agentes de la policía advirtieron la comisión flagrante de un delito, la detención del sujeto controlado fue lícita, y también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio. Al respecto se cita la jurisprudencia: "CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. LA SOSPECHA RAZONABLE QUE JUSTIFIQUE SU PRÁCTICA DEBE ESTAR SUSTENTADA EN ELEMENTOS OBJETIVOS Y NO EN LA MERA APRECIACIÓN SUBJETIVA DEL AGENTE DE POLICÍA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para acreditar la existencia de una sospecha razonable que justifique la práctica de un control preventivo provisional, la autoridad debe precisar cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba para suponer que una persona estaba cometiendo una conducta ilícita. Asimismo, ha sostenido que dicha información tendrá que cumplir con criterios de razonabilidad y objetividad; es decir, deberá ser suficiente bajo la perspectiva de que cualquier persona desde un punto de vista objetivo hubiere llegado a la misma determinación que la autoridad, si hubiere contado con tal información. En este sentido, si bien es cierto que un comportamiento "inusual" o "evasivo" podría en ciertos casos llegar a justificar la existencia de una "sospecha razonable" y, en consecuencia, autorizar un registro o control provisional, para que tal justificación pueda ser tomada en consideración es necesario que la misma se encuentre debidamente respaldada a partir de elementos objetivos que permitan a la autoridad judicial verificar que el agente de policía actuó razonablemente. De este modo, la autoridad de policía debe explicar detalladamente en cada caso concreto cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que razonablemente le llevaron a estimar que la persona actuó "sospechosa" o "evasivamente" (esto es, que el sujeto probablemente estaba cometiendo un delito o estaba por cometerlo; o bien, cómo es que intentó darse a la fuga). Asimismo, en aquellos casos en los que el control preventivo derive de la comisión de una infracción administrativa, la autoridad debe exponer los datos que permitan identificar en qué consistió tal infracción, así como aquellos que, con posterioridad, hubieran justificado una intromisión mayor en la persona o en sus propiedades (por ejemplo, prevenir la probable comisión de un delito). Por otra parte, al revisar la constitucionalidad de la restricción, cuando la autoridad aduzca que el inculpado actuó "sospechosa" o "evasivamente", el juzgador deberá analizar si la apreciación subjetiva de la autoridad se encontró razonablemente justificada a partir de elementos objetivos, como son el contexto, el lugar y la hora en los que ocurrieron los hechos, así como la descripción de la conducta observada por la autoridad, entre otros elementos que pudieran resultar relevantes. En todo caso, el juzgador debe prestar especial atención en los motivos que condujeron a la autoridad a restringir temporalmente los derechos de una persona, debiendo descartar aquellos que pudieran haberse basado únicamente en la apariencia del sujeto o en razones meramente discriminatorias. De estimarse lo contrario, es decir, que baste con que la autoridad aduzca simplemente que el inculpado "adoptó una actitud evasiva ante su presencia" sin aportar mayores elementos que permitan justificar un control preventivo provisional, se llegaría al extremo de convalidar cualquier intervención en la libertad personal o en la intimidad de una persona, sin mayores requisitos que la apreciación vaga y subjetiva de la autoridad policial." Por otra parte, se concuerda con el juez responsable en que se respetaron los plazos previstos por el artículo 16 constitucional. Lo anterior, porque el quejoso fue formalmente detenido a las 15:03 del veintitrés de abril de dos mil veintiuno y fue puesto a disposición de la fiscalía a las 21:22, de esa data. Por tanto, se cumplió con la obligación de que la policía entregara el quejoso a la Fiscalía General de la República de inmediato. Y si bien esa puesta a disposición se aprecia que se efectuó poco más de seis horas desde la detención material del activo, se concuerda con la responsable en el sentido de que las actuaciones realizadas por los elementos captores con posterior a la detención del imputado (inspecciones, informe homologado, registro de cadena de custodia, registro nacional de detención, obtención de certificado médico), se encuentran justificadas y no se aprecian violatorias de los derechos humanos del quejoso. Aunado a que como bien lo señaló, del análisis respectivo de los horarios correspondientes de la actividad realizada por los primeros respondientes, no se obtiene dato de una demora injustificada. No sobra decir que en ese aspecto, se comparte el criterio del juez de la causa, en relación con que el hecho de que se llevara al detenido a la práctica de un dictamen médico, es útil para dar seguridad y certeza de su estado físico, sin que se aprecie que con ese actuar se hubieran afectado sus derechos fundamentales. Ahora, si bien la responsable ponderó los "criterios" citados por la defensa en cuanto a que los elementos policíacos no tienen la obligación de hacer o llevar al imputado a la revisión médica, quien esto resuelve, estima necesario acotar que, en efecto, como adujo la defensa, la Primera Sala del Máximo Tribunal al resolver el amparo directo en revisión 895/2015, promovido contra el fallo dictado el 29 de enero de 2015, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito en el juicio de amparo directo 362/2014, señaló: "Esta Primera Sala considera que la contestación del tribunal colegiado implica una interpretación sobre el contenido y alcance del derecho a ser puesto a disposición sin demora, más allá de la cuestión de legalidad del número de horas y de las diligencias hechas en dicho lapso, puesto que parte de la premisa que los militares, una vez que detuvieron a los individuos en alegada flagrancia, estaban facultados para realizar otras diligencias (rendir y ratificar un parte informativo, y practicar a los detenidos un examen médico), por encima del derecho de los detenidos a ser puestos inmediatamente a disposición del ministerio público (el cual, además, en el caso, se encontraba en la misma ciudad que el cuartel militar al que fueron conducidos). Esta Primera Sala no puede coincidir con el tribunal colegiado en dar preeminencia a unas diligencias administrativas realizadas por personal militar sobre el derecho humano de toda persona a ser puesta inmediatamente a disposición del ministerio público, una vez detenida. Aun cuando existiera base normativa que obligara -de ser el caso- a los militares a rendir y ratificar su parte informativo -cuestión que no surge de la sentencia recurrida- e incluso de realizarle un examen médico, ello, de ninguna manera, puede prevalecer sobre el derecho de los detenidos a ser puestos a disposición de la autoridad investigadora -quien, además, es la encargada y obligada a realizar el examen médico referido-. Si los órganos castrenses tienen obligación de realizar y ratificar su parte informativo sobre los hechos, ello no puede obstaculizar el ejercicio del derecho humano referido; en todo caso, puede hacerse con posterioridad a cumplir con su obligación constitucional de poner a la persona detenida inmediatamente a disposición del ministerio público. El examen médico a los detenidos debe hacerse por este órgano investigador." Sin embargo, no se desatiende que el defensor oportunamente omitió señalar que en dicha resolución, la citada Primera Sala también indicó que lo establecido en los párrafos anteriores podría tener excepciones si existen motivos razonables que les impidan a los agentes aprehensores poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad competente para definir su situación jurídica. Resaltando que tales motivos razonables únicamente pueden tener origen en impedimentos fácticos reales y comprobables (como la distancia que existe entre el lugar de la detención y el lugar de la puesta a disposición), tal como ocurrió en el caso. Continuando, este juzgador también concuerda con que se cumplió con el plazo máximo de cuarenta y ocho horas a que hace referencia el numeral 16 constitucional, ya que -como se dijo- el quejoso fue puesto a disposición del Ministerio Público a las 21:22, del veintitrés de abril de dos mil veintiuno y a disposición del centro de justicia penal federal se llevó a cabo a las 21:11, del veinticinco de abril de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que -aunque por poco- no se rebasó el supracitado plazo. Además, se concurre con la responsable en que no es razonable, al menos para el estudio del control de la detención y por ende para calificarla de ilegal, el alegato en el sentido de la fiscalía no autorizó, previo a la judicialización de la investigación, una posible terminación anticipada del proceso, pues evidentemente para tal circunstancia es menester que primero se vincule a proceso a una persona para luego analizar una forma alternativa de terminar con aquél. Finalmente, no escapa a la atención de quien esto resuelve, lo alegado por el amparista en su demanda en cuanto a que "los elementos aprehensores entraron al estacionamiento de la tienda comercial Bodega Aurrerá a realizar tambien sus necesidades fisiológicas y ese mismo fue el motivo por el que procedieron a detener al imputado". Argumento que resulta infundado, pues el motivo por el que realizaron un primer contacto con el hoy imputado fue porque estaba orinando en el estacionamiento de dicha tienda, no porque ellos pensaran hacer lo mismo o lo estuvieran haciendo. En otras palabras, como acertadamente adujo la responsable: ". es muy importante a destacar que si hace referencia a los primeros respondientes, a ellos se entiende que su intención era dirigirse a los baños propios del establecimiento comercial para efectuar esa acción y cubrir con ello la necesidad fisiológica correspondiente, sin embargo previo a que alcanzaran su objetivo, lo cierto es que pudieron advertir la presencia de una persona que hacía lo propio pero en un lugar público, lo cual determinaba por sí mismo la presencia o vulneración a una norma de carácter reglamentaria en este caso a una falta de carácter administrativo que puso en evidencia esa comisión y que dejó la actividad propia de interacción con los policías." En consecuencia, al no advertirse motivo alguno que amerite suplir la deficiencia de la queja, y resultar infundadas las alegaciones del quejoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, se NIEGA EL AMPARO solicitado por Francisco Daniel Iturrios García, respecto del control de la detención realizado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de juez de control (Jesús Enrique Palacios Iniestra) en audiencia de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en autos de la carpeta judicial administrativa PUE/311/2021, que se instruye en su contra. II. Vinculación a proceso. En cuanto a este tópico, en principio, debe decirse que el hecho de que el artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de vinculación a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto; lo anterior, en virtud de que es necesario que ese tipo de actos reúna, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las prerrogativas de seguridad jurídica consagradas en la Constitución, entre otras, que conste por escrito, proceda de una autoridad judicial -competente-, se encuentre fundado y motivado y, que se dicte respecto de un hecho delictivo castigado con pena corporal, respetando las formalidades esenciales del procedimiento; cúmulo de derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un solo artículo, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis XIII.P.A.30P, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que establece lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." En tal sentido, es oportuno indicar que entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14, de la Constitución General de la República, está la relativa al debido proceso legal, que permite a los gobernados acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En otras palabras, el derecho al debido proceso legal se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo procedimiento (instrucción, defensa, pruebas y sentencia). Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." El acto reclamado cumple con lo dispuesto en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de autos se advierte que la parte quejosa reclama la resolución en la que se determinó vincularlo a proceso, emitida en su contra por el titular de un órgano judicial previamente establecido, esto es, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de juez de control (Jesús Enrique Palacios Iniestra), en la causa penal PUE/311/2021, que se instruye en su contra por su probable participación en los hechos con apariencia del delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el ordinal 195, párrafo primero y tercero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal, en relación con el 245, fracción II y 479, ambos de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 9 párrafo primero y 13 fracción II, del Código Penal Federal. Además, de las constancias no se advierte que se haya dado efecto retroactivo a ley alguna en perjuicio de la parte demandante y, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Para explicar lo anterior (el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento), es preciso indicar que conforme a las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, previo a la emisión de un auto de vinculación a proceso se deben satisfacer las formalidades que al efecto prevén los artículos 307 a 315, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en lo que aquí interesa, disponen que el Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Así las cosas, una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal su detención, el juez de control le preguntará al detenido si cuenta con defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre uno público, también le hará saber que puede ofrecer datos de prueba y acceder a los registros de la investigación, debiéndole informar además sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiesen informado con anterioridad; y, a continuación, en su caso, se procederá a realizar el control de la detención. El juez de control después de haber verificado que el gobernado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que formule imputación, para lo cual la representación social deberá exponer el hecho que le atribuye al justiciable, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del juez sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Formulada la imputación, el juez de control preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo en su contra, es decir, le brindará la oportunidad de declarar en relación con los hechos que se le atribuyen. Una vez que el imputado haya emitido su declaración, o bien, manifestado su deseo de no hacerlo, el Ministerio Público solicitará al juez la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente para formular la solitud de vinculación a proceso. Antes de escuchar al representante social, el juzgador se dirigirá al gobernado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud de la fiscalía, es decir, le dará a conocer los plazos para resolver sobre su situación jurídica. En este punto, al resolver la Primera Sala del Máximo Tribunal del País la contradicción de tesis 212/2016, estableció que: 1) La vinculación a proceso se debe pedir después de que se formuló la imputación y de que el imputado tuvo la oportunidad de contestar el cargo; y, 2) El plazo de setenta y dos horas establecido por el artículo 19 constitucional constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede única y exclusivamente cuando el imputado lo solicita, lo cual implica que tal extensión temporal debe operar a su favor y nunca en su contra. De dichas proposiciones, la Primera Sala concluyó por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso, no puede operar en su detrimento, ya que su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa. Por consiguiente, la Sala consideró que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, deberá solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero de manera previa a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 de la Constitución General de la República -o a su ampliación- para que se resuelva su situación jurídica, pues sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiéndole al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que considere podrían desvirtuar la postura ministerial. De la contradicción de tesis referida, derivó la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia Nación, el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, cuyo rubro y texto son: "VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar." Continuando con el estudio de las formalidades que habrán de observarse previo al dictado de un auto de vinculación a proceso, debe señalarse que salvo que el imputado solicite que sea en un primer momento de la audiencia inicial donde se resuelva su situación jurídica, el juez señalará día y hora para su continuación, la cual habrá de celebrase, dentro de las setenta y dos, o bien, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado fue puesto a su disposición, esto último, sólo en el supuesto de que se haya solicitado la ampliación del término. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido dentro del término constitucional. Desahogadas las pruebas ofrecidas por el imputado o su defensa, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima, si lo hubiera y luego al imputado y, previo debate, el juez de control resolverá sobre la vinculación o no a proceso del imputado. En el caso concreto, el análisis de las formalidades indicadas respecto del procedimiento seguido en la causa penal PUE/311/2021, previo al dictado del auto de vinculación a proceso combatido, revela lo siguiente: Que como ya se vio, en la audiencia inicial de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dio comienzo a las nueve horas con veintiséis minutos de esa data, la responsable individualizó a las partes, entre ellas al imputado Francisco Daniel Iturrios García, y al licenciado Jesús Eduardo Muñoz León (defensor público) quien proporcionó su número de cédula profesional (3720600). Posteriormente, preguntó al peticionario de amparo cómo quería que se trataran sus datos de identificación, y este indicó que se tuvieran como reservados; a preguntas del juez, el imputado refirió que su nacionalidad era mexicana, que no pertenecía a algún grupo étnico, que no tenía dificultad para comunicarse, y dijo que sí le habían hecho de su conocimiento los derechos que le asisten; asimismo, el juez le explicó que entre esos derechos se encuentra el designar defensor y le inquirió sobre si quería que su defensa la llevara Jesús Eduardo Muñoz León, a lo que contestó que sí, por lo que dicha profesionista aceptó y protestó el cargo conferido, y los datos de su cédula profesional fueron corroborados por el juez de marras con la auxiliar de sala. Enseguida, en uso de la voz, la agente del Ministerio Público, solicitó que se calificara de legal la detención y retención de Francisco Daniel Iturrios García, acaecida en flagrancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto del hecho con apariencia del delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el ordinal 195, párrafos primero y tercero, en relación con los diversos 193 y 194 del Código Penal Federal, en relación con el 245, fracción II y la última línea horizontal de la tabla prevista en el diverso 479, ambos de la Ley General de Salud, y procedió a justificar las razones de la detención, exponiendo el cuadro fáctico. Una vez cerrado el debate, el juez de control calificó de legal la detención y retención del quejoso. A continuación, en uso de la voz, la ministerio público, solicitó oportunidad para formular imputación, por lo que la responsable explicó a Francisco Daniel Iturrios García, la pretensión de la fiscalía y le indicó que era importante que pusiera atención, pues los hechos que refiriera serían por los que podría instruirse en su contra un proceso penal. Posteriormente la representación social, hizo de su conocimiento que se encuentra integrando en su contra investigación por el hecho con apariencia del delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el ordinal 195, párrafos primero y tercero, en relación con los diversos 193 y 194 del Código Penal Federal, en relación con el 245, fracción II y la última línea horizontal de la tabla prevista en el diverso 479, ambos de la Ley General de Salud. Asimismo expuso el cuadro fáctico y la clasificación jurídica, estableció que la conducta fue dolosa en términos del artículo 9, párrafo primero del Código Penal Federal y su grado de participación de autor material directo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13, fracción I, del citado ordenamiento sustantivo penal. Asimismo le indicó que las personas que deponen en su contra son los elementos de la Policía Estatal George Darío Ponce Sánchez, Ricardo Huerta Castillo y María Fernanda Martínez Vergara. En uso de la voz el imputado dijo que comprendía la imputación y la defensa indicó que no tenía alguna precisión o aclaración que hacer. Acto seguido el juez le hizo saber su derecho a declarar o guardar silencio, así como las consecuencias de la decisión que tomara y, tras deliberar con su defensa, optó por reservarse ese derecho y dijo ser adicto a la metanfetamina. Posteriormente, en uso de la voz, la representación social pidió oportunidad para solicitar la vinculación a proceso del imputado. A continuación el juez explicó al imputado la pretensión de la fiscal y le pidió que pusiera atención. Así, en uso de la voz la fiscal pidió la vinculación a proceso del hoy quejoso, por la clasificación jurídica preliminar que ya ha quedado asentada. Además solicitó que se tuviera por reproducidos los hechos, sin que el imputado previa consulta con su defensor tuvieran objeción a ello. Así, el agente del Ministerio Púbico señaló, los datos de prueba con que contaba, a saber: - El informe policial homologado y el acta aviso, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, signado por George Darío Ponce Sánchez, Ricardo Huerta Castillo y María Fernanda Martínez Vergara, todos elementos de la Policía Estatal Preventiva de Puebla, del que se obtienen las circunstancias de modo tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. - Evidencia material consistente en 133 bolsas transparentes tipo sellado adherible, de aproximadamente 2.5 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo, que contenían una sustancia color blanca y granulada que corresponde a clorhidrato de metanfetamina, con un peso de 46.2 gramos (indicio 1); así como una bolsa de plástico transparente amarrada con un nudo que contiene una sustancia color blanca y granulada -a granel- que corresponde a clorhidrato de metanfetamina, con un peso de 32.5 gramos (indicio 2). - Dictamen en química forense 4546, de veinticuatro de abril de dos mil uno, signado por María Elena Rodríguez Ángeles, en el que concluyó que el inicio uno, tiene un peso neto de 42.6 (sic) gramos y que corresponde a clorhidrato de metanfetamina, considerada como psicotrópico por la Ley General de Salud; asimismo, que el indicio dos, tiene un peso neto de 32.5 gramos y que corresponde a clorhidrato de metanfetamina, considerada como psicotrópico por la Ley General de Salud. -Dictamen en fotografía forense 4544, de veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, signado por César Ramírez Fernández, relativo a la fijación fotográfica del imputado y de los indicios 1 y 2. -Dictamen en lofoscopía forense 4545, de veinticuatro de abril de dos mil uno, signado por Sandra Luz Nocela Islas, quien concluyó que el imputado no cuenta con antecedentes registrales previos. - Informe de investigación criminal, con terminación 619/2021, de veinticinco de abril de dos mil veintiuno, signado por el subinspector (sic) Mauricio García Jiménez, que realizó sobre los indicios 1 y 2, agregando impresiones fotográficas. - Informe de investigación criminal, con terminación 763/2021, de veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, signado por el suboficial (sic) Olivia Hernández Trujillo, que realizó en el lugar de los hechos. - Dictamen en farmacodependencia 4572, de veinticinco de abril de dos mil veintiuno, signado por Sergio Carmona Benítez, en el que se concluye que el imputado es farmacodependiente al clorhidrato de metanfetamina. Datos que señaló acreditaban el hecho con apariencia del delito en análisis. Agregó que la finalidad de la posesión de la droga, se demostraba de acuerdo a los envoltorios asegurados y existe la presunción conforme al artículo 195, tercer párrafo del Código Penal Federal, pues la cantidad rebasa la establecida en la tabla del diverso 479 de la Ley General de Salud. Estableció que para establecer su grado de participación destacan por su importancia, los ya citados: informe policial homologado y el acta aviso, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, signados por George Darío Ponce Sánchez, Ricardo Huerta Castillo y María Fernanda Martínez Vergara. Reiteró que el actuar del imputado fue doloso y señaló que al no existir causa de exclusión del delito ni excluyente de responsabilidad, solicitaba la vinculación de Francisco Daniel Iturrios García, con base en los hechos y la clasificación jurídica proporcionada. Hecho lo anterior, el juez de control le explicó al imputado, la pretensión de la fiscal y les hizo del conocimiento los diferentes plazos en que se podía resolver su situación jurídica y, después de consultarlo con su defensa, solicitó que se resolviera en el término de setenta y dos horas. Motivo por el cual el juez responsable fijó las trece horas del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, para la continuación de la audiencia inicial. A continuación el juez responsable indicó que sobre el hecho que la ley señala como delito por el que se solicitó la vinculación a proceso, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 167 y 155 fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales y atendiendo a la clasificación jurídica del hecho, la medida cautelar que debía ser aplicada en la causa penal era la de prisión preventiva de carácter oficioso, la cual estaría vigente desde ese momento y hasta que se resolviera la situación jurídica del imputado. En uso de la voz la defensa solicitó que se requiriera a la fiscalía por sí o a través de su superior jerárquico, para que ya se contara con la autorización de este último para un posible procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada. Y, se requiera sobre si existía la posibilidad de ejercer la facultad prevista en el último párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no resultar proporcional la prisión preventiva oficiosa para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, el desarrollo de la investigación, protección de víctimas, testigos o comunidad. Aduciendo que de no acceder, el juez podría inaplicar (sic) bajo el principio de convencionalidad ex officio y el principio pro persona A lo anterior el juez hizo ver a la defensa que su petición era hipotética, pues ni siquiera se había dado el debate sobre la solicitud de vinculación a proceso y aun no se había determinado tal circunstancia, por lo que estimó que se trataba una solicitud de carácter formal de la defensa para la fiscalía. De ahí que la responsable pidió a la agente del ministerio público que tomara nota de dichas peticiones, para que de acuerdo a las facultades que correspondan, la eleve a su superior y bajo las normas legales que rigen su actuar, pueda pronunciarse en sede ministerial al respecto, sin que ello implique de ninguna manera control judicial al respecto. Decretando finalmente la responsable el receso de la audiencia. Abierta la continuación de la audiencia inicial a las trece horas con veintiún minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la responsable individualizó a las partes, entre ellas, al imputado Francisco Daniel Iturrios García, y al licenciado Jesús Eduardo Muñoz León (defensor público) quien proporcionó su número de cédula profesional (3720600). Posteriormente, preguntó al imputado si tenía alguna duda en relación con sus derechos y dijo que no. Así, en uso de la voz la defensa indicó que dado el término constitucional al que se acogió su defenso, no se lograron obtener más datos de prueba que los obrantes en los registros de la carpeta de investigación, por lo que de ser el caso, se aportarían durante la fase de investigación complementaria. En uso de la voz, la fiscalía reiteró su pretensión de que se vinculara a proceso al imputado, por la clasificación jurídica ya expuesta en la audiencia anterior (sic). En uso de la palabra, la defensa solicitó, en suma que se reclasificara el hecho con apariencia de delito que se le imputaba a Francisco Daniel Iturrios García, porque si bien la cantidad de narcótico asegurada excede de la tabla de orientación de dosis máximas permitidas a que se refiere el artículo 279 de la Ley General de Salud, como no se aseguró una báscula gramera u otros objetos que arrojaran indicios o evidencias de una posesión con ulterior finalidad, se considera que elemento subjetivo específico no se acredita para actualizar una posesión con la finalidad de comercio en la hipótesis de venta. Invocando en su favor la jurisprudencia con registro digital 2008745, de rubro y texto: "DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICOS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. LA CANTIDAD DE NARCÓTICO NO ACREDITA DE FORMA AUTOMÁTICA LA FINALIDAD QUE COMO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO REQUIERE EL TIPO PENAL. Atento al derecho a una defensa adecuada y al principio de presunción de inocencia como regla probatoria, la finalidad, que como elemento subjetivo específico exige el tipo penal previsto en el precepto y párrafo citados, no puede tenerse por acreditado de forma automática cuando la cantidad de narcótico materia de la posesión es igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil el límite establecido en la tabla prevista en el numeral 479 de la Ley General de Salud; por tanto, el Ministerio Público conserva su obligación de acreditar que la posesión tuvo como finalidad alguna de las previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, lo cual es esencial para que el inculpado pueda saber de qué se le acusa y ejercer y no ver obstaculizado su derecho a la defensa adecuada. Así, la presunción prevista en el artículo 195, párrafo tercero, del Código Penal Federal debe entenderse como simple, en el sentido de que el hecho conocido o base, consistente en que la posesión sea igual o rebase la cantidad señalada, constituye sólo un indicio para acreditar el hecho desconocido, esto es, que la posesión tiene como finalidad una de las conductas previstas en el artículo 194 referido." Aduciendo además que no se sorprendió al imputado realizando actos que pudieran arrojar datos sobre actos de comercio con un tercero, aunado a que la sola existencia de la droga no es indicativo que se poseyera para comercializarlo, y que al ser encontrado (el imputado) se encontraba cometiendo una falta administrativa, pues la sola posesión del narcótico no acarrea la acreditación del elemento subjetivo específico a que aludió. En uso de la voz la fiscalía señaló en suma, que contrario a lo expuesto por la defensa, no es necesario contar con más elementos para acreditar el elemento subjetivo, atendiendo a la cantidad de envoltorios y su contenido, que no es necesario encontrar a quien se le vendió el narcótico, ni numerario, y que si bien no se desconoce el criterio invocado, de acuerdo a lo previsto por el artículo 195, tercer párrafo (del Código Penal Federal), se establece la presunción legal de que quien posea narcóticos en la tabla del 479 de la Ley General de Salud en cantidad mayores a las permitidas en esa tabla, se presupone (sic) que esa posesión tiene por objeto cometer alguna de las previstas en el numeral 194 del ordenamiento sustantivo penal de referencia. A lo que la defensa contestó que si bien era una presunción legal, la jurisprudencia indica que no se puede establecer de forma automática, por lo que no se trata de una presunción iuris et de iure sino iuris tantum, insistiendo en que no se acreditaba del elemento subjetivo y la ulterior finalidad. En uso de la voz el imputado indicó que no tenía manifestación que hacer. Y, el juez resolvió como sigue: ".Declaro cerrado el debate relativo a esta solicitud de vinculación a proceso que ha sido propuesta por la Fiscalía, debo señalar en principio que resulto competente para resolver sobre esta cuestión, de conformidad con lo establece el artículo 104 fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 50 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que nos encontramos ante la solicitud de un auto de vinculación a proceso que tiene su base en la comisión de un hecho que lay señala como delito que se encuentra en una norma de carácter federal, como es precisamente el Código Penal Federal en relación con la Ley General de Salud y además se logra advertir que los hechos materia de imputación, tuvieron lugar en un espacio físico que corresponde a la jurisdicción territorial que le asiste a este Centro de Justicia Penal Federal de conformidad con el acuerdo general 51/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que dispone la creación de este Centro de Justicia Penal Federal y lo dota de esa jurisdicción territorial que corresponde a el espacio físico propio de la entidad federativa de Puebla. Siendo que lo hechos narrados tuvieron lugar en la carretera federal número 130 que conduce de Tulancingo a Huauchinango en la Calle La Fragua de la Colonia Paraíso perteneciente al municipio de Huauchinango en el Estado de Puebla precisados estos aspectos de competencia puedo señalar que la oportunidad para resolver sobre la situación jurídica del señor Francisco Daniel en términos del artículo 316 del Código Procesal en cita, se atiende, desde luego en el entendido, en el entendido que en la sesión anterior se hizo la imputación correspondiente al imputable por parte de la fiscalía, es decir, se le hicieron de su conocimiento el conjunto de hechos que son atribuidos siendo que además se le dio oportunidad para declarar respecto de los hechos propuestos por la representación social de la federación, siendo que el señor Francisco Daniel optó acogerse al diverso derecho que le es propio de guardar silencio, bajo esa circunstancias se tiene precisamente que el hecho que la ley señala como delito por el cual la fiscalía pretende se dicte auto de vinculación a proceso es el de contra la salud en la modalidad de comercio con fines de venta del psicotrópico conocido como clorhidrato de metanfetamina previsto y sancionado en el artículo 195 párrafo primero y tercero, en relación con el 193 y 194 del Código Penal Federal, y también en relación con el artículo 245 fracción SEGUNDA y 479 ambos de la Ley General de Salud. Se toma en consideración entonces para el análisis correspondiente esta clasificación jurídica propuesta por la fiscalía, se toma también en cuenta el conjunto de datos de prueba que fueron manifestados por la representante social de la federación, en el sentido que se encuentran debidamente integrados la carpeta de investigación estos son concretamente el informe policial homologado de acta aviso al Ministerio Público de veintitrés de abril de dos mil veintiuno suscritos por los primero respondientes George Darío Ponce Sánchez, Ricardo Huerta Castillo y María Fernanda Martínez Delgado, elementos de la Policía Estatal Preventiva quienes aluden las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, refieren se dieron los hechos relevantes para esta causa penal, también existe la presencia como dato de prueba de la evidencia material consistente en lo que aquí interesa de ciento treinta y tres bolsas transparentes tipo sellado adherible, de aproximadamente 2.5 centímetros ancho por 4.0 centímetros de largo, que en su interior contenían una sustancia de color blanca y granulada de peso de 46.2 de lo que posteriormente a nivel pericial se determinó es clorhidrato de metanfetamina, adicionalmente como evidencia se encuentra la misma bolsa de plástico transparente misma que se observa con un nudo y que en su interior contenía una sustancia a granel de color blanco y granulada con un peso neto de 32.5 gramos de clorhidrato metanfetamina debidamente determinado en ese contexto a nivel pericial Un dictamen en materia de especialidad de química forense en el cual se alude específicamente a la cantidad correspondiente de 46.2 gramos correspondiente a clorhidrato de metanfetamina en relación con las ciento treinta y tres bolsas y 32.5 gramos de clorhidrato de metanfetamina en relación con la bolsa adicional, en ese sentido, se logra apreciar el conjunto de sustancias correspondiente dictaminada pericialmente y que alude precisamente al psicotrópico mencionado, También hay dictamen en materia de especialidad de fotografía forense en el cual a través de imágenes gráficas se da cuenta en lo que aquí interesa de la sustancia sólida cristalina y a través de ello se logran establecer sus características. También se refiere la fiscalía dictamen especial de fotografía forense al informe de investigación criminal en donde se alude a la inspección de los indicios entre ellas ciento treinta y tres bolsitas de plástico transparente con la sustancia sólida y granulada y la bolsa de plástico transparente la cual a su vez también contiene la sustancia sólida cristalina granulada que ha sido analizada pericialmente en los términos ya descritos, un informe también de investigación criminal donde se realizó la inspección del lugar de la detención ubicada en el estacionamiento correspondiente de la tienda Bodega Aurrera en el municipio de Huauchinango, Puebla y el dictamen en materia de fármaco dependencia que concluye que el justiciable es fármaco dependiente al clorhidrato de metanfetamina. Bien, se tiene en consideración este conjunto de datos de prueba, la referencia concreta de clasificación jurídica propuesta por la fiscalía y los hechos correspondientes en el entendido que los mismos derivados del reporte de informe suscrito por los elementos de la policía Estatal preventiva, hacen referencia que en la carretera federal número 130 que conduce a Tulancingo, de Tulancingo a Huauchinango en la calle la Fragua de la colonia Paraíso, perteneciente al municipio de Huauchinango , Puebla, se pudo advertir la presencia de, quien ahora se sabe responde al nombre de Francisco Daniel, teniendo dentro de su radio de acción de ámbito de disponibilidad, el conjunto de narcótico correspondiente compuesto o integrado en ciento treinta y tres bolsitas transparentes con un peso total neto debidamente establecido pericialmente de 46.2 gramos de psicotrópico denominado clorhidrato de metanfetamina y también en diversa bolsa, sustancia descrita por los propios primeros respondientes que contenía en su interior la droga conocida como cristal, con un peso de 32.5 gramos lo que correspondió pericialmente, precisamente a clorhidrato de metanfetamina, en el entendido que hay referencia concreta por parte la fiscalía con base en los datos de prueba, y que ello corresponde a la propuesta que establecía la solicitud que plantea en el sentido que esa actividad de posesión de narcótico se desarrolló con la finalidad concreta de comercializar la droga, es decir, en la hipótesis especifica de venta, en el contexto de relación .(inaudible). Como podemos advertir, existe esta información que ha sido expresada por la fiscalía propia para ser analizada en este primer momento procesal, tomando en consideración que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, la ley exige la presencia de datos de prueba debidamente valorados en términos de ley, tal como lo establecen los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es una valoración de carácter libre y en forma lógica por parte de este juzgador, que verifique la presencia de indicios para ser articulados de manera circunstancial permita fundamental a dos conclusiones esenciales, la primera que exista un hecho que la ley señala como delito, en este caso la de posesión de determinado narcótico, y desde luego que exista la probabilidad de que a la persona que se le imputan estos hechos haya intervenido en ellos, debo subrayar que es este primer momento procesal, respecto a la segunda conclusión mencionada, solamente se requiere que existan datos que permitan establecer la probabilidad de que la persona imputada haya intervenido en su realización y bajo este estándar probatorio se entiende que el mismo resulta elemental o básico, en la medida en que este primer momento procesal únicamente se analizan datos de prueba, es decir, medios de convicción aún no desahogados como normalmente ante la presencia de un tribunal de enjuiciamiento, pero que a través de los indicios que reportan pudiera llegarse eventualmente a las dos conclusiones referidas, esto desde luego bajo el análisis racional que se haga de la información aportada por la fiscalía. Considero que entorno a ello, a través de esta información, existe en el caso concreto suficiente información indiciaria que permite emitir un auto de vinculación a proceso, ellos es así, si tomamos en consideración que hay referencia concreta debidamente acreditada en este nivel procesal y a través del estándar probatorio indicado, en el sentido de que a la persona que se le imputan estos hechos, es decir el sujeto activo, tuvo entre su radio de acción de ámbito de disponibilidad, el narcótico afecto, pues hay el señalamiento directo, concreto y sostenido por parte de los primeros respondientes, es decir, elementos de la policía estatal, quienes refieren que al momento de que se intervino al señor Francisco Daniel, originalmente por la comisión de una infracción de carácter administrativo , al momento de su revisión se pudo advertir que la bolsa de la diversas prendas que llevaba consigo en el pantalón deportivo, se pudo advertir inicialmente una bolsa con ciento treinta y tres bolsitas con el clorhidrato de metanfetamina y en el diverso pantalón que llevaba también puesto la diversa bolsa que contenía, en cuanto a las cantidades mencionadas las ciento treinta y tres bolsitas 46.2 gramos de clorhidrato de metanfetamina y en la segunda bolsa 32.5 gramos de psicotrópico .(inaudible).., debo señalar que para justificar desde luego racionalmente esta circunstancia no es solo el señalamiento de los primeros respondientes el que se hace manifiesto en esta solicitud, sino que también existe la verificación objetiva del material respectivo de carácter objetivo, es decir, la presencia del narcótico y esto se acredita desde luego tomando en consideración los dictámenes en materia de química forense y el dictamen en fotografía, en el entendido, que también hay inspecciones de carácter ministerial respecto de la droga Considerando que estos datos convergen precisamente en las características propias, del narcótico de referencia y se puede establecer con precisión dado el peritaje correspondiente en materia de química, la cantidad mencionada que ha sido ya verificada en cuanto a las dos presentaciones que refiere, debo señalar que estos datos, también permiten establecer que al momento de revisar la conducta correspondiente, la persona imputada, no contaba con la autorización correspondiente, que en su caso pudiera otorgar la Secretaría de Salud como autoridad competente, para el otorgamiento de licencias o de autorizaciones o permisos, para la posesión de este tipo de sustancias controladas, sin embargo, se insiste en el momento procesal en el que se actúa no existe esta referencia específica. En tanto que bajo esta circunstanciase logra también acreditar la penalidad correspondiente, que se advierte, se contaba con la posesión del narcótico de referencia, ello es así, si tomamos en consideración que ese elemento subjetivo especifico conocido como finalidad, se entiende como un propósito, una intención un deseo, de parte del sujeto activo de llevar consigo, de poseer el narcótico de referencia, y desde luego si bien no se puede acreditar en el caso concreto con una prueba de carácter directo, es importante destacar, que la misma se puede establecer del ejercicio de un análisis circunstancial a través de los indicios respectivos que permitan entender que había esa intención por parte del justiciable. Desde luego se toma en consideración que no es solo la cantidad que de suyo rebasa las proporciones que al respecto establece la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, como desde luego una cantidad propia de dosis personal, que pueda llevar consigo eventualmente una persona, sino que a pesar de que rebase en cantidad ..(inaudible)..rebasar esa dosis personal multiplicada por mil, se entiende que no se toma en consideración para justificar esta finalidad sino que la fiscalía señalo también diversos aspectos como es precisamente la confección que tenía el narcótico afecto, es decir ciento treinta y tres bolsitas propias de la forma en como se distribuye este tipo de narcóticos, en otros aspectos el lugar donde la persona fue detenida poseyendo este asunto de narcótico, es decir en el estacionamiento público de una negociación comercial y desde luego la hora que también resulta relevante. Bajo estas circunstancias, es claro que esa forma de poseer el narcótico reviste relevancia en cuanto a esa finalidad correspondiente, siendo que además no solo eran las ciento treinta y tres bolsitas, sino que también un envoltorio adicional que llevaba consigo la droga a granel y que se entiende también como un elemento que se suma a esta circunstancia, a esta relación circunstancial de indicios para determinar que si existe debidamente justificada esa finalidad, desde luego también estos datos permiten establecer a este juzgador que el bien jurídico tutelado por la norma penal, se ve afectado se pone en riesgo, si tomamos en consideración, que la afectación que reviste la sociedad es entorno a la salud pública en el entendido en que la sociedad se encuentra interesada en que la personas no deambulen en sus calles poseyendo este tipo de narcóticos, estas sustancias prohibidas, en el caso concreto se llevaban dispuestas, insisto, en una forma de confección propia para el comercio y adicionalmente estos datos de prueba también nos permiten establecer que el justiciable a título de probabilidad se entiende como autor material directo de esta conducta en términos de lo que dispone el artículo 13 fracción segunda de Código Penal Federal, pues existe a través de este conjunto de indicios, la referencia concreta de que él llevaba consigo dentro de su radio de acción de ámbito de disponibilidad el narcótico afecto a la causa, se insiste en ciento treinta y tres bolsitas y una adicional que contenía la droga especificada a granel. Bajo estas circunstancias se puede advertir precisamente que existen suficientes elementos concretos para establecer esta determinación en términos legales, desde luego, tomo en consideración, los argumentos que ha manifestado la defensa, en el sentido de tomar en consideración la posibilidad de una reclasificación entorno a lo que dispone el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considera la defensa en ese sentido que esa reclasificación se logra establecer si tomamos en consideración que en el caso no existía una báscula gramera ni numerario, ni la presencia de un eventual comprador de narcótico, por lo cual a su juicio, se debería tomar en cuenta también el señalamiento del propio señor Francisco Daniel, realizado en la sesión anterior, en el sentido de que es adicto al propio clorhidrato de metanfetamina y que para ello existe se tome en consideración el reporte en materia de fármaco dependencia. Considero que en el caso específico, si bien como refiere adecuadamente la defensa no existe esta bascula gramera, no hay referencia de un numerario y tampoco de un eventual comprador, lo cierto es que los elementos que fueron tomados en consideración y que revisten importancia a nivel circunstancial son precisamente los que han sido analizados y que denotan esa finalidad correspondiente, es decir la hora en donde se llevaron a cabo los acontecimientos, el lugar público relacionado, la cantidad correspondiente y la confección de diversos envoltorios propios de comercialización, por lo cual contrario a lo que expone la defensa, no es dable la aplicación de la jurisprudencia que invoca, toda vez que no solo la cantidad y no solo se considera en este momento, ese aspecto para tener por considerado de manera automática la finalidad correspondiente, sino que, como se ha señalado, se suman diversos indicios que permiten arribar a esa conclusión y por tanto, los argumentos en ese sentido expresados por la defensa devienen infundados y con ellos se responde prácticamente la totalidad de la argumentación defensiva, desde luego refiriendo de manera categórica que no resulta viable la reclasificación propuesta. Bajo esas circunstancias debo señalar que en el momento procesal en el que se actúa, no logro advertir acreditada de manera fehaciente alguna de extinción de la acción y una causa de exclusión de responsabilidad que beneficie la postura del señor Francisco Daniel, ni tampoco alguna causa de exclusión del delito o justificación del mismo, por lo tanto dadas esta razones que he expuesto al formarse los requisitos tanto legales como constituciones dicto en este momento auto de vinculación a proceso en contra de Francisco Daniel Iturrios García, por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de comercio en la hipótesis concreta de venta del psicotrópico conocido como clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en los artículos 195 párrafo primero y tercero, 193 y 194 fracción primera, relacionados con el 245 fracción segunda y 479, los primeros numerales del Código Penal Federal y los dos últimos restantes de la Ley General de Salud." Conforme a lo expuesto, es evidente que en la carpeta judicial administrativa de origen se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. A continuación se efectúa el análisis del auto de vinculación a proceso combatido, al tenor de los requisitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Del precepto constitucional transcrito se obtiene que para el dictado del auto de vinculación a proceso, es necesario satisfacer los requisitos de forma y de fondo, siguientes: 1. Deberá dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad de plazo constitucional, contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial (de forma). 2. La precisión del hecho que la ley señala como delito que se atribuye al indiciado, indicando el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta (de forma). 3. Que obren datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo (de fondo). 4. Que de esos mismos datos de prueba se establezca la probabilidad de que el imputado cometió el hecho delictivo o participó en su comisión (de fondo). El primer requisito se satisface, pues la situación jurídica del imputado fue resuelta por el juez responsable en la audiencia inicial, ya que el quejoso optó por que se resolviera en el plazo constitucional de setenta y dos horas contadas a partir de que fue puesto a disposición de la ordenadora responsable. En apoyo a lo anterior se cita la tesis: "AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. SU CÓMPUTO INICIA CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PONE AL INCULPADO, FORMAL Y MATERIALMENTE, A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN QUE SE UBIQUE EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE ÉSTA. Del análisis sistemático, lógico e histórico del primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del diverso 134 del Código Federal de Procedimientos Penales, se desprende que para el inicio del cómputo del auto de término constitucional de setenta y dos horas, no basta que en el pliego consignatorio del Ministerio Público Federal se establezca formalmente que el inculpado se encuentra interno a disposición de la autoridad judicial del conocimiento en el centro penitenciario o de salud ubicado en el lugar que se indique, sino que además es indispensable que esa puesta a disposición sea en forma física o material en el centro de reclusión que se encuentre en el lugar de residencia del Juez de la causa, pues lo que se persigue es que esté en aptitud real y jurídica de autentificar o validar la detención ministerial decretada en la fase indagatoria y observar fehacientemente el cumplimiento de todas y cada una de las prerrogativas procesales y sustantivas consagradas en beneficio del indiciado en tal precepto constitucional. En consecuencia, cuando esa puesta a disposición se realiza con la indicación de que el detenido se encuentra recluido en lugar distinto de la residencia del juzgador, aun cuando sea dentro de su jurisdicción y no obstante que se hubiese admitido en esos términos, es inconcuso que tales extremos exigidos no se cumplen y, por ende, tampoco se le debe otorgar los efectos señalados por la ley." Justamente, de autos se aprecia que el hoy quejoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial a las veintiún horas con once minutos veinticinco de abril de dos mil veintiuno y si bien no se advierte que el juzgador responsable hubiera precisado la hora en que emitió el auto de vinculación a proceso reclamado, es innegable que este se dictó dentro del aludido término de setenta y dos horas, pues de la videograbación atinente se desprende que ello ocurrió treinta y cinco minutos y cuarenta y siete segundos después de iniciada la continuación inicial (a las trece horas con veintiún minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno), de ahí que la emisión de dicha resolución de término constitucional de ninguna manera pudo rebasar las catorce horas de la data en cita. Igualmente, se satisface el segundo requisito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ya que al emitirse la responsable precisó el hecho con apariencia de delito que se le atribuye al quejoso y su ubicación en la ley penal. Asimismo, le hizo saber el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos que se le imputan. En ese aspecto, no se desatiende que al momento de pronunciarse sobre la situación jurídica del imputado, el juez responsable dijo: ".auto de vinculación a proceso en contra de Francisco Daniel Iturrios García, por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de comercio en la hipótesis concreta de venta del psicotrópico conocido como clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en los artículos 195 párrafo primero y tercero, 193 y 194 fracción primera, relacionados con el 245 fracción segunda y 479, los primeros numerales del Código Penal Federal y los dos últimos restantes de la Ley General de Salud." Lo que evidentemente es un yerro, sin embargo resulta excusable, pues de la imposición de la parte considerativa del auto de vinculación a proceso reclamado, se deprende, sin lugar a dudas, que el juez responsable consideró que la conducta probablemente desplegada por el imputado fue una posesión agravada de metanfetamina, ya que en ese tenor fue la totalidad de su discurso donde expresó los motivos que a ello le llevaban. Sin soslayar que los numerales que cita para fundar la clasificación jurídica que otorga al hecho con apariencia de delito puesto a su consideración son (como se precisará más adelante) aquellos que prevén y punen la posesión de un psicotrópico con una finalidad ulterior distinta a la mera tenencia, en el caso, su venta. De tal suerte que esa mención errónea debe declararse superada e insuficiente para conceder la protección constitucional, para el efecto de su correcta mención, pues es conocido que los fallos son indivisibles y obligan en toda su extensión, y cuando alguno de sus puntos resolutivos no es congruente con los considerandos, deben prevalecer estos, por constituir el acto jurídico de decisión, tal como lo quiso emitir el juzgador, sobre las irregularidades del documento que lo contiene. En apoyo a lo anterior se cita la siguiente jurisprudencia: "SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia entre un considerando de una sentencia y un resolutivo de la misma, debe entenderse que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos; y, por ende, los argumentos de la sentencia, por sí mismos, no causan agravios al quejoso, cuando éstos no han conducido a la ilegalidad de la resolución reclamada." Tocante al estudio del tercero y cuarto de los requisitos que quedaron precisados, relativos a exponer los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, se encuentran satisfechos, por los motivos que se exponen a continuación. Ciertamente, a criterio de quien esto resuelve comparte el razonamiento del juez de control, al haber considerado que los datos de prueba que relacionó el agente del Ministerio Público son suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer razonablemente que, probablemente Francisco Daniel Iturrios García, participó en el hecho con apariencia del delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el ordinal 195, párrafo primero y tercero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, todos del código penal federal, en relación con el 245, fracción II y 479, ambos de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 9 párrafo primero y 13 fracción II, del Código Penal Federal. En ese aspecto, en primer término, se reitera que de lo narrado hasta la etapa procesal en estudio, se aprecia que como correctamente estimó el juez de origen, existen datos de prueba suficientes para establecer la existencia de los hechos que la ley señala como el delito ya precisado. Y, que probablemente el imputado, aquí quejoso, participó en la comisión de ese hecho, habida cuenta que, -como se adelantó- para dictar un auto de vinculación a proceso, el artículo 19 de la Constitución Federal no exige la plena comprobación de la responsabilidad penal del indiciado, sino que únicamente debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Esto es así, porque para la emisión de un auto de vinculación a proceso, como el aquí reclamado, no se requiere el acopio de prueba perfecta de la responsabilidad del indiciado, sino sólo se exige acreditar la probabilidad de que aquél cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito y, esa probabilidad resulta de un indicio razonable, es decir, una buena razón, un dato de prueba que sometido al principio de contradicción no haya menguado su aporte. En relación con lo anterior, es necesario precisar que al resolver la contradicción de tesis 160/2010, en sesión de cuatro de mayo de dos mil once, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló, entre otras cosas, que de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A) del 20 de la Constitución Federal, a partir de la implementación sistema procesal penal acusatorio, con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. De tal manera que, con la implementación del sistema procesal penal acusatorio, se introdujo al vocabulario jurídico, el término "dato de prueba", que conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 261, del Código Nacional Procedimiento Penales, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado en su comisión. La precisión anterior resulta importante, pues de acuerdo a lo expuesto, el estándar de prueba para el dictado de un auto de vinculación a proceso, se redujo a la sola existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de modo que, sobre esa base (datos de prueba) fue que el juez responsable dictó el auto de vinculación a proceso reclamado, y es la misma que habrá de considerarse en esta sentencia, para el análisis de dicho acto. En este sentido, esta autoridad - como ya se adelantó- comparte el razonamiento del juez responsable, al haber considerado que los datos de prueba que relacionó la agente del Ministerio Público son suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer razonablemente que se cometieron hechos que la ley califica como delito y que es probable que Francisco Daniel Iturrios García, intervino en su ejecución. En relación con la existencia del hecho que la ley señala como delito, debe señalarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, en sesión de uno febrero de dos mil diecisiete, determinó que al dictarse un auto de vinculación a proceso, el juez de control no está constitucionalmente obligado a realizar un juicio de tipicidad, esto es, a comprobar el cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica); sino únicamente a que una vez determinado de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a establecer si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Derivado de ese ejercicio de encuadramiento a la norma penal, el juez deberá expresar de manera clara el delito, con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta, independientemente de la metodología que elija para otorgar claridad y certeza a su determinación, en la que sí deberá dejar bien establecido el hecho imputado, las circunstancias propias de ejecución, así como el tipo penal aplicable, como consecuencia de un examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto. De la contradicción de tesis referida, derivó la jurisprudencia 35/2017(10ª.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones 'comprobar' por 'establecer' y 'cuerpo del delito' por 'hecho que la ley señala como delito', las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de 'pruebas' ni se exige 'comprobar' que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado 'cuerpo del delito', entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Sobre esas bases, resulta pertinente indicar que en la especie se reclama un auto de vinculación a proceso en contra de Francisco Daniel Iturrios García, como probable partícipe en la comisión del hecho con apariencia del delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el ordinal 195, párrafo primero y tercero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal, en relación con el 245, fracción II y 479, ambos de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 9 párrafo primero y 13 fracción II, del Código Penal Federal. Tales numerales disponen: Del Código Penal Federal: "ARTICULO 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y." "ARTICULO 13.- Son autores o partícipes del delito: (.) II.- Los que los realicen por sí;" "ARTICULO 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública. El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o partícipe del hecho o la reincidencia en su caso. Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción. Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables" "ARTICULO 194.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que: I.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud." ARTICULO 195.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, ambos de este código. (.) Cuando el inculpado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 de este código." De la Ley General de Salud. "ARTICULO 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: (.) II.- Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública, y que son: (.) METANFETAMINA (.)" ARTICULO 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato Metanfetamina Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas 40 mg Una unidad con peso no mayor a 200 mg Ahora, como ya se vio, el juez responsable para tener por acreditada la existencia de tales hechos ilícitos, tomó en cuenta los datos de prueba que refirió el agente del Ministerio Público, al momento de formular la solicitud de vinculación a proceso, y que ya fueron reseñados y detallados en párrafos precedentes, los cuales que no se transcriben de nueva cuenta en obvio de repeticiones innecesarias. En tal virtud, este órgano de control constitucional coincide con el juez responsable en considerar que existen datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes para estimar que se cometieron los hechos que la ley señala como delitos, pues del análisis libre y lógico de los antecedentes de investigación invocados por el representante social, los cuales se aprecian de manera conjunta, integral y armónica, con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, es factible establecer: Que el día veintitrés de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las quince horas, en el estacionamiento de la tienda "Bodega Aurrera", sito en carretera federal 130 que conduce de Tulancingo hacía a Huauchinango, a la altura de la Colonia El Paraíso, un persona del sexo masculino probablemente tuvo dentro de su radio de acción de ámbito de disponibilidad, ciento treinta y tres bolsitas transparentes con un peso total neto de 46.2 gramos de la sustancia determinada pericialmente como clorhidrato de metanfetamina y también una diversa bolsa, con 32.5 gramos de idéntico estupefaciente, lo anterior, sin contar con la autorización de las autoridades para poseerlo, cantidad que no excede la resultante de multiplicar por mil, los cuarenta miligramos de metanfetamina (en polvo granulado o cristal) que para uso personal e inmediato establece la tabla de orientación de dosis máximas de la ley general de salud. Posesión cuya finalidad se estimó para comerciar, en específico vender, pues lo cierto es que excede de la dosis máxima de consumo personal e inmediato contenida en dicha tabla, y considerando, además, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la detención del quejoso y coinculpado. Por ello, se insiste en que existen datos de prueba, suficientes e idóneos, para tener por acreditado hasta este momento procesal, los aludidos hechos con apariencia del aludido delito contra la salud. En ese sentido, se estima acertado el razonamiento de la responsable que la llevó (sin variar la clasificación jurídica del hecho) a establecer la finalidad con la que el hoy quejoso poseyó el narcótico asegurado, precisando en primer término, que aunque no se aseguró algún otro objeto diverso a la droga (bascula, numerario), ni a persona alguna que fungiera como compradora del estupefaciente, son los elementos tales como la hora de ejecución, el lugar donde se sorprendió al activo, la cantidad de droga y la confección de los envoltorios, los que arrojan indicios suficientes para establecer fundadamente el ánimo de la posesión de dicha sustancia, lo anterior partiendo de un razonamiento silogístico adecuado para establecer precisamente esa finalidad, cuenta habida que, en el caso, no es posible demostrar esa finalidad con un dato de prueba directo, al no contar con él, lo que obliga, como bien hizo el juez de la causa a inferir, con base en la prueba circunstancial, para determinar el fin con que el activo poseyó el narcótico en cuestión. Razonamientos que, al estimarse acertados vuelven infundada la alegación del quejoso en su demanda en el sentido de que: ".únicamente se aseguraron bolsitas de plástico en cuyo interior venía la sustancia y en ese contexto, se estima que tal circunstancia; sin siquiera asegurarse alguna bascula gramera o diversos objetos que pudieran arrojar indicios, vestigios o evidencia alguna de una posesión con ulterior finalidad, no acreditan por sí el elemento subjetivo específico para considerar actualizada una posesión con la finalidad de comercio, en la hipótesis de venta del narcótico..." Pues como bien afirmó la responsable no es posible aplicar al particular el criterio jurisprudencial que invocó, cuenta habida que como ya se vio, no fue sólo la cantidad deroga asegurada o que tomó en consideración para establecer la finalidad con la que el activo poseyó el narcótico asegurado. Se apoya lo considerado en las tesis de jurisprudencias siguientes: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACIÓN DE LA. Para la integración de la prueba circunstancial, es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las presunciones, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, los cuales no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para que sea digno de aceptarse por quien lo examina con recto criterio." "SALUD, DELITO CONTRA LA. PRUEBA DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Los dos primeros elementos del delito previsto por el artículo 195 del Código Penal Federal, es decir, que se posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 del Código Penal Federal, y que tal posesión se realice sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, son de naturaleza objetiva y se conforman por hechos externos al sujeto activo, que realizados u omitidos por éste, son perceptibles por los sentidos y demostrables a través de prueba directa. En cambio, el tercero de ellos, consistente en la finalidad de la posesión, es de carácter subjetivo, pues se refiere al ámbito interno del activo del delito, recae sobre la intención volitiva perseguida por éste con el acto posesorio del narcótico y en la mayoría de los casos, es refractaria a la prueba directa y por ende, su comprobación puede hacerse a través de inferencias derivadas de los hechos plenamente demostrados en autos por otras pruebas, conforme a las reglas de la prueba circunstancial previstas por el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el último párrafo del artículo 168 del propio ordenamiento" Continuando con el análisis de los requisitos que deben satisfacerse para el dictado de un auto de vinculación a proceso, debe señalarse que el juez acertadamente estableció que existe la probabilidad de que Francisco Daniel Iturrios García, participó en la comisión del hecho con apariencia del delito contra la salud que se analiza Tal extremo (probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito), no es otra cosa más que la revelación de la posible identidad del autor del hecho que la ley señala como delito, bajo las formas de autoría o participación indicadas en el Código Penal. Sobre el particular, destaca el resultado de lo vertido por los elementos de la Policía Estatal George Darío Ponce Sánchez, Ricardo Huerta Castillo y María Fernanda Martínez Vergara, de lo que se obtiene el señalamiento directo y puntual sobre el hoy imputado como aquél que cometió la conducta con apariencia de delito que se le imputa, por haber presenciado su comisión. Datos de prueba que permiten concordar con lo resuelto por la responsable, en el sentido de que resultan suficientes hasta este momento, para establecer que Francisco Daniel Iturrios García, probablemente participó en la ejecución de tal hecho con apariencia de delito. A ello, se suma que a juicio de quien esto resuelve no existe referencia o dato de prueba alguno que permita arribar a conclusión distinta. Por lo anterior, las referencias aportadas por el fiscal constituyen datos de prueba idóneos y suficientes para tener por acreditada la posible participación de Francisco Daniel Iturrios García, en el hecho con apariencia del delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el ordinal 195, párrafo primero y tercero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, todos del código penal federal, en relación con el 245, fracción II y 479, ambos de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 9 párrafo primero y 13 fracción II, del Código Penal Federal. Sobre todo porque, -como ya se dijo- para la emisión de un auto de vinculación a proceso, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se exige la plena comprobación de la responsabilidad penal del gobernado, sino que únicamente debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la "probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Esto es, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, como el aquí reclamado, no se requiere el acopio de prueba perfecta de la responsabilidad del indiciado, sino sólo se exige acreditar la "probabilidad" de que aquél cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito y, esa probabilidad resulta de un indicio razonable, es decir, una buena razón, un dato de prueba que sometido al principio de contradicción no haya menguado su aporte. En esa tesitura, como se ha expuesto, en la especie, el juez responsable correctamente estimó vincular a proceso al imputado Francisco Daniel Iturrios García, ya que con los datos de prueba aportados, se acreditó, a título probable, que cometió en calidad de autor material de los hechos con apariencia de delito ya indicados. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis V.1º.P.A.2 P (10ª), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA VINCULAR A PROCESO AL IMPUTADO, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO LA CARGA DE ESTABLECER EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y LA PROBABILIDAD DE QUE AQUÉL LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN, AUN CUANDO SU RELATO DEFENSIVO SEA IMPERFECTO Y CAREZCA DE RESPALDO PROBATORIO PLENO. Conforme a los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio, según lo prevé el artículo 402, párrafo tercero, del código procesal citado. Sin embargo, ello no revierte la carga probatoria que corresponde a la parte acusadora, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal, aun cuando el relato defensivo del imputado sea imperfecto y carezca de respaldo probatorio pleno; esto es, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, corresponde al Ministerio Público la carga de establecer, a título de probable al solicitar la vinculación a proceso, o de demostrar a título pleno al formular la acusación, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de la persona implicada en su comisión. Mientras que si el imputado decide ejercer su derecho constitucional a declarar, no tiene por qué probar a plenitud aspecto alguno. Exigir lo contrario, esto es, que el imputado al declarar emita un relato perfecto, que demuestre a plenitud su inocencia, implicaría tanto como soslayar el principio de presunción de inocencia, tutelado en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional y revertir ilegalmente la carga de la prueba que, se reitera, corresponde al representante social." En diverso aspecto, debe señalarse que hasta el momento procesal en que se emitió el auto de vinculación a proceso impugnado, no está acreditada alguna excluyente de responsabilidad delictiva, no se actualiza ausencia de la conducta o de la tipicidad, tampoco alguna causa de justificación, de inimputabilidad o de inculpabilidad. Cierto, por ser contraria a derecho, y no ampararse en alguna causa de licitud o de exclusión del delito, la conducta desplegada de manera probable por el activo, se considera antijurídica, por lesionar los bienes jurídicos tutelados por la norma penal. De igual manera, no se probó hasta el momento procesal en que se dictó el auto de vinculación que aquí se combate, que el quejoso tuvieran incapacidad psicológica de conocer la antijuridicidad de su proceder, ya que no existe dato alguno que evidencie que al desplegar la conducta que a título probable se le reprocha, se encontrara inmerso en una causa de inimputabilidad, ni que la hubiera cometido bajo error de tipo o de prohibición invencible. Además, en su caso, será en el dictado de la sentencia cuando se esté condiciones de valorar el material probatorio, de cargo y de descargo que se desahogue en la audiencia de juicio oral, y analizar conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad que proponga el representante social, como la inocencia que alegue la defensa y verificar si dan lugar a una duda razonable que traiga como consecuencia la absolución. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora." También es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO. Cuando en un proceso penal coexisten tanto pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por el Ministerio Público sólo puede estar probada suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. Así, no puede restarse valor probatorio a las pruebas de descargo simplemente con el argumento de que ya existen pruebas de cargo suficientes para condenar. En este sentido, la suficiencia de las pruebas de cargo sólo se puede establecer en confrontación con las pruebas de descargo. De esta manera, las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable tanto cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios. Así, la actualización de una duda razonable por cualquiera de estas dos razones impide considerar que las pruebas de cargo son suficientes para condenar." En consecuencia, al resultar ajustada a derecho la resolución analizada y, al no advertirse motivo alguno que amerite suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, se NIEGA EL AMPARO respecto del auto de vinculación reclamado, dictado el veintiocho de abril de do mil veintiuno, contra Francisco Daniel Iturrios García, en la causa penal PUE/311/2021, por su probable participación en el hecho con apariencia del delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el ordinal 195, párrafo primero y tercero, en relación con los diversos 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal, en relación con el 245, fracción II y 479, ambos de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 9 párrafo primero y 13 fracción II, del Código Penal Federal. III. Prisión preventiva oficiosa. Al respecto debe decirse que se estima legal la determinación al respecto tomada por el jueza de la causa, por lo que resulta infundado el motivo de disenso formulado por el promovente, en el sentido de que la responsable: ".debió proceder a la inaplicación del ultimo párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales al confrontarse con el derecho humano a la libertad y al principio de presunción de inocencia, progresividad y lesividad consagrados en la Constitución Pol[tica de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que México es parte, así come de los casos que han sido resueltos por la Corte interamericana de Derechos Humanos y la Jurisprudencia emitida al respecto." Para llega a este aserto, debe traerse a colación que en lo que al caso interesa, que el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, una vez emitido el auto de vinculación en contra del hoy quejoso el juez de marras reiteró que sobre el hecho que la ley señala como delito por el que se solicitó la vinculación a proceso, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 167 y 155 fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales y atendiendo a la clasificación jurídica del hecho, previamente había indicado que la medida cautelar que debía ser aplicada en la causa penal era la de prisión preventiva de carácter oficioso. Y, por haberse dictado en su contra auto de vinculación a proceso por la clasificación jurídica ya apuntada, dicha medida cautelar debía permanecer vigente hasta resolverse en definitiva la causa penal de origen. En ese tenor la defensa alegó precisamente que como la delegada de la Fiscalía General de la República, no accedió a dar la autorización requerida para actuar en términos del artículo 167 que establece: "Artículo 167. Causas de procedencia (.) El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad." El juez responsable -en suma- inaplicara dicha porción normativa (a través de un control exoficio y pro persona) y sustituyera la medida de prisión preventiva oficiosa por otra medida menos lesiva. A lo anterior, la fiscal indicó esencialmente que ya se le había notificado que no se contaba con la autorización atinente a su solicitud, por no reunirse los requisitos establecidos en el propio numeral ya invocado. Y abundó en relación con la necesidad de cautela que existía en relación con el imputado. Acto seguido el juez de control resolvió: "Bien, habiendo escuchado a las partes, debo señalar lo siguiente, en principio se advierte que la defensa ha solicitado en sede ministerial, la posibilidad que en su caso establece conforme al marco jurídico correspondiente la propia legislación procesal en torno a lo que establece el propio artículo 167, y es claro que la autoridad ministerial al respecto ha negado esa posibilidad de solicitar la modificación correspondiente de la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficioso por la razones que se han escuchado y que ha expuesto el día de hoy la fiscalía. Se parte pues de ese ejercicio, la facultad establecida al Ministerio Público de la Federación, en lo entendido que la prisión preventiva de carácter oficioso planteada en términos legislativos, es una restricción de derechos fundamentales establecida insisto, a nivel legal en la propia constitución federal y, desde luego, se entiende precisamente que es una restricción derivada de un proceso de carácter legislativo que involucra no solo al congreso general, sino también extendiendo esto a las entidades federativas, a través de los congresos locales, que establecen precisamente ese tipo de restricciones de alto nivel normativo, por lo que dentro del parámetro de regularidad constitucional se establece precisamente que las restricciones establecidas en la propia Constitución deben prevalecer, por esa justificación, devienen de la supremacía Constitucional y se encuentran justificadas entorno a ese aspecto de legalidad. Por lo que considero que, a pesar de la intención y la referencia concreta que hace la defensa del derecho humano que se encuentra en cuestionamiento, por la imposición de esta medida de carácter oficioso, lo cierto es que no ha lugar a que yo realice un ejercicio de un control de convencionalidad en ese sentido al considerar precisamente que, la medida cautelar impuesta al señor Francisco Daniel precisamente corresponde a una de estas restricciones que la propia Constitución establece y por tanto no ha lugar a pronunciarme en favor de lo propuesto por la defensa, desde luego sin menoscabo de que eventualmente de ser el caso la fiscalía en torno a las facultades que constitucionalmente también tiene a su alcance, pudiera proponer la modificación de la medida cautelar si encontrara fundamento y considerara que las circunstancias correspondientes pudieran variar de manera objetiva y eventualmente y en ejercicio de esa facultad que le confiere el artículo 167 del código procesal en cita, pudiera advertir una solución, sin embargo deberá de prevalecer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa." En ese sentido, la determinación se estima ajustada a lo que dispone el artículo 19, párrafo segundo constitucional, en primer término porque: "El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El Juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud." Al respecto el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala, en lo conducente: "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud." Con base en ello, se estima correcta la determinación tomada por la responsable, pues el hecho con apariencia del delito por el que se vinculó a proceso al hoy imputado, conlleva la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sin que al respecto existiera debate entre las partes. Pero además, se estima también acertado que el juez responsable determinara que no había lugar a realizar un control de convencionalidad sobre el último párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y así, sustituir la medida decretada por otra diversa pues, dicho control implica la obligación de velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal sino también en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable conforme al principio pro persona. Y, en el caso, no se aprecia que la porción normativa cuya inaplicabilidad se solicita, se oponga o controvierta lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece en su artículo 19, para el delito en particular la imposición de la multicitada medida de prisión preventiva oficiosa. Lo cual, se estima, obedece a la razonabilidad de la medida en contraste con el tipo de lesión que generó el gobernado al bien jurídico tutelado, siendo constitucional y convencionalmente válido que el legislador limite o restrinja la posibilidad de acceder a medidas menos lesivas que la de prisión, a aquellos individuos quienes realizan una conducta ilícita que afecta la esencia de la sociedad, como en el caso es la salud. Por lo que las restricciones constitucionales al goce y su ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin que, como aceradamente lo consideró el juzgador primigenio haya lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior. Así, el derecho a la libertad provisional y otras medidas cautelares, como excepción a la prisión preventiva, conforme al artículo 19 constitucional, constituye un régimen de excepción, que también se contiene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de lo cual, tratándose de los delitos señalados en ese ordinal, es improcedente ordenar el cese de la prisión preventiva y la imposición de una medida cautelar distinta. Finalmente, no sobra destacar que la medida cautelar reclamada se emitió con posterioridad a la vinculación a proceso del quejoso; circunstancia contemplada en el artículo 154, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado." Razones por las que se estima ajustada a derecho la determinación de la responsable sin que -como ya se dijo- se aprecie deficiencia alguna que suplir en favor del quejoso, imponiéndose negar la protección constitucional. Negativa que se hace extensiva a la acto reclamado al 2.Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, por ser éste una consecuencia de la imposición de la medida de prisión preventiva justificada sobre el aquí quejoso, y al no ser violatoria de garantías, su ejecución tampoco lo es. Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de datos de localización, rubro y texto siguientes: AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios. También resulta aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Francisco Daniel Iturrios García, por las autoridades responsables y actos precisados en el considerado séptimo, apartados I, II y III de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, por lista a sus autorizados, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Incidental

    PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: "En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 453/2021, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistido de la Secretaria Romina Ortiz Avila, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Francisco Daniel Iturrios García, escrito aclaratorio, así como el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (suspensión provisional), e informes previos de las autoridades responsables. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 453/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Francisco Daniel Iturrios García; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Francisco Daniel Iturrios García, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: a) La resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable calificó de legal la detención, del aquí quejoso, dentro de la causa penal PUE/311/2021; b) El auto de vinculación a proceso, de fecha veintiocho de abril dos mil veintiuno, por la imputación del hecho con apariencia de delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de metanfetamina, dentro de la causa penal PUE/311/2021, de la estadística del Juzgado responsable; y, c) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al aquí quejoso. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. (JESÚS ENRIQUE PALACIOS INIESTRA). RECONOCE. 2. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA RECONOCE. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables, al rendir sus informes previos reconocieron la existencia de los actos que se les reclaman, por tanto, dichos actos se tienen como ciertos en la presente incidencia, sin perjuicio de lo que se determine en el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa. CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar respecto del acto reclamado indicado en el inciso a), del considerando segundo de la presente resolución interlocutoria. Respecto al acto reclamado que califica de legal la detención del quejoso, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, toda vez que a dicho acto le reviste el carácter de consumado y contra ese tipo de actos no es procedente conceder la suspensión definitiva solicitada. Lo anterior es así, pues de otorgarse la referida medida cautelar contra esos actos (consumados) se daría a la medida suspensional efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia con la que culmine el juicio de amparo del que emana el incidente de suspensión en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." QUINTO. Procedencia de la medida cautelar respecto a los actos reclamados indicados en los incisos b) y c), del considerando segundo de la presente resolución interlocutoria. Respecto a los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se concede la suspensión definitiva, a fin de que el quejoso quede a disposición de éste órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que actualmente está recluido (Centro de Reinserción Social de Puebla), quedando a disposición del 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Jesús Enrique Palacios Iniestra, para la continuación de la causa penal PUE/311/2021, de la estadística del Juzgado responsable; además, para que suspenda el procedimiento, en lo que corresponda al quejoso una vez concluida la etapa intermedia, sin emitir el auto de apertura a juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto se encuentre firme la sentencia que se pronuncie en el juicio principal del que deriva esta incidencia. Sin que haya lugar a fijar medidas de efectividad pues el peticionario de amparo se encuentra recluido. SEXTO. Notificación personal al quejoso. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente a cualquiera de sus autorizados procesales en términos amplios del quejoso, la presente resolución interlocutoria en el domicilio designado para tal efecto, para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III1, y 232 del Acuerdo General 21/2020. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro de Reinserción Social de Puebla-, pues se entiende que el autorizado en términos amplios, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas a dicho peticionario de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Francisco Daniel Iturrios García, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Francisco Daniel Iturrios García, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE CUALQUIERA DE SUS AUTORIZADOS PROCESALES EN TÉRMINOS AMPLIOS; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

  4. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 453/2021, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistido de la Secretaria Romina Ortiz Avila, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Francisco Daniel Iturrios García, escrito aclaratorio, así como el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (suspensión provisional), e informes previos de las autoridades responsables. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 453/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Francisco Daniel Iturrios García; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Francisco Daniel Iturrios García, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: a) La resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable calificó de legal la detención, del aquí quejoso, dentro de la causa penal PUE/311/2021; b) El auto de vinculación a proceso, de fecha veintiocho de abril dos mil veintiuno, por la imputación del hecho con apariencia de delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de metanfetamina, dentro de la causa penal PUE/311/2021, de la estadística del Juzgado responsable; y, c) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al aquí quejoso. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. (JESÚS ENRIQUE PALACIOS INIESTRA). RECONOCE. 2. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA RECONOCE. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables, al rendir sus informes previos reconocieron la existencia de los actos que se les reclaman, por tanto, dichos actos se tienen como ciertos en la presente incidencia, sin perjuicio de lo que se determine en el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa. CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar respecto del acto reclamado indicado en el inciso a), del considerando segundo de la presente resolución interlocutoria. Respecto al acto reclamado que califica de legal la detención del quejoso, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, toda vez que a dicho acto le reviste el carácter de consumado y contra ese tipo de actos no es procedente conceder la suspensión definitiva solicitada. Lo anterior es así, pues de otorgarse la referida medida cautelar contra esos actos (consumados) se daría a la medida suspensional efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia con la que culmine el juicio de amparo del que emana el incidente de suspensión en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." QUINTO. Procedencia de la medida cautelar respecto a los actos reclamados indicados en los incisos b) y c), del considerando segundo de la presente resolución interlocutoria. Respecto a los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se concede la suspensión definitiva, a fin de que el quejoso quede a disposición de éste órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que actualmente está recluido (Centro de Reinserción Social de Puebla), quedando a disposición del 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Jesús Enrique Palacios Iniestra, para la continuación de la causa penal PUE/311/2021, de la estadística del Juzgado responsable; además, para que suspenda el procedimiento, en lo que corresponda al quejoso una vez concluida la etapa intermedia, sin emitir el auto de apertura a juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto se encuentre firme la sentencia que se pronuncie en el juicio principal del que deriva esta incidencia. Sin que haya lugar a fijar medidas de efectividad pues el peticionario de amparo se encuentra recluido. SEXTO. Notificación personal al quejoso. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente a cualquiera de sus autorizados procesales en términos amplios del quejoso, la presente resolución interlocutoria en el domicilio designado para tal efecto, para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III1, y 232 del Acuerdo General 21/2020. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro de Reinserción Social de Puebla-, pues se entiende que el autorizado en términos amplios, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas a dicho peticionario de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Francisco Daniel Iturrios García, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Francisco Daniel Iturrios García, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE CUALQUIERA DE SUS AUTORIZADOS PROCESALES EN TÉRMINOS AMPLIOS; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano