FRANCISCO BERNAT CID y Otros.
Expediente 197/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- FRANCISCO BERNAT CID y Otros.
- JUAN JAIME BERNAT CID y Otros.
- Francisco Bernat Cid
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio II. 1544/2023, signado electrónicamente por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado por la Presidenta de dicho órgano colegiado el veintidós de marzo del actual, se admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, en su carácter de defensor particular de 1. ********************, 2. ********************y 3. ********************,, en contra del auto dictado el quine de marzo de dos mil veintitrés, quedando registrado bajo el recurso de queja 58/2023, de lo que se toma conocimiento el suscrito para los efectos legales a que haya lugar. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución no se integrará al expediente físico pues no es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; Y, CÚMPLASE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. A sus autos, el ocurso signado electrónicamente por Francisco Javier de Unanue y Bretón, en su carácter de defensor particular de 1. ****, 2. **** y 3. *****, y, en atención a su contenido, téngase al referido promovente interponiendo recurso de queja contra el auto de veintisiete de febrero de febrero pasado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que en auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de derechos fundamentales, y remítanse el aludido escrito de agravios recibido electrónicamente al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito. Ahora, atendiendo a las políticas de austeridad y racionalización en el uso del papel, diversos recursos materiales y de oficina, con la consecuente optimización de los mismos, emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, en los acuerdos generales respectivos, privilegiando la utilización de las herramientas tecnológicas puestas al alcance de los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, y en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 3º, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 21 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye al Oficial Judicial "A", para que habilite la disponibilidad del expediente electrónico juicio de amparo 197/2023, del ordinal de este Juzgado, a efecto de que se habilite o vincule la disponibilidad del expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno, para los efectos correspondientes. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente determinación se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente sumario constitucional. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE; Y, POR OFICIO A QUIEN SE ENCARGUE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Rafael Torres Campos, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Oomr. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
(AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL ACUERDO DE 27 DE FEBRERO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Vista la demanda de cuenta, se advierte que fue recibida el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que la misma cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 197/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de veintidós, no así en el expediente impreso, con excepción de la demanda de amparo, dado la importancia del documento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Del contenido de la demanda de amparo, se advierte que Francisco Javier de Unanue y Bretón, en su carácter de defensor particular de los quejosos 1. Francisco Bernat Cid, 2. Juan Jaime Bernat Cid y 3. Jorge Bernat Cid, reclama al Secretario encargado del despacho del Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, emitido en los autos del proceso 397/2014, en el que se determinó no acordar favorable su solicitud para decretar la extinción de una garantía hipotecaria. Así, este juzgador de amparo advierte de oficio, que respecto del acto reclamado en la presente instancia constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El artículo de referencia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto a vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, siempre y cuando el quejoso no sea tercero extraño al juicio natural. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". En el particular, el acto recamado es el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, emitido en los autos del proceso 397/2014, del índice del juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el que se determinó no acordar favorable la solicitud de la parte quejosa para decretar la extinción de una garantía hipotecaria. Para una mejor comprensión del asunto, se estima necesario precisar los antecedentes -destacados- de los actos reclamados -precisados por la propia parte quejosa, en su demanda de amparo- y que a saber, son: (.) Noveno. Auto de formal prisión. El 23 (veintitrés) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), el juez de la causa -quinto penal de Puebla- dictó AUTO DE FORMAL PRISIÓN O PREVENTIVA, en contra de FRANCISCO BERNAT CID, JUAN JAIME BERNAT CID Y JORGE BERNAT CID, como probables responsables de la comisión del delito de Abuso de confianza, cometido supuestamente en agravio de la persona moral denominada CHRYSLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V. Décimo. Contra el auto de formal prisión, mis patrocinados interpusieron juicio de amparo al que recayó el número de expediente 228/2017, de los del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el que se les concedió la suspensión, primero provisional y luego definitiva. Décimo primero. [.] Al negarse el Amparo y Protección de la Justicia Federal dentro del Juicio de Amparo 228/2017, y al estar bajo los efectos del auto de formal prisión, en proveído de 16 (dieciséis) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho), el juez de la causa requirió a los señores FRANCISCO BERNAT CID, JUAN JAIME BERNAT CID Y JORGE BERNAT CID, para que voluntariamente se internaran en el Centro de Reinserción Social a disposición del juez natural para la continuación del procedimiento; o bien, exhibieran garantía para gozar de su libertad provisional; concediéndoles un término de tres días, para solicitar y exhibir la caución. Décimo segundo. FIJACIÓN DE GARANTÍA. A solicitud de la defensa, mediante proveído de 23 (veintitrés) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho) se fijaron como garantía los siguientes montos: Reparación del daño material: $35'000,326.27 (treinta y cinco millones, trescientos veintiséis mil pesos 27/100 Moneda Nacional), cantidad a exhibir de manera solidaria; sanción pecuniaria: $15,585.00 (quince mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que deben garantizar individualmente; garantía de obligaciones procesales: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que también deben garantizar de manera individual. Décimo Tercero. [.] Mediante escrito de 4 (cuatro) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), mis patrocinados exhibieron el instrumento 39,934 (treinta y nueve mil novecientos treinta y cuatro), volumen 343 (trescientos cuarenta y tres), de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, otorgado ante la Notaría 29 de las de la Ciudad de Puebla, que contiene el contrato de garantía hipotecaria que otorga la moral denominada INMOBILIARIA IBERPAT, S.A. DE C.V., sobre el inmueble que se identifica como fracción I del número oficial 288 de la Calzada Ignacio Zaragoza Corredor Industrial La Ciénega, de la Ciudad de Puebla, cuyo valor conforme a avalúo asciende a $148'980,000.00 (ciento cuarenta y ocho millones, novecientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Posteriormente, en ocurso de 22 (veintidós) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), mis patrocinados, por conducto de su defensa, exhibieron el certificado de libertad de gravamen del inmueble otorgado en garantía. Décimo Cuarto. [.] Por auto de 25 (veinticinco) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), el juez de la causa tuvo por exhibidos los documentos, y en consecuencia decretó que se requiriera a mis patrocinados para que comparecieran ante la autoridad iudicial y se les realizaran las prevenciones a que se refiere el artículo 366 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, lo que aconteció el 30 (treinta) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho); y desde entonces, se les designó libro y foja del libro de gobierno de los procesados, de que gozan libertad bajo caución. Décimo Quinto. [.] En 28 (veintiocho) de septiembre de 2022 (dos mil veintidós), el Juez de la causa emitió sentencia definitiva, QUE DECLARA NO ACREDITADA LEGALMENTE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE FRANCISCO BERNAT CID, JORGE BERNAT CID Y JUAN JAIME BERNAT CID, en la comisión del delito de abuso de confianza por retención, previsto y sancionado por los artículos 398, segunda parte y 399 fracción III del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la persona jurídica denominada CHRYSLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V.; y en consecuencia LOS ABSUELVE DE LA ACUSACIÓN FORMULADA EN SU CONTRA POR LA REPRESENTANTE SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN. Décimo Sexto. [.]. En proveído de 7 (siete) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), el juez natural tuvo a la representación social así como a la apoderada de CHRYSLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V. interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria de fecha veintiocho de septiembre de 2022 (dos mil veintidós). Décimo Séptimo. [.] A través de sendas peticiones formuladas el 9 (nueve) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), por parte de la apoderada de CHRYSLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V.; y el 10 (diez) de noviembre de esa misma anualidad por parte de la representación social, solicitaron se "despachara" ejecución para embargar el inmueble ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza número 288 (doscientos ochenta y ocho) Corredor Industrial La Ciénega de esta Ciudad de Puebla; peticiones que fueron rechazadas por el juez de la causa, en proveído de 14 (catorce) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós). Décimo Octavo. [.] EI 23 (veintitrés) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), la representante legal de CHRYSLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V. interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo de fecha 14 (catorce) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), el cual se tuvo por admitido el 30 (treinta) de noviembre siguiente, siendo acordado así por el Abogado Jorge López Sánchez, en su calidad de encargado de Despacho del Juzgado Quinto Penal. Décimo Noveno. [.] En proveído de 16 (dieciséis) de diciembre de 2022 (dos mil veintidós), la Segunda Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla RADICÓ el recurso de apelación promovido por la Agente del Ministerio Público y la representante legal de CHRYSLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V. radicándolo con el número de toca 181/2022. Ante la deficiencia en la integración del expediente, los integrantes de la Sala requirieron al Juzgado de Origen el envío de diversa documentación. Finalmente se tuvo a las partes por señalado domicilio y medios de comunicación procesal ante la alzada. [.] Vigésimo. [.]. EI 12 (doce) de enero de 2023 (dos mil veintitrés), en representación de mis patrocinados solicité, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 y 274 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, así como 2952, fracción II del Código Civil para el Estado de Puebla, que se decretara la extinción de la garantía otorgada para asegurar la libertad provisional de mis defendidos, así como su cancelación en el Registro Público de la Propiedad; toda vez que al haber dejado de existir la causa que motivó el otorgamiento de la garantía por el cambio de situación jurídica derivado de una sentencia absolutoria, que deja sin efectos el auto de formal prisión, se configura el supuesto previsto por el artículo 2952, fracción II del Código Civil para el Estado de Puebla, que prevé la extinción de la hipoteca cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía. Vigésimo Primero. [.] El 1 (uno) de febrero de 2023 (dos mil veintitrés), mis patrocinados tuvieron conocimiento del auto fechado el "25 veinticinco de abril de 2022 dos mil veintidós", por el cual, el Abogado Jorge López Sánchez, en su calidad de encargado de Despacho del Juzgado Quinto Penal denegó mi petición de liberar la garantía, indicando que si bien es cierto se dictó sentencia absolutoria en favor de mis defendidos, ésta no se ha declarado ejecutoriada ante la admisión del recurso de apelación promovido por la presunta agraviada y por la representación social; por lo que hasta que no se resuelva el medio de impugnación en cita no se puede acceder a lo solicitado, luego argumentó carecer de facultades para realizar la cancelación, ya que en concepción del abogado responsable, ello sólo puede realizarlo quien se encuentre como titular del juzgado, por así indicarlo la garantía hipotecaria exhibida; (.)" [Lo subrayado y resaltado no es de origen] Precisamente, la parte destacada en el último punto de la transcripción anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. De lo antes indicado, es claro que la actuación reclamada constituye un proveído de trámite, pues no resuelve la cuestión controvertida ni termina la instancia en la que se dictó, como lo señala el numeral 38 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla. Ahora bien, el artículo 267 del mencionado código adjetivo, establece lo siguiente: "Artículo 267.- El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación." En efecto, del análisis del citado artículo, se aprecia que el recurso de revocación resulta procedente en contra de las determinaciones no apelables, es decir, las que no prevea el artículo 273 del citado ordenamiento legal que, a saber, son los siguientes: "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos de falta de elementos para procesar; III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VII.- Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional; VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." Atento a lo anterior, se concluye que, en contra del acuerdo que aquí se combate, procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, pues si bien no está relacionado con la libertad de los quejosos, en dicho acuerdo no se concedió o negó el mencionado beneficio (fracción III del artículo citado), y tampoco se fijó o modificó el monto de la caución para obtener la libertad provisional (fracción VIII del mencionado numeral). Por tanto, el accionante de amparo está en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra del auto que hoy reclama, ya que le reviste el carácter de parte en la causa penal de origen, al ser procesado, lo que implica que se encuentra facultado para hacer valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio. Bajo ese contexto, resulta evidente que si los actos reclamados por Francisco Javier de Unanue y Bretón, en su carácter de defensor particular de los quejosos 1. Francisco Bernat Cid, 2. Juan Jaime Bernat Cid y 3. Jorge Bernat Cid -en el cual, esencialmente, el juez de la causa determinó no acordar favorable la solicitud de la parte quejosa para decretar la extinción de una garantía hipotecaria- es un acto de mero trámite, porque no resuelve la controversia en definitiva, y en su contra no procede el recurso de apelación, en tanto que no se ubica en alguna de las hipótesis que señalan el transcrito artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla; por ende, es un auto revocable, conforme al numeral 267 de la misma codificación. De esta manera, si el recurso de revocación que contempla la ley que rige el acto tildado de inconstitucional tiene por objeto que una de las partes legitimadas en la controversia penal pueda instarlo y con base en él se modifique, revoque o nulifique el mismo, es claro que existe la obligación de promoverlo previamente a la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Bajo esas consideraciones, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, al no haberlo hecho no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; de modo que, respecto de los actos sometidos a estudio, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia VI.1o.P. J/47 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.". Sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) del mencionado artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados por el quejoso no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se tratan de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resoluciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, órdenes de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, procede desechar de plano la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados de la parte quejosa, en los términos restringidos previstos en el numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, por así haberlo solicitado. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, en virtud de que la parte quejosa solicitó que las notificaciones de las resoluciones judiciales que deriven de este expediente, se le realicen de forma electrónica, así como la consulta del mismo vía electrónica; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario "Javier_unua", a nombre del promovente se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin que ello implique que se notifiquen las resoluciones que deriven de la tramitación de este expediente, a través de ese medio. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la persona oficial judicial "A" adscrita a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA" De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte promovente; y, por cualquier medio de comunicación interna a la persona oficial judicial "A" de la adscripción.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Vista la demanda de cuenta, se advierte que fue recibida el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que la misma cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 197/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de veintidós, no así en el expediente impreso, con excepción de la demanda de amparo, dado la importancia del documento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Del contenido de la demanda de amparo, se advierte que Francisco Javier de Unanue y Bretón, en su carácter de defensor particular de los quejosos 1. Francisco Bernat Cid, 2. Juan Jaime Bernat Cid y 3. Jorge Bernat Cid, reclama al Secretario encargado del despacho del Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, emitido en los autos del proceso 397/2014, en el que se determinó no acordar favorable su solicitud para decretar la extinción de una garantía hipotecaria. Así, este juzgador de amparo advierte de oficio, que respecto del acto reclamado en la presente instancia constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El artículo de referencia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto a vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, siempre y cuando el quejoso no sea tercero extraño al juicio natural. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". En el particular, el acto recamado es el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, emitido en los autos del proceso 397/2014, del índice del juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el que se determinó no acordar favorable la solicitud de la parte quejosa para decretar la extinción de una garantía hipotecaria. Para una mejor comprensión del asunto, se estima necesario precisar los antecedentes -destacados- de los actos reclamados -precisados por la propia parte quejosa, en su demanda de amparo- y que a saber, son: (.) Noveno. Auto de formal prisión. El 23 (veintitrés) de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), el juez de la causa -quinto penal de Puebla- dictó AUTO DE FORMAL PRISIÓN O PREVENTIVA, en contra de FRANCISCO BERNAT CID, JUAN JAIME BERNAT CID Y JORGE BERNAT CID, como probables responsables de la comisión del delito de Abuso de confianza, cometido supuestamente en agravio de la persona moral denominada CHRYSLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V. Décimo. Contra el auto de formal prisión, mis patrocinados interpusieron juicio de amparo al que recayó el número de expediente 228/2017, de los del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el que se les concedió la suspensión, primero provisional y luego definitiva. Décimo primero. [.] Al negarse el Amparo y Protección de la Justicia Federal dentro del Juicio de Amparo 228/2017, y al estar bajo los efectos del auto de formal prisión, en proveído de 16 (dieciséis) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho), el juez de la causa requirió a los señores FRANCISCO BERNAT CID, JUAN JAIME BERNAT CID Y JORGE BERNAT CID, para que voluntariamente se internaran en el Centro de Reinserción Social a disposición del juez natural para la continuación del procedimiento; o bien, exhibieran garantía para gozar de su libertad provisional; concediéndoles un término de tres días, para solicitar y exhibir la caución. Décimo segundo. FIJACIÓN DE GARANTÍA. A solicitud de la defensa, mediante proveído de 23 (veintitrés) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho) se fijaron como garantía los siguientes montos: Reparación del daño material: $35'000,326.27 (treinta y cinco millones, trescientos veintiséis mil pesos 27/100 Moneda Nacional), cantidad a exhibir de manera solidaria; sanción pecuniaria: $15,585.00 (quince mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que deben garantizar individualmente; garantía de obligaciones procesales: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que también deben garantizar de manera individual. Décimo Tercero. [.] Mediante escrito de 4 (cuatro) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), mis patrocinados exhibieron el instrumento 39,934 (treinta y nueve mil novecientos treinta y cuatro), volumen 343 (trescientos cuarenta y tres), de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, otorgado ante la Notaría 29 de las de la Ciudad de Puebla, que contiene el contrato de garantía hipotecaria que otorga la moral denominada INMOBILIARIA IBERPAT, S.A. DE C.V., sobre el inmueble que se identifica como fracción I del número oficial 288 de la Calzada Ignacio Zaragoza Corredor Industrial La Ciénega, de la Ciudad de Puebla, cuyo valor conforme a avalúo asciende a $148'980,000.00 (ciento cuarenta y ocho millones, novecientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Posteriormente, en ocurso de 22 (veintidós) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), mis patrocinados, por conducto de su defensa, exhibieron el certificado de libertad de gravamen del inmueble otorgado en garantía. Décimo Cuarto. [.] Por auto de 25 (veinticinco) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), el juez de la causa tuvo por exhibidos los documentos, y en consecuencia decretó que se requiriera a mis patrocinados para que comparecieran ante la autoridad iudicial y se les realizaran las prevenciones a que se refiere el artículo 366 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, lo que aconteció el 30 (treinta) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho); y desde entonces, se les designó libro y foja del libro de gobierno de los procesados, de que gozan libertad bajo caución. Décimo Quinto. [.] En 28 (veintiocho) de septiembre de 2022 (dos mil veintidós), el Juez de la causa emitió sentencia definitiva, QUE DECLARA NO ACREDITADA LEGALMENTE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE FRANCISCO BERNAT CID, JORGE BERNAT CID Y JUAN JAIME BERNAT CID, en la comisión del delito de abuso de confianza por retención, previsto y sancionado por los artículos 398, segunda parte y 399 fracción III del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la persona jurídica denominada CHRYSLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V.; y en consecuencia LOS ABSUELVE DE LA ACUSACIÓN FORMULADA EN SU CONTRA POR LA REPRESENTANTE SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN. Décimo Sexto. [.]. En proveído de 7 (siete) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), el juez natural tuvo a la representación social así como a la apoderada de CHRYSLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V. interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria de fecha veintiocho de septiembre de 2022 (dos mil veintidós). Décimo Séptimo. [.] A través de sendas peticiones formuladas el 9 (nueve) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), por parte de la apoderada de CHRYSLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V.; y el 10 (diez) de noviembre de esa misma anualidad por parte de la representación social, solicitaron se "despachara" ejecución para embargar el inmueble ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza número 288 (doscientos ochenta y ocho) Corredor Industrial La Ciénega de esta Ciudad de Puebla; peticiones que fueron rechazadas por el juez de la causa, en proveído de 14 (catorce) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós). Décimo Octavo. [.] EI 23 (veintitrés) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), la representante legal de CHRYSLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V. interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo de fecha 14 (catorce) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), el cual se tuvo por admitido el 30 (treinta) de noviembre siguiente, siendo acordado así por el Abogado Jorge López Sánchez, en su calidad de encargado de Despacho del Juzgado Quinto Penal. Décimo Noveno. [.] En proveído de 16 (dieciséis) de diciembre de 2022 (dos mil veintidós), la Segunda Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla RADICÓ el recurso de apelación promovido por la Agente del Ministerio Público y la representante legal de CHRYSLER FINANCIAL SERVICES MÉXICO, S.A. DE C.V. radicándolo con el número de toca 181/2022. Ante la deficiencia en la integración del expediente, los integrantes de la Sala requirieron al Juzgado de Origen el envío de diversa documentación. Finalmente se tuvo a las partes por señalado domicilio y medios de comunicación procesal ante la alzada. [.] Vigésimo. [.]. EI 12 (doce) de enero de 2023 (dos mil veintitrés), en representación de mis patrocinados solicité, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 y 274 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, así como 2952, fracción II del Código Civil para el Estado de Puebla, que se decretara la extinción de la garantía otorgada para asegurar la libertad provisional de mis defendidos, así como su cancelación en el Registro Público de la Propiedad; toda vez que al haber dejado de existir la causa que motivó el otorgamiento de la garantía por el cambio de situación jurídica derivado de una sentencia absolutoria, que deja sin efectos el auto de formal prisión, se configura el supuesto previsto por el artículo 2952, fracción II del Código Civil para el Estado de Puebla, que prevé la extinción de la hipoteca cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía. Vigésimo Primero. [.] El 1 (uno) de febrero de 2023 (dos mil veintitrés), mis patrocinados tuvieron conocimiento del auto fechado el "25 veinticinco de abril de 2022 dos mil veintidós", por el cual, el Abogado Jorge López Sánchez, en su calidad de encargado de Despacho del Juzgado Quinto Penal denegó mi petición de liberar la garantía, indicando que si bien es cierto se dictó sentencia absolutoria en favor de mis defendidos, ésta no se ha declarado ejecutoriada ante la admisión del recurso de apelación promovido por la presunta agraviada y por la representación social; por lo que hasta que no se resuelva el medio de impugnación en cita no se puede acceder a lo solicitado, luego argumentó carecer de facultades para realizar la cancelación, ya que en concepción del abogado responsable, ello sólo puede realizarlo quien se encuentre como titular del juzgado, por así indicarlo la garantía hipotecaria exhibida; (.)" [Lo subrayado y resaltado no es de origen] Precisamente, la parte destacada en el último punto de la transcripción anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. De lo antes indicado, es claro que la actuación reclamada constituye un proveído de trámite, pues no resuelve la cuestión controvertida ni termina la instancia en la que se dictó, como lo señala el numeral 38 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla. Ahora bien, el artículo 267 del mencionado código adjetivo, establece lo siguiente: "Artículo 267.- El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación." En efecto, del análisis del citado artículo, se aprecia que el recurso de revocación resulta procedente en contra de las determinaciones no apelables, es decir, las que no prevea el artículo 273 del citado ordenamiento legal que, a saber, son los siguientes: "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos de falta de elementos para procesar; III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VII.- Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional; VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." Atento a lo anterior, se concluye que, en contra del acuerdo que aquí se combate, procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, pues si bien no está relacionado con la libertad de los quejosos, en dicho acuerdo no se concedió o negó el mencionado beneficio (fracción III del artículo citado), y tampoco se fijó o modificó el monto de la caución para obtener la libertad provisional (fracción VIII del mencionado numeral). Por tanto, el accionante de amparo está en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra del auto que hoy reclama, ya que le reviste el carácter de parte en la causa penal de origen, al ser procesado, lo que implica que se encuentra facultado para hacer valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio. Bajo ese contexto, resulta evidente que si los actos reclamados por Francisco Javier de Unanue y Bretón, en su carácter de defensor particular de los quejosos 1. Francisco Bernat Cid, 2. Juan Jaime Bernat Cid y 3. Jorge Bernat Cid -en el cual, esencialmente, el juez de la causa determinó no acordar favorable la solicitud de la parte quejosa para decretar la extinción de una garantía hipotecaria- es un acto de mero trámite, porque no resuelve la controversia en definitiva, y en su contra no procede el recurso de apelación, en tanto que no se ubica en alguna de las hipótesis que señalan el transcrito artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla; por ende, es un auto revocable, conforme al numeral 267 de la misma codificación. De esta manera, si el recurso de revocación que contempla la ley que rige el acto tildado de inconstitucional tiene por objeto que una de las partes legitimadas en la controversia penal pueda instarlo y con base en él se modifique, revoque o nulifique el mismo, es claro que existe la obligación de promoverlo previamente a la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Bajo esas consideraciones, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, al no haberlo hecho no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; de modo que, respecto de los actos sometidos a estudio, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia VI.1o.P. J/47 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.". Sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) del mencionado artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados por el quejoso no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se tratan de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resoluciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, órdenes de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, procede desechar de plano la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados de la parte quejosa, en los términos restringidos previstos en el numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, por así haberlo solicitado. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, en virtud de que la parte quejosa solicitó que las notificaciones de las resoluciones judiciales que deriven de este expediente, se le realicen de forma electrónica, así como la consulta del mismo vía electrónica; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario "Javier_unua", a nombre del promovente se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin que ello implique que se notifiquen las resoluciones que deriven de la tramitación de este expediente, a través de ese medio. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la persona oficial judicial "A" adscrita a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA" De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte promovente; y, por cualquier medio de comunicación interna a la persona oficial judicial "A" de la adscripción.
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