Francisco Cuauhtémoc Pérez López
Expediente 1054/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Cuauhtémoc Pérez López
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso; en atención a su contenido, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previo recibo que se deje en autos de su entrega. En otro orden, devuélvasele los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, previo desglose y certificación que en su lugar se deje.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Uriangato, Guanajuato; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1054/2015-III. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." De la transcripción anterior se desprenden dos supuestos de improcedencia en el amparo, a saber: Contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, Tratándose de actos en ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En términos de la primera parte de la transcrita fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios de Circuito o de Tribunales Colegiados de Circuito. Es decir, la fracción alude a la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones que se hayan emitido en otro juicio de garantías, englobándose en el supuesto de improcedencia que nos ocupa tanto decretos, como autos y sentencias, así como cualquier omisión, ya sea que se hubieren generado en el cuaderno principal o en el incidente de suspensión, dado que sólo pueden ser atacados a través de los recursos previstos por la propia Ley de Amparo. La segunda hipótesis planteada por esta fracción para determinar la improcedencia del amparo, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional mismo y aun del cuaderno incidental, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo. Cabe destacar que si bien el artículo 38 del ordenamiento en cita, atribuye a un Juez de Distrito la competencia para conocer de un juicio de amparo en que se reclamen actos de otro de similar categoría, obviamente presupone que éstos se suscitaron a virtud del ejercicio de la función meramente judicial, o sea, dentro de un procedimiento o controversia de carácter federal, no en el juicio de amparo; de ahí que sólo en esa clase de asuntos es factible que el Juez de Distrito pudiese incurrir en alguna transgresión de los derechos humanos y, por ende, únicamente en relación a ellos será procedente el amparo. Bajo las consideraciones anteriores, es conveniente destacar que en este órgano jurisdiccional se registra el juicio de amparo número 104/2014 y su acumulado 105/2014, promovido por ********** y **********, respectivamente, contra actos del Juez Único Civil de Primera Instancia de Yuriria, Guanajuato y otras autoridades. Dicho antecedente de amparo, es de tomarse en consideración, pues resulta un hecho notorio para el suscrito. Ahora bien, si en la especie el solicitante del amparo reclama la cancelación de la inscripción del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, inscrito en el registro Público de la Propiedad y del Comercio de Uriangato, Guanajuato, bajo los folios R41*3453 Y R41*3105, así como la cancelación de la demanda promovida en la vía especial sumaria hipotecaria, número C-144/2015, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, cancelación que se ordenó en cumplimiento a los lineamientos dados en la ejecutoria del juicio de amparo número 104/2013-II y su acumulado 105/2015, por lo que es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable el primer supuesto de improcedencia de la fracción en comento, ya que el acto reclamado emana del citado juicio de amparo y a fin de evidenciar lo aseverado es necesario destacar que de los datos que se desprenden del juicio de amparo 104/2014 y su acumulado 105/2013, se advierte: 1.- Que ********** y **********, promovieron demanda de amparo contra actos del Juez Único Civil de Primera Instancia de Yuriria, Guanajuato y otras autoridades, consistentes en: A) La resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil doce, dentro incidente innominado sobre violación a la suspensión tramitado en los autos del juicio ordinario mercantil 10/2005, del índice del Juzgado Civil de Partido, con sede en Yuriria, Guanajuato, promovido por ********** y **********, ambos de apellidos **********, así como ********** en contra de ********** y **********, de apellidos **********, **********, el notario público número 1, así como del Registrador Público de la Propiedad y el Comercio, estos con sede en Uriangato, Guanajuato, en la que se les condenó al restablecimiento de las cosas al estado que guardaban en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio así como en la oficina de Catastro, ambos de dicha localidad, al momento en que se decretó la medida de suspensión de fecha veintitrés de octubre de dos mil uno, respecto de los bienes de la persona moral Centro Comercial Guanajuato, S.A. de C.V. La afectación en su derecho de propiedad respecto del inmueble del cual se ostenta propietario, consistente en el lote comercial sin número, que forma parte del Centro Comercial Guanajuato, ubicado en ********, y que consta en la escritura pública 12,415 doce mil cuatrocientos quince, tirada ante la fe del Licenciado *********, Notario Público 1 uno, de Uriangato, Guanajuato, en donde consta el contrato de compraventa celebrado por **********, en su carácter de vendedora y ********, como compradora, respecto de los lotes uno, dos y cuarenta, de la manzana 7 siete, que forman parte del ********, cuyo folio real corresponde al número********y la diversa escritura 7,775 siete mil setecientos setenta y cinco, tirada ante la fe del Licenciado Héctor García Torres, Notario Público 1 uno de Uriangato, Guanajuato, en donde consta el diverso contrato pactado entre Gilberto Morales Medina, en su carácter de vendedor y Edmundo Tapia Salgado, como comprador, respecto de los lotes cinco y cuarenta, de la manzana 5 cinco, que forman parte del ********, cuyo folio real corresponde al número *********. Como consecuencia de lo anterior, los actos de ejecución, consistentes en: El auto de doce de noviembre de dos mil doce, en el que la Juez Civil de Uriangato, Guanajuato, da cumplimiento al proveído que antecede. La cancelación de las inscripciones de los testimonios notariales anteriormente especificados, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como ante la Dirección de Catastro Municipal, ambas con sede en Uriangato, Guanajuato. La autorización del traslado de dominio de los inmuebles en cita, de nueve de septiembre de dos mil trece, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por resolución de doce del mismo mes y año, mediante los folios reales R41*3105 y R41*3453. 2.- Que en ese asunto constitucional, se advierte que el seis de marzo de dos mil quince, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que el Juez Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato, realizara lo siguiente: "Deje sin efectos la declaratoria de inexistencia decretada en la resolución incidental de veinticinco de septiembre de dos mil doce, únicamente respecto de las escrituras públicas 12,415 doce mil cuatrocientos quince y 7,775 siete mil setecientos setenta y cinco, en donde se hizo constar la enajenación 1) de los lotes uno, dos y cuarenta, de la manzana 7 siete y 2) de los lotes cinco y cuarenta, de la manzana 5 cinco, que forman parte del "CENTRO COMERCIAL GUANAJUATO" S.A. de C.V., que se encuentran a nombre de los impetrantes Julia Sosa Rios y Edmundo Tapia Salgado, bajos los folios reales R 41*3105 y R41*003453 respectivamente, que constituyen los títulos de propiedad de los aquí quejosos; y, Ordene dejar insubsistentes las cancelaciones de las inscripciones, tanto en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio como en el Departamento de Catastro de Uriangato, Guanajuato, respecto del instrumento notarial en comento, así como la autorización del traslado de dominio de los inmuebles en cita, de nueve de septiembre de dos mil trece y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por resolución de doce del mismo mes y año." 3.- Inconforme con tal determinación, se interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno le tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, el que en ejecutoria de veintiséis de agosto del presente año resolvió confirmando la sentencia emitida por este juzgado. 4.- En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, la responsable dejó insubsistentes los actos de afectación sobre los inmuebles propiedad de los quejosos, derivados del incidente de violación a la suspensión tramitado en el juzgado Civil de Partido de Yuriria, Guanajauto, dejando sin efecto la declaratoria de inexistencia decretada en la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil doce, únicamente respecto de las escrituras públicas doce mil cuatrocientos quince y siete mil setecientos setenta y cinco, pasadas ante la fe del Notario Público 1 con ejercicio en Uriangato, Guanajuato y, ordenó girar oficio a los titulares del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Departamento de Catastro de Uriangato, Guanajuato a fin de que dejaran insubsistentes las cancelaciones de las inscripciones respecto de los instrumentos notariales antes citados; quienes respectivamente dieron cumplimiento el tres de noviembre y el cinco de octubre de dos mil quince. Por su parte, el Registrador Público de la Propiedad de Acámbaro, Guanajuato, hizo la individualización de los folios reales R41*3105 y R41*3453, así como la cancelación de la cédula hipotecaria que pesaba sobre ellos. 4.- Con lo anterior, el diecisiete de noviembre de dos mil quince, se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en el amparo número 104/2013 y su acumulado 105/2013. De los antecedentes narrados, se conoce que el acto que ahora pretende reclamar el aquí quejoso, consistente en la cancelación de la inscripción del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, inscrito en el registro Público de la Propiedad y del Comercio de Uriangato, Guanajuato, bajo los folios R41*3453 y R41*3105, así como la cancelación de la demanda promovida en la vía especial sumaria hipotecaria, número C-144/2015, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, fueron dictados en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo en cita. Lo anterior, conduce al suscrito juzgador, a determinar que la demanda que se analiza es improcedente, pues el acto reclamado en este juicio se encuentra vinculado totalmente a la sentencia de amparo dictada en el juicio 104/2013 y su acumulado 105/2013, determinación que quedó firme y cabalmente cumplida; por tanto, el acto aquí reclamado no puede ser objeto de estudio, mediante el juicio constitucional que ahora intenta, precisamente porque se quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos, ya que el acto combatido, se ajustan a los lineamientos de la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y los argumentos planteados en el nuevo juicio, ya fueron objeto de controversia y decisión en un juicio de anterior, por tanto, debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo, porque implicaría una cadena interminable de juicios constitucionales, que impediría la firmeza de la cosa juzgada; de donde se concluye, que la demanda de amparo deviene improcedente a la luz de lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Los criterios que se invocan en el presente acuerdo, aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se oponen a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En otro orden, como lo solicita el quejoso, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquesele mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".
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