Francisco Carreño Juárez

Expediente 642/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
642/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Francisco Carreño Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ***********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al expediente C-62/2016 (tres tomos) que remitió la Juez Quinto Civil de Partido de esta localidad, al rendir su informe justificado, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis realizado a las constancias que integran el expediente C72/2016, que remitió la Juez Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de quince de octubre de dos mil veinte, emitida por la Jueza Quinta Civil de Partido de esta localidad, dentro del juicio ordinario civil C72/2016, al resolver el recurso de revocación interpuesto por la sucesión tercera interesada, en contra el auto de diez de septiembre del mismo año, mediante la cual la referida responsable, declara improcedente dejar a disposición de la parte quejosa el certificado de depósito correspondiente, con la finalidad de hacer valer su derecho del tanto. En ese sentido, de las constancias que adjuntó la Juez Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, así como del escrito de la demanda presentada por la parte quejosa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Ante el Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, se tramitó el juicio ordinario civil C72/2016, promovido por ********* apoderada legal de ************ en contra de la Sucesión Intestamentaria a bienes de *************, sobre terminación de copropiedad y otras prestaciones. 2. Seguido el juicio en su cauce legal, se dictó sentencia el seis de octubre de dos mil diecisiete en la que, entre otras cosas, se determinó que la parte actora probó su acción y el reo no acreditó sus excepciones, declarándose a aquella legítima copropietaria del bien inmueble materia del asunto en un 50% en mancomún y proindiviso. Asimismo, se declaró la preferencia de ********** para adquirir la porción que corresponde a su contraria (50% cincuenta por ciento), y solo para el caso de que el demandado se retractara de la oferta de compra se procedería a su venta a favor de un tercero, lo que sería materia de ejecución de sentencia. 3. La determinación anterior fue modificada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, al resolver el toca de apelación 659/2017; en lo que interesa, la modificación consistió en declarar la preferencia tanto de ********** como de la sucesión testamentaria a bienes de Celia Juárez Barrón, para adquirir la porción que corresponde al diverso copropietario, y solo para el caso de que se retracten de la oferta de compra se procedería a su venta a favor de un tercero, señalando que ambos copartícipes pueden hacer uso del derecho que se consagra en el artículo 943 de la Ley Sustantiva Civil. 4. Ambas partes promovieron juicio de amparo directo, sin embargo, les fue negada la protección constitucional por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver los amparos directos 209/2018 y 211/2018. 5. Posteriormente, ***************, en su calidad de mandatario judicial y apoderada legal de Francisco Carreño Juárez y de Dionisia Juárez Barrón, promovieron incidente innominado, el cual fue admito en providencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve y se ordenó correr traslado a su contraparte para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. 6. El once de julio de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente innominado en el que se determinó que la parte actora incidentista licenciado **************, en su carácter de mandatario judicial y apoderada, respectivamente de **************, no acreditaron sus pretensiones; y que el demandado incidentista ************, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ************, probó sus excepciones. Se declararon improcedentes las pretensiones de la parte actora incidental entre ellas la compensación, venta y adjudicación fuera de subasta pública o remate y se le condenó al pago de las costas incidentales. 7. Contra la determinación anterior, la parte actora incidentista licenciado ***************, en su carácter de mandatario judicial y apoderada, respectivamente, de ****************, interpusieron recurso de apelación, el cual quedó radicado ante la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, bajo el toca 529/2019 y resuelto mediante resolución de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en el sentido de modificar la resolución sujeta a impugnación, declarando parcialmente procedente la incidencia planteada. Cabe acotar que en la resolución mencionada en el inciso precedente, se determinó que al no existir fundamento para rechazar la oferta de compra realizada por ***************, debía declararse procedente por el valor íntegro que representa el 50% cincuenta por ciento de la parte alícuota que corresponde a la sucesión de ************. Para determinar la cantidad que Francisco Carreño Juárez debería cubrir la parte alícuota a adquirir, y por ende, se debería exhibir ante la juez natural, dentro del plazo de quince días, avalúo actualizado del bien; una vez presentado el avalúo actualizado, se determinaría por la juez de la causa el valor de la parte alícuota de la aludida sucesión, que sería lo que debería cubrir ************ a favor de aquella, en el término que prudentemente fijara la juzgadora. Una vez cubierto el valor del bien, se adjudicaría a **************el 50% cincuenta por ciento que sobre el inmueble descrito en la demanda inicial, correspondía a la sucesión testamentaria de Celia Juárez Barrón, debiendo requerirla para el otorgamiento de la escritura correspondiente, apercibida que de no hacerlo se concedería en rebeldía. En caso de que el actor incidental no presentara la actualización del avalúo en el término antes indicado o bien, que no realizara el pago en el término que prudentemente fijara la juzgadora, se tomaría como que se retractaba de la oferta de compra, con las consecuencias legales inherentes. 8. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se exhibió avalúo actualizado del inmueble. 9. Al ocurso citado recayó la providencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se declaró que con base en el valor del inmueble que se desprendía del avalúo, se tenía como valor de la parte alícuota de la sucesión a bienes de ************ la suma de $514,500.00 (quinientos catorce mil quinientos pesos 00/100 m.n.), que sería la que debería cubrir *************** a favor de aquella, dentro del plazo de diez días. 10. A través del escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinte, el actor ********* solicitó que se levantara cómputo del plazo con el que contaba para realizar el pago del valor de la parte alícuota perteneciente a la sucesión a bienes de **************, que se generara el certificado de depósito para realizar el pago y, a la cantidad de $514,500.00 (quinientos catorce mil quinientos pesos 00/100 m.n.), se le restara el importe de $63,378.41 (sesenta y tres mil trescientos setenta y ocho pesos 41/100 m.n.) que la contraparte estaba obligada a pagar por concepto de gastos y costas. 11. Al referido escrito recayó el auto de catorce de febrero de dos mil veinte, en el que la juez responsable ordenó que se asentara el cómputo del plazo otorgado por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. En relación con la segunda petición realizada, se le indicó que debería promover la incidencia respectiva. En la misma fecha se levantó el cómputo ordenado, en el que se precisó que el término de diez días comenzó a correr el siete y fenecería el veinte de febrero de dos mil veinte. 12. Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, **************, mandatario judicial y apoderada, respectivamente, de ***************, presentaron escrito en el que: a) Con fundamento en el artículo 396 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, solicitaron que se mantuviera el estado de hecho existente, es decir, que se suspendiera el plazo concedido hasta en tanto se resolviera el incidente que en ese mismo escrito se promovería. b) Demandaron las siguientes prestaciones: Compensación entre el valor de la parte alícuota de los derechos de copropiedad pertenecientes a la sucesión a bienes de *************, y la liquidación a que fue condenada a pagar mediante resolución de tres de abril de dos mil diecinueve en el incidente de gastos y costas promovido por los actores. La obligación a cargo de *********** de pagar a favor de la sucesión a bienes de Celia Juárez Barrón, la cantidad de $450,621.59 (cuatrocientos cincuenta mil seiscientos veintiún pesos 59/100 m.n.), resultante de la compensación precisada en el punto anterior, lo cual se haría dentro del plazo que fijara la juez natural. 13. Al ocurso recayó auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el que en el que: Se desechó la petición de que se mantuviera el estado de hecho existente, en virtud de que la etapa procesal en la que se encontraba el asunto no actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 396 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que las medidas ahí referidas sólo eran decretadas antes de iniciarse el juicio para salvaguardar situaciones existentes que serían materia del juicio. Se ordenó correr traslado a la parte demandada para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera. 14. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veinte, la demandada incidental desahogó la vista que se le otorgó. 15. El uno de julio de dos mil veinte, la juez natural dirimió la incidencia planteada y declaró que la actora incidentista acreditó sus pretensiones, mientras que la demandada no probó sus excepciones. Por tal motivo, decretó válida la compensación entre el valor de la parte alícuota de los derechos de copropiedad pertenecientes a la sucesión a bienes de ***********, y de la liquidación que fue condenada a pagar a favor de la actora incidental mediante resolución de tres de abril de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de liquidación de gastos y costas. Asimismo declaró la obligación a cargo de ********** de pagar a favor de la sucesión a bienes de *************, la suma de $451,121.59 (cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintiún pesos 59/100 m.n.) y una vez efectuado el pago anterior, se estaría en aptitud de determinar la adjudicación a favor de ********** de la totalidad de los derechos de copropiedad del inmueble objeto del juicio, lo que se debería efectuar en el plazo de dos días hábiles siguientes a que causara ejecutoria esa resolución; esto, dado que a la fecha de presentación del incidente de compensación, aún faltaban por transcurrir dos días del término otorgado a los actores incidentales por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. 16. En contra de esa determinación de uno de julio de dos mil veinte, que declaró valida la citada compensación, *********** mandatario judicial de ************, albacea de la sucesión a bienes de *****************, interpuso recurso de apelación el cual se radicó con el número de toca 294/2020, de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuya magistrada mediante resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, confirmó la determinación apelada. Por ende, al perdurar el sentido de la resolución incidental de primera instancia de uno de julio de dos mil veinte, que declaró valida la solicitud de compensación, mediante escrito presentado el veintiocho de agosto del mismo año, Francisco Caracheo Prieto mandatario judicial de Francisco Carreño Juárez, solicitó se dejara a su disposición el certificado de depósito correspondiente con la finalidad de hacer el pago de la cantidad de $451,121.59 (cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintiún mil pesos 59/100), para dar cumplimiento a dicha resolución interlocutoria; previo requerimiento que se le realizó, se tuvo dando cumplimiento por resolución de diez de septiembre del mismo año. 17. Determinación que fue impugnada por el licenciado ********** mandatario judicial de **********, albacea de la sucesión a bienes de ****************, resolviéndose el recurso planteado el quince de octubre de dos mil veinte, revocando los términos del auto impugnado para establecer que el término de dos días para ejercer el derecho del tanto precluyó, y por ello, no se expedía el certificado de depósito para que hiciera el pago correspondiente. Cabe acotar que este acto es el que constituye el reclamado en la presente instancia constitucional. 18. Cabe hacer mención, que de manera paralela al presente juicio de amparo - que es precisamente el que nos ocupa-, la apoderada legal del **************, este en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de **************, promovió un diverso juicio de amparo indirecto el cual fue radicado con el número 492/2020-IV de la estadística de este juzgado, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Magistrado responsable: Dejará insubsistente la resolución reclamada de veintiséis de agosto de dos mil veinte; y, Dictara una nueva en la cual, se ocupara de analizar los agravios vertidos en el escrito mediante el cual se interpuso recurso de apelación en contra de la interlocutoria de uno de julio de dos mil veinte, en términos de lo expuesto en el cuerpo de dicha resolución; y con plenitud de jurisdicción determinara lo que estime ajustado a derecho. 19. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante resolución de veintitrés de marzo del año en curso, dejó insubsistente la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada dentro del toca 294/2020, y emitió otra en la que determinó revocar la resolución interlocutoria sobre compensación de fecha uno de julio de dos mil veinte, para establecer que precluyó el derecho del actor incidental para hacer el pago de la oferta de compra de la parte alícuota que correspondía a la sucesión de *****************, al no haber ejercitado su derecho en el término que le fue concedido por el A quo, y por lo tanto hacer efectivo el apercibimiento para tener a *****************, retractándose de la oferta de compra, con las consecuencia legales inherentes. Con base en este contexto, cabe destacar las siguientes premisas fácticas: La resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, emitida dentro del toca de apelación 294/2020, de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tuvo por objeto confirmar la diversa la resolución incidental de primera instancia de uno de julio de dos mil veinte. En esa interlocutoria, medularmente se decretó válida la compensación entre el valor de la parte alícuota de los derechos de copropiedad pertenecientes a la sucesión a bienes de Celia Juárez Barrón, y de la liquidación que fue condenada a pagar a favor de la actora incidental mediante resolución de tres de abril de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de liquidación de gastos y costas. Asimismo se declaró la obligación a cargo de ********** de pagar a favor de la sucesión a bienes de ****************, la suma de $451,121.59 (cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintiún pesos 59/100 m.n.) y una vez efectuado el pago anterior, se estaría en aptitud de determinar la adjudicación a favor de ********** de la totalidad de los derechos de copropiedad del inmueble objeto del juicio, lo que se debería efectuar en el plazo de dos días hábiles siguientes a que causara ejecutoria esa resolución; esto, dado que a la fecha de presentación del incidente de compensación, aún faltaban por transcurrir dos días del término otorgado a los actores incidentales por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, en el presente juicio de amparo se reclama la resolución de quince de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del recurso de revocación promovido por el licenciado ************** mandatario judicial de ***********, albacea de la sucesión a bienes de **************, en el que se revocó el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, para establecer que el término de dos días para que la parte actora Francisco Carreño Juárez, ejerciera el derecho del tanto había precluido, y por ello, no se expedía el certificado de depósito para que hiciera el pago correspondiente. Acotando que dicha resolución de quince de octubre de dos mil veinte -acto reclamado en este juicio-, deriva del derecho reconocido en la interlocutoria de uno de julio de dos mil veinte, en la que, como ya se dijo, se decretó válida la compensación entre el valor de la parte alícuota de los derechos de copropiedad pertenecientes a la sucesión a bienes de *********, y de la liquidación que fue condenada a pagar a favor de la actora incidental en el incidente de liquidación de gastos y costas; y se declaró la obligación a cargo de *********de pagar a favor de la sucesión a bienes de Celia Juárez Barrón, la suma de $451,121.59 (cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintiún pesos 59/100 m.n.), y una vez efectuado el pago anterior, se estaría en aptitud de determinar la adjudicación a favor de ********* de la totalidad de los derechos de copropiedad del inmueble objeto del juicio. Sin embargo, como se ha expuesto, la resolución incidental en comento, ha quedado insubsistente con motivo del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo, 492/2020-IV de la estadística de este juzgado, promovido por la apoderada legal del *********, este en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de *************. Resolución en la cual, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dejó insubsistente la determinación de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada dentro del toca 294/2020, y emitió otra en la que determinó revocar la citada interlocutoria sobre compensación de fecha uno de julio de dos mil veinte, para establecer que precluyó el derecho del actor incidental para hacer el pago de la oferta de compra de la parte alícuota que correspondía a la sucesión de ************, al no haber ejercitado su derecho en el término que le fue concedido por el A quo, y por lo tanto hacer efectivo el apercibimiento para tener a ***********, retractándose de la oferta de compra, con las consecuencia legales inherentes. En ese contexto, es dable asumir que con apoyo en las constancias destacadas se estima actualizado el supuesto de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativo que el juicio de amparo es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Lo anterior es así, tomando en consideración que, como se ha destacado, la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de la resolución de quince de octubre de dos mil veinte, que resuelve el recurso de revocación, que se interpuso contra el auto de diez de septiembre del mismo año, en el que se solicitó se dejara a su disposición el certificado de depósito correspondiente con la finalidad de hacer el pago de la cantidad de $451,121.59 (cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintiún mil pesos 59/100), para dar cumplimiento a la resolución interlocutoria sobre compensación de uno de julio de dos mil veinte; y dicha determinación tiene su génesis en la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca 294/2020 de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; la cual, en cumplimiento a la ejecutoria del amparo 492/2020-IV, fue dejada insubsistente por el tribunal de alzada; por ende, es inconcuso, que aún y cuando dicha determinación sigue subsistiendo, la materia u objeto del presente amparo dejó de existir debido a la circunstancia en comento. Esto es así, porque aún y cuando el acto que se reclamó, subsiste dado que no ha sido invalidado expresamente por la autoridad responsable, no puede surtir efecto legal ni material, en razón de que dejó de existir el objeto de la misma, pues, al haberse dejado insubsiste la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca 294/2020 de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en la cual se determinó revocar la resolución interlocutoria sobre compensación de uno de julio de dos mil veinte, se generó que en el presente asunto el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su materia, toda vez que se dejó sin efecto legal alguno, la interlocutoria que declaró procedente la compensación entre el valor de la parte alícuota de los derechos de copropiedad pertenecientes a la sucesión a bienes de ***********, y de la liquidación que fue condenada a pagar a favor de la actora incidental mediante resolución dictada en el incidente de liquidación de gastos y costas, en la que incluso, se declaró la obligación a cargo de ********** de pagar a favor de la sucesión a bienes de **************, la suma de $451,121.59 (cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintiún pesos 59/100 m.n.) y se estableció que una vez efectuado el pago anterior, se estaría en aptitud de determinar la adjudicación a favor de ********** de la totalidad de los derechos de copropiedad del inmueble objeto del juicio. Por ende, si en el presente juicio constitucional ************, acude a reclamar la resolución de quince de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del recurso de revocación promovido por el licenciado ********* mandatario judicial de ************, albacea de la sucesión a bienes de *************, en el que se revocó el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, y se determinó la preclusión del derecho del tanto que le asistía a ************, reconocido con base en la interlocutoria de compensación de quince de octubre de dos mil veinte, y por ello, no se expedía el certificado de depósito para que hiciera el pago correspondiente; entonces, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entorno en el cual se materializó la resolución reclamada, la concesión del amparo que en su caso se efectuara, ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, empero, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, debido a que se dejó insubsistente la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca 294/2020 de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, se ordenó revocar la citada interlocutoria sobre compensación de fecha uno de julio de dos mil veinte, para establecer que precluyó el derecho del actor incidental para hacer el pago de la oferta de compra de la parte alícuota que correspondía a la sucesión de **************, al no haber ejercitado su derecho en el término que le fue concedido por el A quo, y por lo tanto se hacía efectivo el apercibimiento para tener a ***********, retractándose de la oferta de compra, con las consecuencia legales inherentes. Situación que genera la imposibilidad para analizar el fondo de la resolución que en este juicio se reclama, en virtud de la modificación del entorno dentro del cual se emitió dicho acto, pues en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada, pues como se ha destacado, el derecho que le pudiera asistir al hoy quejoso sobre la adjudicación del inmueble objeto del juicio natural -situación que se definió en la resolución aquí reclamada-, se encuentra superada por la resolución emitida en cumplimiento al diverso juicio de amparo de 492/2020-IV de este Juzgado, dictada en el toca 294/2020 de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en la que se ordenó revocar la citada interlocutoria sobre compensación de fecha uno de julio de dos mil veinte, para establecer que precluyó el derecho del actor incidental para hacer el pago de la oferta de compra de la parte alícuota que correspondía a la sucesión de **************, al no haber ejercitado su derecho en el término que le fue concedido por el A quo, y por lo tanto se hacía efectivo el apercibimiento para tener a ************, retractándose de la oferta de compra, con las consecuencia legales inherentes. De ahí que aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEIUNTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE TERCERA INTERESADA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis realizado a las constancias que integran el expediente C72/2016, que remitió la Juez Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de quince de octubre de dos mil veinte, emitida por la Jueza Quinta Civil de Partido de esta localidad, dentro del juicio ordinario civil C72/2016, al resolver el recurso de revocación interpuesto por la sucesión tercera interesada, en contra el auto de diez de septiembre del mismo año, mediante la cual la referida responsable, declara improcedente dejar a disposición de la parte quejosa el certificado de depósito correspondiente, con la finalidad de hacer valer su derecho del tanto. En ese sentido, de las constancias que adjuntó la Juez Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, así como del escrito de la demanda presentada por la parte quejosa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Ante el Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, se tramitó el juicio ordinario civil C72/2016, promovido por ********* apoderada legal de ************ en contra de la Sucesión Intestamentaria a bienes de *************, sobre terminación de copropiedad y otras prestaciones. 2. Seguido el juicio en su cauce legal, se dictó sentencia el seis de octubre de dos mil diecisiete en la que, entre otras cosas, se determinó que la parte actora probó su acción y el reo no acreditó sus excepciones, declarándose a aquella legítima copropietaria del bien inmueble materia del asunto en un 50% en mancomún y proindiviso. Asimismo, se declaró la preferencia de ********** para adquirir la porción que corresponde a su contraria (50% cincuenta por ciento), y solo para el caso de que el demandado se retractara de la oferta de compra se procedería a su venta a favor de un tercero, lo que sería materia de ejecución de sentencia. 3. La determinación anterior fue modificada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, al resolver el toca de apelación 659/2017; en lo que interesa, la modificación consistió en declarar la preferencia tanto de ********** como de la sucesión testamentaria a bienes de Celia Juárez Barrón, para adquirir la porción que corresponde al diverso copropietario, y solo para el caso de que se retracten de la oferta de compra se procedería a su venta a favor de un tercero, señalando que ambos copartícipes pueden hacer uso del derecho que se consagra en el artículo 943 de la Ley Sustantiva Civil. 4. Ambas partes promovieron juicio de amparo directo, sin embargo, les fue negada la protección constitucional por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver los amparos directos 209/2018 y 211/2018. 5. Posteriormente, ***************, en su calidad de mandatario judicial y apoderada legal de Francisco Carreño Juárez y de Dionisia Juárez Barrón, promovieron incidente innominado, el cual fue admito en providencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve y se ordenó correr traslado a su contraparte para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. 6. El once de julio de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente innominado en el que se determinó que la parte actora incidentista licenciado **************, en su carácter de mandatario judicial y apoderada, respectivamente de **************, no acreditaron sus pretensiones; y que el demandado incidentista ************, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ************, probó sus excepciones. Se declararon improcedentes las pretensiones de la parte actora incidental entre ellas la compensación, venta y adjudicación fuera de subasta pública o remate y se le condenó al pago de las costas incidentales. 7. Contra la determinación anterior, la parte actora incidentista licenciado ***************, en su carácter de mandatario judicial y apoderada, respectivamente, de ****************, interpusieron recurso de apelación, el cual quedó radicado ante la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, bajo el toca 529/2019 y resuelto mediante resolución de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en el sentido de modificar la resolución sujeta a impugnación, declarando parcialmente procedente la incidencia planteada. Cabe acotar que en la resolución mencionada en el inciso precedente, se determinó que al no existir fundamento para rechazar la oferta de compra realizada por ***************, debía declararse procedente por el valor íntegro que representa el 50% cincuenta por ciento de la parte alícuota que corresponde a la sucesión de ************. Para determinar la cantidad que Francisco Carreño Juárez debería cubrir la parte alícuota a adquirir, y por ende, se debería exhibir ante la juez natural, dentro del plazo de quince días, avalúo actualizado del bien; una vez presentado el avalúo actualizado, se determinaría por la juez de la causa el valor de la parte alícuota de la aludida sucesión, que sería lo que debería cubrir ************ a favor de aquella, en el término que prudentemente fijara la juzgadora. Una vez cubierto el valor del bien, se adjudicaría a **************el 50% cincuenta por ciento que sobre el inmueble descrito en la demanda inicial, correspondía a la sucesión testamentaria de Celia Juárez Barrón, debiendo requerirla para el otorgamiento de la escritura correspondiente, apercibida que de no hacerlo se concedería en rebeldía. En caso de que el actor incidental no presentara la actualización del avalúo en el término antes indicado o bien, que no realizara el pago en el término que prudentemente fijara la juzgadora, se tomaría como que se retractaba de la oferta de compra, con las consecuencias legales inherentes. 8. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se exhibió avalúo actualizado del inmueble. 9. Al ocurso citado recayó la providencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se declaró que con base en el valor del inmueble que se desprendía del avalúo, se tenía como valor de la parte alícuota de la sucesión a bienes de ************ la suma de $514,500.00 (quinientos catorce mil quinientos pesos 00/100 m.n.), que sería la que debería cubrir *************** a favor de aquella, dentro del plazo de diez días. 10. A través del escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinte, el actor ********* solicitó que se levantara cómputo del plazo con el que contaba para realizar el pago del valor de la parte alícuota perteneciente a la sucesión a bienes de **************, que se generara el certificado de depósito para realizar el pago y, a la cantidad de $514,500.00 (quinientos catorce mil quinientos pesos 00/100 m.n.), se le restara el importe de $63,378.41 (sesenta y tres mil trescientos setenta y ocho pesos 41/100 m.n.) que la contraparte estaba obligada a pagar por concepto de gastos y costas. 11. Al referido escrito recayó el auto de catorce de febrero de dos mil veinte, en el que la juez responsable ordenó que se asentara el cómputo del plazo otorgado por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. En relación con la segunda petición realizada, se le indicó que debería promover la incidencia respectiva. En la misma fecha se levantó el cómputo ordenado, en el que se precisó que el término de diez días comenzó a correr el siete y fenecería el veinte de febrero de dos mil veinte. 12. Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, **************, mandatario judicial y apoderada, respectivamente, de ***************, presentaron escrito en el que: a) Con fundamento en el artículo 396 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, solicitaron que se mantuviera el estado de hecho existente, es decir, que se suspendiera el plazo concedido hasta en tanto se resolviera el incidente que en ese mismo escrito se promovería. b) Demandaron las siguientes prestaciones: Compensación entre el valor de la parte alícuota de los derechos de copropiedad pertenecientes a la sucesión a bienes de *************, y la liquidación a que fue condenada a pagar mediante resolución de tres de abril de dos mil diecinueve en el incidente de gastos y costas promovido por los actores. La obligación a cargo de *********** de pagar a favor de la sucesión a bienes de Celia Juárez Barrón, la cantidad de $450,621.59 (cuatrocientos cincuenta mil seiscientos veintiún pesos 59/100 m.n.), resultante de la compensación precisada en el punto anterior, lo cual se haría dentro del plazo que fijara la juez natural. 13. Al ocurso recayó auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el que en el que: Se desechó la petición de que se mantuviera el estado de hecho existente, en virtud de que la etapa procesal en la que se encontraba el asunto no actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 396 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que las medidas ahí referidas sólo eran decretadas antes de iniciarse el juicio para salvaguardar situaciones existentes que serían materia del juicio. Se ordenó correr traslado a la parte demandada para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera. 14. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veinte, la demandada incidental desahogó la vista que se le otorgó. 15. El uno de julio de dos mil veinte, la juez natural dirimió la incidencia planteada y declaró que la actora incidentista acreditó sus pretensiones, mientras que la demandada no probó sus excepciones. Por tal motivo, decretó válida la compensación entre el valor de la parte alícuota de los derechos de copropiedad pertenecientes a la sucesión a bienes de ***********, y de la liquidación que fue condenada a pagar a favor de la actora incidental mediante resolución de tres de abril de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de liquidación de gastos y costas. Asimismo declaró la obligación a cargo de ********** de pagar a favor de la sucesión a bienes de *************, la suma de $451,121.59 (cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintiún pesos 59/100 m.n.) y una vez efectuado el pago anterior, se estaría en aptitud de determinar la adjudicación a favor de ********** de la totalidad de los derechos de copropiedad del inmueble objeto del juicio, lo que se debería efectuar en el plazo de dos días hábiles siguientes a que causara ejecutoria esa resolución; esto, dado que a la fecha de presentación del incidente de compensación, aún faltaban por transcurrir dos días del término otorgado a los actores incidentales por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. 16. En contra de esa determinación de uno de julio de dos mil veinte, que declaró valida la citada compensación, *********** mandatario judicial de ************, albacea de la sucesión a bienes de *****************, interpuso recurso de apelación el cual se radicó con el número de toca 294/2020, de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuya magistrada mediante resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, confirmó la determinación apelada. Por ende, al perdurar el sentido de la resolución incidental de primera instancia de uno de julio de dos mil veinte, que declaró valida la solicitud de compensación, mediante escrito presentado el veintiocho de agosto del mismo año, Francisco Caracheo Prieto mandatario judicial de Francisco Carreño Juárez, solicitó se dejara a su disposición el certificado de depósito correspondiente con la finalidad de hacer el pago de la cantidad de $451,121.59 (cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintiún mil pesos 59/100), para dar cumplimiento a dicha resolución interlocutoria; previo requerimiento que se le realizó, se tuvo dando cumplimiento por resolución de diez de septiembre del mismo año. 17. Determinación que fue impugnada por el licenciado ********** mandatario judicial de **********, albacea de la sucesión a bienes de ****************, resolviéndose el recurso planteado el quince de octubre de dos mil veinte, revocando los términos del auto impugnado para establecer que el término de dos días para ejercer el derecho del tanto precluyó, y por ello, no se expedía el certificado de depósito para que hiciera el pago correspondiente. Cabe acotar que este acto es el que constituye el reclamado en la presente instancia constitucional. 18. Cabe hacer mención, que de manera paralela al presente juicio de amparo - que es precisamente el que nos ocupa-, la apoderada legal del **************, este en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de **************, promovió un diverso juicio de amparo indirecto el cual fue radicado con el número 492/2020-IV de la estadística de este juzgado, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Magistrado responsable: Dejará insubsistente la resolución reclamada de veintiséis de agosto de dos mil veinte; y, Dictara una nueva en la cual, se ocupara de analizar los agravios vertidos en el escrito mediante el cual se interpuso recurso de apelación en contra de la interlocutoria de uno de julio de dos mil veinte, en términos de lo expuesto en el cuerpo de dicha resolución; y con plenitud de jurisdicción determinara lo que estime ajustado a derecho. 19. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante resolución de veintitrés de marzo del año en curso, dejó insubsistente la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada dentro del toca 294/2020, y emitió otra en la que determinó revocar la resolución interlocutoria sobre compensación de fecha uno de julio de dos mil veinte, para establecer que precluyó el derecho del actor incidental para hacer el pago de la oferta de compra de la parte alícuota que correspondía a la sucesión de *****************, al no haber ejercitado su derecho en el término que le fue concedido por el A quo, y por lo tanto hacer efectivo el apercibimiento para tener a *****************, retractándose de la oferta de compra, con las consecuencia legales inherentes. Con base en este contexto, cabe destacar las siguientes premisas fácticas: La resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, emitida dentro del toca de apelación 294/2020, de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tuvo por objeto confirmar la diversa la resolución incidental de primera instancia de uno de julio de dos mil veinte. En esa interlocutoria, medularmente se decretó válida la compensación entre el valor de la parte alícuota de los derechos de copropiedad pertenecientes a la sucesión a bienes de Celia Juárez Barrón, y de la liquidación que fue condenada a pagar a favor de la actora incidental mediante resolución de tres de abril de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de liquidación de gastos y costas. Asimismo se declaró la obligación a cargo de ********** de pagar a favor de la sucesión a bienes de ****************, la suma de $451,121.59 (cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintiún pesos 59/100 m.n.) y una vez efectuado el pago anterior, se estaría en aptitud de determinar la adjudicación a favor de ********** de la totalidad de los derechos de copropiedad del inmueble objeto del juicio, lo que se debería efectuar en el plazo de dos días hábiles siguientes a que causara ejecutoria esa resolución; esto, dado que a la fecha de presentación del incidente de compensación, aún faltaban por transcurrir dos días del término otorgado a los actores incidentales por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, en el presente juicio de amparo se reclama la resolución de quince de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del recurso de revocación promovido por el licenciado ************** mandatario judicial de ***********, albacea de la sucesión a bienes de **************, en el que se revocó el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, para establecer que el término de dos días para que la parte actora Francisco Carreño Juárez, ejerciera el derecho del tanto había precluido, y por ello, no se expedía el certificado de depósito para que hiciera el pago correspondiente. Acotando que dicha resolución de quince de octubre de dos mil veinte -acto reclamado en este juicio-, deriva del derecho reconocido en la interlocutoria de uno de julio de dos mil veinte, en la que, como ya se dijo, se decretó válida la compensación entre el valor de la parte alícuota de los derechos de copropiedad pertenecientes a la sucesión a bienes de *********, y de la liquidación que fue condenada a pagar a favor de la actora incidental en el incidente de liquidación de gastos y costas; y se declaró la obligación a cargo de *********de pagar a favor de la sucesión a bienes de Celia Juárez Barrón, la suma de $451,121.59 (cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintiún pesos 59/100 m.n.), y una vez efectuado el pago anterior, se estaría en aptitud de determinar la adjudicación a favor de ********* de la totalidad de los derechos de copropiedad del inmueble objeto del juicio. Sin embargo, como se ha expuesto, la resolución incidental en comento, ha quedado insubsistente con motivo del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo, 492/2020-IV de la estadística de este juzgado, promovido por la apoderada legal del *********, este en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de *************. Resolución en la cual, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dejó insubsistente la determinación de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada dentro del toca 294/2020, y emitió otra en la que determinó revocar la citada interlocutoria sobre compensación de fecha uno de julio de dos mil veinte, para establecer que precluyó el derecho del actor incidental para hacer el pago de la oferta de compra de la parte alícuota que correspondía a la sucesión de ************, al no haber ejercitado su derecho en el término que le fue concedido por el A quo, y por lo tanto hacer efectivo el apercibimiento para tener a ***********, retractándose de la oferta de compra, con las consecuencia legales inherentes. En ese contexto, es dable asumir que con apoyo en las constancias destacadas se estima actualizado el supuesto de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativo que el juicio de amparo es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Lo anterior es así, tomando en consideración que, como se ha destacado, la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de la resolución de quince de octubre de dos mil veinte, que resuelve el recurso de revocación, que se interpuso contra el auto de diez de septiembre del mismo año, en el que se solicitó se dejara a su disposición el certificado de depósito correspondiente con la finalidad de hacer el pago de la cantidad de $451,121.59 (cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintiún mil pesos 59/100), para dar cumplimiento a la resolución interlocutoria sobre compensación de uno de julio de dos mil veinte; y dicha determinación tiene su génesis en la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca 294/2020 de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; la cual, en cumplimiento a la ejecutoria del amparo 492/2020-IV, fue dejada insubsistente por el tribunal de alzada; por ende, es inconcuso, que aún y cuando dicha determinación sigue subsistiendo, la materia u objeto del presente amparo dejó de existir debido a la circunstancia en comento. Esto es así, porque aún y cuando el acto que se reclamó, subsiste dado que no ha sido invalidado expresamente por la autoridad responsable, no puede surtir efecto legal ni material, en razón de que dejó de existir el objeto de la misma, pues, al haberse dejado insubsiste la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca 294/2020 de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en la cual se determinó revocar la resolución interlocutoria sobre compensación de uno de julio de dos mil veinte, se generó que en el presente asunto el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su materia, toda vez que se dejó sin efecto legal alguno, la interlocutoria que declaró procedente la compensación entre el valor de la parte alícuota de los derechos de copropiedad pertenecientes a la sucesión a bienes de ***********, y de la liquidación que fue condenada a pagar a favor de la actora incidental mediante resolución dictada en el incidente de liquidación de gastos y costas, en la que incluso, se declaró la obligación a cargo de ********** de pagar a favor de la sucesión a bienes de **************, la suma de $451,121.59 (cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veintiún pesos 59/100 m.n.) y se estableció que una vez efectuado el pago anterior, se estaría en aptitud de determinar la adjudicación a favor de ********** de la totalidad de los derechos de copropiedad del inmueble objeto del juicio. Por ende, si en el presente juicio constitucional ************, acude a reclamar la resolución de quince de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del recurso de revocación promovido por el licenciado ********* mandatario judicial de ************, albacea de la sucesión a bienes de *************, en el que se revocó el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, y se determinó la preclusión del derecho del tanto que le asistía a ************, reconocido con base en la interlocutoria de compensación de quince de octubre de dos mil veinte, y por ello, no se expedía el certificado de depósito para que hiciera el pago correspondiente; entonces, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entorno en el cual se materializó la resolución reclamada, la concesión del amparo que en su caso se efectuara, ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, empero, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, debido a que se dejó insubsistente la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca 294/2020 de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, se ordenó revocar la citada interlocutoria sobre compensación de fecha uno de julio de dos mil veinte, para establecer que precluyó el derecho del actor incidental para hacer el pago de la oferta de compra de la parte alícuota que correspondía a la sucesión de **************, al no haber ejercitado su derecho en el término que le fue concedido por el A quo, y por lo tanto se hacía efectivo el apercibimiento para tener a ***********, retractándose de la oferta de compra, con las consecuencia legales inherentes. Situación que genera la imposibilidad para analizar el fondo de la resolución que en este juicio se reclama, en virtud de la modificación del entorno dentro del cual se emitió dicho acto, pues en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada, pues como se ha destacado, el derecho que le pudiera asistir al hoy quejoso sobre la adjudicación del inmueble objeto del juicio natural -situación que se definió en la resolución aquí reclamada-, se encuentra superada por la resolución emitida en cumplimiento al diverso juicio de amparo de 492/2020-IV de este Juzgado, dictada en el toca 294/2020 de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en la que se ordenó revocar la citada interlocutoria sobre compensación de fecha uno de julio de dos mil veinte, para establecer que precluyó el derecho del actor incidental para hacer el pago de la oferta de compra de la parte alícuota que correspondía a la sucesión de **************, al no haber ejercitado su derecho en el término que le fue concedido por el A quo, y por lo tanto se hacía efectivo el apercibimiento para tener a ************, retractándose de la oferta de compra, con las consecuencia legales inherentes. De ahí que aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la Titular del Juzgado Quinto Civil, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintiuno de mayo pasado, allega las constancias que le fueron solicitadas; en ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, se le tiene haciendo las manifestaciones que refiere, las cuales podrán ser tomadas en consideración al resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de la materia.

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