Francisco Crisolis Osornio

Expediente 1867/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 41 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1867/2022
Año
2022
Actuaciones
41
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Crisolis Osornio
  • Daniel José María Cid

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE TESTIMONIO DE RECURSO DE REVISIÓN Vista lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, agréguese el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual adjunta testimonio emitido en sesión virtual de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en donde se resolvió el recurso de revisión 128/2023 interpuesto por los quejosos Francisco Crisolis Osornio y Víctor Manuel Crisolis García, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto. De ahí, se advierte que el órgano colegiado resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento, en el juicio de amparo indirecto 1867/2022-II-B del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones respectivas. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA En ese sentido, en estricto cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se deja insubsistente la audiencia constitucional de trece de abril de dos mil veintitrés y se ordena reponer el procedimiento para los efectos precisados en la ejecutoria que se atiende. Atento a lo anterior, y en estricto cumplimiento a lo ordenado, se procede señalar la audiencia constitucional para las once horas con treinta minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés Finalmente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, por escrito, proporcione información en cuanto a la existencia de diversos domicilios a fin de notificar al tercero interesado Daniel José María Cid, ello con el propósito de realizar el emplazamiento respectivo. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de ser omisa a lo requerido, concluido el trámite establecido en el numeral 27, fracción III, inciso b), y de no realizarse los emplazamientos, éstos se ordenarán por edictos a su costa, dado que no existe dato en autos que imposibilite su procedencia. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Incidental

    Se ordena agregar el escrito de cuenta, signado por Francisco Crisolis Osornio y Víctor Manuel Crisolis García, donde realizan diversas manifestaciones en torno a que se les aplique la "REGLA 6.2, DE LAS REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS MEDIDAS NO PRIBATIVAS DE LA LIBERTAD "REGLAS DE TOKIO". Sin embargo, con base en el escrito presentado y de su análisis, no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado por la parte quejosa, toda vez que los efectos de la medida cautelar otorgada en la presente incidencia fueron los siguientes: - De conformidad con el párrafo segundo de la fracción XVII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, se solicita al Juez responsable quien conoce de la causa de juicio oral del que reclama el acto, para que suspenda la celebración de la audiencia en el juicio oral en cita y su continuación, y; - En caso de que ya se hubiese iniciado la audiencia oral penal, suspenda su continuación en lo que corresponda a los imputados, hoy quejosos, lo anterior una vez desahogadas las pruebas, por lo que debe abstenerse de dictar sentencia hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se emita en el juicio principal. Lo anterior, aunado a que no existe disposición legal, en la ley de amparo que faculte a esta Juzgadora a actuar en los términos solicitados por la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil veintitrés. ESCRITO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese el escrito signado por los quejosos, Francisco Crisolis Osorio y Víctor Manuel Crisolis García, mediante el cual en ejercicio del derecho de petición hacen los siguientes cuestionamientos: "1.- ¿A USTED LE RESULTA COMPETENCIA JURISDICCIONAL PARA APLICAR LA REGLA 6.2 DE LAS "REGLAS DE TOKIO" EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS, HOY INTERROGANTES? "2.- ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS O PRESUPUESTOS PROCESALES Y/O LEGALES PARA QUE LOS QUEJOSOS, HOY CUESTIONANTES PODAMOS ACCEDER A LA APLICACIÓN DE LAS REGLA 6.2 DE LAS REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD "REGLAS DE TOKIO"?" En ese contexto, en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de los solicitantes del amparo que este Juzgado de Distrito le corresponde conocer de: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." Por su parte los artículos 103 y 104 constitucionales establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." "Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal; II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado; III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo; V. De aquellas en que la Federación fuese parte; VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, y VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular." Por tanto, dígase a los promoventes que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, toda vez, que la suscrita no puede ser juez y parte, por lo que, esta imposibilitada para brindarles asesoramiento jurídico. Además, que el quejoso Francisco Crisolis Osorio, manifestó en su escrito inicial de demanda que era abogado, razón por la cual no se le designo abogado a la parte quejosa. No obstante, en el acto de la presente notificación se le requiere al referido quejoso quien es el representante común de los quejos en este asunto, para que manifieste sí es su deseo que este juzgado federal, le asigne un defensor público. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se estará a lo acordado en auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, por cuanto hace a la designación de defensor. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; uno de junio de dos mil veintitrés. COLEGIADO ADMITE REVISIÓN Y ACUSA RECIBO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra la resolución de trece de abril de dos mil veintitrés, así mismo, acusa recibo del original del juicio de amparo indirecto 1867/2022 II-B, de la copia certificada de la carpeta administrativa 98/2017, en tres tomos y de nueve discos compactos. Circunstancia de la que toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

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