Francisco Carbajal Gamora
Expediente 1050/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/10/2022
Partes del expediente
- Francisco Carbajal Gamora
- Eduardo Cruz Dominguez
- Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México
- Humberto Albarrán Villalva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
se ordena el archivo
- Incidental
se ordena el archivo
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1050/2022 y su acumulado 1058/2022-II-C; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, con sede en Toluca, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, turnado a este juzgado al día siguiente, Humberto Albarrán Villalva, Eduardo Cruz Domínguez y Alfredo Dávila Guadarrama, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 2 a 18), el cual fue radicado bajo el número 1050/2022. De igual forma, mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México, con sede en Toluca, el veintidós de junio de dos mil veintidós, turnado a este juzgado al día siguiente, Francisco Carbajal Gómora, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 20 a 44 del juicio de amparo), el cual fue radicado bajo el número 1058/2022. En auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se ordenó la acumulación de autos, se admitieron las demandas, requirió el informe justificado, dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 45 a 50). Una vez sustanciado el juicio, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto, por razón de territorio, vía y materia, con apoyo en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclama un auto declarativo y la demanda se presentó en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad. Resulta procedente precisar que la demanda de amparo fue promovida oportunamente, toda vez que de las constancias que integran las constancias remitidas por la autoridad responsable y el escrito inicial de demanda, se advierte que los quejosos tuvieron conocimiento de los actos reclamados el dos de junio del dos mil veintidós, por lo que el plazo de quince días trascurrió del tres al veintitrés del mes y año en cita, sin considerar los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de junio del año actual, por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto se presentó el veinte de junio de este año, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por tanto, se colige que el ocurso inicial se presentó dentro del término genérico previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: ACTO RECLAMADO La sentencia dictada en audiencia el dos de junio de dos mil veintidós, en el toca de apelación 331/2021; su ejecución y consecuencias, consistentes en la reposición del procedimiento para llevar nuevamente la audiencia de juicio oral con citación de las partes. AUTORIDAD RESPONSABLE 1) Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. CUARTO. Existencia del acto. La autoridad responsable 1) Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado por lo que hace al quejoso Francisco Carbajal Gómora (fojas 57 y 58). Ahora, por lo que hace a los diversos Humberto Albarrán Villalva, Eduardo Cruz Domínguez y Alfredo Dávila Guadarrama, negó su existencia, en razón a que la determinación aquí reclamada fue en cumplimento a la sentencia emitida el veintiocho de abril de dos mil veintidós en el juicio de amparo 793/2022-III-D y su acumulado 805/2022, de esta estadística, en la que no se hizo pronunciamiento sobre dichos impetrantes, ya que los efectos de dicha ejecutoria fueron únicamente extensivos para los ahí quejosos Pedro Alberto Medina Ortega y Francisco Carbajal Gómora(fojas 57 y 58); no obstante a ello, lo cierto es que la resolución reclamada sí existe con independencia si esta afecta o no a los quejoso en cita, pues ello tendrá que ser analizado en diverso apartado. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó la responsable a su informe justificado; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226 visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, parte SCJN, materia común, quinta época, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2004362, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Para una mejor comprensión del asunto, se precisan antecedentes del acto reclamado. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México dictó sentencia condenatoria contra Pedro Alberto Medina Ortega, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD (COMETIDO CONTRA SUBALTERNO), en agravio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Francisco Carbajal Gómora, Humberto Albarrán Villalva, Nicolás Brindis Aranda, Eduardo Cruz Domínguez y Alfredo Dávila Guadarrama, ilícito previsto por el artículo 339 fracción I y sancionado por la segunda hipótesis de dicho numeral en su fracción II, en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I inciso "D", todos del Código Penal vigente. Inconforme con dicha resolución Pedro Alberto Medina Ortega, interpuso recurso de apelación, el cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el cual, radicó con el toca penal 331/2021, de esa estadística, mismo que fue resuelto el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, y se declaró la nulidad de la sentencia condenatoria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, ordenando la reposición total del procedimiento para llevar nuevamente la audiencia de juicio oral con citación de las partes en la causa de juicio oral 120/2020, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Contra dicha resolución, el quejoso Francisco Carbajal Gómora y el imputado Pedro Alberto Medina Ortega, promovieron demandas de amparo, las cuales fueron registradas con los números 793/2021 y 805/2021 de esta estadística, las cuales, en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó su acumulación. Así, seguida la secuela procesal de dichos asuntos, en sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito resolvió conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Pedro Alberto Medina Ortega y Francisco Carbajal Gómora, para que el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el toca de apelación 331/2021, en la que declaró la nulidad de la sentencia condenatoria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno y ordenó la reposición total del procedimiento, derivado de la causa penal electrónica 120/2020, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, instruida en su contra por el hecho delictuoso de abuso de autoridad. 2. Reponga el procedimiento a fin de que señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por Pedro Alberto Medina Ortega, contra la sentencia condenatoria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal electrónica 120/2020, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en los artículos del 57 al 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que citará a las partes que intervendrán en la misma, con los apercibimientos que considere necesarios para el caso de inasistencia. En esta audiencia deberá emitirse la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de sus fundamentos y motivaciones que le den sustento al sentido de la determinación adoptada. 3. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, en el entendido de que también debe emitirla de manera escrita, sin que exceda de los argumentos expuestos en la versión oral. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, pues los mismos se hicieron depender de los de la ordenadora, sin reclamarse por vicios propios." Luego, la Magistrada Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante oficio 3011500P02/2391/2022 -recibido en auto de siete de junio de dos mil veintidós) se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo del juicio de amparo 793/2021 y su acumulada 805/2021-III-D, realizó lo siguiente: "1. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación 331/2021 de su índice, únicamente por lo que hace al acusado Pedro Alberto Medina Ortega y la víctima Francisco Carbajal Gómora, ordenó la reposición del procedimiento y señaló las doce horas del dos de junio de dos mil veintidós, para el pronunciamiento de la nueva resolución; citando a las partes que deberían intervenir en la misma, con los apercibimientos que consideró necesarios para el caso de inasistencia. 2. El dos de junio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por Pedro Alberto Medina Ortega y Francisco Carbajal Gómora, en contra de la sentencia dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en la causa penal electrónica 120/2020. 3. En la misma fecha, dos de junio de dos mil veintidós, con libertad de jurisdicción emitió resolución de manera verbal y escrita, en la que expuso sus fundamentos y motivaciones." Resolución de dos de junio de dos mil veintidós, en la que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. En inicial acatamiento a la ejecutoria Federal Amparante, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de Amparo indirecto 793/2021-III-D y su acumulado 805/2021-V, por auto de Presidencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución emitida en fecha DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, únicamente por cuanto hace a los quejosos acusado PEDRO ALBERTO MEDINA ORTEGA y víctima FRANCISCO CARBAJAL GÓMORA, lo anterior tomando en consideración que respecto a estos impetrantes los juicios de amparo fueron acumulados; misma que constituyó el acto reclamado en el Amparo que se cumplimenta. SEGUNDO. En observancia puntual de la ejecutoria Federal Amparante, al advertir una violación a la garantía de seguridad jurídica y legalidad, que se traduce en circunstancias que afectan el derecho humano al debido proceso, a la presunción de inocencia a favor del acusado PEDRO ALBERTO MEDINA ORTEGA, es procedente, declarar la nulidad del fallo impugnado y todo lo actuado en el juicio oral del que deriva esa resolución y ordenar la reposición total del procedimiento, en los términos precisados en el cuerpo de la presente resolución. TERCERO. Comuníquese al JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, la forma en que se dio cumplimiento a la ejecutoria de mérito, remitiéndole al efecto, copia certificada de esta nueva resolución. CUARTO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 63 del Código Nacional de procedimientos penales quedan notificados del presente fallo los intervinientes en ésta audiencia y quienes estaban obligados a asistir, quedan formalmente notificados de su emisión. QUINTO. Asimismo en términos de los dispuesto por los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo en vigor, atendiendo a que las ejecutorias de amparo deben de ser puntualmente cumplidas y todas las autoridades que tengan o deben tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, se requiere al juez de primer grado, proceda al cumplimiento inmediato de la presente ejecutoria, lo que de ninguna manera se vincula al hecho de que se tenga por cumplida o no la presente resolución. En su oportunidad, archívese el toca como concluido." Así, en auto de veinte de junio de dos mil veintidós, esta juzgadora tuvo por cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo 793/2021 y su acumulada 805/2021-III-D, toda vez que se atendieron los efectos del fallo protector. En tales circunstancias, se advierte que la resolución emitida el dos de junio de dos mil veintidós, en el toca penal 331/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, constituye el acto reclamado en el presente asunto. SEXTO. Improcedencia. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. Entonces, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa sería imposible el examen de la litis planteada. Este Juzgado Federal advierte que, respecto al reclamado por Francisco Carbajal Gómora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia. En los procedimientos de remate. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De estas normas se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos emitidos fuera de juicio, cuyos efectos no son de imposible reparación. En efecto, la aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo debe interpretarse en conjunto con la fracción V del mismo numeral, que dispone la procedencia del juicio de derechos contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación (que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte). Lo anterior es así, porque la fracción V -actos de imposible reparación- contempla un supuesto de aplicación más amplio y protector, por lo que debe configurar la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos fuera de juicio. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, registro digital 163152, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal estableció su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Consideró que, de la definición plasmada en la actual Ley de Amparo, se deduce la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estableció que dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que no se traducen en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sino que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. En el particular, se afirma que no existe afectación material a derechos sustantivos, pues, como se vio, el acto reclamado por el accionante Francisco Carbajal Gómora de la instancia constitucional consistente en la sentencia emitida el dos de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 331/2021, en la que la sala responsable ordenó dejar insubsistente la sentencia condenatoria emitida en la causa de juicio oral 120/2020, y decretó la reposición del procedimiento para llevar nuevamente la audiencia de juicio oral con citación de las partes, para los efectos siguientes: "Bajo estas circunstancias, se arriba a la determinación que la actuación del juzgador, al dictar la sentencia sujeta a revisión, violentó lo que disponen los artículos 1 párrafo tercero y 20 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, traducido en una violación a la garantía de seguridad jurídica y legalidad, que se traduce en circunstancias que afectan el derecho humano al debido proceso. Es así que los integrantes de este Tribunal no advertimos que el defecto en estudio haya sido saneado o convalidado por las partes intervinientes; de conformidad con lo establecido por los numerales 98, 99 y 100 del Citado Ordenamiento legal, para que el sentido del fallo que aquí se emite, sea diverso, más aun, porque las violaciones ya analizadas transgreden derechos humanos, en específico el derecho humano al debido proceso y presunción de inocencia, exacta aplicación de la ley, y seguridad jurídica; por lo que, a fin de reparar la violación, es procedente declarar la nulidad del fallo impugnado y todo lo actuado en el juicio oral y ordenar la reposición total del procedimiento. En consecuencia, con apoyo en los artículos 1, 14, 16 y 20 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, así como los artículos 68, 97, 101, 461, 479, 481, 482 fracción l y 483 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al existir una violación manifiesta al derecho fundamental al derecho de defensa y debido proceso; se ordena la reposición total del procedimiento seguido en contra de PEDRO ALBERTO MEDINA ORTEGA, por el hecho que la ley señala como delito de ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA SUBALTERNO, en agravio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FRANCISCO CARBAJAL GÓMORA, declarando la nulidad de todo lo actuado en el Juicio Oral incluida la resolución recurrida, para lo cual la reposición total de la Audiencia de Juicio deberá realizarse íntegramente, ante un Juez de Tribunal de Enjuiciamiento distinto, a efecto de no comprometer la garantía de Inmediación y el principio de Objetividad del órgano jurisdiccional establecidos en el artículo 20 apartado A fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en esa tesitura, La Administración del Tribunal de Enjuiciamiento de Toluca, Estado de México; de manera inmediata deberá realizar las gestiones urgentes y necesarias para la designación del Nuevo Juez de tribunal de Enjuiciamiento que deba conocer del Juicio, que deberá ser DIVERSO AL JUEZ CÉSAR FERNANDO MENCHACA CÁRDENAS y verificando además que dicha designación recaiga en un juzgador que no hubiese conocido de los hechos que nos atañen en etapas previas del proceso, ello atento a los principios constitucionales que rigen el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral. Por otra parte, el Nuevo Juez de Tribunal de Enjuiciamiento que sea asignado para el conocimiento deberá ceñirse a los siguientes lineamientos: Con la máxima diligencia que el caso amerita Señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de Juicio oral con citación de las partes 1. Hecho lo anterior, continúe con todos y cada uno de los actos procesales subsecuentes, sin que sea óbice señalar que el nuevo Juzgador que sea designado deberá observar y dar cumplimiento cabal a lo dispuesto en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Una vez que el Ministerio Público emita su alegato de apertura, el juzgador deberá ser cuidadoso y exhaustivo en el análisis de la acusación planteada en el Auto de Apertura a Juicio oral, con relación al Alegato de Apertura, sin pasar por alto, que el hecho delictuoso de ABUSO DE AUTORIDAD (COMETIDO EN CONTRA DE SUBALTERNO), previsto en el artículo 339 fracción I del código penal en vigor, por el cual formuló acusación en fiscal en el Auto de Apertura a Juicio Oral es un tipo penal compuesto o de formulación casuística, de tal manera que si el fiscal reitera su acusación en el alegato de apertura por tal hecho delictuoso, el juzgador deberá verificar que la fiscalía precise con toda claridad, Si el hecho delictuoso que el fiscal pretende acreditar en Juicio fue cometido por servidor público haciendo uso de su empleo, cargo o comisión (cuál de esas hipótesis), cuál de los tres verbos rectores que contempla el tipo penal es el que pretende probar en Juicio, es decir (obtener, exigir o solicitar), si ese verbo rector se realizó (sin derecho alguno o sin causa legítima), si esa obtención, exigencia o solicitud fue (para sí o para cualquier otra persona) y finalmente deberá precisar si la obtención, exigencia o solicitud (según sea el caso) se realizó respecto de (parte del sueldo, de la remuneración, de dádivas, de otros bienes, o de servicios) 3. En el supuesto que exista reclasificación jurídica respecto del delito invocado por la Fiscalía en su escrito de acusación, el Juez de Origen deberá dar al imputado y a su defensa la oportunidad de expresarse al respecto, informándoles sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención, por lo que a dicha petición, el Tribunal de Enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que no podrá exceder del establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 4. Los anteriores puntos también deberán ser observados por el juzgador en lo conducente, una vez que el fiscal emita sus alegatos de clausura. 5. En la inteligencia que al momento de emitir el fallo definitivo el Iudex A quo, se deberá ceñir a la materia de acusación, resolviendo congruentemente y deberá ser exhaustivo en el análisis de los elementos estructurales del delito, de manera fundada y motivada,. 6. Sin ser óbice indicar que lo aquí resuelto no prejuzga sobre el sentido en que deba resolver el de Primer Grado, dado que corresponde a éste la valoración de la prueba; es decir, tiene jurisdicción plena para resolver lo que legalmente proceda. 7. Ante la eventualidad de que se dicte una sentencia condenatoria, en términos del artículo 462 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no podrá agravarse la situación jurídica del sentenciado, habida cuenta que, la finalidad de la reposición del procedimiento debe ser siempre en su beneficio y no en un sentido adverso. [.] 8. Ahora bien, lo aquí resuelto deberá hacerse del conocimiento del Juzgador que ha incurrido en las destacadas violaciones procesales y de derechos humanos del acusado, lo anterior para que en lo subsecuente ciña su actuar a la Legislación Penal aplicable, reiterándole los puntos medulares que motivaron la presente resolución." En ese contexto, queda de manifiesto que la resolución combatida no tiene sobre el quejoso Francisco Carbajal Gómora, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, ya que con el mencionado acto sólo se puede afectar los derechos procesales de éste, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que el efecto de tal acto no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó, ya que su única consecuencia es que continúe el procedimiento natural por sus etapas ante el juez de la causa, por ende, no puede considerarse como un acto que tenga ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, sino que sus efectos son meramente intraprocesales, cuya afectación puede ser reparada si el quejoso obtiene sentencia favorable y en caso de resultarle adversa, procede reclamarla como violación procesal en el amparo directo, conforme a las reglas del artículo 171 de la Ley de la Materia. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Máxime, porque en el caso concreto el solicitante del amparo es víctima del delito y en su caso, no se está afectando su libertad personal con motivo de la resolución reclamada. Lo anterior, encuentra sustento por analogía jurídica, la jurisprudencia por contradicción de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2013282, de rubro y contenido siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México." Lo resaltado es propio. Así como la tesis VII. 4o. P.T.10 P (10a) con registro digital 2006332, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMER GRADO Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO EL MOTIVO DE ÉSTA, IMPLIQUE UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 40/2013 (10a.)]. La jurisprudencia 1a./J. 40/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 123, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO CUANDO SE IMPUGNAN APARTADOS JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", por su esencia, debe aplicarse cuando se reclama una sentencia de segunda instancia que revoca la de primer grado y ordena reponer el procedimiento, pues conforme al artículo 5o., fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, la víctima u ofendido del delito tiene legitimación para acudir al amparo, a fin de que la autoridad responsable entre al estudio del fondo del asunto y se decrete que existen elementos suficientes que demuestran el ilícito y la plena responsabilidad del acusado, al constituir estos aspectos el presupuesto lógico para que se determine la procedencia de la reparación del daño; lo anterior, siempre y cuando el motivo de la reposición del procedimiento implique una afectación de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." Por tanto, debe entenderse que el juicio de amparo como "último recurso" es una oportunidad para ejercer la defensa del impetrante, por tanto, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, el juicio de amparo debe ser hábil para examinar la aplicación indebida o la errónea interpretación de normas procesales, de tal manera que si el juicio de amparo no cumple con tal expectativa, resulta claro que se estaría infringiendo el derecho previsto en el artículo 8, numeral 2, inciso h), de la citada Convención Americana. Se sostiene lo anterior, pues no obstante la existencia del derecho humano a una tutela judicial efectiva, no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales o medidas cautelares que los gobernados tengan a su alcance. Ello, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales, que rigen su función jurisdiccional y regulan tales vías jurisdiccionales o medidas cautelares, provocando un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, trastocando, además, las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Por tanto, como el juez constitucional está constreñido a determinar, previo análisis, si en términos de la Constitución Federal y de las leyes secundarias correspondientes, se cumplen los presupuestos y requisitos procesales que lo faculten a tramitar y resolver la pretensión que se sujeta a su jurisdicción; estimar lo contrario, sería admitir un derecho de tutela judicial efectiva absoluto que no guardaría proporción con la finalidad perseguida, así como el correlativo desconocimiento de un sistema Constitucional y legal que prevé reglas procesales de competencia y procedibilidad de las vías, recursos o medidas cautelares, precisamente con el fin de proveer las garantías necesarias para la protección y promoción de los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y seguridad jurídica. Incluso, cabe precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Castañeda Gutman contra México", concluyó que toda persona tiene derecho a interponer un recurso en el que la decisión se resuelva de forma motivada y fundada, bajo pena de violar las garantías del debido proceso, lo que no equivale a que, en todo caso, exista un análisis sobre el fondo del asunto, puesto que primero deben satisfacerse los requisitos de admisibilidad, como en el caso acontece. Así, se determinó que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso es totalmente compatible con la Convención Americana, pues la efectividad del recurso implica que, una vez que se cumplan dichos requisitos, el órgano judicial estará en condiciones de estudiar y resolver el fondo del asunto. Lo cual permite establecer, que esta juzgadora de amparo, debe en primer término observar que se cumplan con los presupuestos y requisitos procesales que para tal efecto prevé la Constitución Federal y la propia Ley de Amparo, que lo faculten para poder analizar el fondo de la cuestión planteada. Orienta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro digital 2002139, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SUAPLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". Por tanto, el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, no puede implicar el desconocimiento de la normatividad interna que regula los presupuestos y requisitos para la procedencia del juicio de amparo, puesto que ellos a su vez, están encaminados a preservar otros derechos o intereses constitucionalmente previstos; lo que permite sostener que el reconocimiento a una tutela judicial efectiva no puede derivar en eliminar los presupuestos y requisitos para la procedencia del juicio de amparo, establecidos dentro de nuestro sistema jurídico y que son considerados por este juzgado federal al sobreseer en el juicio de amparo, al estimar que se surte la causal de improcedencia relativa a los actos intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, pues los gobernados no están exentos de satisfacer los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para que, en su caso, se estuviera en aptitud de analizar el fondo del asunto. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro digital 2005717, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." De ahí que, el juzgador federal, observando tales disposiciones, no esté obligado a resolver el fondo del asunto que se le plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro digital 2005917, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En consecuencia, se advierte que los actos reclamados materialmente no afectan derechos sustantivos y, entonces, al no ser de imposible reparación, ello hace improcedente el juicio de amparo indirecto, al quedar actualizada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo tanto, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley, respecto de tales actos y autoridad, por lo que hace al quejoso Francisco Carbajal Gómora. Ahora, por lo que concierne a Humberto Albarrán Villalva, Eduardo Cruz Domínguez y Alfredo Dávila Guadarrama, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°, fracción I y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Como se puede observar, el contenido sustancial de los artículos transcritos, puede sintetizarse de la siguiente manera: El presupuesto generador indispensable de un reclamo a través del juicio de amparo, es la afectación real y actual a la esfera jurídica del impetrante, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lógicamente, cualquier persona física o moral puede aducir dicha afectación con motivo de una norma, acto u omisión violatoria de los derechos humanos; sin embargo, tal afirmación no es suficiente para considerar que fue quebrantado el orden constitucional en perjuicio de los peticionarios, sino que tal aseveración debe estar plenamente acreditada para, ahora sí, proceder a su reparación efectiva mediante el juicio constitucional. Pensar de otro modo, nos conduciría al absurdo de afirmar que cualquier persona (lato sensu) puede obtener a través del juicio de amparo, los productos de sus pretensiones independientemente de si se vieron o no afectados en su esfera jurídica con motivo de los actos de autoridad (lato sensu). Ahora bien, la afectación a la esfera jurídica de las personas (lato sensu), puede verificarse a través de un espectro de razonabilidad definido en dos vertientes, la primera relativa a la lesión de un interés jurídico, y la segunda a través de un interés legítimo. Interés jurídico. Este puede definirse como el interés derivado del cúmulo de derechos reconocidos por las normas en beneficio de una persona determinada, es decir, presupone la existencia de la tutela jurídica de ciertos bienes (lato sensu), y por lo tanto, la coexistencia de los mecanismos jurídicos para lograr su defensa y protección, a fin de lograr las posibles reparaciones de los perjuicios que les irrogó su desconocimiento o violación. El interés jurídico no puede ser dimensionado de forma correcta sin tomar en consideración uno de los conceptos jurídicos fundamentales, a saber, el derecho subjetivo. El derecho subjetivo puede definirse como la facultad de exigir de una persona (lato sensu) una conducta positiva o negativa, es decir, de hacer o no hacer. El deber jurídico del que se habla presupone un elemento ontológico (persona), un elemento jurídico (la protección de ciertos bienes a través de preceptos normativos de observancia general), y el elemento fáctico (las circunstancias que en determinado momento pueden incidir de manera perniciosa en el ejercicio libre de dicho valor jurídicamente tutelado. Así pues, el interés jurídico, encierra en su concepción dichos elementos, a fin de hacer razonable el ejercicio de los mecanismos idóneos para la protección de los derechos tutelados en las normas jurídicas; por lo que es inconcuso que la inexistencia de un derecho subjetivo, evidentemente acarrea la inexistencia de un interés jurídico, y por lo tanto, la persona que aduce el supuesto derecho, no tendrá la capacidad otorgada por el orden jurídico para imponerse efectivamente a otro sujeto (lato sensu) a fin de lograr el respeto y protección del derecho argüido. Para efectos del juicio de amparo, podríamos entender el interés jurídico como la existencia de un derecho jurídicamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de la autoridad, (lato sensu) faculta a su titular para acudir ante el órgano de control de constitucionalidad para demandar el cese de esa violación y su plausible reparación. Es aplicable, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 217651, que establece: "INTERES JURIDICO, NOCION DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Así como la diversa jurisprudencia VI. 3o. J/26, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 220965, que establece: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Por otra parte, hay sin embargo una vertiente distinta tendente a la protección de los derechos aducidos, llamada interés legítimo. Interés legítimo. Inicialmente, debe precisarse que, para la procedencia del juicio de amparo, el interés del que se habla, fue estatuido a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contemporánea a la creación de la "nueva Ley de Amparo" de tres de abril de dos mil doce; ya que antes, solo la afectación al interés jurídico podía constituir el motivo de procedencia del juicio constitucional biinstancial. El interés del que se habla consiste en la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. Debe decirse que el agravio aducido en tal sentido, debe constituir uno diferenciado del resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto aducido como lesivo, produzca un beneficio o efecto positivo en la esfera jurídica del impetrante. En otras palabras, para que existe un interés legítimo eficaz para la procedencia del juicio de amparo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no solo como una simple posibilidad, es decir, debe existir un vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, un eventual fallo protector implique la obtención de un beneficio determinado, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la sentencia que en su caso llegue a dictarse. Ahora bien, no debemos confundir este interés con el simple, mismo que deriva de una generalización popular y su manera de concebir los conflictos de naturaleza jurídica, sino que se trata más bien del acceso efectivo a los órganos impartidores de justicia para que cesen y en su caso se reparen las lesiones a los intereses jurídicamente relevantes y, por ende, abstractamente protegidos. Otra de las notas esenciales del interés legítimo, radica en la identificación del que lo aduce bajo una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial, gremial o grupal; ante la cual, es imprescindible la labor de racionalización judicial, buscando, como lo mandata el artículo 1° constitucional, la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 50/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2007921, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Ahora bien, no debemos olvidar el contenido normativo del artículo 6° de la Ley de Amparo, para dimensionar de forma correcta la procedencia del juicio de amparo, y atribuir la técnica interpretativa correcta a la fracción XII del artículo 61 de la ley reglamentaria en comento. En síntesis, las porciones normativas en comento, acogen uno de los principios o reglas fundamentales del juicio de amparo, a saber, el de "agravio personal y directo", que como se ha dicho, puede aducirse desde las vertientes explicadas con antelación. Se dice lo anterior, puesto que la procedencia del juicio de amparo, tomando en cuenta su ratio essendi, no puede estar relacionada con cualquier pretensión o elucubración derivada del ingenio de las personas, sino con aquéllas circunstancias que efectivamente, a través del actuar inconstitucional de las autoridades (lato sensu), vulneren o restrinjan su esfera de derechos, derivados de una norma (interés jurídico), o bien afecten de manera sustancial sus derechos protegidos de manera general por el orden jurídico en la posición identificable en la que se encuentran frente a la norma (interés legítimo). Por tanto, si el principio del que se habla no estuviera contemplado por los ordenamientos jurídicos aplicables, podríamos asegurar que el juicio de amparo perdería su naturaleza y se convertiría en el paladín de cualquier interés no importando su racionalidad, su lógica y su factibilidad, despreciando los presupuestos procesales básicos como el de legitimación; en síntesis, un desorden jurídico. En ese tenor, debe decirse que las afectaciones de las que se habla, deben estar plenamente acreditadas, es decir, su comprobación es una carga procesal del quejoso, puesto que aquéllas no pueden inferirse o presumirse, sino que a través de los medios probatorios correspondientes, deben acreditarse oportunamente para que el órgano de control de constitucionalidad pueda efectivamente ordenar su cese y ordenar de ser el caso, volver las cosas al estado que guardaban antes de haberse materializado dichas transgresiones. De este modo, cobra relevancia la premisa procesal y principio general del derecho "el que afirma está obligado a probar" puesto que como se ha dicho, la sola afirmación de vulneración a los derechos fundamentales, no es suficiente para conceder la protección constitucional. En ese contexto, se considera que los quejosos Humberto Albarrán Villalva, Eduardo Cruz Domínguez y Alfredo Dávila Guadarrama, carecen de legitimación para promover la acción constitucional intentada, habida cuenta que el acto reclamado en el presente asunto no les causa agravio material personal o directo en su esfera jurídica, toda vez que la resolución emitida el dos de junio de dos mil veintidós, en el toca penal 331/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca; lo anterior, toda vez que dicho acto, derivó del cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio amparo del juicio de amparo 793/2021 y su acumulada 805/2021-III-D de esta estadística, en la que dejó insubsistente la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, emitida en dicho toca de apelación únicamente por lo que hace al acusado Pedro Alberto Medina Ortega y la víctima Francisco Carbajal Gómora, y ordenó la reposición del procedimiento, y cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO. En inicial acatamiento a la ejecutoria Federal Amparante, dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de Amparo indirecto 793/2021-III-D y su acumulado 805/2021-V, por auto de Presidencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución emitida en fecha DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, únicamente por cuanto hace a los quejosos acusado PEDRO ALBERTO MEDINA ORTEGA y víctima FRANCISCO CARBAJAL GÓMORA, lo anterior tomando en consideración que respecto a estos impetrantes los juicios de amparo fueron acumulados; misma que constituyó el acto reclamado en el Amparo que se cumplimenta. SEGUNDO. En observancia puntual de la ejecutoria Federal Amparante, al advertir una violación a la garantía de seguridad jurídica y legalidad, que se traduce en circunstancias que afectan el derecho humano al debido proceso, a la presunción de inocencia a favor del acusado PEDRO ALBERTO MEDINA ORTEGA, es procedente, declarar la nulidad del fallo impugnado y todo lo actuado en el juicio oral del que deriva esa resolución y ordenar la reposición total del procedimiento, en los términos precisados en el cuerpo de la presente resolución. TERCERO. Comuníquese al JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, la forma en que se dio cumplimiento a la ejecutoria de mérito, remitiéndole al efecto, copia certificada de esta nueva resolución. CUARTO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 63 del Código Nacional de procedimientos penales quedan notificados del presente fallo los intervinientes en ésta audiencia y quienes estaban obligados a asistir, quedan formalmente notificados de su emisión. QUINTO. Asimismo en términos de los dispuesto por los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo en vigor, atendiendo a que las ejecutorias de amparo deben de ser puntualmente cumplidas y todas las autoridades que tengan o deben tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, se requiere al juez de primer grado, proceda al cumplimiento inmediato de la presente ejecutoria, lo que de ninguna manera se vincula al hecho de que se tenga por cumplida o no la presente resolución. En su oportunidad, archívese el toca como concluido." Circunstancia que evidencia, que los quejosos Humberto Albarrán Villalva, Eduardo Cruz Domínguez y Alfredo Dávila Guadarrama, si bien son parte del juicio de origen, no tienen un interés legítimo para reclamar la resolución de dos de junio de dos mil veintidós, en el toca penal 331/2021 del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca; toda vez que, como ya ha quedado asentado en supralíneas, dicha determinación derivó del cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el juicio amparo del juicio de amparo 793/2021 y su acumulada 805/2021-III-D de este índice (y de los cuales no fueron parte), pues la resolución que reclamada que dejó insubsistente la diversa de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, únicamente fue respecto al encausado Pedro Alberto Medina Ortega y la víctima Francisco Carbajal Gómora, y no por los quejosos en cita, por lo que para dichos quejosos se encuentra vigente y se rigen por la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, y no así por la de dos de junio de dos mil veintidós, que ahora reclaman. No obstante, ello resultaría insuficiente para acudir al presente juicio de amparo, pues como se precisó anteriormente, debe acreditarse una afectación a derechos reales o sustantivos, de otro modo cualquier persona, en cualquier situación podría acudir al juicio de amparo, lo que en modo alguno es la finalidad dela existencia del juicio constitucional. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2012364, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°, fracción I y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, por lo que hace a los quejosos Humberto Albarrán Villalva, Eduardo Cruz Domínguez y Alfredo Dávila Guadarrama. Finalmente, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, impide a esta juzgadora el estudio de los conceptos de violación que atañen a las cuestiones de fondo. Es aplicable, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior integración, publicada en la página 88, tomo 187-192, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Humberto Albarrán Villalva, Eduardo Cruz Domínguez, Alfredo Dávila Guadarrama y Francisco Carbajal Gómora, contra el acto y autoridad precisados en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso sexto del presente fallo. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil veintidós. AUTORIDAD INFORMA DOMIICILIOS Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, por medio del cual, en cumplimiento al auto de veinte de julio pasado, remite los datos en el que puede ser localizado el tercero interesado Pedro Alberto Medina Ortega, e informa los datos de localización de las partes que intervinieron en los autos del toca de apelación 331/2021. Atento a lo anterior, este juzgado toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante, sin que se haga mayor pronunciamiento respecto al tercero interesado Pedro Alberto Medina Ortega, en virtud que en auto de nueve de agosto pasado, se tuvo por emplazado a juicio. Por tanto, se tiene por cumplimentado el requerimiento a la oficiante y sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe. Jueza de Distrito. La Secretaria. EAR/NPC
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