Francisco Caballero Green

Expediente 790/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
790/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Baja California, Mexicali
  • Francisco Caballero Green

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, once de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, atento a su contenido, se le tiene informando que se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, el cual quedó registrado con el número que indica. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Asimismo, con apoyo en dicho acuerdo se establece que el cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis del considerando vigésimo primero, fracción I; por lo que se señala como fecha probable para tales efectos el catorce de mayo de dos mil veintiséis. Por último, se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el catorce de mayo de dos mil veinticuatro. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio remitido por la superioridad, con el cual envía testimonio de la resolución emitida en el impedimento 1/2021 de su índice, en el que se resolvió: "ÚNICO. Se califica de legal el impedimento planteado por el juez Francisco Caballero Green, para conocer del juicio de amparo indirecto 790/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado, con residencia en Tijuana." Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En ese tenor, fórmese cuaderno de antecedentes, y remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que por su conducto sea remitido al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en turno en el Estado de Baja California, en esta localidad, con salvedad de este órgano jurisdiccional, a fin de que se avoque a su conocimiento. En mérito de lo anterior, se reserva enviar al archivo hasta en tanto se tenga conocimiento del tribunal al que corresponderá el conocimiento de este asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Caballero Green, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 31 y 115 constitucionales; por lo tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 790/2020-E. Impedimento Del examen de la demanda de amparo, se advierte que figura como parte quejosa Francisco Caballero Green, quien a su vez desempeña el cargo de Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por tanto, el suscrito juzgador se estima impedido para conocer del juicio de derechos humanos instado, por los motivos que a continuación se expresarán. Como premisa inicial, debe decirse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, las personas cuentan con la prerrogativa de acceder a una justicia pronta, expedita e imparcial. Tal mandato constitucional motivó la creación de normas jurídicas que regulan supuestos en los que quienes ejercen la labor jurisdiccional deben excusarse de conocer los juicios en que su imparcialidad pudiese verse afectada desde una perspectiva subjetiva, esto es, por circunstancias atinentes a la propia persona a la que corresponde conocer del asunto sometido a su discernimiento. Por cuanto a la legislación procesal que rige el juicio de derechos humanos, tales supuestos se encuentran materializados en el artículo 51 de la Ley de Amparo, que dispone los siguientes motivos de excusa: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." [Énfasis añadido]. Así, el suscrito me encuentro impedido para tramitar y resolver el juicio de amparo sometido a mi conocimiento, pues se actualiza el supuesto a que hace referencia la fracción II del artículo antes transcrito, dado que figuro como parte quejosa, y al cuestionar la constitucionalidad de las normas a que se hace referencia y actos reclamados de la demanda de derechos fundamentales que presenté se tiene un interés personal en el asunto, viéndose afectada la imparcialidad de este juzgador. Circunstancia que, al tenor del principio de justicia imparcial, instrumentado en el artículo 51, fracción II, de la Ley de Amparo, me vincula a hacer lo anterior del conocimiento del Tribunal Colegiado en turno del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, remitiéndole al efecto el original del juicio de amparo en que se actúa, para que resuelva sobre el impedimento planteado; hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la constancia de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción para notificar a la parte quejosa el auto de veinticinco de noviembre del actual, por las razones ahí expuestas. Por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, realícese por lista la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta localidad. ...Tijuana, Baja California, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el pretendido cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, es imperativo analizar las constancias relativas para determinar si la ejecutoria de amparo ha sido cumplida o no. En el presente asunto, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Silvia Margaín Martínez, para los efectos siguientes: "[.] lo procedente es conceder la protección de la justicia federal solicitada por Silvia Margaín Martínez, en contra del acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana para los ejercicios fiscales dos mil doce a dos mil diecisiete, para los efectos siguientes: Se calcule el impuesto predial por el año de dos mil diecisiete, en razón del monto de menor cuantía respecto de las Tablas de Valores Catastrales Unitarios para el Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil doce, aplicando las cantidades de menor cuantía, señaladas para la respectiva subclasificación de calidad y estado de conservación. Y como consecuencia, se devuelvan las diferencias existentes entre lo pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía respecto de las Tablas de Valores Catastrales Unitarios para el Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil doce. [.] En el entendido que la autoridad que recaudó contribuciones con base en ella, es decir, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, está obligada a devolver a la parte quejosa las diferencias enteradas en acatamiento de dichas normas, específicamente en cuanto al pago de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, del inmueble con clave catastral AC-011-001 a nombre de Silvia Margain Martínez, que fue el primer acto de aplicación de la [sic] normas [.]." Una vez que causó ejecutoria la sentencia se requirió a la autoridad vinculada para que diera cumplimiento con el fallo protector de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En atención con lo solicitado, la responsable comunicó haber dado cumplimiento con la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias conducentes para acreditar su aserto; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, del examen de las documentales remitidas se colige que la ejecutoria de amparo no ha quedado cumplida, virtud que existe una diferencia entre la cifra enterada por la quejosa y la resultante de las operaciones aritméticas realizadas por la autoridad, así como con los ejercicios aritméticos efectuados por este juzgado, tomando en consideración el monto de menor cuantía relativa a la subclasificación de calidad y estado de conservación del inmueble establecido en las Tablas de Valores Catastrales Unitarios para el Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2012, siendo que la discrepancia a devolver a la quejosa se obtiene de los ejercicios matemáticos que a continuación se exponen. De inicio a las operaciones aritméticas para determinar la cifra que debió pagar la parte quejosa, virtud del impuesto predial del ejercicio fiscal de 2017, se debe multiplicar la superficie total del terreno y la de construcción por el valor unitario asignado, por metro cuadrado y por el de construcción, respectivamente, los cuales se obtienen del recibo de pago, ejercicio que se ejemplifica con el cuadro siguiente: Superficie de terreno Valor unitario Resultado Total 9,075.23 mts2 $2,250.00 $20´419,267.50 Construcción 5,732.86 mts2 $1,035.00 $5´933,510.10 Así, una vez obtenido el valor unitario de la construcción, en acatamiento a la sentencia amparadora se multiplica la cifra emanada por el monto de menor cuantía relativo a la subclasificación de calidad y estado de conservación del inmueble establecido en las Tablas de Valores Catastrales Unitarios para el Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2012, consistente en 0.129, operación aritmética que se ilustra en el recuadro que se inserta a continuación: Valor unitario de construcción Estado de conservación Resultado $5´933,510.10 0.129 $765,422.80 Ahora, al resultado obtenido se le aplicará un 25% (veinticinco por ciento), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4°, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2017, que a la letra dice: "Artículo 4°.- El Impuesto Predial, se causará de acuerdo a lo que se establece en la Ley de Hacienda Municipal y Ley del Catastro Inmobiliario, ambas del Estado de Baja California, así como en el Reglamento de la Ley Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California para el Municipio de Tijuana, Baja California, de conformidad con la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, elaborado por el Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario de Tijuana, y aprobadas por el H. Congreso del Estado de Baja California. [.] Para efectos del cálculo del Impuesto Predial se obtendrá del valor catastral de los inmuebles sobre los cuales se cause dicho impuesto, aplicando el valor unitario de terreno que le corresponda adicionado con el producto que resulte de aplicar un 25% (veinticinco por ciento) del valor unitario de construcción que le corresponda conforme a la Tabla de Valores Catastrales Unitarios Base del Impuesto Predial vigente para dicho ejercicio fiscal en el Municipio de Tijuana [.]" [Énfasis añadido]. Lo antes expuesto, se ilustra en la tabla siguiente: Valor unitario de construcción de conformidad con el estado de conservación Artículo 4° de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2017 Resultado $765,422.80 25% $191,355.70 El resultado obtenido debe sumarse al valor unitario total del terreno, para así obtener el valor base del inmueble, tal y como se instruye a continuación: Valor unitario total del terreno Resultado del 25% aplicado al valor de construcción Resultado=valor base $20´419,267.50 $191,355.70 pesos $20´610,623.20 Así, una vez que se obtiene el valor base del inmueble, se multiplica por la tasa general aplicable a todos los predios ubicados dentro del municipio de Tijuana, consistente en el 3.30 al millar, lo anterior con fundamento en el artículo 4° citado, lo que se ilustra en el recuadro siguiente: Resultado=valor base Tasa general aplicable a todos los predios ubicados dentro del municipio de Tijuana Resultado=Impuesto Predial $20´610,623.20 3.30 al millar $68,015.06 Ahora, a la cifra correspondiente al impuesto predial se le pueden realizar los descuentos previstos en el artículo 7° de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2017, que en su parte conducente establece: "Artículo 7°.- Los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial durante los primeros tres meses del año, gozarán de la reducción de un 12% (doce por ciento) en el mes de enero, un 10% (diez por ciento) en el mes de febrero y un 6% (seis por ciento) en el mes de marzo, del monto del impuesto total anual en una sola exhibición [.]" [Énfasis añadido] Lo antes expuesto, se ilustra en la tabla que se inserta a continuación: Impuesto predial Descuento del 10% virtud que la fecha de pago del impuesto predial fue el 10/febrero/2017 Resultado $68,015.06 $6,801.50 $61,213.56 Por otro lado, a la cantidad determinada como impuesto predial se le debe agregar el "Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional", así como el diverso "Impuesto para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura", previstos en los numerales 10 y 12 de la citada ley, que en lo conducente establecen lo siguiente: "Artículo 10.- Este impuesto se causará a razón del 20% (veinte por ciento) sobre el monto de los demás impuestos [.]". "Artículo 12.- Este impuesto se causará a razón del 10% (diez por ciento) sobre el monto de los demás impuestos [.]". Las operaciones matemáticas respectivas, se ilustran en las tablas que se insertan a continuación: Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional Impuesto predial Artículo 10 Resultado $61,213.56 20% $12,242.71 Impuesto para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura Impuesto predial Artículo 12 Resultado $61,213.56 10% $6,121.35 Ahora, la cantidad total a enterar por concepto de impuesto predial en el ejercicio fiscal de 2017, resulta de la suma de las cifras obtenidas por cada uno de los gravámenes arriba expuestos, la cual se ilustra en la tabla siguiente: Impuesto predial Artículo 10 Artículo 12 Resultado $61,213.56 $12,242.71 $6,121.35 $79,577.62 Finalmente, al resultado obtenido se le suma el "DONATIVO VOLUNTARIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA", lo que genera la cifra real a pagar por el impuesto predial para el ejercicio fiscal de 2017, cantidad que se logra del ejercicio matemático siguiente: Impuesto predial Donativo voluntario a la Cruz Roja Mexicana Resultado $79,577.62 $34.00 $79,611.62 De lo hasta aquí expuesto y con base en las operaciones aritméticas realizadas, se logra la cantidad que debió enterar la quejosa por concepto del impuesto predial para el ejercicio fiscal de 2017, en relación con la clave catastral AC-011-001, la cual consiste en la cifra de $79,611.62 (setenta y nueve mil seiscientos once pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), suma que debe confrontarse con los $93,802.00 (noventa y tres mil ochocientos dos pesos, moneda nacional), con la cual en su momento se cubrió el citado tributo, lo anterior se ilustra con el ejercicio siguiente: Cantidad resultante de las operaciones aritméticas Cantidad pagada (foja 20) Saldo a favor de la quejosa $79,611.62 $93,802.00 $14,190.38 Sin embargo, de las constancias que integran el presente controvertido constitucional, se obtiene que a la agraviada se le han entregado dos cheques, los cuales se identifican en la tabla siguiente (asimismo, se describe la fecha de recepción y la cantidad que cada uno de los títulos ampara): Cheque número Fecha de recepción Cantidad 0143779 1/marzo/2018 (foja 262) $10,717.00 0154791 1/febrero/2019 (foja 330) $1,858.00 En consecuencia, al existir una diferencia entre la cantidad enterada por la impetrante y la suma devuelta por la autoridad responsable, se concluye que no se ha acatado en su integridad el fallo protector, lo que se describe en la tabla inserta a continuación: Saldo a favor entre la suma enterada por la quejosa y la que debió pagar Cantidad devuelta, por la autoridad vinculada a través de dos cheques Resultado $14,190.38 $12,575.00 $1,615.38 En tal contexto, se requiere nuevamente a la autoridad vinculada, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, informe lo relativo al acato del fallo protector en su totalidad, y en su caso, remita las constancias que así lo acrediten, las cuales deberán contener un desglose pormenorizado de las operaciones aritméticas en que sustente su determinación, y en caso de considerar que la cifra a devolver de $1,615.38 (mil seiscientos quince pesos con treinta y ocho centavos, moneda nacional), es sujeta de algún ajuste o redondeo, deberá hacerlo del conocimiento de este tribunal, cifra que deberá reportarse con su debida actualización. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 592, febrero de 2008, tomo XXVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que transcurra el término concedido a la autoridad vinculada, dese nueva cuenta para acordar lo conducente...

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