Francisco Beckmann Vidal

Expediente 216/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
216/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
04/07/2018

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Baja California
  • Francisco Beckmann Vidal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en atención a su contenido, se le tiene informando que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado federal para conocer del presente juicio. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, envíese al archivo. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su punto decimoprimero del acuerdo de referencia, relativo a la tranferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relavancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero del citado acuerdo. En consecuencia, hágase la anotación correspondinete en la carátula del expediente. Asimismo, con apoyo en dicho acuerdo se establece que el cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis del considerando vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tales efectos el nueve de julio de dos mil veintitrés. Finalmente, se establece el nueve de julio de dos mil veintiuno, como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Notifíquese.Así, lo acordó y firma el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido de la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/ARFC/vmmr

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 216/2018, promovido por Francisco Beckmann Vidal, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, residente en Tijuana, Francisco Beckmann Vidal, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- H. Congreso del Estado de Baja California; b).- Gobernador Constitucional del Estado de Baja California [.]." "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Del H. Congreso del Estado de Baja California: 1. Se reclama la aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2018, en lo que se refiere al sistema tributario que establece el pago del Impuesto predial; y del Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional, en particular el texto actual de los artículos 2, 6 y 7, de la mencionada Ley de Ingresos municipal. 2. Se reclama la aprobación y expedición del Decreto Legislativo 186, que aprueba la Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial, del Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2018 [.]." Como derechos fundamentales violados, citó los contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, registrándola con el número 216/2018; mediante proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 18 a 20), se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, no es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo en comento establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente: a) La primera regla tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquel tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del asunto recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de materializarse, se esté ejecutando o se haya concretado el actuar de la autoridad combatido. Señalamiento con el presupuesto lógico de que el citado acto, por su índole, para cumplimentarse requiera necesariamente de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la que lo haya expedido. b) La segunda regla contempla que tratándose de actos reclamados cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y continúe en otro, o pueda tener ejecución en más de un distrito, el juez competente será ante el que se presente la demanda. c) La tercera regla establece que cuando la actuación reclamada mediante el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente para deducirlo el juez de distrito ante el que se haya promovido la vía de control constitucional. Es menester precisar, que a fin de fijar la competencia de un juez de distrito para conocer de un juicio de amparo, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado; es decir, si éste es meramente declarativo, si por el contrario, requiere de ejecución material, para luego de ello, seguir las reglas que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. En el particular, el quejoso reclama del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y de otra autoridad, la sediciente inconstitucionalidad de diversos numerales de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, asi como el Decreto 186 por el que se aprobaron las Tablas de Valores Catastrales Unitarios, base del impuesto predial para el Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal de referencia, lo cual realizó como normas heteroaplicativas, esto es, con motivo de un acto concreto de aplicación, mismo que el impetrante refiere acreditar con copia certificada del recibo de pago 79 de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, correspondiente al inmueble identificado con la clave catastral 00-ZI001001 (foja 17). Documento público que merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y del que se advierte que el acto de aplicación de las normas reclamadas se ejecutó en la ciudad de Mexicali, Baja California, en tanto que en aquélla demarcación territorial se llevó a cabo materialmente el pago del impuesto predial que regulan las disposiciones que se tildan de inconstitucionales. En mérito de lo expuesto, es inconcuso que se está ante la primera hipótesis de competencia a que se refiere el artículo 37 de la Ley de amparo, virtud de que se trata de normas generales que se reclaman con motivo de un acto de aplicación, el cual se verificó fuera de los límites territoriales en los que este juzgado ejerce jurisdicción, y por ende, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para resolverlo por razón de territorio. En apoyo a lo anterior se cita, en lo conducente, la tesis V.2o.P.A.3 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, página 2054, libro XIX, abril de 2013, tomo 3, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA LEY HETEROAPLICATIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA APLICÓ, NO OBSTANTE QUE NO HAYA SIDO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece las reglas que deben observarse para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, una de las cuales, según su párrafo primero, establece que si el acto reclamado es susceptible de ejecución, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde aquél deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Sin embargo, ni el citado dispositivo ni algún otro aplicable al caso, disponen que las reglas para determinar la indicada competencia territorial, aplicarán siempre y cuando la autoridad involucrada en algún grado de ejecución del acto impugnado, hubiera sido señalada como responsable en el juicio de amparo. Consecuentemente, si se impugna la constitucionalidad de una ley heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra, por razón de territorio, el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que aplicó dicha norma, no obstante que aquélla no hubiera sido señalada como responsable, pues de otra manera, se dejaría al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, por el solo hecho de no señalar como autoridad responsable a aquella que aplicó la ley." En ese tenor, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, primer párrafo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para dictar sentencia en el juicio de amparo en que se actúa por cuanto al acto reclamado relacionado en el presente considerando, y declina competencia a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Sin que obste que este juzgado haya tramitado el presente juicio de amparo, toda vez que la competencia es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que debe resolverse en cualquier etapa del procedimiento. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo, y en virtud de que esta resolución no es recurrible por las partes, una vez notificada la presente resolución, de inmediato se ordena enviar las constancias que integran el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Se solicita al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, se sirva enviar el acuse de recibo correspondiente y, en su caso, de conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, informe a este juzgado si acepta la competencia para el conocimiento del presente asunto. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia 35/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 46, junio de 1997, tomo V, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA, DICTADA EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO ES RECURRIBLE EN REVISIÓN. Es improcedente el recurso de revisión hecho valer en contra de la resolución de un Juez de Distrito que declina en la audiencia constitucional su competencia a favor de un Juez Federal de otro Circuito, en virtud de que tal hipótesis no encuadra dentro de los supuestos contenidos en el artículo 83 de la Ley de Amparo, toda vez que no resuelve en definitiva la instancia, concediendo, negando o sobreseyendo en el juicio de amparo. Además, se trata de procedimientos diferentes contenidos dentro del ordenamiento jurídico mencionado y que se pueden suceder en el trámite de un juicio de garantías; el que resuelve la litis constitucional cuyo interés, por ser de orden público, compete a las partes y sobre el cual el Juez de Distrito determina la procedencia de las pretensiones reclamadas; y otro especial de orden preferente, que es el relativo al ámbito de las facultades que la ley otorga al Juez para resolver dentro del orden de su competencia, y en el que intervienen únicamente los órganos federales, sin que se conceda participación alguna a los particulares." Criterio aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, carece de competencia legal para seguir conociendo y resolver en definitiva el juicio de amparo número 216/2018 promovido por Francisco Beckmann Vidal, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y de otra autoridad. SEGUNDO. Remítanse los autos al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por las razones asentadas en esta resolución. TERCERO. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, hasta hoy trece de junio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante la licenciada América Yanet Ruiz Ríos, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    hago constar que en atención al estado de autos y toda vez que la PARTE QUEJOSA no ingresó al sistema integral de seguimiento de expedientes del Poder Judicial de la Federación, a efecto de notificarse de la sentencia de trece de junio del año en curso, emitida en autos del expediente que al rubro se anota; en consecuencia, se tiene por hecha la notificación de la citada resolución, de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, por no haber consultado el expediente electrónico en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el plazo correspondiente. De lo anterior, se levanta la presente constancia para todos los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 9° de la Ley de Amparo, se le tiene designando delegados de su parte, a los profesionistas que menciona en el informe de referencia. Notifíquese.

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