FRANCISCO BOHORQUEZ PEREZ y Otros.
Expediente 1794/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 25 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1794/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- FRANCISCO BOHORQUEZ PEREZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
" . . . Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Datos de la demanda. Vista la demanda promovida por Francisco Bohórquez Pérez, contra actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia en San Pedro Pochutla, Oaxaca y la titular de la Visitaduría número tres adscrita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; al efecto se provee: SEPARACIÓN DE JUICIOS. En la Ley de Amparo no existe disposición expresa que regule la separación de juicios; sin embargo, resulta jurídicamente posible aplicar el numeral 66 de ese ordenamiento legal, que dice: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". Del texto legal transcrito, se aprecia que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental cuando ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento constitucional, salvo cuando a juicio del órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, sea menester resolverlo de plano, a efecto de hacer realidad el principio de justicia pronta consagrado en el numeral 17 Constitucional. En torno al tema de separación de juicios, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe pronunciamiento al resolver la contradicción de tesis 6/96 , de cuya ejecutoria derivaron diversas jurisprudencias que son aplicables al caso. Cabe precisar que a partir de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, se implementó un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, dentro del que predomina el principio de oralidad como herramienta para agilizar y transparentar la actividad jurisdiccional en nuestro país; procedimiento en el que destacan los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con lo que se abandona un sistema de justicia penal "mixto-inquisitivo" rebasado en muchos aspectos operativos. En el caso, el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, consiste en la omisión de dar trámite al recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en el expediente penal 6/2012 y la omisión de remitir dicho recurso al tribunal de alzada. Así como, el diverso acto atribuido a la titular de la Visitaduría número tres adscrita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de dar trámite y resolver el instructivo de responsabilidad 485/2016. Actos que se advierten desvinculados entre sí, pues se refieren a diversos expedientes incoados por distintos actos y autoridades. Corolario de lo anterior, con apoyo en el citado numeral 66 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar de manera oficiosa la separación material de los autos, por lo que, deberá instrumentarse lo necesario para que en este expediente de amparo 1794/2016 se tramite únicamente lo relativo al acto reclamado por el quejoso Francisco Bohórquez Pérez, contra el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, consiste en la omisión de dar trámite al recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en el expediente penal 6/2012 y la omisión de remitir dicho recurso al tribunal de alzada. Luego, al tratarse los actos reclamados de actos desvinculados entre sí, cuya competencia corresponde al juez de distrito que ejerce jurisdicción sobre tales autoridades, se ordena formar diverso juicio en el que se conozca del acto reclamado por el quejoso, atribuido a la titular de la Visitaduría número tres adscrita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de dar trámite y resolver el instructivo de responsabilidad 485/2016. En razón de lo anterior, este órgano de control constitucional, a fin de evitar mayores dilaciones en la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, determina realizar de manera oficiosa la separación de juicios con la formación del diverso juicio constitucional, integrado con copia certificada de las constancias necesarias de este juicio; el restante juicio formado, mismo que se ordena enviarlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, para su registro correspondiente; hecho que sea, radíquese en este juzgado, y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponda y provéase lo conducente. Radicación y desechamiento. En otro orden; vista la demanda de amparo promovida por Francisco Bohórquez Pérez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en San Pedro Pochutla, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1794/2016. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia en San Pedro Pochutla, Oaxaca, la omisión de dar trámite al recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en el expediente penal 6/2012 y la omisión de remitir dicho recurso al tribunal de alzada, acto contra el cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". De la lectura del precepto transcrito se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, ya que éste es un juicio extraordinario al que sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. De modo que, cuando exista un recurso por el cual el acto reclamado sea susceptible de modificarse, anularse o revocarse y no se haya impugnado con antelación a la promoción de amparo, el acto reclamado carece de definitividad y, por consiguiente, el juicio de amparo se torna improcedente. La regla de la definitividad, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Ahora bien, en el caso a estudio, el quejoso se duele de la denegación de acceso a la impartición de justicia en el trámite de su recurso (por demora) en la causa penal 6/2012, acto contra el cual previamente a la interposición del juicio de amparo debió promover el recurso de queja establecido en el artículo 546, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales, vigente en el Estado, y como no lo hizo, es claro que no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado que se hace consistir en la omisión injustificada de dar trámite al recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en el expediente penal 6/2012 y la omisión de remitir dicho recurso al tribunal de alzada; es improcedente, pues debió impugnarlo mediante el recurso de queja que prevé el código procesal en comento, en el referido artículo. Luego, si en la especie, contra dicho acto, procede un recurso ordinario, como ya quedó establecido, y éste no fue agotado por parte del quejoso, es claro que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada; aunado a que la determinación combatida en esta instancia no se encuentra señalada como excepción al principio de definitividad por la ley, ni por la jurisprudencia de los tribunales federales; y por consiguiente, procede desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo en relación a dicho acto. Apoya la anterior consideración, por su contenido, la jurisprudencia 1ª/J 113/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Y por su contenido, la jurisprudencia 1ª/J 44/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Es pertinente apuntar además, que no constituye un impedimento para analizar los aspectos técnicos del juicio de amparo, el principio pro persona, pues, no se prevén ignorar sus requisitos de procedencia, máxime que al establecerse la posibilidad de anular el acto reclamado por la ley ordinaria, se otorga al quejoso el acceso a la tutela judicial efectiva. Apoya a lo anterior, tesis aislada 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Así como la diversa tesis aislada 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 525 Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente únicamente en relación al acto que en esta contienda se analiza, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda. Autorizados. Téngase por autorizadas en los términos que refiere a las personas que indica. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia al aquí quejoso, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia . Consulta expediente electrónico. Se hace del conocimiento de la parte que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. MESA AMPARO V-B
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