Francisco Bohorquez Pérez

Expediente 652/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
652/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
22/08/2018

Partes del expediente

  • Francisco Bohorquez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mesa de Amparo III-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Se declara que la resolución por la que se sobreseyó en este asunto ha causado ejecutoria. Archívese el expediente principal como asunto concluido. Como en este juicio se sobreseyó en el juicio, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 652/2018, promovido por Francisco Bohórquez Pérez, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de Francisco Bohórquez Pérez, los Magistrados que integran la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, han sido omisos en resolver el recurso de apelación correspondiente al toca penal 43/2018. Por ello, considera que se viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Francisco Bohórquez Pérez presentó un escrito el veintidós de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual promovió juicio de amparo indirecto contra los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de quienes reclamó la omisión para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en la que le fue negada la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta. La demanda de amparo fue remitida por razón de turno al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien a su vez se declaró incompetente para conocer de la misma, al considerar que este Juzgado Quinto de Distrito tuvo conocimiento previo de los actos reclamados en el juicio natural de donde deriva el nuevo acto reclamado, por lo que este órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y registró el juicio de amparo con el número 652/2018 y fue admitido el veintisiete de junio de dos mil dieciocho. La audiencia constitucional se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse, precisamente, de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de Francisco Bohórquez Pérez que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". LEGITIMACIÓN Francisco Bohórquez Pérez se encuentra legitimado para acudir a la presente instancia constitucional a impugnar la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, dentro del toca penal 43/2018, ya que tiene reconocido en este último el carácter de recurrente. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama de los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La omisión para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en la que le fue negada la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir su informe con justificación aceptaron la existencia de la omisión que les fue reprochada, manifestando al respecto que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo aún no se resolvía el toca penal 43/2018, relativo al recurso de apelación formulado por el procesado Francisco Bohórquez Pérez, contra la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante la cual se declaró improcedente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 06/2012, que se le instruye por los delitos de asalto y robo específico, cometido en perjuicio patrimonial de Zenen Ramos Castellanos y Felicitas Cabrera García, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca; asimismo que por auto de catorce de junio del año en curso, se declaró admisible el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso, el cual se resolvió el once de julio de dos mil dieciocho, confirmándose el resolución combatida. De lo anterior, queda en evidencia que a la fecha de la presentación de la demanda aquella omisión subsistía. Aunado a lo anterior, la existencia de la aludida omisión queda patentizada con el contenido de las copias certificadas que remitió la propia responsable adjuntas a su informe, actuaciones que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque se trata de documentos públicos emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En la especie, de oficio se advierte que el acto atribuido a los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en la que le fue negada la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las constancias que obran en autos se advierte que ha cesado en sus efectos. A efecto de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente:  La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo.  Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo.  O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En el caso concreto, el quejoso reclamó de los Magistrados que integran la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la omisión de resolver el recurso de apelación que interpuesto contra la resolución dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca, por medio del cual le negó la modificación de la medida cautelar de Prisión Preventiva que le fue impuesta. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el once de julio de dos mil dieciocho, dictaron la resolución correspondiente en el toca penal 43/2018, por medio de la cual se confirmó la determinación de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciada en la causa penal 06/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, y de cuya omisión se dolía el peticionario, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada en el presente juicio respecto del acto impugnado a los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Por lo que respecta a la falta de emplazamiento al presente juicio de los terceros interesados Zenen Ramos Castellanos y Felicitas Cabrera García, es necesario establecer que en atención a la conclusión alcanzada en los párrafos que anteceden, el suscrito considera que tal situación no les causa ningún perjuicio al haberse sobreseído en el presente juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 41/98, de rubro siguiente: "TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA EJECUTORIADA Y QUE AFECTA CLARAMENTE SUS DERECHOS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL CONTADO A PARTIR DE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA". DECISIÓN En esas condiciones, ante la constatación de un impedimento jurídico, lo que procede en este asunto es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisco Bohórquez Pérez, en contra de los actos reclamados a los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado IX de esta sentencia. Notifíquese personalmente (SE NOTIFICO POR LISTA)

  3. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito considera que debe diferirse la audiencia constitucional que estaba programada para el día de hoy. La razón esencial: se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere al artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a la vista concedida a las partes en auto de trece de julio del año en curso, notificado en esta propia fecha; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las diez horas con cincuenta minutos del treinta de julio de dos mil dieciocho. Por otra parte, agréguese el escrito señalado en la cuenta y téngase a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado de distrito formulando sus alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase, en su oportunidad, copia certificada de la resolución que se dicte en este asunto. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria Miriam Fabiola Núñez Castillo, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y téngase como prueba de los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la documental que remiten para al efecto, consistente en copia certificada de la resolución dictada el once de julio de dos mil dieciocho, en el toca penal 43/2018, por medio de la cual se confirmó la determinación de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciada en la causa penal 06/2012, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca. Con lo anterior dese vista a las partes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Leonel Medina Rubio, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la secretaria Miriam Fabiola Núñez Castillo, que autoriza y da fe.

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