Francisco Beckmann Vidal

Expediente 377/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 60 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
377/2019
Año
2019
Actuaciones
60
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Francisco Beckmann Vidal
  • María Patricia Orozco Magallón
  • Juez de Control de la Unidad Tijuana la Mesa, del Poder Judicial de Baja California, También Conocido Como Juez de Control del Poder Judicial de Baja California, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 60.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa a fin de que realizara manifestaciones en relación con el cumplimiento dado al fallo protector por las autoridades responsables; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, procede a resolver si está o no cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente asunto. Mediante sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno por este órgano jurisdiccional y confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, a efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ''Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para los efectos siguientes: 1. La autoridad responsable convoque a las partes para el desahogo de una audiencia, en la que deberá dejar insubsistente la resolución de cinco de abril de dos mil diecinueve, en los autos del cuaderno preliminar ********************. 2. En la citada audiencia deberá dejar intocadas las intervenciones de las partes previas a la emisión de la resolución. 3. Conforme a los lineamientos planteados en la presente ejecutoria, deberá realizar lo siguiente: 3.a. Determinar, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Código Penal para el Estado de Baja California, la naturaleza del delito de administración fraudulenta, es decir, si por la forma de consumación es instantáneo, continuado o permanente. 3.b. Una vez precisada la naturaleza del delito, deberá establecer la fecha de consumación; y, 3.c. Con libertad de jurisdicción y atendiendo a los planteamientos formulados por las partes, deberá analizar si, en el presente caso, se actualiza o no la figura jurídica de la prescripción de la acción penal con motivo de la querella presentada el nueve de marzo de dos mil diecisiete, por el representante legal de ******************** y resolver la cuestión planteada.'' Por lo que, en cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante oficio NSJP/US/07482/2022, recibido el veintiocho de junio de dos mil veintidós, anexó registro de audio y video de la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, celebrada en cumplimiento al fallo protector dictado en autos. Del disco en cita, en relación con el punto uno del fallo protector, se desprende que la Juez de Control, manifestó lo siguiente: ''Fuimos convocados a este audiencia a fin de dar cumplimiento a un fallo protector decretado por la autoridad federal, por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad de Tijuana, dentro del juicio de amparo número 377/2019-I, entonces voy a proceder a dar cumplimiento puntualmente a lo ordenado precisamente en la consideración séptima de la resolución emitida por la autoridad federal, en el caso como número uno señaló que se convocara a esta audiencia para proveer lo conducente, ya se ha dado cumplimiento pues por eso nos encontramos hoy en este momento; seguidamente, siguiendo el planteamiento de la autoridad federal, este Tribunal deja insubsistente la resolución emitida por esta juzgadora el cinco de abril de dos mil diecinueve, en audiencia pública celebrada dentro del cuaderno preliminar ********************.'' Con lo que se estima cumplido el punto 1 del fallo protector. Luego, en relación con el punto dos, se obtiene: ''Como punto número dos, habiendo escuchado los argumentos expuestos por las partes en aquella ocasión, en aquella audiencia, dejó intocadas cada una de las intervenciones del fiscal, de la defensora pública que acudió en ese momento, así como del asesor jurídico que compareció en aquella ocasión, estando presente lo recuerdo la parte ofendida, entonces se dejan intocadas cada una de sus manifestaciones, sobre las cuales esta juzgadora va resolver.'' De lo que se obtiene que la autoridad responsable dio cumplimiento al punto 2 de los efectos. Así, en relación con el punto número tres, se desprende: ''Paso al punto número 3 y por consiguiente al punto 3.a, determinar, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Código Penal para el Estado de Baja California, la naturaleza del delito que señalo el asesor jurídico motivo de la denuncia que interpuso y dio origen al número único de caso ya precisado y a este cuaderno preliminar, es de la naturaleza del delito, si es instantáneo, continuo o permanente, bien, en ese sentido me pronuncio que escuche en los argumentos expuestos por las partes, que se presentó querella en su momento, por el delito de administración fraudulenta y lo que resulte, petición que señala se hizo ante la fiscalía, anteriormente ministerio público, procuraduría general de justicia en el estado o Fiscalía General en el Estado, bien, este delito está previsto en el artículo 222 del código penal y se sujeta a las reglas que se precisan en el diverso 223 de dicho código represivo estatal, es decir, es un delito perseguible por querella, ante esta circunstancia, se establece que el diverso numeral 97 en su fracción VIII, de dicho ordenamiento legal, que se podrá, en el caso decretar la extinción de la acción penal por las hipótesis que ahí se contengan, en el caso en la fracción VIII, se precisa que será por la prescripción de la acción penal, es decir por el transcurso del tiempo sin el ejercicio de la acción penal o haberse interpuesto un requisito de procedibilidad fuera de tiempo, bien, se precisa que este delito de administración fraudulenta por parte de este tribunal, efectivamente acorde al numeral 113 del multicitado código penal estatal y concordando con el asesor jurídico en sus argumentos, resulta ser de carácter o de naturaleza, forma o comisión permanente, como lo precisa la fracción IV de este dispositivo legal 113 del código penal, esto es así, pues se excluye el delito en su consumación instantánea y continuado, esto es así, porque a criterio de este tribunal, la consumación de este delito de administración fraudulenta, se prolonga en el tiempo en el que precisamente se realiza la última conducta, en que cesa la conducta delictiva, no es a través de diversas conductas, que lesionan un mismo bien jurídico, es una sola conducta que se actualiza a través del tiempo, sino que es la voluntad del actor que se vincula estrechamente, es dependiente de la consumación que se prologa en el tiempo y se traslada en el tiempo, hasta en tanto acontezca un evento por el que se hace la conducta delictiva, no es instantáneo, reitero, pues su consumación en estos casos ya lo ha dicho la corte, ocurre en un solo instante, cuando sus efectos dañinos sean incluso durables pero su consumación se agota al momento en que se han realizado todos los elementos constitutivos del delito, en el caso concreto pues, a criterio de este tribunal delito por el cual se interpuso querella y se realizaron las gestiones por parte de la fiscalía que determinó el no ejercicio de la acción penal por prescripción de la acción penal, según la postura de la fiscalía es un delito de naturaleza permanente, acorde al artículo 113 en su fracción IV del código penal, como sustento a mi postura, invoco como criterio orientador la tesis emitida por de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, en el tomo VI, novena época, pagina 650, registro electrónico 197952, que señala como título: ''ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, ES PERMANENTE Y NO CONTINUADO EL DELITO. (...)'' Ese es el criterio orientador, por el cual este Juzgadora establece que este delito que se atribuye a las imputadas es de naturaleza permanente conforme a lo ya establecido.'' De lo antes expuesto, se establece que se encuentra cumplido el punto 3.a de la ejecutoria de amparo. ''Ahora, a fin de seguir el cumplimiento a este fallo protector en el punto 3.b, de la referida consideración, deberá establecer este tribunal, la fecha de consumación del delito, bien, habiendo escuchado los argumentos de las partes y a virtud de considerar que este delito es permanente y se establece pues que la voluntad del autor se vincula estrechamente y es dependiente de la consumación que se prologa en el tiempo y se traslada pues en todos este tiempo en el cual se hacen estas gestiones de administración, en tanto acontezca un evento por el cual cese la conducta delictiva; ahora yo escuché en el argumento de las partes, concretamente del asesor jurídico que precisamente ******************** que es el ofendido señala que el doce de diciembre de dos mil once, otorgó a Elvira Macías la calidad de gerente de administración de sus bienes inmuebles y que el veinticinco de abril de dos mil trece, otorgó un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y gestiona entonces así su función, a través de la historia dada a conocer por el asesor jurídico, precisó que la imputada celebró diversos contratos de arrendamiento, señaló fraudulentos, primero con su señora madre Adela Pérez López, y enseguida lugar con una persona que denominó prestanombres María Patricia Orozco Magallón, quienes tienen calidad de imputadas las tres en este asunto, señaló que el primero de los contratos fue el uno de mayo de dos mil trece y el uno de agosto de dos mil trece, con respecto a unos inmuebles que son estacionamientos con sede en Mexicali y en Tijuana, ya establecidos, plaza Caballito en Mexicali, Baja California y plaza Venton en Tijuana, señaló también el asesor jurídico que al paso del tiempo y en la administración, dejó sin efectos esos contratos y realizó otros nuevos el uno de marzo de dos mil catorce y enseguida el uno de diciembre de dos mil catorce, bajo el mismo contexto, señalo el asesor jurídico, a través de estas maquinaciones fraudulentas, en perjuicio de su representado y precisó el asesor jurídico, que fue el dos de octubre de dos mil quince, en que dio por terminada la relación laboral entre el ofendido y la imputada, es decir ceso su calidad de administradora y es en ese sentido, que a criterio de esta juzgadora, se actualiza esta hipótesis es el evento por el cual cesa la conducta delictiva, hasta este momento deja de tener ese cargo de imputada con independencia de que si hay una coautoría con respecto Adela Pérez o María Patricia, reitero no entro al fondo del asunto, pero se presentó una querella en contra de las tres por el delito de administración fraudulenta, y es ese dos de octubre de dos mil quince, que se establece la consumación del delito, porque ahí cesa este evento, la calidad de administradora y la conducta delictiva, es decir, dos de octubre de dos mil quince.'' Con lo que se estima cumplido el punto 3.b del fallo protector. Finalmente, en relación con el punto 3.c, se desprende lo siguiente: ''Por consiguiente, escuche también, que el asesor jurídico precisó que fue a principios de mayo de dos mil dieciséis, en que el señor ********************n se hizo sabedor de estas, señaló, malas gestiones por parte de su encomendada y fue entonces que el nueve de marzo del dos mil diecisiete, presento su formal denuncia ante la fiscalía por el delito de administración fraudulenta, uso de documentos falsos y lo que resulte, eso fue lo que escuche yo, en su argumento, y entonces, si tomamos en cuenta que el ofendido tuvo conocimiento en mayo de dos mil dieciséis, con respecto a la fecha en que ceso el acto, fue el dos de octubre de dos mil quince, habían pasado siete meses para darse cuenta, se dio cuenta, en principios de mayo de dos mil dieciséis y, entonces presentó su denuncia el nueve de marzo de dos mil diecisiete, estando en tiempo para la presentación de la querella a que alude, precisamente el numeral 223 del código penal y, dentro del plazo que se precisa en el diverso 115 de dicho código represivo estatal, la pretensión punitiva que nazca de un delito que solo pueda perseguirse por querella de la víctima u ofendido o un acto equivalente, prescribirá en un año desde que la víctima u ofendido tenga conocimiento de delito, y aquí quedó precisado por parte del asesor jurídico, esos tiempos y que se presentó la denuncia dentro del año que ahí se precisa, la prescripción va operar porque transcurren estos plazos que se establecen en la legislación represiva estatal, esto por reprimenda precisamente al estado o a la parte ofendida o victima porque podrá establecerse o determinarse que se olvidó el delito, que no se tiene interés y por eso se hacen esos acotamientos por parte de la ley para presentar la querella, incluso para el ejercicio de la acción penal y, qué opera la prescripción por el simple trascurso del tiempo, porque se establece el desinterés de la víctima ofendido o del propio Estado para ejercitar la acción penal, como está facultado en el artículo 21 de la constitución federal como fiscalía y, en caso de la víctima u ofendido para denunciar o querellarse, las reglas son diferentes para determinarse que se olvida; en el caso particular a criterio de esta juzgadora, no había operado la prescripción de la acción penal para presentar la querella tratándose de delito perseguible por querella de parte, como ya lo mencione y, fue el que el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el fiscal determinó el no ejercicio de la acción penal por prescripción como lo alegó el asesor jurídico y, entonces atendiendo al punto 3.c de la séptima consideración de dicha resolución de amparo, es que con libertad de jurisdicción y atendiendo a estos planteamientos formulados por las partes, a los que ya me he hecho referencia, en el caso concreto a criterio de esta juzgadora, determinó que no se actualiza la figura jurídica de la prescripción de la acción penal con motivo de la querella interpuesta por la parte ofendida el nueve de marzo de dos mil diecisiete; en consecuencia, resultan fundados los agravios expuestos por el asesor jurídico, o representante legal y, en vía de consecuencia, reitero, determino que se revoca la resolución del fiscal, le ordenó revoque la resolución que emitió el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, en el que determinó el no ejercicio de la acción penal y se avoque a el trámite correspondiente si así lo considera, realice las gestiones correspondientes como actos de investigación, o bien, lo que considere, como lo mandata el artículo 21 de la Constitución Federal, eso también en relación con el diverso 130 y 212 el Código Nacional de Procedimientos Penales. Quedan todos notificados de este pronunciamiento.'' Con lo que se establece que se encuentra cumplido el punto 3.c del fallo protector. En virtud de lo anterior, se obtiene que la autoridad responsable cumplió con los puntos 1, 2, 3, 3.a, 3.b y 3.c de los efectos dictadas en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, al haber cumplido los lineamientos de la ejecutoria de amparo, se declara cumplida, sin perjuicio de que la parte quejosa intente el medio de impugnación correspondiente. Finalmente, en conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; se les comunica a las partes que a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS ML VEINTIDOS; MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexo remitido por la Jueza de Control en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto y al efecto, envía el disco compacto que contiene la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, glósese a los autos el referido disco, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éste, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de los oficios y constancias que remiten, dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación de las partes, procédase a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Diana Francia Puente Martínez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy Fe. AMC/DFPM/Mjhm

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexo remitido por la Jueza de Control en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto y al efecto, envía el disco compacto que contiene la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, glósese a los autos el referido disco, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éste, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de los oficios y constancias que remiten, dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación de las partes, procédase a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, Baja California y anexos que acompaña, consistente en testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 380/2021 penal de su índice, en la que dicho tribunal resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Beckmann Vidal contra los actos reclamados y autoridades responsables indicados en el considerando sexto de la resolución impugnada y para los efectos precisados en la parte final de dicho fallo.'' En ese contexto, comuníquese lo anterior a las partes, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Juzgado respectivo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe el cumplimiento dado al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten; bajo apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

Quedan 56 actuaciones en este expediente

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