Francisco Ayala Rodríguez

Expediente 733/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
733/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Francisco Ayala Rodríguez
  • Dirección Estatal de Ejecucion de Penas, Mexicali, B.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por licencia médica del Titular, autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JMBA/JDMA/azv

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, mediante el cual de cumplimiento al requerimiento formulado en veintiuno de noviembre del año en curso. En consecuencia, glósese a los autos el referido disco compacto, quedando a disposición de las partes para su consulta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ahora, en atención al estado que guardan los autos y toda vez que el quejoso Francisco Ayala Rodríguez, promovió demanda de amparo, contra actos del Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con residencia en Mexicali, Baja California, consistente esencialmente en la omisión de dar trámite a su solicitud de quantum de la prisión preventiva. En mérito de lo anterior, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir esencialmente en la omisión de dar trámite a su solicitud de quantum de la prisión preventiva. En ese tenor, de las constancias que obran en autos de los que se advierte que la autoridad responsable Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con residencia en Mexicali, Baja California, en su informe justificado hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante oficio NSJP/TEC/01304/2019, de doce de marzo de dos mi diecinueve, remitió al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, el escrito signado por el aquí quejoso relativo a su solicitud del quantum de prisión preventiva; asimismo, que mediante oficio DEPBP/7396/2019, de veintidós de julio del presente año, remitió el plan de actividades y la documentación obrante en el expediente jurídico administrativo 6406/2016, relativo al quejoso, a fin de que dicha autoridad resolviera la petición planteada. Luego, con motivo de la recepción de los oficios antes descritos, el Juez responsable señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa al quantum de la prisión preventiva, la cual previos diferimientos se llevó a cabo el nueve de octubre de dos mil diecinueve, en la que se determinó tener a la defensa y al sentenciado por desistido de la acción planteada respecto del incidente no especificado de quantum de la prisión preventiva y plantearon el beneficio preliberacional de remisión parcial de la pena. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegados, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto las providencias decretadas así como el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las once horas con cuarenta minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación respectiva en el libro de Juzgado correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, EL AUTO DICTADO EN VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en veinticuatro de octubre del año en curso, informa que dentro del cuaderno de ejecución 244/2019, de su índice, instruido en contra del aquí quejoso Francisco Ayala Rodríguez, a solicitud de la defensa del antes nombrado, el día trece de noviembre de este año, ordenó suspender la audiencia y señaló las trece horas del dos de diciembre del año en curso, para reanudar la audiencia y resolver respecto al beneficio de remisión parcial de la pena. De igual forma, hace de conocimiento que requirió al Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, le remita informe desglosado y detallado de los días efectivos laborados, constancia o carta de buena conducta del sentenciado; así como copia cotejada de las peticiones realizadas por Francisco Ayala Rodríguez, para ser incorporado a los programas establecido en el plan de actividades; otorgándole para tal efecto ocho días naturales a partir de la recepción del oficio. En mérito de lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, para que una vez que se lleve a cabo la audiencia pública relativa al beneficio de remisión parcial de la pena, de dos de diciembre de dos mil diecinueve, relativa al cuaderno de ejecución 244/2019, de su índice, dentro del término de tres días hábiles, siguientes a ésta, remita copia autentificada del registro audiovisual relativa a dicha audiencia, así como todo lo actuado en dicho acuerdo de ejecución; lo anterior, toda vez que dichas constancias con necesarias para resolver el presente juicio; o bien, informe la imposibilidad legal que tenga para ello. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.

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