Francisco Arturo Torres Torres

Expediente 572/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
572/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Francisco Arturo Torres Torres

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de veintisiete de mayo de este año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, presuntamente Francisco Arturo Torres Torres, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 572/2022. 1.2. Desechamiento. Los artículos 3o, 6º, 61, fracción XXIII, y 108, de la Ley de Amparo, prevén que la demanda de amparo, así como todas las promociones que deriven de los juicios de amparo, por regla general, deben hacerse por escrito, de forma excepcional, vía oral, las que están así expresamente se encuentren autorizadas por la ley de la materia. Así pues, que el peticionario de amparo puede presentar su escrito de demanda en forma impresa o vía electrónica. Ahora bien, en caso de optar por la promoción del juicio en la vía física, el escrito de demanda debe ser firmado autógrafamente. Por su parte, de elegir la presentación electrónica, haciendo uso de las tecnologías de la información que el Consejo de la Judicatura Federal pone al alcance de los justiciables, se observarán las reglas que para tal efecto se encuentran establecidas, esto es, utilizarán para su envío el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previamente a la remisión de la demanda, la firmarán electrónicamente con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL), ello en atención a que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Lo anterior, en atención al artículo 1º, fracción I, y último párrafo, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado por su similar 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. No obstante, de elegir una u otra vía, se deben atender las reglas que para tal efecto están previamente establecidas, esto es, si la demanda o promoción se presenta vía física, el escrito relativo debe estar firmado autógrafamente, de optar por la electrónica, previo al envío del archivo, debe rubricarse con la firma electrónica de la persona que lo suscribe. Lo que guarda congruencia con el hecho de que el juicio de amparo debe promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma o acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, en el entendido que el quejoso puede hacerlo por sí mismo o por conducto de su representante legal o apoderado. En virtud de que la firma, es la manifestación de la voluntad de la persona física o moral, que legitima el documento, da validez y exterioriza su deseo. Consideraciones que se refuerzan con los criterios emitidos por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "FIRMA DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO" Ahora bien, en el caso específico, quien dice ser Francisco Arturo Torres Torres, omitió firmar la demanda de amparo de forma electrónica, pues de dicho ocurso no se advierte la evidencia criptográfica generada al hacer uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o bien, de la Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL), previo envío del documento digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además de que la demanda de amparo se encuentra incompleta, pues únicamente es una sola hoja con texto por ambos lados, advirtiéndose parte de los requisitos de una demanda pero faltando otro como la protesta de ley, los antecedentes de los actos reclamados y los conceptos de violación. Regla especial. Ahora bien, no obstante lo anterior, se precia que en tratándose de las demandas de amparo presentadas en observancia a los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Federal, el líbelo puede ser presentado por el quejoso, su defensor o incluso cualquier persona a su nombre, por medio de comparecencia, presentación física o electrónica, supuestos en los que para dar trámite, acorde al numeral 119 de la Ley de Amparo, se requiere únicamente que se manifieste el acto reclamado, la autoridad que lo hubiere ordenado, si es posible, la autoridad que ejecute o trate de ejecutar e acto y en su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso, como se advierte, sin exigir algún tipo de formalidad sin importar la vía en que se presente, incluso no se requiere que el documento sea firmado. Sin embargo, para que se surta dicha hipótesis se debe justificar que exista: a) Peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, así como proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. b) Privación total o parcial, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. c) Así como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que a saber son la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que quien se ostenta como Francisco Arturo Torres Torres, pretende reclamar de las autoridades responsables el acto reclamado consistente en: "La presunta orden oral o escrita que ordena bloquear o inmovilizar los recursos de las cuentas bancarias número BBVA BANCOMER 1561254398, CITIBANAMEX TARJETA DE CREDITO 5288510054754189 todas aquellas subcuentas que se desprendan de las mismas que estén aperturadas a mi nombre en dichas instituciones bancarias, como lo pueden ser cuentas de inversión o de dólares que se desprendan de las cuentas anteriormente señaladas, así como la ejecución que se dio y se pretende dar a dicha orden; así como la cuenta bancaria de mi Sra. Madre Sofia Torres Estrada de la cual soy autorizado para realizar movimiento y que corresponde al banco INBURSA número de cuenta 40129755310". Con lo cual, no se advierte actualizada algún supuesto que justifique alguna de las hipótesis de procedencia de la vía especial en comento. Entonces, si el promovente optó por la tramitación del juicio en línea, resulta necesaria su firma electrónica, por ser ésta la que patentiza su voluntad de promover el juicio y, si en la especie, no se actualiza algún supuesto de excepción que la autorice a prescindir de la misma, resulta evidente que su tramitación no puede tener lugar, pues no existe jurídicamente instancia de parte agraviada, como lo requiere el artículo 6o. de la Ley de Amparo. 1.3. Desechamiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, pues la falta de firma electrónica de quien aparece en ella, actualiza la causal de improcedencia que deriva de la aplicación relacionada de los artículos 3o, 6º, 61, fracción XXIII, y 108, de la propia Ley. Máxime que como se dijo la demanda está incompleta. 1.4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, así como autorizando a las personas que nombra únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que no cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. 1.5. Usuario. Ahora bien, como lo solicita, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario respectivo para que registre al usuario "EsauTRodriguez", a efecto de que tenga acceso al expediente electrónico y se le practiquen notificaciones en la misma forma. 1.6. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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