Francisco Aguirre López
Expediente 1061/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 18/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Aguirre López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Francisco Aguirre López, por propio derecho, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tómese nota que el presente asunto ES DEPURABLE, en virtud de que por auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 7 y vuelta), se concedió la suspensión de plano, por lo que deberá conservarse la demanda, así como dicho proveído, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, que establece "por lo que hace a la suspensión de oficio cuando procede decretarla de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional por lo que procede conservarse.". En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otro lado, toda vez que el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Tacámbaro allegó a este juzgado federal un legajo de copias certificadas que remitió adjuntas a su informe justificado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se ordena enviárselo, con la atenta solicitud de acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se dio apertura al incidente de suspensión respectivo, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: FRANCISCO AGUIRRE LÓPEZ. Recepción de oficios y anexos. Vistos los comunicado del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, en atención a su contenido, se le tiene remitiendo copia certificada del auto de libertad por falta de pruebas para procesar, bajos las reservas de ley de trece de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad, quien coadyuvó con el juzgado oficiante y diligenció el exhorto número 224/2018; agréguense a los autos para que obren como correspondan. Sobreseimiento fuera de audiencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 de la Ley de Amparo, así como lo sustentado por la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Atento lo anterior, en el asunto a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por los motivos que en seguida se exponen. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda a la quejosa. Una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga al juicio de amparo pendiente". La recta interpretación de lo trascrito, conduce a establecer que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma contradictoria, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualice un cambio de situación jurídica; esto es, cuando surja una nueva situación legal, la cual, de concederse el amparo se ve afectada y por ello se deben de reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Como se advierte, dicha causal de improcedencia opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de manera que no se actualiza en aquéllos que no cumplan con esa cualidad, ello es razonable porque precisamente su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas atendiendo, entre otros principios, al de preclusión. Además, se requiere que: a). Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; b). Que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; y c). Que debe de existir autonomía entre el acto reclamado y la nueva resolución, de modo que esta última pueda subsistir, independientemente de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Precisado lo anterior, se establece que en el caso, el acto reclamado por el quejoso se hizo consistir en: La detención del quejoso así como su ejecución. Para una mayor comprensión del asunto, se hace la siguiente reseña de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado y que narró el quejoso en la demanda de amparo. En la ciudad de Morelia a los treinta minutos sin precisar la fecha, fue detenido por la policía ministerial en cumplimiento de la orden de localización y presentación girada por la Fiscalía Regional de Huetamo, Michoacán, siendo trasladado a las instalaciones de esa institución al relacionarlo con una averiguación previa por el delito de extorsión, que pasadas las cuarenta y ocho horas, fue puesto en libertad al no justificarse que haya participado en los hechos que dieron origen a dicha indagatoria. Después fue requerido por dos agentes de la policía ministerial por la supuesta comisión del delito de resistencia de particulares y recluido en el área de barandilla de Huetamo, Michoacán, sin que le mostraran orden alguna y sin que existiera flagrancia. Posteriormente entre las quince y las catorce horas del tres de diciembre de dos mil dieciocho, llegaron por él agentes de la Policía Ministerial, quienes lo trasladaron a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, donde fue informado que estaba detenido por existir en su contra una orden de aprehensión dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán, donde lo certificaron medicamente, para posteriormente entre las veintidós y veintitrés horas de esa fecha ser traslado al centro donde actualmente guarda reclusión. Finalmente, hasta el día de presentación de la demanda de amparo [siete de diciembre de dos mil dieciocho] no se le había notificado ningún acuerdo de sujeción a proceso, ni se le había tomado su declaración preparatoria. Ahora, con esta fecha, se están recibiendo dos comunicados del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, a los que adjuntó copia certificada del auto de libertad por falta de pruebas para procesar, bajos las reservas de ley de trece de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad, quien coadyuvó con el juzgado oficiante y diligenció el exhorto número 224/2018, que fue girado a fin de que en su auxilio levantara la suspensión del término constitucional, señalara fecha para la declaración preparatoria y resolviera la situación jurídica del quejoso dentro del término de ley. Constancias de las que se desprende que el trece de diciembre de dos mil diecisiete, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad, quien coadyuvó con el juzgado oficiante y diligenció el exhorto número 224/2018, decretó auto de libertad del quejoso por falta de pruebas para procesar, bajos las reservas de ley. Constancias a las que se les otorga pleno valor demostrativo de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia; así como, en lo establecido en la tesis número XX. 303 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 227, tomo XV, enero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que dice: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". Por tanto, si el acto reclamado se hizo consistir en la detención del quejoso Francisco Aguirre López -cuya existencia quedó acreditada- es inconcuso que si a la fecha fue puesto en libertad con motivo del auto de libertad por falta de pruebas para procesar, bajos las reservas de ley de trece de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad, es evidente que en el particular ha operado un cambio de situación jurídica, dado que las violaciones de las que pudiera adolecer la orden reclamada quedaron irreparablemente consumadas, por no poderse afectar el nuevo estatus jurídico del peticionario de amparo. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia precisada en líneas precedentes, por lo que conduce a sobreseer fuera de audiencia en este juicio constitucional promovido por Francisco Aguirre López, de acuerdo a lo establecido en la fracción IV, del artículo 63, de la ley en la materia; por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como, la citación para la audiencia constitucional, señalada para las once horas con diez minutos del once de febrero de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 10600, tomo XX, septiembre de 2004, materia común, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra del impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento, de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumados de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". Así como, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende qué el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espiritú que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De igual forma, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, tomo XXVII, junio de 2008, materia penal, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Hágase lo anterior del conocimiento de las partes en el juicio para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que en proveído de dos enero de dos mil diecinueve se quedó a la espera de las constancias requeridas a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia en Materia de Tacámbaro, Michoacán en auto de diecinueve de diciembre último (foja 98 vuelva); en esas condiciones, gírese vía telegráfica oficio recordatorio a la autoridad responsable a efecto de que cumpla con lo solicitado en autos. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y a fin de que no se violen las reglas del procedimiento, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el comunicado recibido vía fax de la encargada del despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tacámbaro, Michoacán, en atención a su contenido, se le tiene informando que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad, coadyuvó con el juzgado oficiante y diligenció el exhorto número 224/2018, emitido a fin de que levantara la suspensión del término constitucional, señalara fecha para la declaración preparatoria y resolviera la situación jurídica del quejoso dentro del término de ley, sin que a la fecha de remisión del comunicado de cuenta le haya enviado las documentales que acrediten su diligenciación. Razón por la cual, el juez oficiante solicitó al diverso Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en esta ciudad, a fin de que le sean enviadas las constancias relativas a la diligenciación del citado exhorto y así estar en condiciones de cumplir con lo solicitado por este juzgado federal; por tanto, estése en espera de que la autoridad oficiante cumpla con lo requerido por este juzgado en auto de diecinueve de diciembre pasado (foja 98 vuelta). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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