Francisco Arturo Carranza Serrano
Expediente 264/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Arturo Carranza Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. Asimismo, en atención al sentido de la determinación mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia y ello no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés se requirió a la parte quejosa para que, en el plazo de quince días, manifestara si era su deseo o no ampliar su demanda de amparo, para efecto de señalar como acto reclamado, el oficio ********************, emitido por el jefe del departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Guanajuato. Determinación que se notificó por lista a la parte promovente del amparo el veinticuatro siguiente. Ahora, de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo concedido a la dicha parte en el proveído aludido, sin que hiciera manifestación al respecto. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído, por lo que el presente asunto se resolverá únicamente con las autoridades y por los actos señalados inicialmente. En la especie, el quejoso reclama en esta instancia la falta de respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil veintidós, en el que se solicitó sea regularizada su información contenida en la base de datos del régimen o pensionario que al afecto se lleva en la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Al respecto, debe señalarse que dicha omisión ha quedado subsanada, pues la autoridad responsable emitió respuesta a la solicitud formulada por el peticionario del amparo. Efectivamente, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado allegó copia del oficio ******************** de su estadística, de fecha doce de abril de dos mil veintitrés, notificado en la misma fecha a la parte interesada, a través del cual, en respuesta a la solicitud formulada por dicha parte, le informó que cualquier modificación a su registro como derechohabiente de ese instituto, se tendrá que efectuar a través de la dependencia para la cual presta sus servicios; documental que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De igual forma, destaca que la notificación y entrega de la documentación aludida se realizó de forma personal al quejoso el doce de abril de dos mil veintitrés. Así mismo, que con la emisión, notificación y entrega del oficio descrito, se dio respuesta a la petición realizada por el quejoso el siete de noviembre de dos mil veintidós. De lo anterior se obtiene que han cesado los efectos del acto reclamado que se analiza, pues ya se emitió una respuesta a la petición del quejoso y se hizo de su conocimiento. Cierto, la conducta omisiva de la autoridad responsable que motivó el presente juicio de amparo, cesó al haber pronunciado la contestación al escrito que planteó el quejoso, la cual le fue notificada; además que también tuvo conocimiento de ella a través de la vista que de ella le fue otorgada en el presente juicio de amparo mediante auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, cumpliéndose así las dos obligaciones previstas en el artículo 8º constitucional que toda autoridad a quien le sea formulada una petición debe cumplir, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. En tal sentido, el acto impugnado ya no agravia al quejoso, habiéndose restituido las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación, produciéndose el resultado que asigna a una sentencia protectora el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro número 2011948, de la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, junio de 2016, tomo II, página 898, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Máxime que en auto de dieciocho de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por lo que hace a la respuesta de mérito; sin que lo haya hecho, motivo por el cual, al inicio de esta determinación se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el auto referido. Bajo esa tesitura, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquella para resolver de la forma en que se hace, pues, como se expresó, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciocho de abril del año en curso se dio vista a la parte quejosa por quince días para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda por un acto diverso al señalado en su escrito inicial, sin que a la fecha obre constancia de su notificación; lo que evidencia que aún no transcurre el plazo otorgado. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para su verificativo las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, cuya síntesis es: "Téngase por recibido el oficio signado del jefe del departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Guanajuato, por el cual rinde informe justificado en el cual niega la existencia de los actos omisivos que se le atribuyen; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Así mismo, con sustento en el diverso numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la prueba documental que exhibe la citada autoridad, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia del juicio. Por otra parte, se tiene a la oficiante designando como delegados en términos del artículo 9º. de la ley de la materia a las personas que nombra, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Ahora, del informe recibido se desprende la manifestación de la aludida responsable, consistente en que la solicitud formulada por el quejoso a esa dependencia, fue atendida mediante oficio ************, de fecha doce de abril de dos mil veintitrés, notificado en la misma fecha a la parte interesada. En tal virtud, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 111, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las partes, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo para efecto de señalar como acto reclamado, el oficio ********* del índice de la citada autoridad responsable. En el entendido que en su escrito de ampliación deberá adecuar sus manifestaciones de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior con el apercibimiento que, de no cumplir con este requerimiento, el juicio de amparo se resolverá, en su caso, conforme a los actos y autoridades indicados en el escrito inicial de demanda, con las consecuencias legales que ello implique. Téngase por recibido el oficio signado del jefe del departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Guanajuato, por el cual rinde informe justificado en el cual niega la existencia de los actos omisivos que se le atribuyen; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Así mismo, con sustento en el diverso numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la prueba documental que exhibe la citada autoridad, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia del juicio. Por otra parte, se tiene a la oficiante designando como delegados en términos del artículo 9º. de la ley de la materia a las personas que nombra, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica."
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