Francisco Alfonso Araiza Reynoso

Expediente 704/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
704/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Francisco Alfonso Araiza Reynoso

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que al rendir su informe justificado la autoridad responsable coordinador de Actividades en Materia de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), con residencia en esta ciudad, anexó copia certificada de las siguientes constancias: Correo electrónico dirigido al aquí quejoso *****, mediante el cual se le envió el oficio de cancelación de hipoteca dirigido al notario que él designó, y anexos. Formado de solicitud de oficio para cancelar hipoteca del crédito FOVISSSTE, a nombre de *****. Oficio de solicitud de escrituración de cancelación de hipoteca, dirigido al notario número 82 de la ciudad de León, Guanajuato, respecto del bien inmueble a nombre del aquí quejoso, firmado por el coordinador de Actividades en Materia de Vivienda del ISSSTE en el estado de Guanajuato. Constancia de finiquito del crédito FOVISSSTE número *****, a nombre de *****. Sobreseimiento en el juicio. Conviene destacar que los actos reclamados en el asunto que nos ocupa consisten en: La falta de respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte, en el que se solicitó el otorgamiento del oficio de cancelación de hipoteca y constancia de finiquito del crédito FOVISSSTE número *****. La falta de respuesta al correo electrónico de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se solicitó a la autoridad responsable que indicara el trámite a seguir para obtener respuesta a la petición mencionada en el punto que antecede. En tal virtud, este juzgado federal considera que en el presente juicio de amparo se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/993, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, cuyo contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, el quejoso reclama la falta de respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte, en el que se solicitó el otorgamiento del oficio de cancelación de hipoteca y constancia de finiquito del crédito FOVISSSTE número *****; así como al correo electrónico de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se solicitó a la autoridad responsable que indicara el trámite a seguir para obtener respuesta a la petición de mérito. Al respecto, debe señalarse que dicha omisión ha quedado subsanada, pues la autoridad responsable emitió respuesta a la solicitud formulada por el peticionario del amparo. Efectivamente, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado allegó copia certificada del correo electrónico dirigido al aquí quejoso *****, mediante el cual se le enviaron las siguientes constancias: formado de solicitud de oficio para cancelar hipoteca del crédito FOVISSSTE, a nombre de *****; oficio de solicitud de escrituración de cancelación de hipoteca, dirigido al notario número 82 de la ciudad de León, Guanajuato, respecto del bien inmueble a nombre del aquí quejoso, firmado por el coordinador de Actividades en Materia de Vivienda del ISSSTE en el estado de Guanajuato; constancia de finiquito del crédito FOVISSSTE número *****, a nombre de ******; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De igual forma, destaca que la notificación y entrega de la documentación aludida se realizó mediante el correo electrónico del quejoso el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dado que él solicitó que se realizara por esa vía. Así mismo, que con la emisión, notificación y entrega de los documentos solicitados por el quejoso a la autoridad responsable, se dio respuesta a la petición realizada por escrito el veintitrés de enero de dos mil veinte y en consecuencia, al correo electrónico de uno de diciembre del mismo año, pues este último solo era un recordatorio de la solicitud primigenia y una petición para que le indicaran el procedimiento a seguir, precisamente para la obtención de las citadas constancias; es decir, el correo electrónico de uno de diciembre de dos mil veinte, no contenía una solicitud diversa a la que fue respondida. De lo anterior se obtiene que han cesado los efectos del acto reclamado que se analiza, pues ya se emitió una respuesta a la petición del quejoso y se hizo de su conocimiento. Cierto, la conducta omisiva de la autoridad responsable que motivó el presente juicio de amparo, cesó al haber pronunciado la contestación al escrito que planteó el quejoso (y correo electrónico derivado) la cual se hizo de su conocimiento vía electrónica, debido a que señaló una dirección de correo electrónico para tal efecto; además que también tuvo conocimiento de ella a través de la vista que de ella le fue otorgada en el presente juicio de amparo mediante auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, cumpliéndose así las dos obligaciones previstas en el artículo 8º constitucional que toda autoridad a quien le sea formulada una petición debe cumplir, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. En tal sentido, el acto impugnado ya no agravia al quejoso, habiéndose restituido las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación, produciéndose el resultado que asigna a una sentencia protectora el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro número 2011948, de la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, junio de 2016, tomo II, página 898, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Bajo esa tesitura, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquella para resolver de la forma en que se hace, pues, como se expresó, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las quince horas con cuarenta minutos del doce de abril de dos mil veintiuno. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de cuatro de marzo de la presente anualidad se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el coordinador de Actividades en Materia de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), con residencia en esta ciudad; así mismo, que dicho acuerdo fue notificado personalmente al peticionario de amparo el nueve del mismo mes y año, lo que evidencia que para dicha parte aún no trascurre el plazo de ocho días que la ley les otorga para que se impongan de los autos. En razón de lo que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las dieciséis horas con cuarenta minutos del doce de abril de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    Reanudación de plazos. En atención a lo dispuesto por la circular SECNO/13/2021 y el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al tres de marzo de dos mil veintiuno. Consecuentemente, se fijan las trece horas con cuarenta minutos del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional en el presente asunto. Escrito registrado con el número 587. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por el quejoso ****; por lo que hace a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en auto de once de diciembre de dos mil veinte, en donde se admitió la demanda de amparo que nos ocupa; así como al párrafo que antecede, en el cual se reanudó el trámite del juicio. Oficio registrado con el número 653. Por otro lado, en relación con el informe justificado que rinde el coordinador de Actividades en Materia de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), con residencia en esta ciudad, en el que acepta los actos que se le atribuyen; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Por lo que hace a la prueba documental que anexó a su escrito la autoridad en comento, con sustento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia naturaleza; con copia certificada de dicha probanza córrase traslado al quejoso, y dese vista a las demás partes, relaciónese en la audiencia constitucional. Finalmente, se tiene a la citada autoridad designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona.

  4. Principal

    Visto el estado procesal del que guardan los autos del que se desprende que no se realizó la notificación por lista del proveído de once de diciembre de dos mil veinte, por parte del actuario encargado de realizarla. Por tanto, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos para que realicen debidamente la notificación por medio de lista del auto del once de diciembre de dos mil veinte, ello con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a las partes. En el entendido, de que en términos de la Circular SECNO/9/2021, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos de Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la notificación ordenada surtirá sus efectos una vez que se reanuden las labores presenciales de este órgano jurisdiccional. En cumplimiento a lo anterior, por este medio se notifica el proveído de once de diciembre de dos mil veinte, que dice: Admisión de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por Francisco Alfonso Araiza Reynoso, en contra de actos del encargado del despacho del Departamento de Vivienda en el estado de Guanajuato, en Celaya, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1o. y 8, constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 704/2020-IV. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda planteada. Intervención de la representante social. Dese la intervención que corresponda a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, con el que deberán remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para permanecer en la omisión reclamada, lo que deberán hacer dentro del término de quince días. Sin embargo, deben tomar en consideración el artículo 17 constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establecen: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)" "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Por lo que, si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor relacionada con la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) emitida por el Consejo de Salubridad General, así como al acuerdo emitido por el Secretario de Salud en el que se establecen medidas extraordinarias para atender dicha emergencia, deberán realizar lo siguiente: 1. Rendir su informe vía electrónica al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, el cual se confirmará por la misma vía. 2. Señalar un correo electrónico y un número telefónico, para que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicación y establecer una línea de coordinación relacionada con el presente asunto. Las anteriores determinaciones son tomadas con la finalidad de salvaguardar la salud del personal de este órgano jurisdiccional, así como del personal perteneciente a las autoridades responsables; además de que se pretende evitar la propagación del virus. Audiencia constitucional. Se fijan las catorce horas con cuarenta minutos del doce de enero de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Pruebas. Por lo que hace a la prueba documental que anexa a su escrito de demanda la parte quejosa, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia naturaleza. Causales de sobreseimiento. Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas -a excepción de la autoridad responsable- que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado por la parte quejosa. Domicilio y autorizados. Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación al usuario "FAAR71"; en razón de ello, la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado deberá habilitar al usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. Así mismo, desde ahora se tiene dicho usuario como sitio para recibir notificaciones personales para el quejoso, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, debido a que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico, constituye una opción para recibir notificaciones y porque así lo solicitó el promovente. Así mismo, se tiene como autorizada en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Adriana Lizette Aviña Hernández, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tiene facultades para ejercer la profesión de licenciada en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se le autorice en los términos amplios del invocado numeral. Habilitación de días y horas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea. Con apego en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19., se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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