Francisco Armando Dominguez Rivas

Expediente 1109/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1109/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Armando Dominguez Rivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón circunstanciada asentada por el Actuario adscrito, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo de emplazar y notificar al tercero interesado; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, sin mayor acuerdo, toda vez que el trece de noviembre de dos mil veintitrés, se dictó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y las constancias que obran en el juicio en que se actúa, este Juzgado de Distrito advierte que en los presentes autos ha sobrevenido un motivo de improcedencia que reúne las características de notoriedad suficientes para que se dicte el sobreseimiento fuera de audiencia, al ser este un motivo manifiesto e indudable; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Por lo anterior, es necesario precisar que el quejoso Francisco Armando Domínguez Rivas, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Yolanda Domínguez Toledo, en el presente juicio en el punto respectivo señalan como autoridades responsables las siguientes: ".Juez del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Como autoridad ejecutora el Actuario del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos." Asimismo, en el apartado relativo al acto reclamado en lo conducente señalan lo siguiente: ".la omisión por parte del C. Juez del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para ordenar el ilegal emplazamiento al ahora quejoso Francisco Armando Domínguez Rivas dentro del juicio sucesión intestamentaria a bienes de Yolanda Domínguez Toledo, promovido por Donaciano Toledo Cabrera, . radicada al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y registrada bajo el número de expediente 341/2016." En escrito de ampliación la demanda de amparo, señaló lo siguiente: Como autoridades ejecutoras: Al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia civil del Distrito de Tabares, en la ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia civil del Distrito de Tabares, en la ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. Acto reclamado: El ilegal emplazamiento de fecha 22 de abril de dos mil diecinueve, realizado por la secretaria actuaria, adscrita al JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO DE TABARES, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, y que se hizo dentro del exhorto ordenado por el JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, en el juicio ordinaria civil, promovido por DONACIANO TOLEDO CABRERA, en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de YOLANDA DOMÍNGUEZ TOLEDO, con el número de expediente 341/2016-3. Informe justificado con anexos, rendido por el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, quien aceptó el acto reclamado, señaló lo siguiente: .... Ahora, de lo anterior se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que reclama -emplazamiento al juicio familiar 341/2016-, cuando menos desde el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, fecha en la cual fue emplazado Francisco Armando Domínguez Rivas, al juicio familiar 341/2016, en su carácter de albacea y coheredero de la sucesión intestamentaria a bienes de Yolanda Domínguez Toledo, por conducto de la actuaria adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en la ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, tan es así, que interpuso incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, que el Juez Quinto responsable el once de marzo de dos mil veintiuno, declarando legal la diligencia de emplazamiento vía exhorto, y por tanto infundado el incidente planteado, también informó que el ahora quejoso omitió interponer recurso alguno contra dicha interlocutoria, de la que se advierte y se constata el conocimientos del acto reclamado, y que obra de los anexos remitidos junto con el informe justificado de la responsable. Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado o de sus consecuencias, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que la parte quejosa tuvo oportunidad de interponer el juicio de amparo el once de diciembre de dos mil diecinueve, sin contar los días veinte, veintitrés, veinticuatro, treinta de noviembre y uno, siete y ocho de diciembre de dos mil diecinueve, por ser inhábiles, ello tomando en consideración que tuvo conocimiento del acto que reclama desde el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Así pues, al realizar el cómputo del plazo que tuvo la quejosa para presentar su demanda de amparo, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda la presenta hasta el ocho de agosto de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito del décimo octavo circuito, por lo que es inconcuso que resulta extemporánea. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados fueron consentidos en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, la demanda de amparo intentada por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Lo anterior, sin que pase por desapercibido para este juzgado lo narrado en su demanda, bajo protesta de decir verdad, cuando refiere que: ".en fecha 01 de agosto de 2023, accedí a la página electrónica https://www.google.com.mx.gob.mx/reportes/sentencias2/5cf73b_TJA-3s-341-2016.pdf. Misma que lo dirige a la página electrónica: http://www.podervirtual.com, en la cual aparece que existe un juicio de amparo promovido por DONACIANO TOLEDO CABRERA, en contra de LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE YOLANDA DOMÍNGUEZ TOLEDO e . radicado al JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, y registrada bajo el número de expediente 341/2016"; sin embargo, es claro que el emplazamiento que reclama el quejoso como ilegal, tuvo conocimiento desde antes, incluso al interponer el incidente de nulidad de actuaciones resuelto por la responsable el once de marzo de dos mil veintiuno, que declaró infundado el incidente planteado y como consecuencia legal el emplazamiento a juicio del demandado ahora quejoso tal y como se advierte de los anexos remitidos por la autoridad responsable en su informe justificado. Además, este juzgado federal considera incorrecto que la parte quejosa con la sola manifestación de decir cuando tuvo conocimiento del acto reclamado, pretenda encuadrar su demanda con la temporalidad establecida con el artículo 17, de la Ley de Amparo, puesto que dicha temporalidad no se encuentra al arbitrio del gobernado para la interposición de una demanda de amparo, en virtud de que como se estableció, existen diversos aspectos que se toman en cuenta, de conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, de los que se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. No obstante, de que el artículo 261, de la Ley de Amparo, entre otras cosas establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Por último, se ordena dejar sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, señalada en autos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso Francisco Armando Domínguez Rivas, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Yolanda Domínguez Toledo, mediante el cual pretende ampliar su demanda señalando nuevas autoridades responsables y acto reclamado. Ahora, previo a pronunciarse sobre la admisión, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de ampliación de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17, Constitucional, no es dable dar trámite a ampliaciones de demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente el sobreseimiento. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de ampliación de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una ampliación de demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por lo anterior, es necesario precisar que el quejoso en la presente ampliación de demanda señala como autoridades responsables y acto reclamado siguientes: ".COMO AUTORIDADES EJECUTORAS. EL C. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO DE TABARES, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO.LA C. ACTUARIA ADSCRITA CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO DE TABARES, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO." ".ACTO RECLAMADO.- El ilegal emplazamiento de fecha 22 de abril de 2019, realizado por la Secretaría Actuaria, adscrita al JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO DE TABARES, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO, y que se hizo dentro del exhorto ordenado por el JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO DE MORELOS en el juicio ORDINARIO CIVIL promovido por DONACIANO TOLEDO CABRERA, en contra de LA SUCESIÓN IN-TESTAMENTARIA A BINES DE YOLANDA DOMÍNGUEZ TOLEDO, con número de expediente 341/2016-3.". Ahora, del informe justificado rendido por la encargada del despacho por ministerio de ley del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se advierte que con fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, fue emplazado el ahora quejoso, por conducto de la Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, de la Ciudad de Acapulco, y, que mediante auto de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por admitido el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento promovido por el propio quejoso, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se declaró legal el emplazamiento y por tanto improcedente el incidente de nulidad de actuaciones. De lo anterior, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento del acto que ahora reclama en contra de las autoridades que señala como responsables, desde el seis de diciembre de dos mil diecinueve, fecha en que se admitió el incidente nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, al juicio 341/2016. Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 111, del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" ".Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve la ampliación dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la ampliación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió la ampliación de demanda dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la ampliación de demanda de amparo intentada por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Luis Manuel Guerrero, delegado de la responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mediante el cual refiere que la parte quejosa compareció a recibir el título de crédito expedido a su favor. Atendiendo lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de la comparecencia de la parte quejosa a las oficinas de dicho instituto, donde acredite haber entregado los cheques que adjunta a su oficio de cuenta. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano