Francisco Antonio Villalobos Adán
Expediente 308/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Antonio Villalobos Adán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de febrero de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer y negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte, que no obra la constancia de notificación a las partes de la sentencia emitida el uno de octubre de dos mil veintiuno, por consiguiente, se comisiona a uno de los Actuarios adscritos a este juzgado para que a la brevedad notifiquen el fallo a la parte quejosa, tercero interesado y Agente del Ministerio Público adscrito, o de ser el caso realice la gestiones inherentes a su cargo a efecto de que dichas constancias se integren al expediente electrónico. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecinueve, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Francisco Antonio Villalobos Adán, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuario de su adscripción. Acto reclamado: ".La resolución de 30 de septiembre de 2020, mediante la cual se procede a decretar en mi contra la ilegal aplicación de una multa." SEGUNDO. Previo auto aclaratorio el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 308/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, impone multa de quince unidades de medida y actualización al ahora quejoso en el juicio laboral 01/405/2016 (291/2021). TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el Acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y Actuario de su Adscripción, con residencia en esta ciudad, pues así lo reconocieron en su informe con justificación, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañaron; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. La improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Causales de improcedencia infundadas. Ahora, las responsables hacen valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón a que no existe un agravio personal u directo y en el caso, no hay una afectación en la esfera jurídica del quejoso. Es inatendible este planteamiento. Lo anterior es así, tomando en cuenta que el quejoso es la persona a quien de manera directa va encaminada la multa de quince unidades de medida y actualización de ahí que cuente con interés jurídico para acudir a esta instancia a reclamar su imposición. Máxime que este Juzgado Federal advierte con claridad que el quejoso acredita su interés jurídico para promover el presente juicio de amparo contra la resolución en que se le impuso la multa, pues él es el titular del derecho afectado de manera directa, actual y presente. Causales de improcedencia fundadas. Por otra parte esta autoridad de oficio advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta los derechos patrimoniales de la moral oficial quejosa -Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos- Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. [.]" De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, es decir, por aquel a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo, por medio de un defensor o pariente. De los propios preceptos se desprende claramente que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional establecido para que los individuos puedan protegerse contra la acción del Estado que sea lesiva de derechos fundamentales. En relación con lo anterior debe decirse que, en esencia, las garantías individuales pueden considerarse restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo. De aquí se sigue que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de garantías individuales y, por lo mismo, por regla general el juicio de amparo promovido por una autoridad es improcedente. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares; en el segundo, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Ahora bien, según se aprecia de la demanda de amparo, ésta fue promovida por Francisco Antonio Villalobos Adan, por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, en este sentido, es claro que fue promovido por una persona moral oficial, en contra de la multa impuesta por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representan. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254 del Tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." En congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, puede válidamente afirmarse que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo contra sanciones (incluso económicas) impuestas a un funcionario público. Lo anterior, porque en ese supuesto no se afectan los derechos patrimoniales de la persona moral oficial, pues tales sanciones deberán ser cubiertas por las personas a quienes les fueron impuestas en su carácter de funcionarios públicos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 110, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2001, con registro 190346, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo." Por consiguiente, el juicio de amparo que se promueva por la persona moral oficial resultará improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, toda vez que el juicio de amparo fue promovido por el Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, y los actos reclamados no le paran perjuicio alguno a la administración y bienes del dominio público, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede sobreseer en este juicio de amparo con respecto a la persona moral oficial que representa el aquí quejoso. QUINTO. Estudio del asunto. La parte quejosa por su propio derecho, expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En sus conceptos de violación la parte quejosa alega que el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, que le impone una multa de quince unidades de medida y actualización, por incumplimiento a la ejecución del laudo, no está debidamente fundado y motivado, nunca le fue notificado el diverso auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, donde se le apercibió con imponer esa multa en caso de incumplimiento al laudo donde resultó condenado, por lo que nunca tuvo conocimiento del mismo. Previo al estudio del motivo de disenso, procede hacer una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado. Antecedentes del acto reclamado. Para mayor comprensión del asunto, procede trascribir las constancias que se estima importantes para resolver el presente juicio de amparo: El once de enero de dos mil diecinueve, el Tribunal Estatal responsable dictó laudo. Por escrito de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, la parte actora solicita se requiera de cumplimiento al presidente municipal de Cuernavaca, Morelos con el apercibimiento de ley, que le recae el acuerdo de dos de julio de dos mil diecinueve, libró auto de requerimiento de pago por la suma de $62,283.55 pesos, a efecto que el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, cumpla el laudo, con apercibimiento que en caso de negativa, le impondrá las medidas de apremio previstas en el numeral 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Diligencia e requerimiento de pago llevada a cabo por la actuaria responsable el doce de agosto de dos mil diecinueve, donde se constituye en el domicilio del demandado Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, precisamente en la presidencia municipal, donde requiere la presencia del presidente municipal, siendo atendido por la Directora jurídica, Ariadne Abundes Cabecera, quien refiere que por el momento no se encuentra, al entender la diligencia con ella, refiere que su representado no puede pagar por no contar con el presupuesto adecuado y solicita una prorroga para poder cubrir el monto de la condena. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, el Tribunal responsable, dictó nuevamente auto de requerimiento de pago, contra el Ayuntamiento de Cuernavaca, demandado, por conducto de su presidente, por la suma referida, apercibiéndolo en caso de negativa con imponerle una multa de quince unidades de medida y actualización de conformidad con el artículo 124 fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Diligencia de requerimiento de pago de catorce de septiembre de dos mil veinte, en cumplimiento al acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, donde el actuario se constituye nuevamente en la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos, requiere la presencia del presidente municipal siendo atendida por la Directora jurídica quien le manifiesta que el buscado no se encuentra, a quien requiere de pago y le hace saber que en caso de negativa le hará efectiva una multa de quince unidades de medida y actualización. En resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ante la contumacia de la autoridad responsable a través de su presidente, de cumplir con el laudo firme, hizo efectiva la multa por quince unidades de medida y actualización al presidente municipal de Cuernavaca, ahora quejoso, que resulta ser el acto reclamado. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, por lo que se debe negar el amparo solicitado. Establecido lo anterior, tenemos que en síntesis la parte quejosa expresa como conceptos de violación los siguientes: Que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 14 de la Carta Magna, violentando con ello su garantía de audiencia, ya que le impone la multa sin haber sido notificado de manera personal de algún requerimiento. Argumento que es infundado, por las razones que se exponen a continuación. Para robustecer lo anterior, es necesario citar lo dispuesto en el artículo 12, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio del Estado de Morelos, a saber: "Artículo 12.- El Presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I.- Presidir el Pleno y convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, formulando la orden del día; II.- Ejecutar los laudos emitidos por el Pleno y los convenios celebrados ante él, empleando los medios de apremio necesarios y previstos por la Ley;." "Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I.- Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." Como puede advertirse, sí existe disposición normativa que faculta e inclusive obliga al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a ejecutar los laudos dictados por el Pleno, lo que sin duda implica el dictar las providencias necesarias para lograr el cumplimiento, lo que conlleva a percibir a las partes con las medidas de apremio que la Ley establece, en el caso, quince unidades de medida y actualización, en términos de la fracción I, del artículo 124, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Aunado a lo anterior, se considera que la resolución de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se encuentra fundada y motivada, pues el hecho de que se le requiera el cumplimiento de laudo al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto del Presidente Municipal, de ningún modo se contravienen los derechos de la parte quejosa, lo que se explica a continuación. El artículo 41, primer párrafo, fracción XXXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece: "Artículo 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: (.) XXXIX.- Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las resoluciones que en materia administrativa emita el Tribunal de los Contencioso Administrativo, así como de las demás resoluciones emitidas por las diferentes autoridades jurisdiccionales; y" De la lectura de dicho numeral, se aprecia que el Presidente Municipal tiene la representación jurídica del Ayuntamiento y también es su obligación legal cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma, entre otros, los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Luego, en el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, la Presidenta Ejecutora del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, determinó que por conducto del Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, se requiriera el cumplimiento del laudo dictado, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento, se procedería a lo previsto en el artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado, asimismo, comisionó al actuario para que se constituyera en el domicilio de la demandada y le requiriera por conducto del Presidente Municipal el pago de dicha suma. Por tanto, el actuario responsable adscrito al Tribunal responsable, mediante diligencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, se constituyó en las instalaciones de las oficinas oficiales del Ayuntamiento demandado, en busca del Presidente Municipal y fue atendido por la Directora Jurídica Ariadne Abundes Cabecera, le hizo saber que el presidente municipal no se encontraba en ese momento por sus múltiples actividades, por su conducto le hizo saber el motivo de su presencia, así como que el cumplimiento del requerimiento de pago era a cargo del Presidente Municipal, que en caso de negativa se aplicaría una medida de apremio como lo dispone el numeral 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo que hace patente considerar que el quejoso no desconoce los apercibimientos, por lo que desde ese momento estuvo en posibilidad de dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen. Máxime que una de sus obligaciones al asumir el cargo, es continuar la representación del municipio en los asuntos que tenga pendientes y en trámite, de ahí que sí la comunicación, en este caso, del tribunal laboral se hace en las oficinas que ocupa el Ayuntamiento, con algún funcionario que lo pueda hacer del conocimiento del titular, eso resulta jurídicamente válido, máxime si se trata de la directora jurídica de dicho Ayuntamiento. Atento a lo anterior, resultan inoperantes los argumentos encaminados a demostrar la indebida notificación del requerimiento del cumplimiento del laudo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se le apercibió en caso de incumplimiento, pues la legalidad de dicha resolución no puede estar supeditada a la irregularidad de la forma en que fue hecha del conocimiento a la parte quejosa, por lo que, en dado caso, al ser parte dentro del procedimiento de ejecución, se encontraba en condiciones para promover los recursos que tenía a su alcance, como pudo haber sido el incidente de nulidad; se insiste, ello al ser parte procesal en el juicio de origen. De ahí que resulte innecesario el examen de los motivos de inconformidad encaminados a cuestionar la notificación del auto previo de requerimiento de pago y apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, -que se materializó en el diverso de treinta de septiembre de dos mil veinte- pues en el amparo que nos ocupa además de que dicha situación procesal no es material del acto reclamado, de cualquier forma no puede ser objeto de examen constitucional porque en caso de inconformidad procede previo al amparo, el incidente de nulidad respectivo. Por otra parte, es infundado el argumento de la parte quejosa en que alega que el acto reclamado viola sus garantías constitucionales y derechos fundamentales contenidos en el artículo 16 constitucional, ya que el acto de que se duele refiere no se encuentra fundado ni motivado. En ese orden de ideas, el acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, fue dictado por el Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que la resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, fue emitida por el Pleno de dicho tribunal, y ello encuentra fundamento en los artículos 1, 109, 114, 123 y 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 10 y 12, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. De ahí, que el Presidente ejecutor, haya dictado auto de requerimiento de pago, en contra del Ayuntamiento por conducto de su Presidente, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del artículo 124, de la ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se le impondría una multa de quince unidades de media y actualización, por lo que en diligencia de catorce de septiembre de dos mil veinte, se requirió su cumplimiento por conducto del Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado, sin que hubiese dado cumplimento. Por lo que, ante la contumacia de cumplir el laudo, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, el Presidente ejecutor convocó a los integrantes del tribunal, para resolver respecto del apercibimiento decretado. Es por ello, que el treinta de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal resolvió procedente la medida impuesta. De lo anterior se observa, que contrario a lo alegado por el quejoso, la determinación de la autoridad responsable no fue arbitraria, sino que obedece al incumplimiento de lo requerido en autos, en torno al laudo emitido. En ese sentido, si el tribunal laboral tiene la facultad legal para imponer la medida de apremio en caso de incumplimiento a sus determinaciones, y si el quejoso no ha cumplido con los requerimientos de pago, entonces no es válido que alegue falta de fundamentación y motivación de la resolución que impuso la sanción reclamada, en la medida que esas dos circunstancias (la norma en cita y el incumplimiento) constituyen la fundamentación y motivación del auto reclamado. Al ser infundados e inatendibles los conceptos de violación, se impone negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa del amparo que se hace extensiva contra los actos de ejecución, toda vez que no se reclaman por vicios propios. Al respecto se cita, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 40, registro 239424, de texto siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. LA NEGATIVA DEL MISMO DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías respecto de las autoridades ordenadoras ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada" Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO ampara ni protege a Francisco Antonio Villalobos Adan, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en la multa por quince unidades de medida y actualización, para los efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy uno de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no ha sido emplazada la parte tercero interesada Jair Marquina Arias; atento a lo anterior y con la finalidad de evitar dilaciones procesales en perjuicio de una pronta y expedita administración de justicia; por conducto del Actuario adscrito a esta autoridad Federal, emplácese a la parte tercero interesada citada con anterioridad, en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, haciéndole saber la hora y fecha de la audiencia constitucional, y requiriéndole para que al momento de la notificación, o bien, dentro de los tres días siguientes a dicha formalidad procesal, señalen domicilio en esta ciudad, para el efecto de oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento para el caso de no hacerlo así, con hacerle las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado Federal; debiendo el fedatario judicial cumplir con los requisitos que para una notificación personal establece el ordinal 27, de la Ley de Amparo; habilitándolo para que realice tal formalidad procesal inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. Finalmente para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las diez horas con siete minutos del dos de julio del presente año, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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