Francisco Arce Doddoli
Expediente 911/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 911/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 27/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Arce Doddoli
- Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión, y devuélvanse a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, las copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario oral familiar número sobre Restitución 716/2018, que remitió a este Juzgado Federal. Ahora bien, en virtud a que por resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ....; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. En ese tenor, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; por lo que únicamente se conservará la demanda, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y, en su caso, las resoluciones recurridas; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; al tercero interesado, el acuerdo y/o resolución de fecha veintiocho de junio dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 911/2020-I; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, vía electrónica, en el Portal de Servicios Informáticos en Línea del Consejo de la Judicatura Federal por Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, apoderado de Francisco Arce Doddoli, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.8f, a nombre de la primer persona indicada, recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia y, turnado ese mismo día, a este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos mencionados a continuación: Autoridad responsable: Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Acto reclamado: " [.] 1. La negativa de restablecimiento del régimen de convivencia dentro del juicio oral ordinario. Negativa que se realizó mediante el auto de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito de Morelia, Michoacán. Auto mediante el cual se ocupa de la solicitud de mi mandante, y resuelve que no ha lugar a reanudar las convivencias de manera presencial entre éste y sus menores hijos M. y M. ambos de apellidos A. C., hasta en tanto cambie la situación actual que impera en el Estado por la contingencia de la propagación de la pandemia generada por el virus COVID-19. Cabe señalar que sucedió la modificación de la convivencia presencial -que fue determinada el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito de Morelia en la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho-, por la que se constituyó para que tuviera lugar a través de vía telefónica - conforme a lo determinado en el proveído de fecha veintiuno de mayo de dos mil veinte-, modalidad que sigue vigente a la fecha de presentación de esta demanda. 2.- La falta de protección en el derecho a la salud de los hijos de mi mandante, los menores M. y M. ambos de apellidos A. C., pues no obstante de que, por segunda ocasión se le informó de que se tenía el temor fundado de que dichos menores no contaban con las vacunas que les correspondían no se realizó el apercibimiento con una medida adecuada, tampoco se previó para que fuera requerida la presencia de ambos menores y se generara la posibilidad de que se le entregaran personalmente al ahora quejoso para que él personalmente se encargara de la suministración de las vacunas. Omisión en los derechos a la protección de salud de los menores citados que tuvo lugar mediante el auto diverso de fecha 14 catorce de diciembre de 2020 dos mil veinte, dictado en atención a la petición realizada por mi mandante. [.]."." (foja 3). SEGUNDO. Trámite. Previo cumplimiento de prevención, por proveído de seis de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; por diverso proveído de cinco de abril próximo pasado, se ordenó el emplazamiento de los menores terceros interesados, de iniciales M.A.C. y, M.A.C. por conducto de su progenitora. Posteriormente, mediante escrito recibido el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, presentado vía electrónica, en el Portal de Servicios Informáticos en Línea del Consejo de la Judicatura Federal por Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, apoderado de Francisco Arce Doddoli, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.8f, a nombre de la primer persona indicada, presentó ampliación de demanda respecto de la autoridad y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Acto reclamado: " [.]1. La negativa de restablecimiento del régimen de convivencia presencial dentro del juicio oral ordinario. Negativa que se realizó mediante el auto de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito de Morelia, Michoacán. Auto mediante el cual se ocupa de la solicitud presentada a nombre de mi mandante, y resuelve que no ha lugar a reanudar las convivencias de manera presencial entre éste y sus menores hijos M. y M. ambos de apellidos A. C., ya que deberá de estar a lo acordado por auto de fecha veintiuno de mayo y catorce de diciembre ambos del dos mil veinte, en el que se decretó las convivencias que tendrá el señor Francisco Arce Doddoli, con sus menores hijos se realizaran de manera telefónica en la forma y términos indicados en dicho autos. También refiere que se decreta de dicha manera, tomando en consideración que en ese asunto se promovió juicio de amparo número 911/2020, promovido por el señor Francisco Arce Doddoli, contra el auto donde se modificó el restablecimiento del régimen de convivencia de manera presencial y está pendiente de resolución tal aspecto, aunado que la propia autoridad federal al negar la suspensión definitiva consideró que conceder la misma, implicaría que con la ejecución del acto se podría generar un riesgo grave en el bienestar y desarrollo de los menores, al exponer los menores su salud con al trasladarse de un lugar a otro con su progenitor y convivir con sus familiares, lo que implica un evento que los hace más propensos a contraer el virus, con lo que se podría poner en riesgo su bienestar, su salud y en consecuencia la vida, dada la realidad en la que actualmente vivimos por la pandemia generada a nivel internacional por el virus Covid-19, además que realizar una modificación contravendría con la ponderación en el citado amparo, razón por la cual no ha lugar por el momento a decretar las convivencias presenciales, tal como se ha indicado en los autos antes referidos y el propio criterio de la autoridad federal.". [.]."." (fojas 137 y 138). Atento a lo anterior, por auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ordenó notificar personalmente a la parte tercera interesada lo atinente a la admisión de la citada ampliación y, de nueva cuenta, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, a saber, los menores de iniciales M.A.C. y, M.A.C. por conducto de su progenitora; indicó el día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente de su publicación, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado se atribuye a autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis constitucional, el cual se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, de la demanda de amparo y la ampliación de la misma, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: Del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: Los proveídos de catorce de diciembre de dos mil veinte y, dieciséis de abril de dos mil veintiuno, emitidos en el juicio ordinario oral familiar número 716/2018, de su índice, a través de los cuales, en esencia, negó reanudar el régimen de convivencia de manera presencial, en la forma y términos en que se verificaban, en atención a la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho; de igual forma, con relación al primer proveído, porque se soslayó proteger el derecho a la salud de los menores involucrados, pues, se le indicó la existencia de un temor fundado de que los infantes carecían de la totalidad de sus vacunas, por negligencia de su progenitora; sin embargo, no se realizó apercibimiento conducente, con una medida adecuada para generar la posibilidad de constatar dicha circunstancia; y, de ser el supuesto, estar en aptitud de suministrar a los menores dichas vacunas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados, relacionados con la demanda principal (fojas 73 a 148) y, respecto de la ampliación de la demanda (fojas 192 a 200), lo cual, además, se corrobora con las constancias que remitió como complemento a su informe de ley, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario oral familiar de mérito; documentos con pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. La demanda y ampliación de la misma se presentaron dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados se notificaron el dieciséis de diciembre de dos mil veinte y, dieciséis de abril próximo pasado; por ende, el plazo legal con que contaba comenzó, respecto del primer proveído, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte y feneció el once de enero de dos mil veintiuno y, del segundo, inició el veinte de abril y feneció el once de mayo de dos mil veintiuno; en consecuencia, si el escrito que contiene la demanda y, el diverso mediante el cual amplió la misma, se presentaron vía electrónica el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte y diecinueve de abril de dos mil veintiuno, respectivamente, es inconcuso que su promoción fue oportuna. QUINTO. Antecedentes. Previo a realizar el estudio de fondo del presente juicio Constitucional, por cuestión de técnica, conviene precisar que, de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, se coligen los antecedentes siguientes: 1. Demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho ante la Oficialía de Partes y Turno del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, con sede en Morelia, remitido al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, Alejandra Lucía Chavolla Loya, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos M. y M. A. C. promovió demanda en la vía ordinaria oral familiar contra Francisco Arce Doddoli, de quien reclamó, en lo relevante, divorcio sin expresión de causa. Lo anterior, con base en los hechos que estimó pertinentes. 2. Sentencia definitiva. Seguidos diversos trámites, mediante audiencia preliminar de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, virtud a que los contendientes, en la etapa de conciliación llegaron a un convenio, previo análisis del mismo, se aprobó y se dictó sentencia definitiva, en la cual, en la materia del presente juicio Constitucional, se estableció que ambos progenitores ejercerían la patria potestad de los infantes; Alejandra Lucía Chavolla Loya, sería la titular de la guarda y custodia de sus menores hijos M. y M. A. C.; con relación a los alimentos, se indicó que ambos progenitores cubrirían el cincuenta por ciento de los alimentos respecto de los menores y, en ese sentido, Francisco Arce Doddoli otorgaría la cantidad de mil quinientos pesos semanales, es decir, seis mil pesos mensuales, por dicho concepto, en la forma y términos ahí previstos, con el aumento correspondiente previsto por el numeral 451 del Código Familiar del estado de Michoacán y, de igual forma, se estableció la forma de cubrir los demás conceptos que integran el tópico de los alimentos, verbigracia, vestido y gastos médicos. Finalmente, se estableció un régimen de convivencia en favor de los multicitados niños y su progenitor no custodio, a saber, Francisco Arce Doddoli, quien debería acudir por ellos en el domicilio de la progenitora de éstos, cada quince días, a partir del viernes, y concluiría los domingos a las diecinueve horas, y debía llevarlos al propio domicilio (fojas 75 a 92). 3. Solicitud de Alejandra Lucía Chavolla Loya. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el siete de mayo de dos mil veinte, Alejandra Lucía Chavolla Loya, solicitó, en términos generales, la modificación del régimen de convivencia de los menores con su progenitor, en atención a la pandemia generada con motivo del virus Sars Cov-2 (covid-19); no obstante, propuso como forma para su verificativo, la utilización de medios tecnológicos, verbigracia, videollamadas, entre los infantes y su progenitor (fojas 105 y 106). 3. Contestación a la promoción. Luego de diversos trámites tendentes a lograr la devolución del expediente por el Jefe del Archivo del Poder Judicial del estado de Michoacán, por proveído de veintiuno de mayo de dos mil veinte, el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con fundamento en los artículos 260, 873 y 932 del Código Familiar de Michoacán, acordó lo siguiente: a) Declaró el derecho de convivencia en favor de los menores, con relación a su progenitor, en términos de las disposiciones convencionales, constitucional y legales que estimó aplicables. b) No obstante lo anterior, en atención al ejercicio de ponderación que realizó, entre el derecho de los menores y su progenitor Francisco Arce Doddoli de convivir, y la situación de emergencia sanitaria generada con motivo de la pandemia por la propagación del virus covid-19, de conformidad con los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias, estableció una medida emergente sobre modificación temporal del régimen de convivencia entre los menores y su progenitor, la cual se verificaría los días lunes, miércoles y viernes de las diecisiete a dieciocho horas, y sábados y domingos de diez a once, mediante videollamadas y llamadas telefónicas. Por otra parte, impuso a la progenitora la obligación de proporcionar a los menores un teléfono celular y uno fijo, a fin de que pudieran tener comunicación con su padre. De igual forma, apercibió a la madre de los niños a que permanezca preferentemente en su domicilio, conjuntamente con los infantes, a fin de evitar un posible contagio del citado virus; de igual forma, la conminó para el efecto de que brinde a los niños todos los cuidados de higiene, salud y alimentación que, por su corta edad, son necesarios para evitar, de igual forma, un eventual contagio; lo anterior, con base en los apercibimientos legales que estimó aplicables (fojas 110 a 112). Resolución estrechamente vinculada a los actos reclamados. 4. Solicitudes de Francisco Arce Doddoli. Seguidos diversos trámites, mediante sendos ocursos, Francisco Arce Doddoli solicitó a la autoridad responsable: a) Requerir a Alejandra Lucía Chavolla Loya la exhibición de las cartillas de vacunación de los menores M. y M. A. C., en atención a que soslayó hacerlo dentro del término otorgado previamente, dado que -indicó-, el suministro de dichas vacunas es trascendental para la salud de los infantes; y, en el supuesto de que los menores carezcan de la totalidad de sus vacunas, acordar lo conducente, a fin de que estén a su disposición, y acudir al sector público de salud con los menores, para que se las apliquen; y, b) En atención al requerimiento que le fue formulado para proponer formas para establecer la convivencia entre él y sus menores hijos, solicitó que la misma fuera ejercida en la forma y términos establecidos mediante sentencia ejecutoriada de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, reseñada en el punto número 2, con motivo del convenio celebrado por los progenitores de los niños, aprobado y sancionado por el órgano jurisdiccional de origen, razón por la cual, dicha convivencia debía reanudarse en esos términos (fojas 134 y, 136 a 139, respectivamente). 5. Contestación a las solicitudes. Mediante proveídos de catorce de diciembre de dos mil veinte, el juez de origen, con relación a la solicitud destacada párrafo precedente, con el inciso a): Requirió a Alejandra Lucía Chavolla Loya para que en el término de tres días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación condigna, exhibiera la cartilla de vacunación de ambos menores, bajo apercibimiento que, de incumplir, se le impondría una multa equivalente a cinco días de salario mínimo general vigente en el estado, sin perjuicio de darle vista a la Agente del Ministerio Público adscrita y Tutora de los menores, designada en autos. Por otra parte, con relación a la solicitud identificada con el inciso b), proveyó lo siguiente: - El régimen de convivencia no se encuentra suspendido, sino que, en atención a la contingencia de salud imperante, se modificó temporalmente, mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veinte, precisamente, en aras de proteger la salud de los infantes y evitar un eventual contagio. - En atención al interés superior de los menores, de momento, no es posible que las convivencias se verifiquen de manera presencial, hasta en tanto cambien las condiciones actuales, derivadas de la pandemia generada por el virus covid-19, razón por la cual, por lo pronto, deberán efectuarse en la forma y términos establecidos en el citado auto. Acto que constituye la materia del presente juicio Constitucional, respecto de la demanda principal (visibles a fojas 135 y 140 a 141). 6. Solicitud sobre régimen de convivencia. Mediante escritos presentados por Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, apoderado de Francisco Arce Doddoli, ante la autoridad responsable, de nueva cuenta, solicitó, en síntesis, que se reanudara el régimen de convivencia entre el último de los nombrados y, sus menores hijos, con base en la premisa de que con la adopción de medidas sanitarias, se puede lograr la convivencia presencial, a fin de lograr un apto desarrollo emocional de los menores, el cual, iteró, debe ceñirse al convenio celebrado por los progenitores, aprobado y sancionado en autos del juicio de origen; de igual forma, solicitó que apercibiera a la progenitora de los menores, a fin de que permanezca en su domicilio particular con los menores, virtud a que tenía conocimiento de que ésta, de manera frecuente, sale con ellos de su domicilio; y, finalmente, manifestó que Alejandra Lucía Chavolla Loya, de manera constante impide que se verifique la convivencia de los menores con su padre, virtud a que controla el dispositivo móvil que se utiliza para tales fines (fojas 193 a 195). 5. Contestación a la nueva solicitud. Mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el juez de origen, con relación a la solicitud destacada párrafo precedente, estableció, en términos generales, que en atención al interés superior de los menores, deberá estarse a lo acordado por auto de veintiuno de mayo de dos mil veinte, al cual se remitió por diverso proveído de catorce de diciembre del mismo año (reseñado con antelación), conforme a los cuales, el régimen de convivencia debía verificarse mediante el uso de video llamadas y, de manera telefónica. En ese contexto, indicó la autoridad responsable, es menester considerar que, con motivo de la promoción del juicio de amparo indirecto 911/2020, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia, promovido por Francisco Arce Doddoli, por conducto de su apoderado, al resolverse lo atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, relacionados, precisamente, con la forma de verificar el régimen de convivencia, el órgano de control constitucional determinó negar la medida cautelar solicitada, virtud a que, de concederla, se generaría un riesgo grave en el bienestar y desarrollo de los menores, porque lo anterior implica trasladarlos de un lugar a otro con su progenitor, convivir con sus familiares, lo cual los haría más propensos a contraer el virus covid-19, lo cual, en consecuencia, es susceptible de poner en riesgo su bienestar, salud y, por ende, sus vidas. Por otra parte, con relación a las manifestaciones en el sentido de que la progenitora de los menores, de manera recurrente sale de su domicilio con ellos y, que de manera reiterada impide la convivencia por las razones apuntadas previamente, dio vista a Alejandra Lucía Chavolla Loya, a la Agente del Ministerio Público adscrita a ese órgano jurisdiccional y, tutora de los menores, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. De igual forma, conminó a la madre de los infantes para el efecto de que les brinde todos los cuidados de higiene, salud y alimentación que, por su corta edad, son necesarios para evitar, de igual forma, un eventual contagio; lo anterior, con base en los apercibimientos legales que estimó aplicables (fojas 196 a 198). Auto reseñado que constituye la materia del presente medio de control constitucional, con relación a la ampliación de la demanda de amparo. SEXTO. Análisis del fondo del asunto. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se precisan en la demanda de amparo y, el escrito de ampliación de la demanda de amparo, los cuales no se transcriben, por inexistir disposición expresa en ese sentido en la ley de la materia; máxime que, con lo anterior, no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo; sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante lo anterior, de su lectura se aprecia que, en síntesis, se circunscriben a los argumentos siguientes: a) Los actos reclamados transgreden el interés superior de los menores, virtud a que el régimen de convivencia no se verifica de manera presencial, por el riesgo del contagio del virus covid-19, con lo cual, se vulnera el derecho de los infantes de convivir con su progenitor y familia ampliada y, por ende, se les impide, en términos generales, de acceder plenamente al desarrollo apto de su personalidad y emocionalidad; para tales fines, la parte quejosa cita diversos preceptos legales, constitucionales y convencionales, así como las tesis intituladas: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD." y, "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE". Aspectos que, de igual forma, reitera en los conceptos de violación expuestos en la ampliación de demanda de amparo, con la salvedad de que, como un aspecto novedoso, aduce que el acto reclamado en dicha ampliación, soslayó que, el cinco de abril del año en curso se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del estado de Michoacán, el decreto legislativo número 510, en el cual, entre otras disposiciones, se reformaron los artículos 4, último párrafo, 11, cuarto parágrafo, 15, segundo y último párrafo, 16, segundo parágrafo, y tercero transitorio, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Michoacán, conforme a los cuales, en síntesis, ningún niño podrá ser privado de la convivencia física con su madre, padre, o familia, a causa de pandemia o emergencia sanitaria; y que éstas, no pueden considerarse como motivo suficiente para separarlos de sus padres, o de los familiares con los cuales conviva; finalmente, que aquellos niños a quienes se haya restringido su derecho de convivencia de manera física, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del virus covid-19, deberán ser restituidos en dicha prerrogativa, y convivir físicamente, de inmediato, con las condiciones sanitarias que se consideren necesarias para salvaguardar su salud. Circunstancia que motivó la emisión del "Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del estado de Michoacán, que modifica el punto tercero del diverso 'Acuerdo que establece disposiciones generales para retomar la totalidad de las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia que presta el Poder Judicial a partir del 22 de febrero de 2021", el cual transcribe. Y, finalmente, concluye en que, de conformidad con dichos preceptos, en aras de salvaguardar el interés superior del menor, debió restablecerse la convivencia de manera física entre el quejoso y sus menores hijos. c) Por otra parte, con relación a lo atinente al derecho a la salud, indica que el juez responsable soslayó proteger, de manera integral, a los menores involucrados, pues, el esquema de vacunación implica una serie de beneficios a fin de inmunizar a los menores y, por ende, evitar el contagio de diversas enfermedades, en función de cada vacuna aplicada, razón por la cual, era imperativo que la autoridad responsable constatara, de manera fehaciente, que los menores, en efecto, fueron suministrados de las vacunas que, en atención a su edad, deben tener, lo cual es susceptible de verificar a través de las cartillas de vacunación. En ese sentido, concluye, debió señalar día y hora para que la progenitora las exhibiera, conjuntamente con los menores, y en el supuesto de que no estuvieran debidamente vacunados, se proveyera lo conducente para su ministración, no limitarse únicamente a requerir de nueva cuenta a la madre de los niños, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se haría acreedora de una multa. Los conceptos de violación previamente sintetizados son infundados para los fines pretendidos. En principio, resulta necesario establecer que al estar involucrados los derechos de dos menores, la presente resolución se dicta en atención a su interés superior, según pronunciamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2014, incluso de ser necesario, mediante la suplencia de la queja deficiente en su favor en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencias de 1a./J 44/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Así como la diversa jurisprudencia: 1a./J. 25/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Conforme lo anterior, el interés superior del menor implica que los derechos de los niñas, niños y adolescentes, así como el ejercicio pleno de estos, deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas, así como en la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Lo anterior, encuentra su contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone: "ARTÍCULO 4. . En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. .". Ahora, es menester señalar que los menores de edad tienen el derecho fundamental de convivencia, el cual además de regularse en el derecho interno, rige lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual, los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo que sea contrario al interés superior del niño. En relación con lo expuesto, el cuatro de diciembre de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 1, establece que sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República, teniendo por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y respeto de los derechos fundamentales; así sus preceptos 6, 7, 22 y 23, disponen lo siguiente: "Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes: I. El interés superior de la niñez; II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales; III. La igualdad sustantiva; IV. La no discriminación; V. La inclusión; VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; VII. La participación; VIII. La interculturalidad; IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; XI. La autonomía progresiva; XII. El principio pro persona; XIII. El acceso a una vida libre de violencia; XIV. La accesibilidad, y XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. "Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos." "Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su subsistencia. Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar y para que, en su caso, sean atendidos a través de las medidas especiales de protección que dispone el artículo 26." "Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior." Atento a lo anterior, se destaca que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados parte deben velar que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando las autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria en el interés superior del niño, situación que acontece cuando el menor es objeto de maltrato, descuido, así como cualquier tipo de violencia, por parte de sus padres o quienes tienen el deber de protegerlos; además, dispone que se debe respetar el derecho del niño que esté separado de sus padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, siempre y cuando lo anterior no sea contrario al interés superior de aquél. Esto es, el derecho del niño a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional, ya que por causas ajenas a él, vive separado de sus padres; y si bien, excepcionalmente, puede suspenderse ese derecho, cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar el interés superior de éste, en atención a las circunstancias particulares del caso y prescindiendo de la conveniencia e intereses personales de sus padres. Expuesto, lo anterior, es menester tener presente que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control. Así, las autoridades sanitarias del País han expedido diversos acuerdos, entre otros, lo que se destaca a continuación: ( En sesión extraordinaria de diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General acordó reconocer en México la epidemia de enfermedad por el virus citado, como una enfermedad grave de atención prioritaria; y que la Secretaría de Salud establecería las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia del virus de referencia. ( La Secretaría de Salud, en términos del artículo 134, fracción XIV, de la Ley General de Salud, expidió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus en mención; instrumento del que se destaca: "PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19). Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada nacional de Sana Distancia", que tiene como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves." "SEGUNDO. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en período de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. [.]" ( Del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se destaca: "PRIMERO. Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: . V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar. .". De manera que, entre otras cuestiones, han establecido la suspensión de actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población residente en el territorio nacional, para lo cual implementaron entre otras medidas, la relativa a la sana distancia, exhortando a toda la población a cumplir resguardo domiciliario corresponsable, el cual, como se dijo, debe entenderse como la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público el mayor tiempo posible. De igual modo constituye un hecho notorio que derivado de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID 19) ha sido alto el número de contagios y ha cobrado muchas vidas, situación que denota que a mayor movilidad conlleva a mayor factor de incidencia de contagio. Ahora, precisado el contexto normativo sobre el interés superior de la menor, así como la situación pandémica derivada del virus SARSCoV2 que atraviesa la población, y con base en la premisa fundamental de que, aun cuando el derecho del niño a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional, ya que por causas ajenas a él, vive separado de sus padres, no debe perderse de vista que, excepcionalmente, puede suspenderse ese derecho, cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar el interés superior de éste, en atención a las circunstancias particulares del caso y prescindiendo de la conveniencia e intereses personales de sus padres. Excepción que se presenta en el caso concreto, pues, derivado de la situación que se vive actualmente, el cumplimiento al interés superior del menor conmina a privilegiar su derecho a la vida y salud sobre el propio derecho que también tienen de convivir de manera física con ambos progenitores, previendo que por el momento no salga del domicilio en el que se encuentra actualmente por la pandemia aludida. En efecto, si bien, se ha señalado que de momento corresponde a ambos progenitores cumplir con sus obligaciones de crianza, para lo cual pueden convivir con sus hijos en el domicilio de cada uno de ellos, debe tenerse presente que para el caso concreto, de realizarse las convivencias físicas entre los menores con su padre, implicaría poner en peligro su salud, y por ende su vida, pues, precisamente, en atención al interés superior de los menores involucrados, no puede desconocerse que se encuentra vigente la enfermedad citada, la cual ha ocasionado decesos, por lo cual, se itera, en atención al interés superior de los infantes, por el momento, no es factible que salgan del domicilio en donde se encuentran, a fin de atender el derecho de convivir con el padre, por no habitar en el mismo lugar. En consecuencia, al advertir una situación extraordinaria, que impacta la vida ordinaria como se conocía, derivado del virus SARS-CoV2 (COVID 19) que ha obligado a las autoridades sanitarias a decretar resguardo domiciliario corresponsable, el mayor tiempo posible, no resulta correcto que durante la contingencia sanitaria, la convivencia familiar de los menores con su padre, se verifique en los términos fijados por el juez natural, mediante sentencia definitiva ejecutoriada, esto es, que el ahora quejoso, acuda por los menores al domicilio en el cual cohabitan con su madre, para que convivan de manera libre; pues, lo anterior, implicaría que los menores abandonen el domicilio en el cual, actualmente, se encuentran resguardados, para trasladarse al de su padre, colocándolos en una situación de riesgo. Incluso, contra lo expuesto por la parte quejosa, aun cuando se cumplan las medidas sanitarias respectivas, esa circunstancia no exime, en automático, a los menores de un posible contagio, ya que el riesgo de contraer el virus, se incrementa con el solo hecho de sustraer a los infantes de su domicilio, trasladarlos e incorporarlos a un nuevo ambiente; todo lo cual, implica realizar un evento que aumenta la probabilidad de un contagio. Lo anterior, se sustenta en la tesis 1a. CVIII/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial." Lo anterior es así, pues, se itera, dicho alcance conlleva a la posibilidad de que se establezcan convivencias de manera presencial entre los menores con su padre, cuando precisamente, como se señaló, derivado de la situación de pandemia producida por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), emerge como una cuestión incontrovertible, conforme al cual, inexiste un factor o base que pueda permitir asegurar, sin lugar a duda, que la sustracción de su domicilio, su traslado y cuidado en lugar diverso, aun con ciertas medidas sanitarias, no actualice riesgo para los infantes, esto es, que no sufrirán ningún contagio, pues, como el Alto Tribunal lo ha establecido, basta con que el infante se sustraiga de su hogar, para colocarlo en una situación de riesgo, basado en la evidencia científica que como hecho notorio se ha destacado. Así, con base en las indicaciones emitidas por la Secretaría de Salud, se colige que el solo hecho de dar movilidad a los menores, fuera de su hogar, constituye un riesgo de contraer el virus, pues entre las medidas más propicias para disminuir en forma considerable dicho riesgo, es precisamente a través del distanciamiento social y quedándose en casa. Resulta aplicable la tesis número XVII.1o.C.T.36 C (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que a la letra dice "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES, FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE, CORRESPONDE PRIVILEGIAR SU DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD, SOBRE EL DERECHO A LA CONVIVENCIA CON AQUÉLLOS, POR ENDE, EL JUEZ DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ESTA ÚLTIMA SE EFECTÚE A DISTANCIA. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 23 dispone que las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez; de manera que el derecho del infante a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional; sin embargo, puede suspenderse cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar su interés superior. Luego, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control, entre las que prevalecen el resguardo domiciliario corresponsable; que consiste en la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular el mayor tiempo posible. Bajo ese contexto, tratándose del régimen de visitas y convivencias del infante con uno de sus padres durante la situación pandémica en cuestión, debe estimarse que el solo hecho de sustraer al infante de su domicilio, trasladarlo e incorporarlo a un nuevo ambiente, implica realizar un evento que lo hace más propenso a contraer el virus, lo que conllevaría poner en riesgo su salud y, en consecuencia, la vida; por ende, atento al interés superior de aquél, corresponde privilegiar su derecho a la vida y la salud sobre el de convivir con su progenitor, el cual se limitará a una modalidad a distancia, por lo que el órgano jurisdiccional debe procurar el resguardo del infante y dictar las providencias necesarias, según las particularidades del caso, para el desarrollo de la convivencia a distancia a través de los medios de comunicación disponibles, y a los que se pudiera tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, u otros similares, con la regularidad suficiente, a fin de mantener comunicación continua entre el infante y su progenitor, estableciendo como obligación del progenitor con quien cohabite, el permitir el sano desarrollo de tales convivencias, de manera que se lleven a cabo en forma libre y espontánea." Esto es, no se discute que el derecho a la protección de la salud física y a la vida, como el de convivencia con la madre o el padre no custodio a efecto de mantener y estrechar el lazo familiar entre ellos, resultan derechos fundamentales para el bienestar general de los menores de edad, que deben ser protegidos y garantizados en su ejercicio. Empero, atento a la emergencia sanitaria, de manera excepcional debe reconocerse la protección de la salud física y de la vida, frente al derecho a la convivencia física con el progenitor no custodio, modulando la convivencia para armonizarla con esa situación. Esto, porque la información oficial con que hasta el momento se cuenta por parte de las instituciones y organismos públicos de salud, es que el COVID-19 se considera una enfermedad fácilmente transmisible, con la sola cercanía entre las personas, y puede ser adquirida también por menores de edad, sin que hasta ahora haya datos científicos validados por la Organización Mundial de la Salud que descarten que en este grupo de edad se puedan presentar síntomas graves y pueda causar la muerte; dado los contagios elevados, incluso diversa cantidad de personas contagiadas sin pruebas que lo corroboren y casos asintomáticos, por lo que debe privilegiarse la observancia de medidas de distanciamiento físico y de resguardo domiciliario, en beneficio del interés superior del menor. Es aplicable, en lo conducente, por las razones que informa, la jurisprudencia 11/2021 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siete de abril de dos mil veintiuno, del texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO ÉSTE CONSISTE EN UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE ORDENA UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA PROVISIONAL EN FORMA PRESENCIAL Y LIBRE ENTRE UN MENOR DE EDAD Y EL PROGENITOR NO CUSTODIO, EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD COVID-19, PERMITE QUE LA SUSPENSIÓN SE OTORGUE MODULANDO LA CONVIVENCIA PARA QUE SE REALICE A DISTANCIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIEMPRE Y CUANDO EL MATERIAL PROBATORIO CON QUE SE CUENTE AL PROVEER LA MEDIDA NO PERMITA FIJAR UNA DISTINTA COMO MÁS PROTECTORA DE SU INTERÉS SUPERIOR. HECHOS: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llevaron a cabo un examen sobre la procedencia de la medida de suspensión del acto reclamado en el incidente derivado del juicio de amparo indirecto, en relación con una determinación judicial intraprocesal que estableció un régimen de convivencias provisional o especial, en forma presencial (física) y libre (no supervisada) de un menor de edad con el progenitor que no ejercía materialmente la guarda y custodia, que implicaba el desplazamiento del menor de edad del domicilio que constituía su residencia habitual a aquél en que se llevaría a cabo la convivencia y su incorporación a otro ambiente; y ambos tribunales se vieron en la necesidad de examinar dicho acto reclamado en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV- 2 causante de la enfermedad COVID-19, llegando a conclusiones distintas sobre la medida suspensional, pues uno determinó que en la situación de pandemia, la convivencia debía modalizarse para que se realizara a distancia, por medios electrónicos (llamadas por teléfono, mensajes, videollamadas, o reuniones en plataformas digitales) a efecto de proteger la salud y la vida del menor, otorgando la medida con esos efectos; mientras que el otro estimó que no debía ser así, sino que la convivencia debía realizarse como fue autorizada, con las medidas de protección sanitaria que impuso la responsable. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en la situación descrita, la medida de suspensión del acto reclamado sí podrá modalizar la convivencia para que se desarrolle a distancia, mediante el uso de medios electrónicos, como medida general de protección reforzada de la vida y de la salud del menor de edad, atendiendo a las condiciones de emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, pero ello será viable siempre y cuando al proveer sobre la suspensión (provisional o definitiva) no se cuente con elementos suficientes para determinar, conforme a un análisis individualizado de las circunstancias del caso concreto, si éstas conducen a proteger mejor su interés superior de una forma distinta. JUSTIFICACIÓN: No está a discusión que tanto el derecho a la protección de la salud física y a la vida, como el derecho a la convivencia con la madre o el padre no custodio a efecto de mantener y estrechar el lazo familiar entre ellos, resultan derechos fundamentales para el bienestar general de los menores de edad, que deben ser protegidos y garantizados en su ejercicio. Sin embargo, el contexto fáctico excepcional de la pandemia por COVID-19 exige reconocer la mayor entidad del derecho a la protección de la salud física y de la vida, frente al derecho a la convivencia física con el progenitor no custodio, de manera que resulte admisible tener como premisa general, en el marco de una medida cautelar como la suspensión del acto reclamado, que el interés superior de los menores de edad, como grupo, en este momento se encuentra en la necesidad de proteger y garantizar con mayor intensidad su vida y su salud física, y modular la convivencia para armonizarla con ello. Esto, porque la información oficial con que hasta el momento se cuenta por parte de las instituciones y organismos públicos de salud, es que el COVID-19 se considera una enfermedad fácilmente transmisible, con la sola cercanía entre las personas, y puede ser adquirida también por menores de edad, sin que hasta ahora haya datos científicos validados por la Organización Mundial de la Salud que descarten que en este grupo de edad se puedan presentar síntomas graves y pueda causar la muerte; además porque existe un elevado número de contagios oficialmente reportados en el país confirmados con pruebas clínicas, sin negar que seguramente habrá otra cantidad de personas contagiadas sin prueba que lo corrobore y casos asintomáticos; condiciones que autorizan a privilegiar la observancia de medidas de distanciamiento físico y de resguardo domiciliario a que exhortan las autoridades en materia de salud. Ahora bien, un ejercicio preliminar y en abstracto, de ponderación de la apariencia del buen derecho, permite advertir que la convivencia presencial, en tanto implica extraer al menor de su ambiente habitual para incorporarlo a otro, sí conlleva una mayor exposición a un riesgo real de contagio, probable y fundado en dicha información oficial, que opera en detrimento de la protección a su salud y a su vida. Asimismo, la suspensión con efectos de modular la convivencia para que se realice por medios electrónicos, asegura que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, en tanto permite que no se afecte el interés prevalente del menor en la protección de su derecho a gozar del nivel más alto posible de salud, y procura compatibilizarlo con su derecho a la convivencia, que habrá de propiciarse de la manera más amplia posible, aun cuando temporalmente no sea presencial. Pese a todo ello, adoptar esa medida en forma de protección reforzada, sólo será viable para el juzgador de amparo en aquellos casos en que al proveer sobre la suspensión, no contara con elementos probatorios suficientes que le permitan sustentar, bajo un análisis individual de la circunstancia concreta del menor involucrado, que su interés superior exige adoptar una medida o efectos distintos, o inclusive, negar la suspensión, pues cuando sea así, ello debe estimarse posible; además, desde luego el juzgador conserva sus facultades de modificar la medida suspensional, si antes de que exista sentencia firme en el juicio de amparo, se presentan circunstancias que lo justifiquen." Sin que al considerarlo de esa forma, se infrinja el derecho de convivencia, ya que este se refiere a cualquier forma de comunicación humana, con la finalidad de estrechar los lazos familiares, misma que puede realizarse de diversas maneras, en atención a cada caso en particular. Por tanto, se estiman ajustadas a derecho, las determinaciones del juez responsable, las cuales constituyen la materia del presente juicio Constitucional, de establecer, de manera provisional, la modificación del régimen de convivencia entre los menores y su progenitor, la cual se verifica los días lunes, miércoles y viernes de las diecisiete a dieciocho horas, y sábados y domingos de diez a once, mediante video llamadas y llamadas telefónicas. Se estima de esa manera, pues, de conformidad con los argumentos expuestos líneas precedentes, en atención al interés superior de los menores involucrados en el presente asunto, se privilegia una mayor entidad del derecho a la protección de la salud física y de la vida, frente al derecho a la convivencia física con el progenitor no custodio, sin anularlo por completo. Similar consideración se objetiva con relación al restante aspecto expuesto en los conceptos de violación analizados, relativo a que la autoridad responsable, soslayó proteger, de manera integral, a los menores involucrados, en el aspecto atinente a su derecho a la salud, virtud a que, en principio, debió constatar que estos cuentan con todas las vacunas conforme a su edad; y, ordenar lo conducente para que, de no ser el supuesto, se esté en aptitud de logar su suministro, por las razones que indica. Lo anterior es así, pues, de conformidad con lo establecido con antelación, la razón por la cual se estimó que los diversos aspectos que conforman los actos reclamados, inherentes al derecho de convivencia de los menores y su progenitor, se estiman ajustados a derecho, se circunscribe al contexto fáctico de la emergencia sanitaria derivada del virus covid-19 y, en atención al interés superior de los menores, se estimó que, por el momento, a fin de salvaguardar su derecho a la protección de su salud física y, por ende, sus vidas, lo más conveniente es que, en la medida de lo posible, se resguarden en el domicilio en el cual cohabitan con su progenitora. Por tanto, aun cuando de autos se inadvierte medio de convicción que evidencie, como sostiene el quejoso, que los menores carezcan de la totalidad de sus vacunas, en atención a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, es evidente que, de ser el supuesto, el simple hecho de pretender que éstos acudan a un nosocomio, ya sea público o particular, en el contexto de la pandemia, incrementa considerablemente, la probabilidad de que éstos puedan contagiarse del multicitado virus. Máxime que, al estar resguardados en el domicilio en el cual cohabitan con su madre, su riesgo exponencial a contraer cualquier tipo de enfermedad, incluso, aquellas respecto de las cuales, virtualmente, no tengan inmunidad por carecer del suministro de la vacuna condigna, disminuye en la misma medida. Corolario de lo anterior, por resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa y, además, inadvertirse queja deficiente qué suplir en favor de los menores involucrados, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Arce Doddoli, contra los actos reclamados de la autoridad precisados en el considerando segundo de la presente ejecutoria, por las razones expuestas en el diverso sexto. Notifíquese personalmente.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 911/2020-I; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, vía electrónica, en el Portal de Servicios Informáticos en Línea del Consejo de la Judicatura Federal por Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, apoderado de Francisco Arce Doddoli, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.8f, a nombre de la primer persona indicada, recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia y, turnado ese mismo día, a este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos mencionados a continuación: Autoridad responsable: Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Acto reclamado: " [.] 1. La negativa de restablecimiento del régimen de convivencia dentro del juicio oral ordinario. Negativa que se realizó mediante el auto de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito de Morelia, Michoacán. Auto mediante el cual se ocupa de la solicitud de mi mandante, y resuelve que no ha lugar a reanudar las convivencias de manera presencial entre éste y sus menores hijos M. y M. ambos de apellidos A. C., hasta en tanto cambie la situación actual que impera en el Estado por la contingencia de la propagación de la pandemia generada por el virus COVID-19. Cabe señalar que sucedió la modificación de la convivencia presencial -que fue determinada el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito de Morelia en la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho-, por la que se constituyó para que tuviera lugar a través de vía telefónica - conforme a lo determinado en el proveído de fecha veintiuno de mayo de dos mil veinte-, modalidad que sigue vigente a la fecha de presentación de esta demanda. 2.- La falta de protección en el derecho a la salud de los hijos de mi mandante, los menores M. y M. ambos de apellidos A. C., pues no obstante de que, por segunda ocasión se le informó de que se tenía el temor fundado de que dichos menores no contaban con las vacunas que les correspondían no se realizó el apercibimiento con una medida adecuada, tampoco se previó para que fuera requerida la presencia de ambos menores y se generara la posibilidad de que se le entregaran personalmente al ahora quejoso para que él personalmente se encargara de la suministración de las vacunas. Omisión en los derechos a la protección de salud de los menores citados que tuvo lugar mediante el auto diverso de fecha 14 catorce de diciembre de 2020 dos mil veinte, dictado en atención a la petición realizada por mi mandante. [.]."." (foja 3). SEGUNDO. Trámite. Previo cumplimiento de prevención, por proveído de seis de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; por diverso proveído de cinco de abril próximo pasado, se ordenó el emplazamiento de los menores terceros interesados, de iniciales M.A.C. y, M.A.C. por conducto de su progenitora. Posteriormente, mediante escrito recibido el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, presentado vía electrónica, en el Portal de Servicios Informáticos en Línea del Consejo de la Judicatura Federal por Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, apoderado de Francisco Arce Doddoli, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.8f, a nombre de la primer persona indicada, presentó ampliación de demanda respecto de la autoridad y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Acto reclamado: " [.]1. La negativa de restablecimiento del régimen de convivencia presencial dentro del juicio oral ordinario. Negativa que se realizó mediante el auto de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito de Morelia, Michoacán. Auto mediante el cual se ocupa de la solicitud presentada a nombre de mi mandante, y resuelve que no ha lugar a reanudar las convivencias de manera presencial entre éste y sus menores hijos M. y M. ambos de apellidos A. C., ya que deberá de estar a lo acordado por auto de fecha veintiuno de mayo y catorce de diciembre ambos del dos mil veinte, en el que se decretó las convivencias que tendrá el señor Francisco Arce Doddoli, con sus menores hijos se realizaran de manera telefónica en la forma y términos indicados en dicho autos. También refiere que se decreta de dicha manera, tomando en consideración que en ese asunto se promovió juicio de amparo número 911/2020, promovido por el señor Francisco Arce Doddoli, contra el auto donde se modificó el restablecimiento del régimen de convivencia de manera presencial y está pendiente de resolución tal aspecto, aunado que la propia autoridad federal al negar la suspensión definitiva consideró que conceder la misma, implicaría que con la ejecución del acto se podría generar un riesgo grave en el bienestar y desarrollo de los menores, al exponer los menores su salud con al trasladarse de un lugar a otro con su progenitor y convivir con sus familiares, lo que implica un evento que los hace más propensos a contraer el virus, con lo que se podría poner en riesgo su bienestar, su salud y en consecuencia la vida, dada la realidad en la que actualmente vivimos por la pandemia generada a nivel internacional por el virus Covid-19, además que realizar una modificación contravendría con la ponderación en el citado amparo, razón por la cual no ha lugar por el momento a decretar las convivencias presenciales, tal como se ha indicado en los autos antes referidos y el propio criterio de la autoridad federal.". [.]."." (fojas 137 y 138). Atento a lo anterior, por auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ordenó notificar personalmente a la parte tercera interesada lo atinente a la admisión de la citada ampliación y, de nueva cuenta, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, a saber, los menores de iniciales M.A.C. y, M.A.C. por conducto de su progenitora; indicó el día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente de su publicación, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado se atribuye a autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis constitucional, el cual se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, de la demanda de amparo y la ampliación de la misma, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: Del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: Los proveídos de catorce de diciembre de dos mil veinte y, dieciséis de abril de dos mil veintiuno, emitidos en el juicio ordinario oral familiar número 716/2018, de su índice, a través de los cuales, en esencia, negó reanudar el régimen de convivencia de manera presencial, en la forma y términos en que se verificaban, en atención a la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho; de igual forma, con relación al primer proveído, porque se soslayó proteger el derecho a la salud de los menores involucrados, pues, se le indicó la existencia de un temor fundado de que los infantes carecían de la totalidad de sus vacunas, por negligencia de su progenitora; sin embargo, no se realizó apercibimiento conducente, con una medida adecuada para generar la posibilidad de constatar dicha circunstancia; y, de ser el supuesto, estar en aptitud de suministrar a los menores dichas vacunas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados, relacionados con la demanda principal (fojas 73 a 148) y, respecto de la ampliación de la demanda (fojas 192 a 200), lo cual, además, se corrobora con las constancias que remitió como complemento a su informe de ley, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario oral familiar de mérito; documentos con pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. La demanda y ampliación de la misma se presentaron dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados se notificaron el dieciséis de diciembre de dos mil veinte y, dieciséis de abril próximo pasado; por ende, el plazo legal con que contaba comenzó, respecto del primer proveído, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte y feneció el once de enero de dos mil veintiuno y, del segundo, inició el veinte de abril y feneció el once de mayo de dos mil veintiuno; en consecuencia, si el escrito que contiene la demanda y, el diverso mediante el cual amplió la misma, se presentaron vía electrónica el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte y diecinueve de abril de dos mil veintiuno, respectivamente, es inconcuso que su promoción fue oportuna. QUINTO. Antecedentes. Previo a realizar el estudio de fondo del presente juicio Constitucional, por cuestión de técnica, conviene precisar que, de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, se coligen los antecedentes siguientes: 1. Demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho ante la Oficialía de Partes y Turno del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, con sede en Morelia, remitido al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, Alejandra Lucía Chavolla Loya, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos M. y M. A. C. promovió demanda en la vía ordinaria oral familiar contra Francisco Arce Doddoli, de quien reclamó, en lo relevante, divorcio sin expresión de causa. Lo anterior, con base en los hechos que estimó pertinentes. 2. Sentencia definitiva. Seguidos diversos trámites, mediante audiencia preliminar de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, virtud a que los contendientes, en la etapa de conciliación llegaron a un convenio, previo análisis del mismo, se aprobó y se dictó sentencia definitiva, en la cual, en la materia del presente juicio Constitucional, se estableció que ambos progenitores ejercerían la patria potestad de los infantes; Alejandra Lucía Chavolla Loya, sería la titular de la guarda y custodia de sus menores hijos M. y M. A. C.; con relación a los alimentos, se indicó que ambos progenitores cubrirían el cincuenta por ciento de los alimentos respecto de los menores y, en ese sentido, Francisco Arce Doddoli otorgaría la cantidad de mil quinientos pesos semanales, es decir, seis mil pesos mensuales, por dicho concepto, en la forma y términos ahí previstos, con el aumento correspondiente previsto por el numeral 451 del Código Familiar del estado de Michoacán y, de igual forma, se estableció la forma de cubrir los demás conceptos que integran el tópico de los alimentos, verbigracia, vestido y gastos médicos. Finalmente, se estableció un régimen de convivencia en favor de los multicitados niños y su progenitor no custodio, a saber, Francisco Arce Doddoli, quien debería acudir por ellos en el domicilio de la progenitora de éstos, cada quince días, a partir del viernes, y concluiría los domingos a las diecinueve horas, y debía llevarlos al propio domicilio (fojas 75 a 92). 3. Solicitud de Alejandra Lucía Chavolla Loya. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el siete de mayo de dos mil veinte, Alejandra Lucía Chavolla Loya, solicitó, en términos generales, la modificación del régimen de convivencia de los menores con su progenitor, en atención a la pandemia generada con motivo del virus Sars Cov-2 (covid-19); no obstante, propuso como forma para su verificativo, la utilización de medios tecnológicos, verbigracia, videollamadas, entre los infantes y su progenitor (fojas 105 y 106). 3. Contestación a la promoción. Luego de diversos trámites tendentes a lograr la devolución del expediente por el Jefe del Archivo del Poder Judicial del estado de Michoacán, por proveído de veintiuno de mayo de dos mil veinte, el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con fundamento en los artículos 260, 873 y 932 del Código Familiar de Michoacán, acordó lo siguiente: a) Declaró el derecho de convivencia en favor de los menores, con relación a su progenitor, en términos de las disposiciones convencionales, constitucional y legales que estimó aplicables. b) No obstante lo anterior, en atención al ejercicio de ponderación que realizó, entre el derecho de los menores y su progenitor Francisco Arce Doddoli de convivir, y la situación de emergencia sanitaria generada con motivo de la pandemia por la propagación del virus covid-19, de conformidad con los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias, estableció una medida emergente sobre modificación temporal del régimen de convivencia entre los menores y su progenitor, la cual se verificaría los días lunes, miércoles y viernes de las diecisiete a dieciocho horas, y sábados y domingos de diez a once, mediante videollamadas y llamadas telefónicas. Por otra parte, impuso a la progenitora la obligación de proporcionar a los menores un teléfono celular y uno fijo, a fin de que pudieran tener comunicación con su padre. De igual forma, apercibió a la madre de los niños a que permanezca preferentemente en su domicilio, conjuntamente con los infantes, a fin de evitar un posible contagio del citado virus; de igual forma, la conminó para el efecto de que brinde a los niños todos los cuidados de higiene, salud y alimentación que, por su corta edad, son necesarios para evitar, de igual forma, un eventual contagio; lo anterior, con base en los apercibimientos legales que estimó aplicables (fojas 110 a 112). Resolución estrechamente vinculada a los actos reclamados. 4. Solicitudes de Francisco Arce Doddoli. Seguidos diversos trámites, mediante sendos ocursos, Francisco Arce Doddoli solicitó a la autoridad responsable: a) Requerir a Alejandra Lucía Chavolla Loya la exhibición de las cartillas de vacunación de los menores M. y M. A. C., en atención a que soslayó hacerlo dentro del término otorgado previamente, dado que -indicó-, el suministro de dichas vacunas es trascendental para la salud de los infantes; y, en el supuesto de que los menores carezcan de la totalidad de sus vacunas, acordar lo conducente, a fin de que estén a su disposición, y acudir al sector público de salud con los menores, para que se las apliquen; y, b) En atención al requerimiento que le fue formulado para proponer formas para establecer la convivencia entre él y sus menores hijos, solicitó que la misma fuera ejercida en la forma y términos establecidos mediante sentencia ejecutoriada de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, reseñada en el punto número 2, con motivo del convenio celebrado por los progenitores de los niños, aprobado y sancionado por el órgano jurisdiccional de origen, razón por la cual, dicha convivencia debía reanudarse en esos términos (fojas 134 y, 136 a 139, respectivamente). 5. Contestación a las solicitudes. Mediante proveídos de catorce de diciembre de dos mil veinte, el juez de origen, con relación a la solicitud destacada párrafo precedente, con el inciso a): Requirió a Alejandra Lucía Chavolla Loya para que en el término de tres días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación condigna, exhibiera la cartilla de vacunación de ambos menores, bajo apercibimiento que, de incumplir, se le impondría una multa equivalente a cinco días de salario mínimo general vigente en el estado, sin perjuicio de darle vista a la Agente del Ministerio Público adscrita y Tutora de los menores, designada en autos. Por otra parte, con relación a la solicitud identificada con el inciso b), proveyó lo siguiente: - El régimen de convivencia no se encuentra suspendido, sino que, en atención a la contingencia de salud imperante, se modificó temporalmente, mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veinte, precisamente, en aras de proteger la salud de los infantes y evitar un eventual contagio. - En atención al interés superior de los menores, de momento, no es posible que las convivencias se verifiquen de manera presencial, hasta en tanto cambien las condiciones actuales, derivadas de la pandemia generada por el virus covid-19, razón por la cual, por lo pronto, deberán efectuarse en la forma y términos establecidos en el citado auto. Acto que constituye la materia del presente juicio Constitucional, respecto de la demanda principal (visibles a fojas 135 y 140 a 141). 6. Solicitud sobre régimen de convivencia. Mediante escritos presentados por Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, apoderado de Francisco Arce Doddoli, ante la autoridad responsable, de nueva cuenta, solicitó, en síntesis, que se reanudara el régimen de convivencia entre el último de los nombrados y, sus menores hijos, con base en la premisa de que con la adopción de medidas sanitarias, se puede lograr la convivencia presencial, a fin de lograr un apto desarrollo emocional de los menores, el cual, iteró, debe ceñirse al convenio celebrado por los progenitores, aprobado y sancionado en autos del juicio de origen; de igual forma, solicitó que apercibiera a la progenitora de los menores, a fin de que permanezca en su domicilio particular con los menores, virtud a que tenía conocimiento de que ésta, de manera frecuente, sale con ellos de su domicilio; y, finalmente, manifestó que Alejandra Lucía Chavolla Loya, de manera constante impide que se verifique la convivencia de los menores con su padre, virtud a que controla el dispositivo móvil que se utiliza para tales fines (fojas 193 a 195). 5. Contestación a la nueva solicitud. Mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el juez de origen, con relación a la solicitud destacada párrafo precedente, estableció, en términos generales, que en atención al interés superior de los menores, deberá estarse a lo acordado por auto de veintiuno de mayo de dos mil veinte, al cual se remitió por diverso proveído de catorce de diciembre del mismo año (reseñado con antelación), conforme a los cuales, el régimen de convivencia debía verificarse mediante el uso de video llamadas y, de manera telefónica. En ese contexto, indicó la autoridad responsable, es menester considerar que, con motivo de la promoción del juicio de amparo indirecto 911/2020, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia, promovido por Francisco Arce Doddoli, por conducto de su apoderado, al resolverse lo atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, relacionados, precisamente, con la forma de verificar el régimen de convivencia, el órgano de control constitucional determinó negar la medida cautelar solicitada, virtud a que, de concederla, se generaría un riesgo grave en el bienestar y desarrollo de los menores, porque lo anterior implica trasladarlos de un lugar a otro con su progenitor, convivir con sus familiares, lo cual los haría más propensos a contraer el virus covid-19, lo cual, en consecuencia, es susceptible de poner en riesgo su bienestar, salud y, por ende, sus vidas. Por otra parte, con relación a las manifestaciones en el sentido de que la progenitora de los menores, de manera recurrente sale de su domicilio con ellos y, que de manera reiterada impide la convivencia por las razones apuntadas previamente, dio vista a Alejandra Lucía Chavolla Loya, a la Agente del Ministerio Público adscrita a ese órgano jurisdiccional y, tutora de los menores, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. De igual forma, conminó a la madre de los infantes para el efecto de que les brinde todos los cuidados de higiene, salud y alimentación que, por su corta edad, son necesarios para evitar, de igual forma, un eventual contagio; lo anterior, con base en los apercibimientos legales que estimó aplicables (fojas 196 a 198). Auto reseñado que constituye la materia del presente medio de control constitucional, con relación a la ampliación de la demanda de amparo. SEXTO. Análisis del fondo del asunto. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se precisan en la demanda de amparo y, el escrito de ampliación de la demanda de amparo, los cuales no se transcriben, por inexistir disposición expresa en ese sentido en la ley de la materia; máxime que, con lo anterior, no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo; sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante lo anterior, de su lectura se aprecia que, en síntesis, se circunscriben a los argumentos siguientes: a) Los actos reclamados transgreden el interés superior de los menores, virtud a que el régimen de convivencia no se verifica de manera presencial, por el riesgo del contagio del virus covid-19, con lo cual, se vulnera el derecho de los infantes de convivir con su progenitor y familia ampliada y, por ende, se les impide, en términos generales, de acceder plenamente al desarrollo apto de su personalidad y emocionalidad; para tales fines, la parte quejosa cita diversos preceptos legales, constitucionales y convencionales, así como las tesis intituladas: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD." y, "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE". Aspectos que, de igual forma, reitera en los conceptos de violación expuestos en la ampliación de demanda de amparo, con la salvedad de que, como un aspecto novedoso, aduce que el acto reclamado en dicha ampliación, soslayó que, el cinco de abril del año en curso se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del estado de Michoacán, el decreto legislativo número 510, en el cual, entre otras disposiciones, se reformaron los artículos 4, último párrafo, 11, cuarto parágrafo, 15, segundo y último párrafo, 16, segundo parágrafo, y tercero transitorio, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Michoacán, conforme a los cuales, en síntesis, ningún niño podrá ser privado de la convivencia física con su madre, padre, o familia, a causa de pandemia o emergencia sanitaria; y que éstas, no pueden considerarse como motivo suficiente para separarlos de sus padres, o de los familiares con los cuales conviva; finalmente, que aquellos niños a quienes se haya restringido su derecho de convivencia de manera física, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del virus covid-19, deberán ser restituidos en dicha prerrogativa, y convivir físicamente, de inmediato, con las condiciones sanitarias que se consideren necesarias para salvaguardar su salud. Circunstancia que motivó la emisión del "Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del estado de Michoacán, que modifica el punto tercero del diverso 'Acuerdo que establece disposiciones generales para retomar la totalidad de las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia que presta el Poder Judicial a partir del 22 de febrero de 2021", el cual transcribe. Y, finalmente, concluye en que, de conformidad con dichos preceptos, en aras de salvaguardar el interés superior del menor, debió restablecerse la convivencia de manera física entre el quejoso y sus menores hijos. c) Por otra parte, con relación a lo atinente al derecho a la salud, indica que el juez responsable soslayó proteger, de manera integral, a los menores involucrados, pues, el esquema de vacunación implica una serie de beneficios a fin de inmunizar a los menores y, por ende, evitar el contagio de diversas enfermedades, en función de cada vacuna aplicada, razón por la cual, era imperativo que la autoridad responsable constatara, de manera fehaciente, que los menores, en efecto, fueron suministrados de las vacunas que, en atención a su edad, deben tener, lo cual es susceptible de verificar a través de las cartillas de vacunación. En ese sentido, concluye, debió señalar día y hora para que la progenitora las exhibiera, conjuntamente con los menores, y en el supuesto de que no estuvieran debidamente vacunados, se proveyera lo conducente para su ministración, no limitarse únicamente a requerir de nueva cuenta a la madre de los niños, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se haría acreedora de una multa. Los conceptos de violación previamente sintetizados son infundados para los fines pretendidos. En principio, resulta necesario establecer que al estar involucrados los derechos de dos menores, la presente resolución se dicta en atención a su interés superior, según pronunciamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2014, incluso de ser necesario, mediante la suplencia de la queja deficiente en su favor en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencias de 1a./J 44/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Así como la diversa jurisprudencia: 1a./J. 25/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Conforme lo anterior, el interés superior del menor implica que los derechos de los niñas, niños y adolescentes, así como el ejercicio pleno de estos, deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas, así como en la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Lo anterior, encuentra su contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone: "ARTÍCULO 4. . En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. .". Ahora, es menester señalar que los menores de edad tienen el derecho fundamental de convivencia, el cual además de regularse en el derecho interno, rige lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual, los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo que sea contrario al interés superior del niño. En relación con lo expuesto, el cuatro de diciembre de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 1, establece que sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República, teniendo por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y respeto de los derechos fundamentales; así sus preceptos 6, 7, 22 y 23, disponen lo siguiente: "Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes: I. El interés superior de la niñez; II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales; III. La igualdad sustantiva; IV. La no discriminación; V. La inclusión; VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; VII. La participación; VIII. La interculturalidad; IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; XI. La autonomía progresiva; XII. El principio pro persona; XIII. El acceso a una vida libre de violencia; XIV. La accesibilidad, y XV. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. "Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos." "Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su subsistencia. Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar y para que, en su caso, sean atendidos a través de las medidas especiales de protección que dispone el artículo 26." "Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior." Atento a lo anterior, se destaca que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados parte deben velar que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando las autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria en el interés superior del niño, situación que acontece cuando el menor es objeto de maltrato, descuido, así como cualquier tipo de violencia, por parte de sus padres o quienes tienen el deber de protegerlos; además, dispone que se debe respetar el derecho del niño que esté separado de sus padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, siempre y cuando lo anterior no sea contrario al interés superior de aquél. Esto es, el derecho del niño a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional, ya que por causas ajenas a él, vive separado de sus padres; y si bien, excepcionalmente, puede suspenderse ese derecho, cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar el interés superior de éste, en atención a las circunstancias particulares del caso y prescindiendo de la conveniencia e intereses personales de sus padres. Expuesto, lo anterior, es menester tener presente que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control. Así, las autoridades sanitarias del País han expedido diversos acuerdos, entre otros, lo que se destaca a continuación: ( En sesión extraordinaria de diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General acordó reconocer en México la epidemia de enfermedad por el virus citado, como una enfermedad grave de atención prioritaria; y que la Secretaría de Salud establecería las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia del virus de referencia. ( La Secretaría de Salud, en términos del artículo 134, fracción XIV, de la Ley General de Salud, expidió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus en mención; instrumento del que se destaca: "PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19). Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada nacional de Sana Distancia", que tiene como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves." "SEGUNDO. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en período de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. [.]" ( Del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se destaca: "PRIMERO. Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: . V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar. .". De manera que, entre otras cuestiones, han establecido la suspensión de actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población residente en el territorio nacional, para lo cual implementaron entre otras medidas, la relativa a la sana distancia, exhortando a toda la población a cumplir resguardo domiciliario corresponsable, el cual, como se dijo, debe entenderse como la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público el mayor tiempo posible. De igual modo constituye un hecho notorio que derivado de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID 19) ha sido alto el número de contagios y ha cobrado muchas vidas, situación que denota que a mayor movilidad conlleva a mayor factor de incidencia de contagio. Ahora, precisado el contexto normativo sobre el interés superior de la menor, así como la situación pandémica derivada del virus SARSCoV2 que atraviesa la población, y con base en la premisa fundamental de que, aun cuando el derecho del niño a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional, ya que por causas ajenas a él, vive separado de sus padres, no debe perderse de vista que, excepcionalmente, puede suspenderse ese derecho, cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar el interés superior de éste, en atención a las circunstancias particulares del caso y prescindiendo de la conveniencia e intereses personales de sus padres. Excepción que se presenta en el caso concreto, pues, derivado de la situación que se vive actualmente, el cumplimiento al interés superior del menor conmina a privilegiar su derecho a la vida y salud sobre el propio derecho que también tienen de convivir de manera física con ambos progenitores, previendo que por el momento no salga del domicilio en el que se encuentra actualmente por la pandemia aludida. En efecto, si bien, se ha señalado que de momento corresponde a ambos progenitores cumplir con sus obligaciones de crianza, para lo cual pueden convivir con sus hijos en el domicilio de cada uno de ellos, debe tenerse presente que para el caso concreto, de realizarse las convivencias físicas entre los menores con su padre, implicaría poner en peligro su salud, y por ende su vida, pues, precisamente, en atención al interés superior de los menores involucrados, no puede desconocerse que se encuentra vigente la enfermedad citada, la cual ha ocasionado decesos, por lo cual, se itera, en atención al interés superior de los infantes, por el momento, no es factible que salgan del domicilio en donde se encuentran, a fin de atender el derecho de convivir con el padre, por no habitar en el mismo lugar. En consecuencia, al advertir una situación extraordinaria, que impacta la vida ordinaria como se conocía, derivado del virus SARS-CoV2 (COVID 19) que ha obligado a las autoridades sanitarias a decretar resguardo domiciliario corresponsable, el mayor tiempo posible, no resulta correcto que durante la contingencia sanitaria, la convivencia familiar de los menores con su padre, se verifique en los términos fijados por el juez natural, mediante sentencia definitiva ejecutoriada, esto es, que el ahora quejoso, acuda por los menores al domicilio en el cual cohabitan con su madre, para que convivan de manera libre; pues, lo anterior, implicaría que los menores abandonen el domicilio en el cual, actualmente, se encuentran resguardados, para trasladarse al de su padre, colocándolos en una situación de riesgo. Incluso, contra lo expuesto por la parte quejosa, aun cuando se cumplan las medidas sanitarias respectivas, esa circunstancia no exime, en automático, a los menores de un posible contagio, ya que el riesgo de contraer el virus, se incrementa con el solo hecho de sustraer a los infantes de su domicilio, trasladarlos e incorporarlos a un nuevo ambiente; todo lo cual, implica realizar un evento que aumenta la probabilidad de un contagio. Lo anterior, se sustenta en la tesis 1a. CVIII/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial." Lo anterior es así, pues, se itera, dicho alcance conlleva a la posibilidad de que se establezcan convivencias de manera presencial entre los menores con su padre, cuando precisamente, como se señaló, derivado de la situación de pandemia producida por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), emerge como una cuestión incontrovertible, conforme al cual, inexiste un factor o base que pueda permitir asegurar, sin lugar a duda, que la sustracción de su domicilio, su traslado y cuidado en lugar diverso, aun con ciertas medidas sanitarias, no actualice riesgo para los infantes, esto es, que no sufrirán ningún contagio, pues, como el Alto Tribunal lo ha establecido, basta con que el infante se sustraiga de su hogar, para colocarlo en una situación de riesgo, basado en la evidencia científica que como hecho notorio se ha destacado. Así, con base en las indicaciones emitidas por la Secretaría de Salud, se colige que el solo hecho de dar movilidad a los menores, fuera de su hogar, constituye un riesgo de contraer el virus, pues entre las medidas más propicias para disminuir en forma considerable dicho riesgo, es precisamente a través del distanciamiento social y quedándose en casa. Resulta aplicable la tesis número XVII.1o.C.T.36 C (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que a la letra dice "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES, FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE, CORRESPONDE PRIVILEGIAR SU DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD, SOBRE EL DERECHO A LA CONVIVENCIA CON AQUÉLLOS, POR ENDE, EL JUEZ DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ESTA ÚLTIMA SE EFECTÚE A DISTANCIA. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 23 dispone que las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez; de manera que el derecho del infante a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional; sin embargo, puede suspenderse cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar su interés superior. Luego, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control, entre las que prevalecen el resguardo domiciliario corresponsable; que consiste en la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular el mayor tiempo posible. Bajo ese contexto, tratándose del régimen de visitas y convivencias del infante con uno de sus padres durante la situación pandémica en cuestión, debe estimarse que el solo hecho de sustraer al infante de su domicilio, trasladarlo e incorporarlo a un nuevo ambiente, implica realizar un evento que lo hace más propenso a contraer el virus, lo que conllevaría poner en riesgo su salud y, en consecuencia, la vida; por ende, atento al interés superior de aquél, corresponde privilegiar su derecho a la vida y la salud sobre el de convivir con su progenitor, el cual se limitará a una modalidad a distancia, por lo que el órgano jurisdiccional debe procurar el resguardo del infante y dictar las providencias necesarias, según las particularidades del caso, para el desarrollo de la convivencia a distancia a través de los medios de comunicación disponibles, y a los que se pudiera tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, u otros similares, con la regularidad suficiente, a fin de mantener comunicación continua entre el infante y su progenitor, estableciendo como obligación del progenitor con quien cohabite, el permitir el sano desarrollo de tales convivencias, de manera que se lleven a cabo en forma libre y espontánea." Esto es, no se discute que el derecho a la protección de la salud física y a la vida, como el de convivencia con la madre o el padre no custodio a efecto de mantener y estrechar el lazo familiar entre ellos, resultan derechos fundamentales para el bienestar general de los menores de edad, que deben ser protegidos y garantizados en su ejercicio. Empero, atento a la emergencia sanitaria, de manera excepcional debe reconocerse la protección de la salud física y de la vida, frente al derecho a la convivencia física con el progenitor no custodio, modulando la convivencia para armonizarla con esa situación. Esto, porque la información oficial con que hasta el momento se cuenta por parte de las instituciones y organismos públicos de salud, es que el COVID-19 se considera una enfermedad fácilmente transmisible, con la sola cercanía entre las personas, y puede ser adquirida también por menores de edad, sin que hasta ahora haya datos científicos validados por la Organización Mundial de la Salud que descarten que en este grupo de edad se puedan presentar síntomas graves y pueda causar la muerte; dado los contagios elevados, incluso diversa cantidad de personas contagiadas sin pruebas que lo corroboren y casos asintomáticos, por lo que debe privilegiarse la observancia de medidas de distanciamiento físico y de resguardo domiciliario, en beneficio del interés superior del menor. Es aplicable, en lo conducente, por las razones que informa, la jurisprudencia 11/2021 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siete de abril de dos mil veintiuno, del texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO ÉSTE CONSISTE EN UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE ORDENA UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA PROVISIONAL EN FORMA PRESENCIAL Y LIBRE ENTRE UN MENOR DE EDAD Y EL PROGENITOR NO CUSTODIO, EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD COVID-19, PERMITE QUE LA SUSPENSIÓN SE OTORGUE MODULANDO LA CONVIVENCIA PARA QUE SE REALICE A DISTANCIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIEMPRE Y CUANDO EL MATERIAL PROBATORIO CON QUE SE CUENTE AL PROVEER LA MEDIDA NO PERMITA FIJAR UNA DISTINTA COMO MÁS PROTECTORA DE SU INTERÉS SUPERIOR. HECHOS: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llevaron a cabo un examen sobre la procedencia de la medida de suspensión del acto reclamado en el incidente derivado del juicio de amparo indirecto, en relación con una determinación judicial intraprocesal que estableció un régimen de convivencias provisional o especial, en forma presencial (física) y libre (no supervisada) de un menor de edad con el progenitor que no ejercía materialmente la guarda y custodia, que implicaba el desplazamiento del menor de edad del domicilio que constituía su residencia habitual a aquél en que se llevaría a cabo la convivencia y su incorporación a otro ambiente; y ambos tribunales se vieron en la necesidad de examinar dicho acto reclamado en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV- 2 causante de la enfermedad COVID-19, llegando a conclusiones distintas sobre la medida suspensional, pues uno determinó que en la situación de pandemia, la convivencia debía modalizarse para que se realizara a distancia, por medios electrónicos (llamadas por teléfono, mensajes, videollamadas, o reuniones en plataformas digitales) a efecto de proteger la salud y la vida del menor, otorgando la medida con esos efectos; mientras que el otro estimó que no debía ser así, sino que la convivencia debía realizarse como fue autorizada, con las medidas de protección sanitaria que impuso la responsable. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en la situación descrita, la medida de suspensión del acto reclamado sí podrá modalizar la convivencia para que se desarrolle a distancia, mediante el uso de medios electrónicos, como medida general de protección reforzada de la vida y de la salud del menor de edad, atendiendo a las condiciones de emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, pero ello será viable siempre y cuando al proveer sobre la suspensión (provisional o definitiva) no se cuente con elementos suficientes para determinar, conforme a un análisis individualizado de las circunstancias del caso concreto, si éstas conducen a proteger mejor su interés superior de una forma distinta. JUSTIFICACIÓN: No está a discusión que tanto el derecho a la protección de la salud física y a la vida, como el derecho a la convivencia con la madre o el padre no custodio a efecto de mantener y estrechar el lazo familiar entre ellos, resultan derechos fundamentales para el bienestar general de los menores de edad, que deben ser protegidos y garantizados en su ejercicio. Sin embargo, el contexto fáctico excepcional de la pandemia por COVID-19 exige reconocer la mayor entidad del derecho a la protección de la salud física y de la vida, frente al derecho a la convivencia física con el progenitor no custodio, de manera que resulte admisible tener como premisa general, en el marco de una medida cautelar como la suspensión del acto reclamado, que el interés superior de los menores de edad, como grupo, en este momento se encuentra en la necesidad de proteger y garantizar con mayor intensidad su vida y su salud física, y modular la convivencia para armonizarla con ello. Esto, porque la información oficial con que hasta el momento se cuenta por parte de las instituciones y organismos públicos de salud, es que el COVID-19 se considera una enfermedad fácilmente transmisible, con la sola cercanía entre las personas, y puede ser adquirida también por menores de edad, sin que hasta ahora haya datos científicos validados por la Organización Mundial de la Salud que descarten que en este grupo de edad se puedan presentar síntomas graves y pueda causar la muerte; además porque existe un elevado número de contagios oficialmente reportados en el país confirmados con pruebas clínicas, sin negar que seguramente habrá otra cantidad de personas contagiadas sin prueba que lo corrobore y casos asintomáticos; condiciones que autorizan a privilegiar la observancia de medidas de distanciamiento físico y de resguardo domiciliario a que exhortan las autoridades en materia de salud. Ahora bien, un ejercicio preliminar y en abstracto, de ponderación de la apariencia del buen derecho, permite advertir que la convivencia presencial, en tanto implica extraer al menor de su ambiente habitual para incorporarlo a otro, sí conlleva una mayor exposición a un riesgo real de contagio, probable y fundado en dicha información oficial, que opera en detrimento de la protección a su salud y a su vida. Asimismo, la suspensión con efectos de modular la convivencia para que se realice por medios electrónicos, asegura que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, en tanto permite que no se afecte el interés prevalente del menor en la protección de su derecho a gozar del nivel más alto posible de salud, y procura compatibilizarlo con su derecho a la convivencia, que habrá de propiciarse de la manera más amplia posible, aun cuando temporalmente no sea presencial. Pese a todo ello, adoptar esa medida en forma de protección reforzada, sólo será viable para el juzgador de amparo en aquellos casos en que al proveer sobre la suspensión, no contara con elementos probatorios suficientes que le permitan sustentar, bajo un análisis individual de la circunstancia concreta del menor involucrado, que su interés superior exige adoptar una medida o efectos distintos, o inclusive, negar la suspensión, pues cuando sea así, ello debe estimarse posible; además, desde luego el juzgador conserva sus facultades de modificar la medida suspensional, si antes de que exista sentencia firme en el juicio de amparo, se presentan circunstancias que lo justifiquen." Sin que al considerarlo de esa forma, se infrinja el derecho de convivencia, ya que este se refiere a cualquier forma de comunicación humana, con la finalidad de estrechar los lazos familiares, misma que puede realizarse de diversas maneras, en atención a cada caso en particular. Por tanto, se estiman ajustadas a derecho, las determinaciones del juez responsable, las cuales constituyen la materia del presente juicio Constitucional, de establecer, de manera provisional, la modificación del régimen de convivencia entre los menores y su progenitor, la cual se verifica los días lunes, miércoles y viernes de las diecisiete a dieciocho horas, y sábados y domingos de diez a once, mediante video llamadas y llamadas telefónicas. Se estima de esa manera, pues, de conformidad con los argumentos expuestos líneas precedentes, en atención al interés superior de los menores involucrados en el presente asunto, se privilegia una mayor entidad del derecho a la protección de la salud física y de la vida, frente al derecho a la convivencia física con el progenitor no custodio, sin anularlo por completo. Similar consideración se objetiva con relación al restante aspecto expuesto en los conceptos de violación analizados, relativo a que la autoridad responsable, soslayó proteger, de manera integral, a los menores involucrados, en el aspecto atinente a su derecho a la salud, virtud a que, en principio, debió constatar que estos cuentan con todas las vacunas conforme a su edad; y, ordenar lo conducente para que, de no ser el supuesto, se esté en aptitud de logar su suministro, por las razones que indica. Lo anterior es así, pues, de conformidad con lo establecido con antelación, la razón por la cual se estimó que los diversos aspectos que conforman los actos reclamados, inherentes al derecho de convivencia de los menores y su progenitor, se estiman ajustados a derecho, se circunscribe al contexto fáctico de la emergencia sanitaria derivada del virus covid-19 y, en atención al interés superior de los menores, se estimó que, por el momento, a fin de salvaguardar su derecho a la protección de su salud física y, por ende, sus vidas, lo más conveniente es que, en la medida de lo posible, se resguarden en el domicilio en el cual cohabitan con su progenitora. Por tanto, aun cuando de autos se inadvierte medio de convicción que evidencie, como sostiene el quejoso, que los menores carezcan de la totalidad de sus vacunas, en atención a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, es evidente que, de ser el supuesto, el simple hecho de pretender que éstos acudan a un nosocomio, ya sea público o particular, en el contexto de la pandemia, incrementa considerablemente, la probabilidad de que éstos puedan contagiarse del multicitado virus. Máxime que, al estar resguardados en el domicilio en el cual cohabitan con su madre, su riesgo exponencial a contraer cualquier tipo de enfermedad, incluso, aquellas respecto de las cuales, virtualmente, no tengan inmunidad por carecer del suministro de la vacuna condigna, disminuye en la misma medida. Corolario de lo anterior, por resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa y, además, inadvertirse queja deficiente qué suplir en favor de los menores involucrados, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Arce Doddoli, contra los actos reclamados de la autoridad precisados en el considerando segundo de la presente ejecutoria, por las razones expuestas en el diverso sexto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, ante el licenciado Carlos Medina Muñoz, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de junio de dos mil veintiuno en que los permitieron las labores del juzgado.
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