Francisca Ortíz Sepúlveda
Expediente 931/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisca Ortíz Sepúlveda
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio número 2920/2018, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del diverso 17207, por el que este órgano jurisdiccional le devolvió las copias certificadas del juicio sumario civil hipotecario número 807/2016; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto treinta de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del nueve al quince de noviembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Finalmente, como resulta innecesario que obre dentro de los autos en que se actúa las copias certificadas el juicio sumario civil hipotecario número 807/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto treinta de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del nueve al quince de noviembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Finalmente, como resulta innecesario que obre dentro de los autos en que se actúa las copias certificadas el juicio sumario civil hipotecario número 807/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto treinta de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del nueve al quince de noviembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Finalmente, como resulta innecesario que obre dentro de los autos en que se actúa las copias certificadas el juicio sumario civil hipotecario número 807/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto treinta de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del nueve al quince de noviembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Finalmente, como resulta innecesario que obre dentro de los autos en que se actúa las copias certificadas el juicio sumario civil hipotecario número 807/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Por recibido el oficio número 6419/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por FRANCISCA ORTIZ SEPÚLVEDA, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, toda vez que por determinación de veintiséis de octubre del año en curso, dicho Tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la citada demanda, por no tratarse de una sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de la materia, esta potestad federal se avoca a su estudio; acúsese el recibo de estilo. De análisis de la demanda de garantías promovida por la citada FRANCISCA ORTIZ SEPÚLVEDA, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, virtud de que el acto reclamado no constituye la última resolución en el periodo de ejecución. A fin de evidenciar lo anterior conviene partir de lo dispuesto por los numerales con anterioridad. "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Del último numeral invocado, se advierte que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Ahora el máximo tribunal del país actuando en Sala ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales si es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. De lo precisado se concluye que por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se promueva en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y de manera excepcional, procede, cuando el acto tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En el particular caso, el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria que resolvió un incidente de falta de personalidad, en la etapa de ejecución de sentencia; por lo que dicho acto no puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados. En consecuencia, es evidente la improcedencia de la presente demanda virtud a que el amparo debe promoverse en contra de la última resolución dictada en el periodo de ejecución. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia la jurisprudencia 1a./J. 23/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Juan de Alvarado, número 208, letra B, primer piso, interior 1, colonia Nueva Valladolid, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Pedro Carbajal González y Ramón Gustavo Velázquez Vega, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números 2608678 y 60429000, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, no así a Joaquín Leafar Reynoso Esparza y Julián Javier Lora Vivar, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el oficio número 6419/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por FRANCISCA ORTIZ SEPÚLVEDA, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, toda vez que por determinación de veintiséis de octubre del año en curso, dicho Tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la citada demanda, por no tratarse de una sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de la materia, esta potestad federal se avoca a su estudio; acúsese el recibo de estilo. De análisis de la demanda de garantías promovida por la citada FRANCISCA ORTIZ SEPÚLVEDA, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, virtud de que el acto reclamado no constituye la última resolución en el periodo de ejecución. A fin de evidenciar lo anterior conviene partir de lo dispuesto por los numerales con anterioridad. "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Del último numeral invocado, se advierte que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Ahora el máximo tribunal del país actuando en Sala ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales si es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. De lo precisado se concluye que por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se promueva en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y de manera excepcional, procede, cuando el acto tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En el particular caso, el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria que resolvió un incidente de falta de personalidad, en la etapa de ejecución de sentencia; por lo que dicho acto no puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados. En consecuencia, es evidente la improcedencia de la presente demanda virtud a que el amparo debe promoverse en contra de la última resolución dictada en el periodo de ejecución. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia la jurisprudencia 1a./J. 23/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Juan de Alvarado, número 208, letra B, primer piso, interior 1, colonia Nueva Valladolid, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Pedro Carbajal González y Ramón Gustavo Velázquez Vega, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números 2608678 y 60429000, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, no así a Joaquín Leafar Reynoso Esparza y Julián Javier Lora Vivar, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Fracisco Javier Hernández Madrigal208/2022
- Francely García Aguirre958/2023
- Francisca Escobedo Pérez607/2021
- Francisca Fuentes Chávez790/2019
- Francisca Jiménez Reyes123/2022
- Francisca Lira Rosales307/2020
- Francisca Ortíz Sepúlveda1110/2018
- Francisca Ortíz Sepúlveda584/2019
- Francisca Piña Mendoza710/2018
- Francisco Adolfo Calderón Rodríguez958/2015
- Francisco Alberto Rangel Salgado709/2020
- Francisco Arce Doddoli911/2020