Francisco Antonio Villegas Reynosa
Expediente 571/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Francisco Antonio Villegas Reynosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 571/2018, promovido por *******************, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hechos; por tanto, se procede a realizar el pronunciamiento respectivo. CONSIDERANDO Trámite del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *****************, en la que demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la omisión de dar respuesta a su petición, señalando como autoridad responsable al Director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas, con residencia en esta ciudad. Concesión de amparo. Mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, se admitió la demanda de amparo; e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el quince de noviembre de la presente anualidad, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó lo siguiente: ******* En consecuencia, a efecto de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos transgredidos, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable provea lo conducente en relación al escrito signado por *******************, interno en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3 en esta ciudad, presentado el cinco de enero de dos mil dieciocho, ante Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Bravos, relativo a la carpeta de ejecución derivada de la causa penal 2881/2013; y lo haga del conocimiento del promovente en breve término. En la inteligencia de que la protección constitucional otorgada no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por el interesado, puesto que tal derecho sólo obliga a contestar de manera congruente, oportuna, en breve término y por escrito, las promociones que se presenten. ****** Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia y la emitida por la autoridad. Por auto de seis del mes y año en curso, al no haberse interpuesto recurso de revisión contra la aludida sentencia, ésta causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector al Director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas, con residencia en esta ciudad, así como al Fiscal General del Estado, en su calidad de superior jerárquico de aquella, señalándoles que deberían realizar las gestiones que estimarán pertinentes a efecto de dar contestación a la petición formulada por el aquí quejoso. Por otro lado, mediante oficio FEEPYMJ/DEPYMJ/748/2018, recibido en este órgano jurisdiccional el trece del mes y año en curso, la Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, informó que mediante el diverso FEEPYMJ/DEPYMJ/753/2018, de diez de los mismos, solicitó al Coordinador Administrativo de los Juzgados de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, turnara la carpeta relativa a la ejecución de la causa penal 2881/2013, relativa al aquí quejoso; asimismo, comunicó que a través del oficio FEEPYMJ/DEPYMJ/746/2018, de once del mes y año en curso, notificó la anterior determinación al directo agraviado; y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de las documentales descritas; con lo que precisa haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Documentales a la que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2. Vista a las partes. En proveído de catorce de diciembre del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, con las determinaciones dictadas por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento; sin que la parte quejosa, haya realizado manifestación alguna al respecto. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a *********************** o ***********************, y las constancias recibidas el trece del mes y año en curso, se colige que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria federal, en virtud de que la Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, proveyó lo conducente en relación al escrito signado por el aquí peticionario de amparo, presentado el cinco de enero de dos mil dieciocho, ante Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Bravos, relativo a la carpeta de ejecución derivada de la causa penal 2881/2013; y lo hizo del conocimiento del promovente; de ahí que se haya restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos que estimó transgredidos. Además, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este juzgador advierte que al dictar el fallo la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al directo quejoso el goce de los derechos que estimó transgredidos, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 571/2018 ha quedado cumplida. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma la licenciada ******************, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia en que se concedió el amparo solicitado por ******* y/o *******, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Atento a ello, de autos se advierte que la protección de la Justicia Federal, se otorgó a la parte quejosa para los efectos siguientes: [. ] se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable provea lo conducente en relación al escrito signado por *******, interno en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3 en esta ciudad, presentado el cinco de enero de dos mil dieciocho, ante Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Bravos, relativo a la carpeta de ejecución derivada de la causa penal *******; y lo haga del conocimiento del promovente en breve término. En la inteligencia de que la protección constitucional otorgada no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por el interesado, puesto que tal derecho sólo obliga a contestar de manera congruente, oportuna, en breve término y por escrito, las promociones que se presenten.[.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Fiscal Especializado en Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, así como al Fiscal General del Estado, residente en la capital de esta entidad federativa, en su calidad de superior jerárquico, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, ordene el cabal cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informen a este juzgador, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior." Asimismo, se hace del conocimiento del Fiscal General del Estado, con residencia en la ciudad de Chihuahua, que en caso de que no acredite haber conminado eficazmente al Fiscal Especializado en Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, incurrirá en las mismas responsabilidades de dicha autoridad. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil dieciocho. Visto para resolver el juicio de amparo 571/2017-VI, promovido por *********************. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de este Juzgado, *******************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Bravos, de quien reclamó la omisión de dar contestación al escrito que presentó el cinco de enero de dos mil dieciocho. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derecho vulnerado el contenido en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el consecutivo 571/2017-VI; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama la omisión que se atribuye a una autoridad administrativa y la demanda de amparo se presentó ante esta sede jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que el quejoso reclama a las responsables, lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito presentado el cinco de enero de dos mil dieciocho, ante la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Bravos. Por ende, se tiene a tal acto como el reclamado en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Bravos, fue omiso en rendir informe justificado, no obstante haber sido debidamente requerido para tal efecto, mediante el oficio 25254/2018 de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 11- 12). Por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cerito el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el cinco de enero de dos mil dieciocho. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Del análisis a los autos no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto que se tiene como cierto, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. QUINTO. Determinación que adopta este juzgado. Los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso resultan esencialmente fundados. Para evidenciar este aserto, conviene establecer que, como se precisó en diverso considerando de esta sentencia, del contenido del artículo 8º de la Constitución General de la República deriva la existencia de dos requisitos constitucionales que toda autoridad debe observar, cuando los gobernados formulen alguna petición escrita, de manera pacífica y respetuosa, a saber: dictar el acuerdo correspondiente; comunicar en breve término ese proveído al interesado, conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Para que el derecho de petición consagrado en el imperativo constitucional analizado sea atendible en la vía de amparo, tiene como presupuesto que aquella petición se realice al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación de supra a subordinación, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 126, del tomo XIII, abril del 2001, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyo rubro es el siguiente: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición reconocido en el artículo 8º constitucional, se conforma a su vez de diversos elementos que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a saber: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de amparo, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. En el caso, las hipótesis indicadas en los puntos que anteceden, no se encuentran colmados, como se afirma en los conceptos de violación, porque la responsable no ha dado respuesta a lo solicitado por el ahora quejoso. En efecto, dado que en autos no obra constancia que evidencie que la autoridad responsable dio cumplimiento a los requisitos que conforman el derecho humano reconocido en el citado artículo 8° Constitucional, pues no existen pruebas de que se haya dado contestación al escrito presentado el cinco de enero de dos mil dieciocho, ni mucho menos que se haya dado a conocer en breve término la respuesta a su solicitud, ello implica una transgresión a la esfera jurídica de aquélla, pues, como se dijo, la petición formulada por escrito a la autoridad, en la especie a un servidor público en funciones, requiere de una respuesta también por escrito y en breve término, cuyo conocimiento debe verificarse, desde luego, a través del procedimiento de notificación respectivo. Apoya lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 88, del tomo III, parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que estatuye: PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. En consecuencia, a efecto de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos transgredidos, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable provea lo conducente en relación al escrito signado por Francisco Antonio Villegas Reynova, interno en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3 en esta ciudad, presentado el cinco de enero de dos mil dieciocho, ante Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Bravos, relativo a la carpeta de ejecución derivada de la causa penal 2881/2013; y lo haga del conocimiento del promovente en breve término. En la inteligencia de que la protección constitucional otorgada no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por el interesado, puesto que tal derecho sólo obliga a contestar de manera congruente, oportuna, en breve término y por escrito, las promociones que se presenten. Ilustra lo anterior el criterio sustentado por la Tercera Sala, visible a fojas 81, del Tomo IX, Abril de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dispone: PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****************** y/o *************************, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****************. Doy fe.****
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