Francisco Antonio Ruiz Chavira

Expediente 338/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
338/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
18/11/2021

Partes del expediente

  • Francisco Antonio Ruiz Chavira

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el veintidós de junio de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa un plazo de noventa días hábiles, para que se presentara ante este órgano jurisdiccional a recibir los documentos originales que obran en autos, de lo cual quedó debidamente notificado el veintinueve siguiente; sin que a la fecha haya comparecido para esos fines. Consecuentemente, en atención a la certificación de cuenta se decreta el abandono de dicho documento, y se procederá a su destrucción una vez que se realice la depuración del expediente principal. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de dos de junio del año en curso, a través del cual se desechó su demanda de amparo, sin que se haya presentado tal medio de impugnación; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y expediente electrónico. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y obran documentos originales; por lo que al haberse desechado la demanda, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Finalmente, acorde a lo establecido en el numeral 18, párrafo decimocuarto del Acuerdo General en comento, toda vez que la parte quejosa exhibió documento original consistente en licencia de funcionamiento, se ordena darle vista a efecto de que dentro de un plazo de noventa días hábiles, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el instrumento en cita, apercibido que en caso de no hacerlo, éste será destruido una vez que se lleve a cabo la depuración del expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar a la parte quejosa del acuerdo de dos de junio de dos mil veintiuno, que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de junio de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Francisco Antonio Ruiz Chavira, mediante el cual, acata lo dispuesto mediante proveído de diez de mayo del año en curso, en el que se le previno en los siguientes términos: [.] 1) Para que, bajo protesta de decir verdad, precise con claridad el acto reclamado; así como los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; [.] En tal sentido, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. A partir de esas premisas, quien resuelve considera que, en el caso se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 19, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, página 13, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones. Así como la jurisprudencia 23, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, Tomo VIII, página 45, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza. De los preceptos y jurisprudencias transcritos se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, lo constituye la posible orden de clausura que se pudiera llevar a cabo en la negociación propiedad del quejoso; lo cual pone de manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del hoy quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe sustentarse su dicho, en actos específicos de los que pueda advertirse la real probabilidad actual de que alguna autoridad ejecutará un acto que sea susceptible de afectar su esfera jurídica. Ahora, ya que el quejoso hace derivar el acto que por esta vía se duele (orden de clausura), del temor de que en el futuro, las responsables cierren su negocio, es necesario precisar que existen dos tipos de actos futuros: 1) los futuros de inminente realización y 2) los futuros e inciertos. Los futuros de inminente realización, derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve. Los futuros e inciertos, son aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. La definición de los dos tipos de actos futuros, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 14/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 141, cuyo rubro y texto a la letra dicen: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO LABORAL, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO. Conforme al criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general sólo los actos futuros de inminente realización y no los futuros e inciertos son susceptibles de suspenderse, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. En ese tenor, resulta improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del apercibimiento al quejoso con la imposición de una multa en caso de no cumplir con un laudo laboral, pues constituye un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización no es segura, por depender de la conducta que aquél asuma en relación con ese mandato judicial. Bajo ese contexto, los actos reclamados por el quejoso, tienen el carácter de futuros e inciertos; pues del análisis del escrito aclaratorio que se atiende se aprecia lo siguiente: [.] me perito PRESCISAR (sic) EL ACTO RECLAMADO, ASÍ COMO LOS ACTOS Y ABSTENCIONES QUE LA LAS (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES (sic) QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL CASO, es el caso que mi negocio cuenta con todas las medidas de sanidad que en un principio nos solicitaron por parte de las responsables, así como cumpliendo con los lineamientos de sanidad emitidas a nivel nacional e internacional, sin embargo constantemente las llamadas células COVID integradas por las responsables constantemente acuden a mi negocio amenazar con que me van a clausurar mi negocio y me manifiestan que me cerrar (sic) por un tiempo indefinido, esto sin dejarme documento alguno, en reiteradas ocasiones se les ha manifestado que mi actividad comercial va plenamente encaminada a mejorar la salud de los seres humanos, así como para la rehabilitación de las personas que fueron contagiadas por el virus del COVID [.] Quedando de manifiesto, que los actos aún no producen una afectación actual, real y directa al quejoso, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, habida cuenta que no constituyen actos de molestia, por ser futuros e inciertos, por lo que no le causa perjuicio alguno a la parte quejosa; toda vez que la clausura de que se duele no es inminente, al no existir certeza de que exista algún procedimiento administrativo instaurado en su contra y, menos aún que se vaya a realizar el cierre que reclama. Ahora, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad sobre la esfera jurídica del quejoso, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se ha de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que esta es probable, por actos previos que en modo alguno informan que las autoridades van a llevar cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto. Por lo anterior, es válido concluir que el peticionario de amparo no se duele de algún acto concreto que de manera real y actual sea ejecutado en su esfera jurídica de forma inminente, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que la demanda de amparo tenga sustento en hechos que sean reales y actuales, lo cual constituye un requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo y, evidentemente, no se actualiza en el presente caso. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: actos futuros y actos probables, en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: acto reclamado, existencia del. debe acreditarse respecto a la fecha de presentación de la demanda de amparo, resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de control constitucional. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución. Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis aislada, sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías. De lo anterior, resalta el hecho de que la posible orden de clausura, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues el quejoso sólo tiene temor de que se llegue a emitir, pero no tiene plena convicción de que se hubiera dictado. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que la posible orden de clausura de la negociación propiedad del peticionario de amparo, aún no se emite y hasta el momento sólo existen eventos futuros y de realización incierta, en oposición a los actos inminentes, contra los que sí resultaría procedente el juicio de amparo. En tal virtud, se concluye que el acto reclamado no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita la resolución correspondiente que invada la esfera de derechos de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se impone desechar de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso **********, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada por auto de diez de los corrientes, en el que se le previno en los siguientes términos: [.] 1) Para que, bajo protesta de decir verdad, precise con claridad el acto reclamado; así como los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; [.] Al respecto, del ocurso que se provee se desprende que la parte quejosa manifestó: [.] en efecto el suscrito soy propietario del gimnasio ********** para lo cual en la presente prevención anexo licencia de funcionamiento de dicho negocio, para lo cual mi actividad comercial va plenamente encaminada a mejorar la salud de los seres humanos [.] De lo antepuesto se advierte que, el peticionario de amparo omitió aclarar el acto reclamado, así como los antecedentes del mismo. En tal virtud, dado que el acuerdo de prevención se le notificó el diecisiete de los actuales, infórmese a la promovente que a fin de que desahogue la prevención realizada en auto de diez de mayo del año en curso, le restan cinco días del término de cinco que le fue otorgado en el referido auto, para que cumpla cabalmente la prevención formulada. En el entendido que de no desahogar dicho requerimiento se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 114 fracciones I y II, con relación al diverso 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora, en atención a la certificación que antecede, por así haberlo solicitado el quejoso y toda vez que en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública, se encontró inscrita a la licenciada **********, se le tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, respecto de la Licencia de Funcionamiento en Base al Uso de Suelo para Establecimientos Comerciales, de Servicios e Industriales que exhibe el promovente, provéase lo conducente una vez que, en su caso, sea admitida la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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