Francisco Antonio Colado López

Expediente 683/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
683/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
02/02/2016

Partes del expediente

  • Francisco Antonio Colado López
  • Ocean Garden Products, Incorporation
  • J. Guadalupe Mendoza López

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dos de febrero de dos mil dieciséis. Se tiene recibido el oficio 543, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja 125/2015; así como los autos del juicio de amparo 683/2015, promovido por Francisco Antonio Colado López, Carlos Sandoval Rocha y Guadalupe Mendoza López, por su propio derecho, y Planta Congeladora Las Trece, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de José Mario Osuna Medina, Gregorio Jiménez Campillo, y el citado J. Guadalupe Mendoza López, en su carácter del Presidente, Secretario y Tesorero, de la referida planta, respectivamente; en consecuencia, agréguese a los autos el oficio de cuenta; glósense las actuaciones recibidas y tramitadas en el cuaderno de antecedentes relativo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; y acúsese recibo de estilo. De la citada resolución se desprende: "ÚNICO. ES INFUNDADO el recurso de queja promovido por Francisco Antonio Colado López, Carlos Sandoval Rocha y J. Guadalupe Mendoza López, por su propio derecho, y Planta Congeladora Las Trece, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de José Mario Osuna Medina, Gregorio Jiménez Campillo, y el citado J. Guadalupe Mendoza López, en su carácter del Presidente, Secretario y Tesorero, de la referida planta, respectivamente, en contra del proveído de nueve de septiembre de dos mil quince, pronunciado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 683/2015, por el cual desechó de plano la demanda de garantías interpuesta." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 4. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Finalmente, y en virtud de lo acordado en líneas precedentes, devuélvanse a la autoridad responsable Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, los autos del juicio ordinario mercantil 133/2012, que remitió con su informe justificado y con los que se formaron dos tomos de prueba por separado, en virtud de ser innecesaria su retención. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio 3741-b, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al cual inserta el auto dictado el veinticuatro del presente mes y año, mediante el cual el Presidente de ese Cuerpo Colegiado, admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de nueve de septiembre de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo 683/2015. En atención a lo anterior, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito signado por Francisco Antonio Colado López, Carlos Sandoval Rocha y J. Guadalupe Mendoza López, así como por Planta Congeladora Las Trece, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de José Mario Osuna Medina, Gregorio Jiménez Campillo y J. Guadalupe Mendoza López, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente; mediante el cual interponen recurso de queja en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 100 de la Ley de Amparo, como lo solicita el ocursante, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, el presente juicio de amparo 683/2015, y dos tomos de prueba por separado; así como el original y copia del escrito de queja, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, nueve de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio 3224-b, que suscribe el Actuario Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa el original del amparo directo 666/2015, formado con motivo de la demanda promovida por Francisco Antonio Colado López, Carlos Sandoval Rocha y J. Guadalupe Mendoza López, así como por Planta Congeladora Las Trece, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de José Mario Osuna Medina, Gregorio Jiménez Campillo y J. Guadalupe Mendoza López, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente; así como los autos originales del toca de apelación 125/2015-C, donde consta el informe justificado rendido por la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con residencia en esta ciudad; además, adjunta el juicio ordinario mercantil 133/2012. Ahora bien, de la resolución de uno de septiembre del año en curso, emitida por los integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, se advierte que declaró que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Francisco Antonio Colado López, Carlos Sandoval Rocha y J. Guadalupe Mendoza López, así como por Planta Congeladora Las Trece, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de José Mario Osuna Medina, Gregorio Jiménez Campillo y J. Guadalupe Mendoza López, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de siete de julio de dos mil quince, que confirmó la interlocutoria de veintinueve de mayo del año en curso, mediante la cual el Juez natural declaró improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por la parte demandada aquí quejosa; por tanto, dicha resolución no puede ser impugnable en amparo directo, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 170 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a la citada resolución, este Órgano Jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Francisco Antonio Colado López, Carlos Sandoval Rocha y J. Guadalupe Mendoza López, así como por Planta Congeladora Las Trece, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de José Mario Osuna Medina, Gregorio Jiménez Campillo y J. Guadalupe Mendoza López, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente; personalidad de éstos últimos que se reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la copia certificada del testimonio público 11,379, bajo el protocolo del Notario Público 160, con ejercicio y residencia en Culiacán, Sinaloa, que contiene el acta de asamblea celebrada el cinco de abril de dos mil catorce, por los miembros de la sociedad de referencia; contra actos de la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; acúsese recibo de estilo. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 683/2015 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE DESECHA DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al órgano jurisdiccional que conozca del amparo, a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sentado lo anterior, del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado y del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, ambos con sede en esta ciudad, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la Autoridad Responsable Ordenadora; le reclamamos, la ejecutoria de fecha 07 de julio del año en curso (2015) dictada dentro del toca número 125/2015-C, que confirmó la resolución dictada por el juez responsable. De la autoridad responsable Ejecutora; le reclamamos el cumplimiento que pretenda darle a la resolución dictada por la ordenadora, de fecha 07 de julio del presente año, dentro del toca número 125/2015-C, que se formó por la promoción del recurso de apelación interpuesto por los suscritos dentro del expediente de origen número 133/2012." En relación a ello, en primer término, se estima conveniente precisar que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" Por su parte, los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De la interpretación de los preceptos en cita, se colige que el amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando tenga efectos de imposible reparación, entendidos como tales los que afecten derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o Tratados Internacionales en los que sea parte el Estado Mexicano. Con esta precisión, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La afectación materialmente de derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Como corolario de lo anterior, una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Ahora bien, para mejor entendimiento del asunto, importa destacar los antecedentes de relevancia que se desprenden de las constancias remitidas juntamente con la demanda que nos ocupa, a saber:  La sociedad señalada como tercera interesada Ocean Garden Products, Incorporation, por conducto de su apoderado legal, demandó en la vía ordinaria mercantil a los aquí quejosos Planta Congeladora Las Trece, Sociedad Anónima de Capital Variable, Francisco Antonio Colado López, Carlos Sandoval Rocha y Guadalupe Mendoza López, por el pago de pesos (fojas 1 a 15 del juicio natural 133/2012).  Tal demanda se admitió el veintisiete de febrero de dos mil doce, por la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, la que radicó con el número 133/2012; y, ordenó el emplazamiento de la parte demandada mediante exhorto (fojas 43 y 44 ídem).  En proveído de veintiocho de mayo de dos mil doce, la juez del conocimiento tuvo a los demandados produciendo contestación en tiempo y forma, así como por opuestas las excepciones y defensas de sus escritos; asimismo, admitió a trámite la excepción de falta de personalidad, sin suspender el procedimiento, la cual ordenó tramitar incidentalmente y dar vista a la parte actora; y no admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones planteado, por estimarlo notoriamente improcedente (fojas 87 a 88 ibídem).  Por ocurso presentado el veintiuno de enero de dos mil catorce, la parte actora solicitó que se decretara la caducidad del incidente de falta de personalidad que promovió la parte demandada (foja 394 ibídem).  En auto de trece de febrero de dos mil catorce, la juzgadora natural decretó la caducidad de dicho incidente (fojas 395 y 396 ibídem).  Inconforme con la anterior determinación, las partes actora y demandada, interpusieron sendos recursos de apelación (fojas 402 a 405 y 407 a 408 ibídem).  Por resolución de diecinueve de marzo de dos mil catorce, la Sala de Circuito Zona Sur del Estado de Sinaloa, residente en esta ciudad, revocó el auto apelado para el efecto de que la juez de origen reanudara el procedimiento y ordenara citar y resolver el incidente de falta de personalidad propuesto por la parte demandada y continuara con las etapas procesales conducentes previo impulso de las partes (fojas 426 a 440 ibídem).  El veintinueve de mayo de dos mil quince, la resolutora natural dictó la interlocutoria en el sentido de que era improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por la parte demandada; y en consecuencia, que Manuel Osuna Aguirre sí estaba facultado para comparecer a juicio en representación de la parte actora (fojas 551a 555 ibídem).  La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión judicial (fojas 565 a 568 ibídem).  La Sala de Circuito Zona Sur del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a la que correspondió conocer del anterior recurso, lo registró bajo el número de toca 125/2015; el cual fue resuelto en interlocutoria de siete de julio de dos mil quince, en el sentido de confirmar la resolución apelada -determinación que constituye la materia de reclamo en esta vía constitucional- (fojas 281 a 289 del toca de apelación). Bajo ese contexto, quien esto resuelve considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio de amparo indirecto no es procedente contra la resolución de siete de julio de dos mil quince, emitida en el toca civil 125/2015, por la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, en esta ciudad, que confirma la interlocutoria de veintinueve de mayo del citado año, dictada en el juicio ordinario mercantil 133/2012, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, mediante la cual declaró improcedente la excepción de falta de personalidad, opuesta por los demandados aquí quejosos, esta última en contra de Mauel Osuna Aguirre, como apoderado legal de la actora Ocean Garden Products, Incorporation; en tanto que, tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, habida cuenta que no representa un acto de imposible reparación que haga procedente el amparo en esta vía, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor de los demandados ahora quejosos, las violaciones procesales de que se duelen, no causarían un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y dicha parte tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar dichas violaciones procesales insubsistentes al resolverse en juicio, y en caso de que la sentencia definitiva le fuera adversa, estaría en posibilidad de impugnar tales violaciones a través del recurso que hiciera valer en contra del fallo de primera instancia o en su defecto, mediante el juicio de amparo en la vía directa. De ello se colige, que la resolución reclamada no constituye un acto de imposible reparación susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir afectación material a los derechos sustantivos de los impetrantes, tutelados por la Carta Magna o Tratados Internacionales en los que sea parte el Estado Mexicano. Sustenta la conclusión alcanzada, la jurisprudencia 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la publicación del viernes seis de junio de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2006589, que a la letra prevé: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, y con apoyo en el numeral 113 de la misma Ley, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO POR CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda, y como sus autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Job Hernández Hernández, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Onofre Antonio Osuna Palacios, en virtud de no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, dado el volumen de las constancias relativas al toca de apelación 125/2015-C, del índice de la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con residencia en esta ciudad, y del juicio ordinario mercantil 133/2012, que fueron remitidas por el Tribunal declinante, a fin de facilitar su manejo, se ordena formar con las mismas dos tomos de prueba por separado. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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