Francisco Alberto Díaz Cruz
Expediente 42/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Francisco Alberto Díaz Cruz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Archivo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se desechó la demanda. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con el artículo 36, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, ocho de febrero de dos mil veintiuno. I. Calificación de cumplimiento. a). Estado de autos. Visto el expediente, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar el juzgador responsable obligado. b). Efectivo apercibimiento. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, se califica el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en las documentales existentes. c) Efectos del fallo protector. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: "[.] En términos del 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el amparo se concede para que: a).- No se aplique a la quejosa el Decreto 56 impugnado, en lo presente ni en lo futuro; y, b).- Se devuelva a la quejosa la cantidad que indebidamente pagó por la aplicación del decreto declarado inconstitucional, respecto a los bienes inmuebles con construcción con clave catastral 011- 000-024-588-004-001 y 011- 000-024-588-002-001; sin que ello implique que deje de pagar el impuesto predial respecto al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, sino por el contrario, atendiendo a que la violación constitucional se genera en virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique el monto menor que establece la tercera columna de la tabla de valores unitarios del suelo y de las construcciones del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, contenida en el decreto reclamado, es decir, el que corresponde al tipo denominado especial 1. En el intelecto de que únicamente esos dos inmuebles tienen construcción de 190.97 y 423.00 metros cuadrados, respectivamente; de manera que la concesión del amparo no alcanza al tercer inmueble identificado con clave 011-000- 024-587-002-001, pues en realidad corresponde a una superficie sin construcción, tal como quedó estableció como cuestión previa al inicio del considerando anterior. c).- Se devuelva la cantidad que ampara el pago del impuesto adicional al de predial; devolución que correrá a cargo de la autoridad exactora. (.) Se precisa que la devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 70 y 71 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, a fin de que se restituya a la impetrante en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. (.) Sin que sea óbice, el hecho de que se haya sobreseído en el juicio respecto del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de esta ciudad, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de las normas controvertidas, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. [.]" d) Actos realizados por la responsable obligada. De las constancias remitidas por las autoridades responsables obligadas, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que dichas autoridades realizaron lo siguiente: El delegado de las autoridades responsables municipales, mediante oficio recibido el catorce de diciembre de dos mil veinte, en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito, proporcionó el nuevo cálculo del impuesto predial realizado por la Dirección de Ingresos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, respecto de los inmuebles propiedad de la parte quejosa con claves catastrales 011- 000-024-588-004-001 y 011- 000-024-588-002-001, en los que se le aplicó a la parte quejosa el monto menor que establece la tercera columna de la tabla de valores unitarios del suelo y de las construcciones del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, contenida en el Decreto 56 que establece tales valores, para el impuesto predial de dos mil diecinueve, es decir, el que corresponde al tipo denominado especial 1. Luego, el doce de enero de dos mil veintiuno, se recibió en este juzgado de Distrito, el oficio sin número, por el que, el delegado de las autoridades responsables, remitió la constancia de notificación original de la entrega del cheque a Ariel García Cortez autorizado de la parte quejosa; así como copia del cheque número 0071185, BANORTE, por la cantidad de $33,911.01 (treinta y tres mil novecientos once pesos 01/100 moneda nacional), resultante del nuevo cálculo realizado, y que corresponde al excedente de los importes originalmente enterados por concepto del impuesto predial, por lo que la autoridad responsable devolvió la diferencia que pagó la parte quejosa. e) Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De la anterior relación, se aprecia que las autoridades responsables municipales, atendieron los efectos de la sentencia de amparo; de ahí, que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Lo anterior, considerando que las obligaciones enunciadas en líneas previas fueron acatadas por las autoridades responsables, toda vez, que en primer lugar, debe destacarse que la responsable realizó de nuevo el cálculo del impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, respecto de los inmuebles propiedad de la parte quejosa con claves catastrales 011- 000-024-588-004-001 y 011- 000-024-588-002-001, en los que se le aplicó a la parte quejosa el monto menor que establece la tercera columna de la tabla de valores unitarios del suelo y de las construcciones del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, contenida en el Decreto 56 que establece tales valores, para el impuesto predial de dos mil diecinueve, es decir, el que corresponde al tipo denominado especial 1; resultando la cantidad de $33,911.01 (treinta y tres mil novecientos once pesos 01/100 moneda nacional), correspondiente al nuevo cálculo realizado y que deriva del excedente de los importes originalmente enterados por concepto del impuesto predial, por lo que la responsable le devolvió a la parte quejosa dicho importe. II. Archivo. Orden de archivo Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. b) Orden de depuración o destrucción. De acuerdo al artículo 18 fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es depurable, bajo los lineamientos precisables en el último párrafo del citado numeral, toda vez que se concedió el amparo solicitado. c) Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. d) Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. e) Devolución de documentos. De conformidad con el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. III. Vista a las partes. Dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. IV. Remisión de oficios. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario Judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Leonor González Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Como está ordenado en auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, a las nueve horas del diez de febrero de dos mil veintiuno, notifico por lista al quejoso Francisco Alberto Díaz Cruz, el proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, que en síntesis dispone: Acuerdo: Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovida, al parecer por Francisco Alberto Díaz Cruz, por su propio derecho; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 42/2021 e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. a) Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte de agraviada, y como en el caso la demanda de cuenta, se advierte que Francisco Alberto Díaz Cruz, no firmó el escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, lo cual también asentó el oficial de parte de este órgano jurisdiccional, es decir, carece de firma autógrafa del citado impetrante de garantías, por lo que, resulta obvio que no existe manifestación de su voluntad de promover el juicio constitucional en atención a lo dispuesto por el numeral 3 de la Ley de la materia, por tanto, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el precepto constitucional antes mencionado, así como el diverso 6o. de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la de la citada ley, en relación con los preceptos legales invocados con antelación. Consecuentemente, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto de Francisco Alberto Díaz Cruz. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia señalada, estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda a nada práctico conduciría, ya que seguiría subsistiendo dicha causal. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios que a continuación se transcriben: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. (Tesis consultable en la página 315, del Semanario Judicial de la Federación, X, Octubre de 1992, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito). "FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE. La falta de firma autógrafa en una promoción o demanda laboral, no es materia de prevención o requerimiento alguno (artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo). Lo anterior es así, porque aquélla no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe". (Tesis I 4º. T.59 L, consultable en la página 1049, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Diciembre de 1998, Novena Epoca, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito). "DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN SIN FIRMA NO SE SUBSANA EXHIBIENDO EN LA REVISIÓN EL DOCUMENTO FIRMADO QUE, SE DICE, ES EL QUE PRETENDIÓ PRESENTARSE, PERO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DEL OFICIAL DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA, SE ENTREGÓ AL PROMOVENTE EN LUGAR DEL ACUSE DE RECIBO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad del agraviado, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, de manera que si éste se presenta sin firma, debe desecharse. Esta deficiencia no se subsana y, por tanto, no procede revocar el desechamiento, exhibiendo en el recurso de revisión el que se dice es el documento firmado que pretendió presentarse pero que, por un error involuntario del oficial encargado de la oficina de correspondencia, se entregó al promovente como si fuese el acuse de recibo, pues, por una parte, el quejoso o quien presenta la demanda tiene la obligación de cerciorarse de que sea la original autorizada con firma autógrafa y que el acuse de recibo correspondiente no sea ese original y, por la otra, no existe ningún otro medio de convicción que permita cuando menos presumir tales afirmaciones. (Tesis I 4o.A. 72 K, consultable en la página 2174, XXIV, Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito). También encuentra apoyo al respecto, a contrario sensu, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." (Décima Época; Registro: 2000130; Segunda Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo IV; materia común, tesis 2a./J.32/2011 /10a); página 3632). Así, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. III. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: a) Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio procesal el que indica en su escrito de demanda; y, como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rodee Gibran Sánchez Mercado, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y b) Medios de comunicación no procesales. ....Además, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la parte quejosa señalando como tal, el correo electrónico ing.francisco94@gmail.com. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VI. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con Fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID- 19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. VIII. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto o resolución que ponga fin al juicio, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de ley, dentro del plazo legal. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Leonor González Hernández, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovida, al parecer por Francisco Alberto Díaz Cruz, por su propio derecho; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 42/2021 e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. a) Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte de agraviada, y como en el caso la demanda de cuenta, se advierte que Francisco Alberto Díaz Cruz, no firmó el escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, lo cual también asentó el oficial de parte de este órgano jurisdiccional, es decir, carece de firma autógrafa del citado impetrante de garantías, por lo que, resulta obvio que no existe manifestación de su voluntad de promover el juicio constitucional en atención a lo dispuesto por el numeral 3 de la Ley de la materia, por tanto, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el precepto constitucional antes mencionado, así como el diverso 6o. de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la de la citada ley, en relación con los preceptos legales invocados con antelación. Consecuentemente, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto de Francisco Alberto Díaz Cruz. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia señalada, estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda a nada práctico conduciría, ya que seguiría subsistiendo dicha causal. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios que a continuación se transcriben: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. (Tesis consultable en la página 315, del Semanario Judicial de la Federación, X, Octubre de 1992, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito). "FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE. La falta de firma autógrafa en una promoción o demanda laboral, no es materia de prevención o requerimiento alguno (artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo). Lo anterior es así, porque aquélla no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe". (Tesis I 4º. T.59 L, consultable en la página 1049, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Diciembre de 1998, Novena Epoca, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito). "DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN SIN FIRMA NO SE SUBSANA EXHIBIENDO EN LA REVISIÓN EL DOCUMENTO FIRMADO QUE, SE DICE, ES EL QUE PRETENDIÓ PRESENTARSE, PERO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DEL OFICIAL DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA, SE ENTREGÓ AL PROMOVENTE EN LUGAR DEL ACUSE DE RECIBO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad del agraviado, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, de manera que si éste se presenta sin firma, debe desecharse. Esta deficiencia no se subsana y, por tanto, no procede revocar el desechamiento, exhibiendo en el recurso de revisión el que se dice es el documento firmado que pretendió presentarse pero que, por un error involuntario del oficial encargado de la oficina de correspondencia, se entregó al promovente como si fuese el acuse de recibo, pues, por una parte, el quejoso o quien presenta la demanda tiene la obligación de cerciorarse de que sea la original autorizada con firma autógrafa y que el acuse de recibo correspondiente no sea ese original y, por la otra, no existe ningún otro medio de convicción que permita cuando menos presumir tales afirmaciones. (Tesis I 4o.A. 72 K, consultable en la página 2174, XXIV, Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito). También encuentra apoyo al respecto, a contrario sensu, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." (Décima Época; Registro: 2000130; Segunda Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo IV; materia común, tesis 2a./J.32/2011 /10a); página 3632). Así, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. III. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: a) Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio procesal el que indica en su escrito de demanda; y, como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rodee Gibran Sánchez Mercado, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y b) Medios de comunicación no procesales. ....Además, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la parte quejosa señalando como tal, el correo electrónico ing.francisco94@gmail.com. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VI. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con Fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID- 19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. VIII. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto o resolución que ponga fin al juicio, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de ley, dentro del plazo legal. Así lo acuerda y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Leonor González Hernández, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe.
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