Francisco Andrés del Carmen Lucas

Expediente 1346/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1346/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Francisco Andrés del Carmen Lucas

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 96, fracción I) inciso a), de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós que desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que por conducto del personal a su cargo realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá verificar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que por conducto del personal a su cargo haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1346/2022-VI. Puebla, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por ******, en su carácter de abogado defensor del imputado *******, contra actos del Director de Reinserción Social de Ciudad Serdán. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Materia del juicio. Del contenido integral de la demanda de amparo, se advierten como actos reclamados los siguientes: "Lo es, el ilegal traslado del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, sin saber actualmente el paradero de mi representado." Descarta caso urgente. Previo a proveer lo relativo a la prevención, admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario emitir un pronunciamiento en torno a la urgencia del acto reclamado que pudiera considerar la parte promovente. Lo anterior con motivo de que la demanda de amparo fue recibida durante la guardia a cargo del respectivo secretario de este juzgado, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin embargo, pese a dicha circunstancia debe descartarse la urgencia del caso de que se trata. Ello, de conformidad a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se deriva que las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento. En efecto, del contenido del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal1 , se advierte que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. Además, del contenido del artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se aprecia que las disposiciones de la ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, incluso ya ejecutada, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. Dado que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento, respecto al cual existe un recurso que se interpone ante el juez de control o de ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Lo cual tiene sustento en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), registro digital 2023736, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL". De ahí que se descarte su urgencia. Cabe destacar en lo tocante a la carencia de la cualidad de urgencia de la demanda de cuenta, que de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, de quince de enero de dos mil quince, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, no es enunciado como un caso urgente, tal como se desprende del siguiente precepto: "Artículo 48. Se consideran como asuntos urgentes para su turno, entre otros, los que a continuación se enuncian: I. Ejercicio de la acción penal con detenido; II. Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos calificados como graves; III. Diligenciación de exhortos en que deba resolverse sobre la situación jurídica; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 23/09/2019. IV. Solicitudes de orden de cateo; V. Solicitudes de intervención de comunicaciones privadas; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 23/09/2019. VI. Solicitudes de extradición; VII. Orden de expulsión del país; VIII. Orden de arraigo; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 23/09/2019. IX. Demandas de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 23/09/2019. X. Declaración de inexistencia de huelga; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 23/09/2019. XI. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y XII. Aquellos que revistan tal carácter, conforme a las leyes que los rijan. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 14/03/2022." Máxime, es menester precisar que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, no es un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución, ya que no implica una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza. Por tanto, en la especie, el acto reclamado por el promovente no corresponde a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; y, por otro lado, deberán ser objeto de estudio en las "peticiones administrativas" que establecen los artículos 107 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sobre todo porque con motivo de la orden de traslado combatida no se está ante un caso de una privación de la libertad fuera del procedimiento, pues es evidente que el quejoso se encuentra sujeto a uno, e incluso, intentó acceder ante autoridad judicial para la revisión de su traslado. Por ende, como se dijo, se descarta el trámite urgente de este asunto. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 3 . Sin embargo, debe precisarse que es improcedente el presente juicio de amparo por la orden de traslado ejecutado acorde con lo que se expone a continuación: En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar el acto reclamado: el traslado de Francisco Andrés del Carmen Lucas, del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, a cualquier otro centro penitenciario del país. Dicho acto, a criterio de la suscrita encuentra la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé el principio de definitividad. Para demostrar la afirmación previa, se acude a los numerales 107, 109, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal4 , porque estos disponen que las personas privadas de su libertad, pueden formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria, con el fin de controvertir los actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Asimismo, conforme a los artículos 115 y 117, fracción III5 , de la legislación citada, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento, que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia como puede suceder con las órdenes de traslado, los internos deben acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En cuyo caso, el citado juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Así es, porque el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características:  El promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su petición.  Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el Juez reparará la afectación.  Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda.  Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.  Si el Juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El Juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Entonces, como se ve, cuando una persona privada de su libertad reclame actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como lo es una orden de traslado, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento. Sobre todo porque otorga al Juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado. Y es ahí, justo en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Condicionante que el mecanismo judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, pues, como ya quedó explicado con antelación, si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Es decir, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En esa virtud, es evidente que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogara y tramitara en la misma audiencia en la cual la haga valer, es decir, con mayor celeridad. Sustenta todo lo anterior, la ejecutoria que diera vida a la jurisprudencia 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la décima época, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". También apoyan los razonamientos desarrollados sobre el recurso de control judicial, las tesis siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO 'PETICIONES ADMINISTRATIVAS' ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA". En ese contexto normativo, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado ejecutada de un centro de reinserción social a otro; es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, la parte quejosa debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Decisión que es extensiva a la eventual incomunicación también reclamada, porque ésta se hace derivar del traslado combatido. Esa conclusión de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Al margen de lo anterior, por cuanto hace al acto reclamado relativo a la eventual incomunicación del quejoso, dejándolo sin acceso a su familia y domicilio que dependen del traslado antes señalado, se estima -de igual modo- que encuadra en la hipótesis de actos futuros e inciertos, y contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo, pues esta vía constitucional sólo es procedente contra actos ciertos que causen una afectación inminente, actual, real y directa en la esfera jurídica del gobernado. Esto obedece a que para estar en condiciones de saber si el acto reclamado que es considerado como futuro, por regla general el juez debe tener a la vista las pruebas pertinentes y con base en ellas, estimar si racionalmente que en el lapso comprendido entre la presentación de la demanda de amparo y el momento en que se decide sobre su admisión, la responsable ya ordenó que se lleve a cabo el acto reclamado o esté a punto de hacerlo, o bien, que aunque ésta lo llegara a negar en su informe justificado, el afectado pudiera demostrar lo contrario durante el juicio, es conveniente admitir la demanda, o, como en este caso, esa información pudiera desprenderse íntegramente de la sola lectura de la demanda de amparo indirecto con pruebas aportadas por el quejoso. Situación que no ocurrió, pues el quejoso no ofreció pruebas que con base en la lectura de la demanda permitieran encontrar indicios de la existencia y ejecución de dicho acto en un tiempo presente, y no futuro. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada I.7o.A.24 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA" 6 . Por todo lo antes expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse las casuales de improcedente estudiadas, en forma indudable y manifiesta. Autorizados, notificación y acceso electrónico. Se tiene como autorizado sólo para oír y recibir notificaciones el domicilio físico que señala, y para los mismos efectos e imponerse de los autos, a ***** y ******, por así solicitarlo la parte promovente y porque no pidió la autorización de estos últimos en forma expresa en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia. Se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico al usuario *****, relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Empero, tal autorización no incluye su notificación de manera electrónica a través de ese usuario, porque no se solicitó así expresamente. De ahí que no se tenga para esos efectos el correo electrónico proporcionado, dado que la Ley de Amparo no prevé esa vía de notificación, pero se toma conocimiento del mismo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto7 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa, y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. JUICIO DE AMPARO 1346/2022-VI. Puebla, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por ******, en su carácter de abogado defensor del imputado *******, contra actos del Director de Reinserción Social de Ciudad Serdán. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Materia del juicio. Del contenido integral de la demanda de amparo, se advierten como actos reclamados los siguientes: "Lo es, el ilegal traslado del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, sin saber actualmente el paradero de mi representado." Descarta caso urgente. Previo a proveer lo relativo a la prevención, admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario emitir un pronunciamiento en torno a la urgencia del acto reclamado que pudiera considerar la parte promovente. Lo anterior con motivo de que la demanda de amparo fue recibida durante la guardia a cargo del respectivo secretario de este juzgado, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin embargo, pese a dicha circunstancia debe descartarse la urgencia del caso de que se trata. Ello, de conformidad a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se deriva que las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento. En efecto, del contenido del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal1 , se advierte que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. Además, del contenido del artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se aprecia que las disposiciones de la ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, incluso ya ejecutada, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. Dado que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento, respecto al cual existe un recurso que se interpone ante el juez de control o de ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Lo cual tiene sustento en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), registro digital 2023736, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL". De ahí que se descarte su urgencia. Cabe destacar en lo tocante a la carencia de la cualidad de urgencia de la demanda de cuenta, que de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, de quince de enero de dos mil quince, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, no es enunciado como un caso urgente, tal como se desprende del siguiente precepto: "Artículo 48. Se consideran como asuntos urgentes para su turno, entre otros, los que a continuación se enuncian: I. Ejercicio de la acción penal con detenido; II. Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos calificados como graves; III. Diligenciación de exhortos en que deba resolverse sobre la situación jurídica; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 23/09/2019. IV. Solicitudes de orden de cateo; V. Solicitudes de intervención de comunicaciones privadas; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 23/09/2019. VI. Solicitudes de extradición; VII. Orden de expulsión del país; VIII. Orden de arraigo; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 23/09/2019. IX. Demandas de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 23/09/2019. X. Declaración de inexistencia de huelga; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 23/09/2019. XI. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y XII. Aquellos que revistan tal carácter, conforme a las leyes que los rijan. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 14/03/2022." Máxime, es menester precisar que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, no es un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución, ya que no implica una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza. Por tanto, en la especie, el acto reclamado por el promovente no corresponde a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; y, por otro lado, deberán ser objeto de estudio en las "peticiones administrativas" que establecen los artículos 107 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sobre todo porque con motivo de la orden de traslado combatida no se está ante un caso de una privación de la libertad fuera del procedimiento, pues es evidente que el quejoso se encuentra sujeto a uno, e incluso, intentó acceder ante autoridad judicial para la revisión de su traslado. Por ende, como se dijo, se descarta el trámite urgente de este asunto. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 3 . Sin embargo, debe precisarse que es improcedente el presente juicio de amparo por la orden de traslado ejecutado acorde con lo que se expone a continuación: En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar el acto reclamado: el traslado de Francisco Andrés del Carmen Lucas, del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, a cualquier otro centro penitenciario del país. Dicho acto, a criterio de la suscrita encuentra la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé el principio de definitividad. Para demostrar la afirmación previa, se acude a los numerales 107, 109, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal4 , porque estos disponen que las personas privadas de su libertad, pueden formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria, con el fin de controvertir los actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Asimismo, conforme a los artículos 115 y 117, fracción III5 , de la legislación citada, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento, que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia como puede suceder con las órdenes de traslado, los internos deben acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En cuyo caso, el citado juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Así es, porque el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características:  El promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su petición.  Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el Juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el Juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el Juez reparará la afectación.  Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda.  Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.  Si el Juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El Juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Entonces, como se ve, cuando una persona privada de su libertad reclame actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como lo es una orden de traslado, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento. Sobre todo porque otorga al Juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado. Y es ahí, justo en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Condicionante que el mecanismo judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento, sí cumple, pues, como ya quedó explicado con antelación, si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Es decir, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En esa virtud, es evidente que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogara y tramitara en la misma audiencia en la cual la haga valer, es decir, con mayor celeridad. Sustenta todo lo anterior, la ejecutoria que diera vida a la jurisprudencia 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la décima época, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". También apoyan los razonamientos desarrollados sobre el recurso de control judicial, las tesis siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO 'PETICIONES ADMINISTRATIVAS' ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA". En ese contexto normativo, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado ejecutada de un centro de reinserción social a otro; es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, la parte quejosa debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Decisión que es extensiva a la eventual incomunicación también reclamada, porque ésta se hace derivar del traslado combatido. Esa conclusión de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Al margen de lo anterior, por cuanto hace al acto reclamado relativo a la eventual incomunicación del quejoso, dejándolo sin acceso a su familia y domicilio que dependen del traslado antes señalado, se estima -de igual modo- que encuadra en la hipótesis de actos futuros e inciertos, y contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo, pues esta vía constitucional sólo es procedente contra actos ciertos que causen una afectación inminente, actual, real y directa en la esfera jurídica del gobernado. Esto obedece a que para estar en condiciones de saber si el acto reclamado que es considerado como futuro, por regla general el juez debe tener a la vista las pruebas pertinentes y con base en ellas, estimar si racionalmente que en el lapso comprendido entre la presentación de la demanda de amparo y el momento en que se decide sobre su admisión, la responsable ya ordenó que se lleve a cabo el acto reclamado o esté a punto de hacerlo, o bien, que aunque ésta lo llegara a negar en su informe justificado, el afectado pudiera demostrar lo contrario durante el juicio, es conveniente admitir la demanda, o, como en este caso, esa información pudiera desprenderse íntegramente de la sola lectura de la demanda de amparo indirecto con pruebas aportadas por el quejoso. Situación que no ocurrió, pues el quejoso no ofreció pruebas que con base en la lectura de la demanda permitieran encontrar indicios de la existencia y ejecución de dicho acto en un tiempo presente, y no futuro. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada I.7o.A.24 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA" 6 . Por todo lo antes expuesto, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse las casuales de improcedente estudiadas, en forma indudable y manifiesta. Autorizados, notificación y acceso electrónico. Se tiene como autorizado sólo para oír y recibir notificaciones el domicilio físico que señala, y para los mismos efectos e imponerse de los autos, a ***** y ******, por así solicitarlo la parte promovente y porque no pidió la autorización de estos últimos en forma expresa en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia. Se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico al usuario *****, relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Empero, tal autorización no incluye su notificación de manera electrónica a través de ese usuario, porque no se solicitó así expresamente. De ahí que no se tenga para esos efectos el correo electrónico proporcionado, dado que la Ley de Amparo no prevé esa vía de notificación, pero se toma conocimiento del mismo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto7 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa, y cúmplase.

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