Francesca Soliman Fascineto

Expediente 1266/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1266/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Francesca Soliman Fascineto
  • Daniel Ivan Cruz Luna, Secretario de Seguridad Pública

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1266/2022-VI. Puebla, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 96, fracción I) inciso a), de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de veintitrés de noviembre del presente año que desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2 . Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Se advierte que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo la copia certificada del acta de nacimiento a nombre de *****, impresión simple del acta de nacimiento a nombre de *******, estudios con números de orden EA-5548, EA-23248 y EA-60620 a nombre de *****, tres impresiones fotográficas a nombre de la antes citada Por lo que, se le pone a su disposición para que los recoja o sus autorizados, dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, deberá comparecer a este o órgano jurisdiccional, de lunes a viernes en un horario de nueve a catorce treinta horas, a fin de recoger los mencionados documentos, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma; de todo lo cual se dejará razón de recibo en autos para constancia. Se apercibe a la parte quejosa, que de no comparecer en el plazo señalado, el referido documento que exhibió en este expediente seguirá la suerte del presente expediente principal, por lo que será destruido. Ello, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que por conducto del personal a su cargo realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá verificar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que por conducto del personal a su cargo haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por *, por propio derecho y su representante *, a favor de *, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Materia del juicio. Del contenido integral de la demanda de amparo, se advierten como actos reclamados los siguientes: "1.- De *, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, *, SUBSECRETARIO DE CENTRO PENITENCIARIOS DEL ESTADO y de la DIRECTORA DEL CENTRO DE REISERCION SOCIAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA "SAN MIGUEL", se les reclama la orden y la inminente ejecución del traslado de mi madre * quien se encuentra privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Puebla "San Miguel" al Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla y/o a diverso Centro Penitenciario. 2.- Del JUEZ DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, se reclama la inminencia de la calificación de traslado de mi señora madre * al Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla y/o a diverso Centro Penitenciario.'" Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, de la lectura armónica de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en la orden de traslado, su ejecución y calificación del respecto de *, madre de la quejosa, quien se encuentra privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Puebla San Miguel al Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla o a diverso Centro Penitenciario. Sin embargo, tales actos encuentran la causa de improcedencia que descansa en la ausencia de interés jurídico, prevista en el artículo 61 fracción XII, relacionada con los numerales 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que recogen algunos postulados del precepto 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los preceptos legales y constitucional transcritos, se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en la premisa siguiente: Si las leyes o actos reclamados, no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces ninguna legitimación tendrá para instaurar el juicio de amparo. Esa consideración se apoya en la tesis jurisprudencial VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona."1 De modo que la acción constitucional de amparo, únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica. Se entiende por perjuicio la afectación a un derecho legítimamente tutelado, por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente, a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o exigir que no le sea violado. Lo anterior, es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia, y que la técnica del juicio de amparo considera para la procedencia de la vía constitucional. Entonces, la legitimación para iniciar y seguir el juicio de amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley, al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetiva. De ahí que ese agravio deba recaer en algún derecho jurídicamente tutelado, a favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también debe ser de realización pasada, presente o inminente. Para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados, y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle. En otras palabras, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o, en su caso, se acredite un interés cualquiera o simple, es decir, sin tener un respaldo legal, pues resulta indispensable que la manifestación del gobernado encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley, y que estos resientan un perjuicio con los actos reclamados. De modo que si la precondición para la procedencia del juicio de amparo, radica en la existencia de un derecho y su consiguiente afectación, entonces, la falta de un derecho afectado tutelado, implicará que no existe justificación para analizar la regularidad constitucional de un acto de autoridad. Empero, la demanda de amparo presentada es por * por propio derecho y su representante *, a favor de *, sin embargo, tal promovente es menor de edad, pues de sus propias manifestaciones se desprende que cuenta con dieciséis años y señala como representante legal a quien señala como su abuela, quien firma conjuntamente la demanda de amparo. Sin embargo, * carece de legitimación para promover por propio derecho, pues los actos reclamados no afectan su esfera jurídica de derechos. Ello es así, pues la orden de traslado, su ejecución y su calificación reclamadas, inciden en *, quien se encuentra recluida en el centro de reinserción social al que hacen alusión, por tanto, es únicamente a ella a quien le asistiría el interés jurídico previsto en los artículos 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que recogen algunos postulados del precepto 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, es menester señalar que los actos reclamados no se ubican en caso de excepción para ser promovidos por diversa persona pues no son aquellos que se encuentren en alguna de las hipótesis de carácter urgente, previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por todo ello, se concluye que *, quien suscribió la demanda por propio derecho y su representante *, no tienen interés jurídico para reclamar los mencionados actos a favor de *. Por consiguiente, debe estimarse que los actos combatidos por la parte quejosa, encuentran la causal de improcedencia que descansa en la falta de interés jurídico, pues los actos reclamados, no le ocasionan un perjuicio a su esfera jurídica. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, relacionado con la fracción XII del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por la parte quejosa, dado que sus actos encontraron una causa de improcedencia manifiesta e indudable (falta de interés jurídico conforme a las razones puntualizadas). En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sólo resta decir que la decisión adoptada (el desechamiento) no contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la interpretación contenida en la tesis XVI.1º A.T.2 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, página 1167, de rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Autorizados, notificación y acceso electrónico. Se tiene como autorizados en términos amplios de la quejosa a * porque se encontró registro único de sus cédulas profesionales en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal; en tanto que *, quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Dado que la parte quejosa omitió señalar domicilio para oír y recibir notificaciones con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones por medio de lista que se fijen en los estados de este juzgado. Ahora dado que la parte quejosa solicitó el acceso al expediente electrónico, con los nombre de usuario * y *, se instruye al secretario encargado del presente asunto que lo habilite. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene por realizada la manifestación para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto2 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido.

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