Francisco Alfonso Muñoz Rivera

Expediente 280/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 38 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
280/2021
Año
2021
Actuaciones
38
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Francisco Alfonso Muñoz Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se desprende que plazo de quince días a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hayan inconformado contra el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, dése aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse negado la protección constitucional. Al resultar innecesaria la conservación de los discos versátiles digitales remitidos por Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México de la Unidad de Gestión Judicial número Dos, en el juicio de amparo en que se actúa y del diverso 205/2021 del índice de este órgano, que se tuvo como hecho notorio, devuélvansele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Finalmente, visto el estado de autos, se advierte que no obra la constancia de notificación a la parte quejosa del auto de veinte de julio del año en curso, por tanto, comisiónese al fedatario judicial de la adscripción, practique sin dilación dicha notificación, para que obre como constancia. Notifíquese y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede y dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, con base en las constancias que remitió la autoridad responsable, este órgano de control constitucional, determina si la ejecutoria pronunciada en este asunto se encuentra o no cumplida. Este juicio de amparo se formó con la demanda promovida por ... contra la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso de mérito, en audiencia privada de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial ..., por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delito de robo agravado en perjuicio de ... y portación de arma de fuego en agravio de la sociedad y su ejecución. En sentencia de ocho de abril de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso. Inconforme con dicha determinación el quejoso ... por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión. Por cuestión de turno le correspondió conocer del medio de defensa al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien en resolución de siete de julio de dos mil veintidós, emitida en el R.P. 120/2022, medularmente resolvió: ".Bajo esa perspectiva, como se adelantó, el acto reclamado es violatorio del artículo 16 constitucional, por lo que conduce, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, a conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acto reclamado. En términos del artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fije fecha y hora para que dentro del plazo de veinticuatro horas celebre audiencia privada, en la cual, sin permitir el uso adicional de la voz al fiscal y con base en lo expuesto por éste en la audiencia en la cual se emitió el acto reclamado: b1) Sin perjuicio de reiterar lo que no ha sido materia de concesión de amparo, declare carecer de competencia legal por razón de fuero respeto de los hechos vinculados a la PORTACIÓN DE ARMA DE USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. b2) Determine que la necesidad de cautela exigida para liberar orden de aprehensión por el hecho que la ley sanciona como delito RODO AGRAVADO no se surte con base en los argumentos empleados en el acto reclamado y se pronuncie con libertad de jurisdicción sobre el tema. Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda con libertad de jurisdicción. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuidos a las autoridades responsables ejecutora -Fiscal General de Justicia, fiscal de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de esta Ciudad y Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad-, por no combatirse por vicios propios..." En proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución pronunciada por el Tribunal de Alzada y se requirió el cumplimiento respectivo a las autoridades responsables. En cumplimiento, la Subdirectora de la Unidad de Gestión Judicial número Dos de la Ciudad de México del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintidós, emitido en la carpeta judicial..., en el que comunica que mediante acuerdo volante .., emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se reorganizó los jueces de Control, por lo que el juez José Gabriel Martínez Peña (autoridad responsable) fue asignado a diversa Unidad de Gestión a partir del siete de julio pasado, y conforme al rol de jueces de esa unidad corresponderá presidir la audiencia al juez de control, maestro Juventino González Ocote, señalada para las diez horas del día veintidós de julio de dos mil veintidós, así mismo, ordenó la notificación al Ministerio Público designado. El juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, Juventino González Ocote, por su parte, remitió copia certificada de la audiencia de veintidós de julio de dos mil veintidós, en la que: Declaró abierta la audiencia, procediendo a identificarse el licenciado Salvador Huerta Mendigo, adscrito a la Fiscalía de Investigación en Iztacalco. Aclaró que el cumplimiento del juicio de amparo le fue asignado, dado que el juez responsable ya no se encuentra adscrito a dicha Unidad de Gestión Judicial. Ulteriormente, procedió a: 1.- Dejar insubsistente el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión. 2.- Dar respuesta a la petición realizada por el ministerio público, en los siguientes términos: a) Por lo que respecta al hecho con apariencia de delito de portación de arma de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, precisó que al encontrarse previsto en una ley federal y no surtir ningún caso de excepción en la norma jurídica, pues en términos del artículo 104, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los tribunales federales son los que deberán conocer de los delitos relacionados con el orden federal, así como el diverso 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señala que los delitos del orden federal son los previstos en las leyes federales y el numeral 20, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales que también establece la competencia de los asuntos del orden federal; consecuentemente, estableció que el asunto es del orden federal y al no existir ninguna diligencia urgente que no admita demora, en razón que la persona no está a disposición del órgano jurisdiccional, pues se trata de un pedimento de orden de aprehensión declaró carecer de competencia legal por cuestión de fuero. b) En cuanto al diverso hecho que la ley penal señala como delito de robo agravado precisó que aunque tiene competencia para conocer de él, lo cierto es que en términos de ley para poder girar la orden de aprehensión se tiene que establecer la necesidad de cautela, lo que en la especie estimó no se surtía, pues el hecho de que se publicara la venta de un vehículo, era insuficiente para fundar la necesidad de cautela, porque de ser así, se estaría anticipando o reiterando la comisión de una conducta, cuando no se aportaron elementos para ello, por lo que no se acreditó un peligro a la comunidad en términos del artículo 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en consecuencia; consideró que no se sustentaba el libramiento de una orden de aprehensión. Respecto del diverso argumento relativo a que el hecho delictivo se realizó con el uso de medios violentos, es decir, con arma de fuego, precisó que ello no era motivo para merecer la prisión preventiva oficiosa, en razón, que la orden de aprehensión es una forma de conducir al imputado al proceso y evidentemente no se trata de una cautela, por tanto, indicó que el fiscal deberá exponer de manera racional y justificada las circunstancias del caso en concreto y a partir de ello evidenciar que existe un riesgo que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, se ponga en peligro la integridad de la víctima, del ofendido, del testigo o de la comunidad o bien se ponga en peligro el desarrollo de la investigación, para acreditar la necesidad de cautela, la que no se colma con que el hecho delictivo pueda merecer prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, dado que ello será materia del estudio de una etapa posterior, una vez que se establezca la audiencia inicial y se haya vinculado en su caso al imputado, de modo que la necesidad de cautela deberá justificarse en términos del artículo 16, párrafo primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo tal que consideró improcedente el libramiento de la orden de aprehensión. Posteriormente, reiteró que la audiencia le fue asignada con motivo de la readscripción del juez José Gabriel Martínez Peña, derivado del acuerdo volante V-33/2022, de uno de julio de dos mil veintidós, emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y la forma en cómo se debe de distribuir la forma de trabajo, regulado en el acuerdo publicado el catorce de junio de dos mil veintidós. Aclaró que el acto reclamado que ha quedado insubsistente es la orden de aprehensión emitida el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Sin embargo, en términos del artículo 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de nueva cuenta procedió a realizar una aclaración en la carpeta, al haberse manifestado que el acto reclamado que se había dejado insubsistente era la orden de aprehensión de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, siendo lo correcto diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Por su parte el Fiscal General de Justicia, Fiscal de Mandamientos Judiciales y Jefe General de la Policía de Investigación, todos de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad, comunicaron que se han abstenido y abstendrían de ejecutar la aprehensión. En ese contexto, en términos de los artículos 77 y 196, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado cumplida cabalmente la ejecutoria de referencia, sin exceso o defecto, toda vez que la juez responsable, en acuerdo de veintiuno de julio pasado, señaló fecha de audiencia para las diez horas del día veintidós de julio de dos mil veintidós, es decir, para que tuviera verificativo dentro del plazo de veinticuatro horas, diligencia en la que determinó dejar insubsistente el acto reclamado de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno; por otra parte, señaló que en términos de los artículos 104, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 20, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, la competencia de los delitos del orden federal corresponde conocer a los tribunales federales, por lo que se declaró incompetente para conocer del hecho con apariencia de delito de portación de arma de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; además, determinó que era improcedente el libramiento de una orden de aprehensión respecto del hecho que la ley penal señala como delito de robo agravado, pues la publicación de la venta de un vehículo, no causa peligro a la comunidad, finalmente argumentó, que el uso medios violentos -arma de fuego- no es motivo para sustentar la necesidad de prisión preventiva oficiosa, porque la orden de aprehensión al ser una forma de conducir al imputado al proceso, correspondía al fiscal exponer de manera racional y justificada las circunstancias del caso en concreto y evidenciar que existe riesgo que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, se ponga en peligro la integridad de la víctima, del ofendido, del testigo o de la comunidad o bien se ponga en peligro el desarrollo de la investigación, además, la necesidad de cautela no se satisface con el hecho que el delito amerite prisión preventiva oficiosa, pues ello será materia del estudio de una etapa posterior, una vez que se establezca la audiencia inicial y se haya vinculado al imputado. Por ende, quedan a salvo los derechos de las partes para inconformarse dentro del plazo de quince días a que se refieren los artículos 201 y 202 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente al quejoso y electrónicamente al agente del Ministerio Público adscrito.

  3. Principal

    Agréguese a los autos oficio signado por la Directora General de Atención a Víctimas del Delito, a través del cual en atención al auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, manifiesta que la licenciada Patricia Herrera Maravilla, asesora jurídica del tercero interesado ..., fue notificada del acuerdo de veintiséis de julio del año en curso, y para acreditar su dicho remite la constancias donde se advierte que dicha circunstancias y remite el domicilio donde puede ser localizada; de su contenido, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Vistas las constancias que obran en autos, se advierte que la Directora General de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que la asesora jurídica del tercero interesado Alberto Ayala Pérez, es la licenciada Patricia Herrera Maravilla; sin embargo, de las constancias remitidas solo se advierte la notificación de veinte de julio anterior y no así la correspondiente al acuerdo de veintiséis de julio del año en curso a la referida asesora, por el que se le dio vista con el cumplimiento de mérito. En consecuencia, con fundamento artículo 17 constitucional, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia y, a fin de evitar dilaciones procesales, remítase nuevamente a dicha Dirección copia del citado acuerdo, a fin de que por su conducto, lo notifique a la citada servidora pública y, hecho lo anterior, en el término de tres días contado a partir de que tenga conocimiento de este acuerdo, remita las constancias con las que acredite lo anterior, además, proporcione el domicilio en donde puede ser localizada. Apercibido que no hacerlo, de conformidad con el numeral 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, aunado a que se dará vista al agente del Ministerio Público de la adscripción por desacato a un mandamiento judicial. Notifíquese y, personalmente a la parte quejosa y electrónica al agente de ministerio público adscrito.

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