Francisco Alberto Hernández Ochoa
Expediente 78/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Alberto Hernández Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Dígase al quejoso que se esté a lo dictado en acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, ya que se le dejó a su disposición el billete de depósito N946062, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., valioso por $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que fue fijada para que surtiera efectos la suspensión provisional. Notifíquese.
- Principal
De la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, se declara que ha causado estado; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, se advierte que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N946062, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., valioso por $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que fue fijada para que surtiera efectos la suspensión provisional; en consecuencia, previo endoso de dicho documento, se deja a su su disposición, para que se presente a recogerlo en hora y día hábil (martes o miércoles), con identificación oficial vigente y previo recibo que se deje en autos, debiéndose conservar en su lugar, fotocopia simple del mismo; apercibido que de no recogerlo dentro del plazo de dos años, se procederá en términos del artículo 51 de la Ley de Tesorería de la Federación. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Ae establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez que transcurran tres años- al haberse sobreseído y carecer de relevancia documental. En cuanto al incidente de suspensión dado que fue concedida la medida cautelar provisional, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de depuración. Al resultar innecesaria la conservación del tomo de pruebas, un disco compacto y un sobre amarillo con datos personales de las partes remitidos por la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Quince del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (********************), devuélvasele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del trece de marzo actual, Karina Rodríguez Flores, funge como secretaria en funciones de Jueza de este órgano de control constitucional, en cumplimiento a lo acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA la suspensión definitiva a********************, en términos del considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Se declara sin materia el presente incidente, de conformidad con el considerando tercero de esta interlocutoria NOTIFÍQUESE.
- Principal
En ese orden, a criterio del suscrito, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo cual no hay necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional a efecto de proveer lo conducente, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia. Se explica. La citada disposición normativa prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos, que se materliaza cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, la desaparición total de sus efectos y consecuencias, de manera incondicional e inmediata, y sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. En el caso que nos ocupa, con las documentales exhibidas en el informe de cuenta, que adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se acredita que en audiencia de veintidós de febrero de la anualidad, la jueza de control encargada del trámite de la carpeta judicial ***, ordenó cancelar la orden de aprehensión combatida. De ahí que se actualiza la improcedencia del juicio por cesación de efectos pues al haber cancelado la orden que el quejoso reclama. En virtud de lo anterior, no existe motivo para seguir con el trámite y resolución del juicio de amparo, cuando ya la parte quejosa no pueda alcanzar el objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de orden impugnada, es decir, cuando por virtud de la cesación de sus efectos la acción carece de materia, procediendo consecuentemente sobreseer fuera de audiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, toda vez que no cambiaría el sentido de esta determinación la manifestación que en su caso hiciera el impetrante y, en cambio, sí retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios. Cuanto más, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder también contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causa; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. No se inadvierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de diez de febrero de la anualidad a efecto de que aclare o corrija la denominación de diversas autoridades responsables; sin embargo, de realizarlo, no cambiara en nada esta determinación, pues son autoridades que fueron señaladas con el carácter de ejecutoras y la que fue señalada con el carácter de ordenadora, ya se pronunció respecto de los actos. Notifíquense; y, personalmente a la parte quejosa, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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