Francisco Alfonso Araiza Reynoso
Expediente 503/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Alfonso Araiza Reynoso
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede León, mediante el cual informa que el dos de agosto de la presente anualidad, el titular de ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y se ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto concluido, el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso j), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se determinó la incompetencia para conocer del presente asunto. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Agréguense en autos el escrito y anexo que remite el quejoso **************, mediante los cuales, cumple con el requerimiento formulado el veintitrés de julio del año en curso, en los siguientes términos: Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se encuentra ubicado en calle Fenicia, número ciento diecisiete, Los Murales II, de León, Guanajuato y que su centro de trabajo es el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No. 77 (CETIS 77), de León, Guanajuato. Anexa copia simple de su credencial para votar. Señala como autoridades responsables ejecutoras a: Enlace de Gestión Administrativa de la DGETI, de la Ciudad de México; y, Coordinación Sectorial de Personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), de la Ciudad de México. Al respecto, se acuerda: Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso **************, acude a esta instancia constitucional reclamando: El descuento salarial que se le hace por la cantidad de $2,914.92 (dos mil novecientos catorce pesos 92/100 M.N) por concepto de préstamo hipotecario FOVISSSTE así como de $8.50 (ocho pesos 50/100 M.N) por seguro de daños FOVISSSTE, ordenado por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); y, La omisión de realizar los procesos y/o procedimientos para instruir al Registro Público de la Propiedad correspondiente, lleve a cabo la cancelación de la hipoteca que existe sobre el bien inmueble ubicado en la calle Fenicia, número ciento diecisiete, lote de terreno doce, manzana dos, del fraccionamiento Los Murales II, de León, Guanajuato. Bajo ese contexto legal, si el aquí promovente del amparo tiene su domicilio particular en calle Fenicia, número ciento diecisiete, Los Murales II, de León, Guanajuato y ese es el inmueble del que reclama la omisión de realizar los procedimientos correspondientes para cancelar la hipoteca que pesa sobre él, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Lo anterior, porque como el acto reclamado por el quejoso precisado en el inciso a) implica el descuento o retención que se realiza en su salario, lo cual tiene relación con el lugar donde reside pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, es inconcuso que el domicilio en el que se desenvuelve el quejoso será el lugar en el que resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado, esto es, en León, Guanajuato. Asimismo, el acto reclamado precisado en el inciso b) consistente en la omisión de realizar los procedimientos para instruir al Registro Público de la Propiedad correspondiente, lleve a cabo la cancelación de la hipoteca que existe sobre el bien inmueble ubicado en la calle ********************, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada, los cuales tienen lugar fuera de la jurisdiccional de este órgano jurisdiccional, puesto que el domicilio que alude, sobre el que recae aún la hipoteca, se encuentra en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, como se dijo si el domicilio del solicitante del amparo, así como el lugar donde se ubica el inmueble del que se reclama la omisión de realizar los procedimientos tendientes a cancelar la hipoteca que pesa sobre él, se localizan en León, Guanajuato, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues los actos de que se duele tienen ejecución en la referida ciudad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Luego, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en León, Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en dicha ciudad. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en León, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del asunto. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Vista la demanda de amparo que se recibió a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, promovida por ***************, contra actos del Jefe del Departamento de Vivienda del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), con sede en esta ciudad y otras autoridades; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 503/2021-IV. AEn la especie, como se dijo en párrafos precedentes, uno de los actos que reclama la parte quejosa de las autoridades responsables, es el descuento salarial por la cantidad de $2,914.92 (dos mil novecientos catorce pesos 92/100 M.N) por concepto de préstamo hipotecario FOVISSSTE así como de $8.50 (ocho pesos 50/100 M.N) por seguro de daños FOVISSSTE, ordenado por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). Asimismo indica, que la ejecución de la dicha orden se encomendó a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato. A este respecto debe agregarse que el peticionario de amparo únicamente señaló como autoridades responsables al: Jefe del Departamento de Vivienda del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), con sede en esta ciudad. Coordinador de actividades en Materia de Vivienda del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), con sede en esta ciudad. Representante Legal del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), con sede en esta ciudad. En ese sentido, al haber sido la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato, por conducto de la dependencia correspondiente, quien ejecuta la orden reclamada, esto es, los descuentos de nómina quincenalmente, y no haberla señalado como responsable, se concluye que la demanda se torna irregular por dicho aspecto. Conclusivamente, ante las omisiones incurridas por la parte quejosa, lo procedente conforme a los mencionados artículos 108, fracciones I y III, en relación con el 114, todos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con siete copias de su líbelo aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Bajo protesta de decir verdad precise y acredite con documento fehaciente, cuál es su domicilio. Señale como autoridad responsable a la dependencia de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato, que ejecuta la orden de descuento reclamada. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe señalar que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual la directa quejosa debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la tesis de jurisprudencia 50/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Materia Común, Tomo I, libro 9 agosto de 2014, página 210, del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Con fundamento en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza a la parte quejosa para que consulte de manera electrónica el presente expediente, así como para que se le practiquen electrónicamente las notificaciones que a su parte corresponde; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario FAAR71, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se le tiene a la parte quejosa autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a Adriana Lizette Aviña Hernández, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descarguen del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Francisco Aboytes Pizano716/2020
- Francisco Aboytes Pizano631/2019
- Francisco Aboytes Pizano591/2018
- Francisco Aguirre Jiménez1100/2015
- Francisco Alejandro Mota Ramos365/2023
- Francisco Alejandro Plancarte Gutiérrez149/2015
- Francisco Almaraz Mendosa108/2022
- Francisco Almaraz Ramírez28/2018
- Francisco Almaraz Ramírez978/2017
- Francisco Álvarez Plata667/2022
- Francisco Antonio Solorio Llamas108/2019
- Francisco Araiza Hernández512/2017