Francisco Aboytes Pizano

Expediente 631/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 30 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
631/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Francisco Aboytes Pizano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 10040/2020, por el que se notificó que se tuvo por cumplido el fallo protector y se le devolvió las constancias que remitió como sustento de su informe justificado.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia terminada de engrosar el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se negó el amparo a Francisco Aboytes Pizano, por las razones expuestas en dicha resolución. Inconforme con la determinación anterior, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por lo que, el tres de noviembre pasado se le tuvo remitiendo testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 35/2020, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: ".PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Aboytes Pizano, contra las autoridades y los actos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo." Cabe destacar, que los efectos que imprimió la superioridad a la ejecutora de amparo fueron para que: "1. La sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en la que, 2. Reitere todo aquello que no es materia de la concesión y, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, 3. Realice el estudio de las violaciones procesales hechas valer por el recurrente. La concesión se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la jueza de primera instancia, por no reclamarlos por vicios propios." En ese sentido, dado que la sentencia que negó el amparo fue revocada por el Tribunal de alzada para conceder el amparo y protección de la justicia federal, se procedió a requerir a la sala responsable cumpliera con la ejecutoria. Luego, mediante oficio 2517 de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el Magistrado Propietario de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, allegó copia certificada de la determinación emitida dentro del toca de apelación 307/2019 de su estadística, con la que adujó cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que se dio vista a las partes, y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: En proveído de nueve de noviembre pasado dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la sentencia emitida el veinte de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca 307/2019 de su estadística; y En consecuencia de lo anterior, emitió nueva resolución el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, realizando el estudio de las violaciones procesales hechas valer, donde determinó confirmar la diligencia de remate practicada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve por la Jueza Única Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, dentro del Juicio Especial Civil Hipotecario número C214/2017 del índice de dicho juzgado. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación citada en los párrafos que anteceden, el Magistrado responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo al impetrante en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que, deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión y el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto deberán ser destruidos, en el plazo a que alude dicho punto, por lo que, se ordena mandarlos al lugar que le corresponda en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruyan. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe anexó el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia terminada de engrosar el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se negó el amparo a Francisco Aboytes Pizano, por las razones expuestas en dicha resolución. Inconforme con la determinación anterior, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por lo que, el tres de noviembre pasado se le tuvo remitiendo testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 35/2020, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: ".PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Aboytes Pizano, contra las autoridades y los actos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo." Cabe destacar, que los efectos que imprimió la superioridad a la ejecutora de amparo fueron para que: "1. La sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en la que, 2. Reitere todo aquello que no es materia de la concesión y, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, 3. Realice el estudio de las violaciones procesales hechas valer por el recurrente. La concesión se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la jueza de primera instancia, por no reclamarlos por vicios propios." En ese sentido, dado que la sentencia que negó el amparo fue revocada por el Tribunal de alzada para conceder el amparo y protección de la justicia federal, se procedió a requerir a la sala responsable cumpliera con la ejecutoria. Luego, mediante oficio 2517 de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el Magistrado Propietario de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, allegó copia certificada de la determinación emitida dentro del toca de apelación 307/2019 de su estadística, con la que adujó cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que se dio vista a las partes, y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: En proveído de nueve de noviembre pasado dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la sentencia emitida el veinte de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca 307/2019 de su estadística; y En consecuencia de lo anterior, emitió nueva resolución el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, realizando el estudio de las violaciones procesales hechas valer, donde determinó confirmar la diligencia de remate practicada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve por la Jueza Única Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, dentro del Juicio Especial Civil Hipotecario número C214/2017 del índice de dicho juzgado. En esas condiciones, el suscrito estima que a través de la determinación citada en los párrafos que anteceden, el Magistrado responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo al impetrante en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que, deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión y el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto deberán ser destruidos, en el plazo a que alude dicho punto, por lo que, se ordena mandarlos al lugar que le corresponda en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruyan. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe anexó el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Magistrada de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 8517/2020 del índice de este Juzgado, con el que se le devolvió las constancias que remitió como sustento de su informe justificado a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

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