Francisco Alexis Torres Medrano

Expediente 506/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
506/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Francisco Alexis Torres Medrano
  • José Guadalupe Casillas López
  • Francisco Alexis Torres Medrano y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 12106/2023, enviado vía SISE por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, mediante el cual comunica que ese Tribunal aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se advierte que toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, este cuaderno es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda signado por ********************, contra actos del juez de Control licenciado Eduardo Javier Sáenz Torres, con asentamiento en Reynosa, Tamaulipas; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 506/2023-VI. Ahora bien, en principio debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este órgano jurisdiccional, tiene competencia o no para conocer del presente asunto. Lo anterior, en virtud que, la competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16, Constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el numeral 48, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Carta Magna, al establecer como obligación de todo juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo, que es del tenor siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. Como se desprende de la transcripción anterior, cuando un juez de Distrito se estime incompetente para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que el juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Ahora bien, del estudio integral de la demanda que se atiende se estima que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la misma. Al respecto deben tomarse en cuenta las reglas competenciales establecidas en el numeral 37, de la Ley de Amparo, que literalmente expresa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del transcrito precepto se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del precitado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda provisión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces será competente para conocer de la demanda de amparo el juez, donde se haya presentado la misma. c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la tercera regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda. Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de vinculación a proceso pronunciado los días veinticuatro y veintinueve, ambos de marzo de dos mil veintitrés, por el licenciado Eduardo Javier Sáenz Torres, con asentamiento en Reynosa, Tamaulipas, dentro de la carpeta procesal ********************. Luego, la regla que se aplicará para fijar la competencia en el presente asunto es la señalada en el inciso a), pues dichos actos y sus consecuencias tienen una ejecución material. Lo anterior, dado que el acto reclamado, tiene como efecto dejar a los procesados a disposición del juez de Control; además, debe decirse que la ejecución material del acto reclamado ocurre en el lugar donde se instruye el proceso penal. En este sentido, los efectos de una resolución de término constitucional o de vinculación a proceso, necesariamente se trasladan de manera directa a la causa y ahí es donde tienen su principal impacto y repercusión. En tal virtud el juez de Distrito competente para conocer del acto en mención, es el que radica en la jurisdicción del juez de la causa, pues, es ante su potestad que los procesados se encuentran sometidos. Por tanto, la competencia para conocer de la demanda de amparo, se surte a favor del juez de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar en donde se encuentra el juez de Control licenciado Eduardo Javier Sáenz Torres, con asentamiento en aquella localidad, que la parte promovente señaló como responsable y quien conoce del expediente ********************, instruido en contra de los quejosos ********************, mismo que dictó el auto de vinculación a proceso que en esta instancia se reclama. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia 118/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2183, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 3, Diciembre de 2011, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Se hace la precisión que si bien el citado criterio fue integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, el cual de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, continua en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone al texto vigente, pues la hipótesis que en aquél se alude la prevé también el diverso numeral 37, de la legislación vigente; ya que en ambos se establece la regla que enuncia que es autoridad competente para conocer el juicio de amparo, el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se ordena remitir la demanda con sus copias por mensajería instantánea del presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, a fin de que esta a su vez la turne al Juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda y esté en aptitud de pronunciarse respecto de la competencia planteada. Asimismo, de la manera más atenta se solicita al Juzgado de Distrito, se sirva acusar el recibo correspondiente e informar si acepta o no la determinación adoptada. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda; de igual forma, señalando como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, bajo los números de registro ********************, de los cuales se anexan copias simples para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte agraviada. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, secretaria que actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico a la pate quejosa, el proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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