Francisco Alejandro Lerma Dávila
Expediente 720/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 720/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/07/2023
Partes del expediente
- Francisco Alejandro Lerma Dávila
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que la parte agraviada no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiséis de junio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo 720/2023-IV, promovido por Francisco Alejandro Lerma Dávila; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Atento a lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, y toda vez que no existen documentos originales agregados a este cuaderno, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. A su vez, como lo dispone el numeral 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del arábigo 20 citado en el párrafo que precede. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, fórmese expediente y regístrese en el libro que para juicios de amparo se lleva en este Juzgado de Distrito, bajo el número 720/2023-IV, que le corresponde. De una lectura integral del libelo de cuenta, este órgano de control constitucional advierte que es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo; numeral que señala lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, el Juez de Distrito podrá decretar el desechamiento de una demanda de amparo siempre y cuando encuentre que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; así, los conceptos "manifiesto" e "indudable", el Diccionario de la Real Academia Española los define de la siguiente manera: "Manifiesto. Adj. Descubierto, patente, claro." "Indudable. 1. adj. Que no se puede poner en duda. 2. adj. evidente (claro, patente)." De las citadas definiciones, se obtiene que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido. Para el caso en particular, de la lectura íntegra del libelo que se atiende, así como de las documentales que adjunta el ocursante, se advierte que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente administrativo laboral ******************** de su índice, en el cual se declara desierta la prueba caligráfica señalada para esa data. Para conocer las razones por las cuales se arriba a la conclusión de desechar la demanda que se atiende, conviene citar los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de ésta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" "(.)" "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:" "(.)" "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Como se ve, el amparo indirecto solo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con la procedencia del amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que los actos dictados dentro de juicio tienen una ejecución irreparable o son de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de las garantías otorgadas para su protección, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque la violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Da soporte a lo expuesto, el contenido de la jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 47/90, visible en la página 11, del Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (que resulta aplicable por no oponerse a la ley de la materia actual), en la cual se define el concepto de ejecución de imposible reparación en estos términos: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producente ""ejecución irreparable"" los actos dentro del juicio, sólo cuando afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Pues bien, como ya se precisó, el promovente se duele, en esencia, del acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente administrativo laboral ******************** de su índice, en el cual se declara desierta la prueba caligráfica señalada para esa data. Luego, esa determinación constituye una violación intraprocesal que en modo alguno afecta o transgrede en perjuicio de la parte quejosa algún derecho sustantivo y tampoco constituye una afectación de imposible reparación. Ello es así, pues al margen de que la junta responsable proceda en la forma indicada, es decir, que atento a lo acordado en veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo laboral ********************, promovido por el agraviado ********************, actuación la anterior en la que, como ya se dijo, se declaró desierta la prueba caligráfica señalada para esa data, el aquí quejoso puede válidamente, en su caso, obtener un laudo favorable a sus pretensiones, pues la decisión adoptada por la responsable, no arroja como consecuencia necesaria y directa que obtendrá un fallo adverso a sus intereses, puesto que sus efectos solo se conocerán hasta el momento en que se emita esa resolución, y como se dijo, puede darse el caso de que la acción planteada resulte improcedente y que con motivo de ello el laudo le favorezca. Cabe mencionar que la Ley de Amparo, en su artículo 172, precisa que los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando, entre otras cosas, se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad (arábigo 172, fracción V de la legislación de la materia), lo que no acontece en la especie. Por su parte, los artículos 171 y 174 del mismo ordenamiento legal prevén: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo." En ese tenor, como la determinación emitida por la autoridad responsable, no conlleva necesariamente a que la parte quejosa, en el expediente laboral de origen, obtenga un fallo adverso a sus intereses, al existir la posibilidad de que se le emita un laudo favorable, el amparo promovido se torna improcedente. Por ende, antes de la promoción del juicio biinstancial, se requiere llegar a la emisión del laudo dentro del expediente de origen, para así estar en posibilidad de corroborar si la violación que aduce el doliente trascendió al resultado del fallo y, de ser el caso, la determinación que se pretende combatir por esta vía debe impugnarse a través del juicio de amparo directo y no del indirecto, pues es en el estudio de fondo del laudo donde puede advertirse esa afectación, y donde podrá analizarse cualquier violación procesal. En lo que corresponde es aplicable la tesis de jurisprudencia número 2, visible en la página 1539 del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Luego, los actos reclamados constituyen una violación intraprocesal que en modo alguno afecta o transgrede en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo y, tampoco constituye una afectación de imposible reparación, ya que no menoscaba de manera cierta, directa e inmediata, algún derecho sustantivo protegido constitucionalmente, de modo que no pudiera repararse de obtener laudo favorable y en esas condiciones, el acto solamente podría vulnerar derechos adjetivos, impugnables mediante el amparo directo promovido contra el fallo. Con base en los motivos plasmados es dable para este juzgador concluir válidamente, que el acto reclamado no es de imposible reparación; de ahí que, las violaciones delatadas deben combatirse mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva. Por tanto, en las condiciones apuntadas, la demanda de amparo que se plantea resulta notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que procede desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; y, como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quien cita para tales efectos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se desecha de plano la demanda promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio número OFC/0292/2023 con anexo, enviado bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el Magistrado de la Sala Regional Victoria, habilitado como Magistrado de la Sala Regional Reynosa del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a le ejecutoria emitida por la Superioridad, adjuntando la constancia en que sustenta su dicho; por tanto, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a sus autos para que obren como correspondan. Ahora bien, con lo anterior dése vista a las partes quejosa y terceras interesadas, por el término de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; en la inteligencia, que transcurrido dicho plazo, este órgano jurisdiccional procederá a analizar de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de garantías, se advierte que mediante acuerdo de catorce de los actuales (foja 482), se tuvo por recibido el oficio número ASJP/1594/2023, enviado vía correo electrónico por el Titular del Juzgado de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, por el que hizo del conocimiento de este Tribunal, la imposibilidad que presentaba para dar cumplimento al fallo protector, ello hasta en tanto la autoridad responsable aludida en el párrafo que antecede, se pronunciará al respecto. En consecuencia, mediante oficio que se derive del presente proveído, hágase llegar copias certificadas del oficio de cuenta y su anexo, al Juez de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días legalmente computado, cumpla con la ejecutoria de mérito; apercibido que en caso de no acatar a lo aquí ordenado se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada Silvia Magdalena Guerra Álvarez. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes
- Francisco Alejandro Gómez Zárate801/2022
- Francisco Alejandro Gómez Zarate977/2021
- Francisco Alejandro Guardiola Sifuentes2097/2014
- Francisco Alejandro Guardiola Sifuentes14/2015
- Francisco Alejandro Guardiola Sifuentes1257/2014
- Francisco Alejandro Guardiola Sifuentes1429/2014
- Francisco Alejandro Reyes Benitez1326/2021
- Francisco Alemán Garza437/2019
- Francisco Alexander Aroche Mont183/2018
- Francisco Alexis Torres Medrano507/2023
- Francisco Alexis Torres Medrano506/2023
- Francisco Alfonso Ochoa Luna441/2013