Francisca Rosalinda Lee Ontiveros
Expediente 249/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 01/08/2023
Partes del expediente
- Francisca Rosalinda Lee Ontiveros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales exhibidos en este asunto; en atención a su petición, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase la devolución de las documentales referidas, previa constancia de recibo y copia certificada que se deje en su lugar para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de doce de julio anterior, en el que en cumplimiento a lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones correspondientes. En tal virtud, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En cumplimiento a lo ordenado en los artículos 14 y 15 del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el segundo de los numerales citados. Asimismo, se establece que el expediente principal, es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General en consulta. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, que remite el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al que anexa copia certificada de la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del recurso de queja administrativo 70/2023, en el cual se resolvió: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por el ********************, contra del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en el juicio de amparo indirecto 249/2023." Acúsese el recibo correspondiente y realícense las anotaciones correspondientes. Ahora, de la resolución que se atiende se advierte que el Tribunal de Alzada determinó que le asiste la razón a la parte recurrente en el sentido de que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que en contra del acto reclamado procede el juicio de nulidad, que debió ser agotado previo a la presentación del juicio de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que, entre otros, rige el juicio de amparo, numeral que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior:" Del mismo modo, precisó que el juicio de amparo resulta improcedente cuando no se agotan los medios ordinarios de defensa, excepto cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en esa porción normativa que son: a) Cuando la ley del acto exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión. b) Si el acto reclamado carece de fundamentación. c) Si la parte quejosa únicamente aduce violaciones directas a la Constitución. d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por ende, refirió que de los antecedentes narrados por la aquí quejosa se advierte que el acto reclamado consiste en la determinación dictada en el expediente ******************** emitido por la Jefa del Departamento de Impacto Ambiental y Licencias en suplencia por ausencia del Director de Protección al Ambiente del Municipio de Tecate Baja California mediante el cual no se autorizó la reubicación de once árboles de la especie encino, del modo que en contra de dicha determinación procede el juicio de nulidad, mediante el cual es posible que se obtenga la modificación, revocación o nulificación, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, fracción I de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, que a la letra dice: "ARTICULO 26. Los Juzgados de Primera instancia del Tribunal son competentes para conocer de los juicios que se promuevan contra los actos o resoluciones definitivas siguientes: I. Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando estos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares;" De igual forma, que dicha legislación en sus artículo 69 y 77, prevé la suspensión del acto reclamado con la presentación de la demanda y no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto, ni estable un plazo mayor para su otorgamiento, que los previstos en la Ley de Amparo. Al respecto, considero aplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), localizable en la página 1194, libro 28, marzo de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de cuyo rubro es el siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ESNECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Por consecuencia, al estar acreditada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y al haberse declarado fundado el recurso de queja interpuesto contra el auto admisorio de demanda, conlleva a revocar el referido auto y atendiendo a los razonamientos anteriormente vertidos, se desecha de plano la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
a las nueve horas del dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este organo jurisdiccional, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 249/2023 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, que remite el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al que anexa copia certificada de la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del recurso de queja administrativo 70/2023, en el cual se resolvió: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por el ********************, contra del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en el juicio de amparo indirecto 249/2023." Acúsese el recibo correspondiente y realícense las anotaciones correspondientes. Ahora, de la resolución que se atiende se advierte que el Tribunal de Alzada determinó que le asiste la razón a la parte recurrente en el sentido de que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que en contra del acto reclamado procede el juicio de nulidad, que debió ser agotado previo a la presentación del juicio de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que, entre otros, rige el juicio de amparo, numeral que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior:" Del mismo modo, precisó que el juicio de amparo resulta improcedente cuando no se agotan los medios ordinarios de defensa, excepto cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en esa porción normativa que son: a) Cuando la ley del acto exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión. b) Si el acto reclamado carece de fundamentación. c) Si la parte quejosa únicamente aduce violaciones directas a la Constitución. d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por ende, refirió que de los antecedentes narrados por la aquí quejosa se advierte que el acto reclamado consiste en la determinación dictada en el expediente ******************** emitido por la Jefa del Departamento de Impacto Ambiental y Licencias en suplencia por ausencia del Director de Protección al Ambiente del Municipio de Tecate Baja California mediante el cual no se autorizó la reubicación de once árboles de la especie encino, del modo que en contra de dicha determinación procede el juicio de nulidad, mediante el cual es posible que se obtenga la modificación, revocación o nulificación, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, fracción I de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, que a la letra dice: "ARTICULO 26. Los Juzgados de Primera instancia del Tribunal son competentes para conocer de los juicios que se promuevan contra los actos o resoluciones definitivas siguientes: I. Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando estos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares;" De igual forma, que dicha legislación en sus artículo 69 y 77, prevé la suspensión del acto reclamado con la presentación de la demanda y no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto, ni estable un plazo mayor para su otorgamiento, que los previstos en la Ley de Amparo. Al respecto, considero aplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), localizable en la página 1194, libro 28, marzo de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de cuyo rubro es el siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ESNECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Por consecuencia, al estar acreditada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y al haberse declarado fundado el recurso de queja interpuesto contra el auto admisorio de demanda, conlleva a revocar el referido auto y atendiendo a los razonamientos anteriormente vertidos, se desecha de plano la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.
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