Francisca Regules Pedro
Expediente 126/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2019
Partes del expediente
- Francisca Regules Pedro
Actuaciones
- Principal
a las nueve horas del tres de diciembre de dos mil diecinueve, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa ni sus autorizados no comparecieron en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo 126/2019, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice:Vista la demanda de amparo que promueve Manuel Balvanero Rodríguez Salazar, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 121/2019-D. Precisiones Conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Amparo, previo acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir al parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, otorgándole la oportunidad para que pueda desahogarlas en tiempo; por lo que, se impone precisar lo que prevén los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." En ese contexto, no pasa inadvertido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación de los órganos jurisdiccionales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial; por lo que al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, los órganos jurisdiccionales deben tener presente la razón de la norma, con el fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Bajo esa premisa, considerando que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda; sin cambiar su alcance y contenido; cuando es obscura o imprecisa; y, pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso. Sustenta lo anterior, las jurisprudencias P./J. 40/2000 y 2a./J. 183/2005 , emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuyos rubros y textos disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento." Prevención de demanda de amparo. En ese tenor, y conforme a lo dispuesto por los artículos 112 y 114, fracción III, en relación con el diverso numeral 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles, legalmente computado de cumplimiento a lo siguiente: Exhiba el documento con el que demuestre la representación que refiere le otorgaron los quejosos Francisca Regules Pedro y Miguel Isidro Cristobal, para comparecer en su nombre en el presente juicio. Lo anterior, al tomar en cuenta que la personalidad constituye un presupuesto procesal y, por tanto, debe demostrarse desde la presentación de la demanda, tal como lo exige la fracción I del artículo 108 de la Ley de Amparo, requisito que de no ser satisfecho en ese momento porque no se presente el documento relativo o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al peticionario del amparo para que subsane la deficiencia relativa en los términos establecidos en el numeral 114 del propio ordenamiento, lo que de no ocurrir provocará que se tenga por no presentada la demanda. En consecuencia, si el acreditamiento pleno de la personalidad es requisito de la demanda que debe quedar satisfecho desde su presentación o al término del plazo de la prevención para que se subsane la omisión relativa a fin de que se tramite el procedimiento constitucional, el documento con el que se satisface esa carga probatoria es parte integrante de la demanda y, por tanto, el quejoso está obligado a exhibir además de la copias de la demanda, las copias del documento o documentos que acrediten la representación de quien promueve a su nombre para que se les entregue a las demás partes en el juicio. Con lo cual se cumple con el doble propósito que tiene el establecimiento de los requisitos de la demanda, entre ellos, que se señalen el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, que la representación quede plenamente acreditada, así como la exigencia de exhibir copias de la demanda, incluyendo las del documento o documentos con los que se satisfaga ese carga probatoria, ya que además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, facilita a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con la atribución relativa. Debe precisarse que el criterio que se sostiene no constituye un obstáculo para el debido respeto del derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución, en virtud de que, de tal precepto se desprende la facultad que el Constituyente otorgó al legislador para establecer en las leyes los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar. Así, el propio Constituyente estableció un límite claramente marcado al utilizar la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", mismo que no sólo implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento. Aunado a lo anterior, es de hacer énfasis al hecho de que los órganos jurisdiccionales no son los únicos con deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, en virtud de que los gobernados deben acatar esos mecanismos al momento de pretender ejercer su derecho a la jurisdicción, pues cuando quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse necesariamente a las formas que el legislador previó, siempre y cuando éstas tengan sustento constitucional. De esta forma, la existencia de formas y plazos concretos para acceder a la justicia, no corresponde a la actuación caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de aquél de facultar a éste para que pueda establecer mecanismos que garanticen el respeto a las garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, la de legalidad e igualdad en los procedimientos. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 fracción I y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, Manuel Balvanero Rodríguez Salazar, deberá exhibir los documentos con los que acredite la representación que le otorgaron los quejosos Francisca Regules Pedro y Miguel Isidro Cristobal, para comparecer en su nombre en el presente juicio. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2ª./J. 124/2016 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia (común), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". De igual forma, a fin de correr traslado a las autoridades responsables, a los terceros interesados, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, deberá exhibir copias suficientes del escrito por el que desahogue la presente prevención, lo anterior, en términos de los artículos 110 y 114, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J.36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Asimismo, soportan lo anterior los criterios emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en las tesis III.2o.C.23 K (10a.) III.2o.C.30 K (10a.), y III.2o.C.32 K (10a.), que literalmente dicen: "COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO. SU EXHIBICIÓN PARA SU TRASLADO A LAS PARTES, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 110 Y 114 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO ABSURDO. La regla general de exhibir copias de la demanda de amparo para traslado a cada una de las partes, tiene como propósito que el juzgador pueda cumplir con sus atribuciones dentro del juicio relativo, de una manera correcta y funcional, a fin de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para su intervención en el juicio de amparo, como son, pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero o terceros interesados, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada; de ahí que no constituya un formalismo absurdo." "DEMANDA DE AMPARO. LA CARGA PROCESAL DE EXHIBIR LAS COPIAS RELATIVAS PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 110 Y 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, ES ADMISIBLE DENTRO DEL ÁMBITO CONSTITUCIONAL. La carga procesal prevista en los artículos señalados, es admisible dentro del ámbito constitucional, porque encuentra asidero en los derechos de audiencia y defensa previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la finalidad de dichos preceptos es garantizar que en el juicio de amparo las partes tengan a su alcance todos los elementos necesarios para asegurar una adecuada defensa de sus intereses, lo que se logra, por medio de las copias de la demanda, tanto en la tramitación del expediente principal como en la del incidental." "DEMANDA DE AMPARO. LA REGLA GENERAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 110 Y 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, DE EXHIBIR LAS COPIAS RELATIVAS, PARA SU ADMISIÓN, CONSTITUYE UN REQUISITO PROCESAL DE OBSERVANCIA ESTRICTA. La regla general de exhibir copias de la demanda de amparo para traslado a las partes en el juicio, constituye un requisito procesal de observancia estricta, cuya omisión tiene como consecuencia que el órgano del conocimiento prevenga al quejoso para que exhiba copias suficientes para traslado a la totalidad de las partes y, si no lo hace así, tendrá por no presentada la demanda." Apercibimiento Se apercibe al promovente Manuel Balvanero Rodríguez Salazar, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de la Materia. Domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en el escrito de cuenta. Se habilitan días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Por otro lado, con base en lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1, 3, 9, 68, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; infórmese a las partes que la sentencia que se emita en el asunto que nos ocupa -versión pública con supresión de información confidencial-, estará a disposición del público sin que se requiera su consentimiento; ello, en el entendido que para otorgarla deberá mediar una solicitud en términos del artículo 123 de la ley ordinaria en comento. Lo anterior, en la inteligencia de que este órgano de control constitucional, como obligado responsable, no estará sujeto a recabar el consentimiento del titular de los datos personales, en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Expediente electrónico Con fundamento en el artículo 12, párrafo primero, incisos b), d) y e) ; ordinales 12, 13, 14 fracción I y último párrafo ; y, numeral 90 , contenidos respectivamente de los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013, 1/2014 y 1/2015, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, así como lo señalado en el artículo 3 , párrafos quinto y séptimo, de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, en atención a que es responsabilidad de la suscrita juzgadora verificar la coincidencia en cuanto a la integración del expediente electrónico como impreso; tal y como se advierte de las disposiciones citadas en el párrafo que antecede; por tanto, a fin de que, tanto el expediente electrónico e impreso, coincidan íntegramente para consulta de las partes, el secretario encargado del trámite del presente juicio de garantías, deberá verificar de la coincidencia de contenidos tanto del expediente impreso como del electrónico; asimismo, dará fe que han sido incorporados a estos cada promoción, documento y resolución. Notifíquese personalmente a Manuel Balvanero Rodríguez Salazar.
- Principal
Notifíquese personalmente a Manuel Balvanero Rodríguez Salazar.
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