Francisca Lourdes Ballesteros Villa
Expediente 578/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Francisca Lourdes Ballesteros Villa
- Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, ciudad
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de agosto de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de junio de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo presentados por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento efectuado en nueve de junio de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tiene por ofrecida la documental que anexa dicha autoridad, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de la cual, así como del estado de los autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia por lo que respecta a un acto, y una de sobreseimiento en cuanto al acto restante. Sobreseimiento fuera de audiencia I. Precisión de los actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en: " (.) a).- La Autoridad responsable se niega a EMITIR AUTO DE EJECUCIÓN DE LAUDO SEÑALANDO FECHA Y HORA PARA QUE SE LLEVE A CABO EL COBRO DEL TOTAL DE LA CONDENA DICTADA EN LAUDO DE 11 DE OCTUBRE DEL 2018 Y CON ACLARACIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. ASÍ COMO RESOLUCIÓN A INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE 20 DE MAYO DE 2021, PARA QUE LA DEMANDADA SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, CUMPLA CON LA CONDENA EN SU CONTRA (.) b).- La autoridad responsable se niega a acordar promoción que suscribe la suscrita quejosa y que fue presentada ante oficialía de partes de esa junta Especial, en fecha 21 de febrero, en la cual solicito se decrete la inexistencia o insubsistencia de la reinstalación por actos simulados, al no haber sido reinstalada en el puesto a que fue condenada la demandada, así como a la reducción de mi salario en contra de lo condenado en laudo." Ahora bien, en relación con el inciso a) se provee lo siguiente: II. Inexistencia del acto reclamado. En atención a la naturaleza del acto que la parte quejosa reclama del presidente responsable, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el cuatro de mayo de dos mil veintidós. Lo anterior, dado que la parte quejosa reclama la omisión de dictar auto de ejecución de laudo, considerando lo plasmado en el punto a) de la precisión de los actos reclamados, acudiendo a esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la justicia federal. Ahora bien, si dicho proveído, se dictó el trece de abril de dos mil veintidós, y el impetrante de amparo reclama la omisión de notificar la misma, desde el cuatro de mayo del mismo año, es inconcuso que dicha omisión no existía en la fecha de interposición de la demanda de derechos, puesto que, se dictó el auto de ejecución de laudo reclamado. Cuestión que se corrobora del informe justificado rendido por la autoridad responsable el seis de junio anterior y los apéndices que acompañaron a este. Por lo tanto, es evidente que el reclamo constitucional resulta inexistente y conforme a lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese contexto, procede sobreseer fuera de audiencia en el medio de control constitucional en el que se actúa en términos de la causa de sobreseimiento invocada por el acto que a este apartado refiere. Por otra parte, en relación con el acto reclamado identificado en el inciso b), se determina lo siguiente: III. Cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el informe justificado rendido por la autoridad responsable el seis de junio de dos mil veintidós, no afirmó ni negó el acto reclamado que en este apartado interesa, no obstante, al no pronunciarse en cuanto al mismo, fue requerido en auto de nueve de junio del mismo año, para que manifestara lo que a su interés legal convenga; dando contestación a dicho requerimiento con el oficio que se agrega en el presente proveído. En el oficio en comento y su respectivo anexo, se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, se da cuenta con la promoción de la que se duele la parte quejosa, -a saber, la presentada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós- y lo que se proveyó al respecto en relación con la misma. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el veintiuno de febrero anterior, y en virtud de que a la fecha se acordó la misma, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto su pretensión se encuentra satisfecha, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos en términos de la causal de improcedencia invocada por el acto que a este apartado refiere. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -diez horas con treinta y ocho minutos del seis de julio del año en curso-. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 30 DE JUNIO DE 2022, EN EL CUAL SE DECRETO: SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA..................
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de junio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo presentado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Ahora bien, de los apéndices adjuntos a los informes de cuenta, se advierte que la autoridad responsable omitió contestar en relación con el acto reclamado indicado con el inciso b), a saber: "b).- La autoridad responsable se niega a acordar promoción que suscribe la suscrita quejosa y que fue presentada ante oficialía de partes de esa junta Especial, en fecha 21 de febrero, en la cual solicito se decrete la inexistencia o insubsistencia de la reinstalación por actos simulados, al no haber sido reinstalada en el puesto a que fue condenada la demandada, así como a la reducción de mi salario en contra de lo condenado en laudo." Por ende, se requiere de nueva cuenta para que manifieste lo que tenga bien a declarar en cuanto a la certeza de dicho acto. Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, atienda lo requerido en el párrafo precedente, y de ser el caso, acompañe su respuesta con las constancias que justifiquen lo asevere. O bien, haga saber a este juzgado la imposibilidad que tenga para ello, esto, a fin de estar en aptitud de resolver el asunto en que se actúa conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con treinta y ocho minutos del seis de julio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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