Francisca Lizárraga Caro

Expediente 1248/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1248/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Francisca Lizárraga Caro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de marzo de dos mil veintidós. I. Manifestaciones. Agréguese el escrito de cuenta firmado por la parte quejosa, mediante el cual hace manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el presente juicio, por tanto, tómense en consideración en el presente análisis de cumplimiento. II. Análisis de constancias. Visto lo de cuenta, se procede a calificar el cumplimiento dado a la resolución constitucional conforme el estado procesal que guarda el presente asunto. III. Efectos de la concesión del amparo. En el presente asunto, se advierte que en la sentencia de amparo dictada, se sobreseyó por una parte, y en otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, emitieran respuesta a la petición formulada por la parte quejosa el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, y fuera notificada en breve término. IV. Ejecutoria. Por auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria dicho fallo; y, en esa propia data se agregó en autos el oficio firmado por dos de las autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, quienes en relación con la sentencia dictada, acreditaron que mediante oficio EJ-SPJP-012-2022, de tres de enero del año en curso, se emitió respuesta a la solicitud de la parte quejosa el fue notificado el cuatro siguiente. V. Con tales actuaciones de cumplimiento, en el proveído de ejecutoria mencionado, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, y se le notificó personalmente dicho acuerdo el dieciocho de febrero anterior. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que se cumplimentaron los efectos de la sentencia concesoria, dado que las responsables notificaron a la parte quejosa la respuesta a la petición formulada el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, por lo que se declara que dicha resolución ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto. Así se considera, sin que se soslayen las manifestaciones que la parte quejosa formula, en donde expone que no se ha remitido a sanción su trámite de pensión, dado que por esa parte se sobreseyó el juicio, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no existía dicho acto reclamado, por lo que se declara que dicha resolución ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VIII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficios a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo. Informe de cumplimiento. Se agrega el oficio con anexo que remite las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el que manifiesta el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo 1248/2021 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con treinta y ocho minutos del catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes justificados rendidos por las responsables. A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación que antecede. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en el auto de radicación, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y autoridades responsables subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, y jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1248/2021; y, RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el dieciocho del mismo mes y año, por razón de turno, a este juzgado, Francisca Lizárraga Caro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del secretario de la Junta Directiva o Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y otras autoridades. Por proveído de veintiséis de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La omisión de resolver el trámite de jubilación solicitado mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, ante la responsable. La omisión de sancionar la resolución de trámite de jubilación. Inexistencia del acto combatido En atención a la naturaleza del acto señalado en el inciso b) del considerando II del presente fallo, que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable gobernador del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el catorce de octubre de dos mil veintiuno. En esa medida, no es cierto el acto reclamado a la mencionada responsable, tal y como lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario, de conformidad con los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de las manifestaciones hechas valer por la responsable subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, relativas a que mediante oficio EJ-SPJP-4613-2021, se hizo del conocimiento a la parte quejosa el estatus que guarda su trámite de pensión, específicamente que el mismo se encuentra en proceso de programación ante la próxima junta directiva de dicho instituto, poniéndose en relieve que el aludido trámite aún se encuentra pendiente ante dicho instituto y no en la etapa de sanción como lo refiere el artículo 108 de la Ley 38 del multicitado órgano. De lo anterior, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo - catorce de octubre de dos mil veintiuno -, no existía el acto reclamado por la quejosa, consistente en la omisión de sancionar la resolución de trámite de jubilación, esto en razón de que la responsable no se encontraba en aptitud legal para emitir determinación alguna en relación con el trámite de pensión, al no encontrarse ante dicha responsable para tal efecto. Aunado a lo expuesto, se precisa que la inconforme no acreditó que efectivamente se encontrara en estado de aprobación por parte del ejecutivo estatal. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia con registro 2018110, número 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Certeza del acto reclamado Es cierto el acto reclamado precisado en el apartado a) del considerando II de esta sentencia atribuido a las autoridades responsables adscritas al ISSSTESON, pues dicha certeza se desprende de las manifestaciones vertidas por las mismas; además se corrobora con las documentales que allegó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, de las que se advierte que el trámite de pensión solicitado se encuentra ante ese instituto en proceso de programación por lo que dicha negativa queda desvirtuada. Causas de improcedencia -infundadas- En relación con el acto reclamado mencionado en el apartado que antecede, el ISSSTESON hace valer la actualización de la causa de improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, y 63 fracción IV de la Ley de Amparo, respectivamente, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado e inexistencia del mismo. Sin embargo, de las documentales que obran en autos se advierte que aún no se ha emitido el dictamen relativo al trámite de pensión, menos aún se aprecia que haya notificado el mismo a la parte quejosa. Por tanto, al no estar acreditado que se haya emitido el dictamen relativo al trámite de pensión solicitado por la parte quejosa y que el acto reclamado consiste en la omisión de resolver el trámite de jubilación solicitado mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, consecuentemente, se entiende que no han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa óptica, es infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Consideraciones jurídicas En esa intelección, respecto al acto reclamado precisado en el apartado a) del considerando II de esta sentencia, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. El concepto de violación que hace valer la parte quejosa resulta sustancialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, ya que las responsables vulneran en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, resulta necesario establecer que el derecho de petición que consagra el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cumple íntegramente cuando la autoridad observa dos requisitos, a saber: a) Ante una petición por parte del gobernado, debe dictar en breve término el acuerdo correspondiente por escrito, el cual deberá ser congruente con lo solicitado; y, b) La autoridad debe notificar ese proveído al peticionario. Como se ve, el memorado precepto 8° constitucional constriñe a la autoridad a que, ante una solicitud o instancia hecha por escrito, de manera respetuosa dé respuesta mediante un acuerdo por escrito, emitido en breve término, que deberá notificar en el domicilio del solicitante. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Aunado a lo expuesto, es inconcuso que lo previsto en el numeral en comento no se agota con sólo dar respuesta a la petición que formule el gobernado, sino además, esta debe atender de manera coherente y completa lo que se solicita, pronunciándose la autoridad como en derecho proceda, ya sea en sentido positivo o negativo, pero resolviendo lo que se plantea. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio la tesis XXI.1o.P.A.36 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo". Asimismo, en términos del artículo 8° constitucional, las autoridades responsables deberán considerar si dentro del cúmulo de facultades que les confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 183/2006 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro y texto: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que las responsables incurren en violación de garantías en perjuicio de la parte quejosa, toda vez que desde el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, formuló por escrito la aludida solicitud, sin haber obtenido respuesta y a la fecha en que se dicta esta resolución, transcurrió más de un año dos meses, término que excede por mucho el necesario para que las autoridades estudien y acuerden la petición formulada de manera escrita, pacífica y respetuosa. Luego entonces, si las responsables omitieron emitir respuesta en relación con la solicitud que en forma escrita les formuló la parte quejosa, resulta incuestionable que incurrió en violación del artículo 8º. Constitucional. Sirve de apoyo al anterior criterio, la tesis I.4o.A.68 K sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro y texto: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Asimismo, resultan aplicable, en lo conducente, las tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. El hecho de que una dependencia no resuelva una solicitud y comunique a los peticionarios que la remitió a otra para que resuelva lo conducente, "por ser asunto de su competencia", no implica violación del artículo 8o. constitucional, porque es obvio que el proveído a que alude este precepto debe ser dictado por la autoridad competente relativa; y no hay tal violación, aunque el oficio en que se hizo la comunicación no se haya entregado a los peticionarios, si fue devuelto por no ser conocidos estos, en el domicilio que señalaron." "PETICIÓN, DERECHO DE. Que la responsable turnara a otra autoridad los diversos escritos presentados por el quejoso, por considerar de su competencia el negocio, no es acordar la solicitud que le fue formulada; y si conforme a la ley aplicable, el propio quejoso tenía que haber remitido determinados documentos para que se pudiera acordar en forma definitiva la concesión o negativa de dicha solicitud, con requerirlo por escrito para que los exhibiera, era bastante para satisfacer el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal, y al no haber hecho así, es notoria la violación de dicho precepto." Así las cosas, ante lo fundado de los conceptos de violación, se impone conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Decisión En ese orden de ideas al haberse actualizado la causa de sobreseimiento establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso b) del apartado II, procede sobreseer en el presente juicio. Por otra parte, en relación con el diverso acto reclamado precisado en el inciso a) del apartado II de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables: Emitan respuesta a la petición formulada por la quejosa el diecisiete de septiembre de dos mil veinte y sea notificada en breve término. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Primero. Se Sobresee en el presente juicio promovido por Francisca Lizárraga Caro, contra el acto reclamado precisado en el inciso b) del apartado II, a la autoridad responsable por las consideraciones señaladas en el diverso III de este fallo Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisca Lizárraga Caro, contra el acto reclamado precisado en el inciso a) del apartado II a las autoridades responsables por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados VI y VII de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable secretario de la Junta Directiva y/o Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por conducto del encargado de la Unidad Jurídica del referido Instituto, con residencia en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Designación de delegados y domicilio. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude en el informe; asimismo, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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