Francisca García Rodríguez

Expediente 340/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
340/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Francisca García Rodríguez
  • Sala Regional del Centro Ii del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Y Administrativa En el Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. I. Se requiere cumplimiento. Vistos los autos se advierte feneció el plazo concedido a las autoridades responsables para que remitieran las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento con la sentencia de amparo, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión, a efecto que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remitan constancias con las que acrediten dar cumplimiento a la sentencia de amparo. II. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras en lo particular, a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintitrés. El anterior requerimiento y apercibimiento, se sustenta en la Jurisprudencia P. /J. 59/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de agosto de dos mil veintitrés. Requerimos cumplimiento. Que ya feneció el plazo concedido a las autoridades responsables, para que remitieran las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión, a efecto que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remitan constancias con las que acrediten dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras en lo particular, a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintitrés. El anterior requerimiento y apercibimiento, se sustenta en la Jurisprudencia P. /J. 59/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, es dable hacer del conocimiento de las autoridades responsables, que deberán realizar las gestiones que resulten eficaces para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, evitando hacer uso de evasivas o procedimientos ilegales, lo cual ocurre cuando: Evasivas: si la autoridad responsable lleva a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Procedimientos Ilegales: si se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, o bien, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Por tanto, habrá desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad abiertamente o con evasivas se abstiene totalmente de obrar en relación con los deberes jurídicos impuestos por la ejecutoria, o bien, no realiza la obligación de dar, hacer o no hacer, que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó infringida en la sentencia. Da sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P. /J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justifica de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, materia común, de contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Sirve de apoyo también a lo anterior la tesis VIII.2o.30 K, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, página 1098, de rubro y contenido: "EJECUTORIAS DE AMPARO. ACLARACIONES Y JUSTIFICACIONES EMITIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE SU ACTUACIÓN Y CALIFICATIVA DE LA LEGALIDAD DE AQUÉLLAS, BAJO PRETEXTO DE SU CUMPLIMIENTO. De acuerdo al sistema constitucional mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más Alto Tribunal del país, en virtud de que sus resoluciones son inatacables, pues el orden jurídico vigente no contempla medio alguno de defensa o mecanismo para que puedan ser revisadas, evidentemente, por no existir diversa instancia jurisdiccional que le sea superior y, de manera análoga, en tratándose de los juicios de amparo directo que sean competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, las resoluciones que estos órganos jurisdiccionales emiten (cuando no se trate de los casos de excepción, como lo son aquellos en que en la sentencia se hubiese decidido respecto de la constitucionalidad de una ley, o se estableciera la interpretación directa de un precepto de la Constitución), no admiten recurso alguno, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 107 de la Carta Magna, por lo que, en ese sentido, se constituyen en órganos terminales. De tal manera que lo resuelto debe acatarse y cumplirse en sus términos, por lo que no le es dable a las autoridades responsables, con motivo del cumplimiento de las ejecutorias de amparo, emitir aclaraciones o consideraciones tendientes a justificar su actuación, y menos aún, pretender calificar la legalidad de una ejecutoria emitida por un órgano jurisdiccional de rango evidentemente superior, lo que se encuentra claramente establecido en el primer párrafo del artículo 94 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior con absoluta independencia de que se comparta o no el criterio sustentado en la ejecutoria que la autoridad responsable cumplimenta, en atención a que no existe fundamento constitucional ni legal alguno que le permita externar su opinión respecto de los asuntos resueltos vía amparo directo por el Tribunal Colegiado correspondiente". Máxime que la autoridad al llevar a cabo las gestiones encaminadas al cumplimiento, deberá respetar en todo momento el principio de economía procesal, que persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene por objeto hacer el procedimiento más ágil y eficiente, lo que implica el respeto al principio de una administración de justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imprimiéndole celeridad al proceso judicial; lo cual no acontecería si realiza actos intrascendentes, secundarios, poco relevantes o contradictorios para lograr el cumplimiento. Sustenta lo anterior, la tesis IV.1o.A.10 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, materia común, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. En el sistema jurídico mexicano, la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, a pesar de que la quejosa manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el Juez Federal, debe verificar que la sentencia se encontraba cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al convenio de las partes; por tal motivo, si la comparecencia de la parte quejosa, tiene un efecto de dimisión o renuncia de la protección constitucional al momento de emitir la determinación el Juez Federal, de ninguna manera debe estar por encima de la ejecutoria de amparo." Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de agosto de dos mil veintitrés. I. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en atención a su contenido, se tiene a la referida autoridad, informando las gestiones para hacer efectiva la multa impuesta a la autoridad demandada, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de julio de dos mil veintitrés. Requerimos cumplimiento. Que ya feneció el plazo concedido a las autoridades responsables, para que remitieran las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que lo hayan hecho. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión, a efecto que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remitan constancias con las que acrediten dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras en lo particular, a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. **** Asimismo, es dable hacer del conocimiento de las autoridades responsables, que deberán realizar las gestiones que resulten eficaces para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, evitando hacer uso de evasivas o procedimientos ilegales, lo cual ocurre cuando: Evasivas: si la autoridad responsable lleva a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Procedimientos Ilegales: si se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, o bien, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Por tanto, habrá desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad abiertamente o con evasivas se abstiene totalmente de obrar en relación con los deberes jurídicos impuestos por la ejecutoria, o bien, no realiza la obligación de dar, hacer o no hacer, que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó infringida en la sentencia. Da sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P. /J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justifica de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, materia común, de contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).**** Máxime que la autoridad al llevar a cabo las gestiones encaminadas al cumplimiento, deberá respetar en todo momento el principio de economía procesal, que persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene por objeto hacer el procedimiento más ágil y eficiente, lo que implica el respeto al principio de una administración de justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imprimiéndole celeridad al proceso judicial; lo cual no acontecería si realiza actos intrascendentes, secundarios, poco relevantes o contradictorios para lograr el cumplimiento. Notifíquese.

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