Francisca Aldape Ugalde

Expediente 1487/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1487/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2017

Partes del expediente

  • Francisca Aldape Ugalde
  • Fatin Shawki Kamash

Actuaciones

  1. Principal

    . Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos Francisca Aldape Ugalde y Javier Flores Maldonado, hubiesen recurrido el acuerdo dictado el catorce de noviembre de la presente anualidad, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA y de igual forma, SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, únicamente por cuanto ve a la representación de la menor Claire Flores Kamash, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....IV

  2. Principal

    CUMPLE PREVENCIÓN V I S T O el escrito de cuenta signado por ***** apoderado legal de *****, por medio del cual da contestación al requerimiento que se formuló en autos, esto es, refiere que además promueve el juicio de amparo en representación de la menor Claire Flores Kamash, y no así en representación de su hijo Javier Flores Aldape, en consecuencia, se provee: DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de la Juez Interina del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro y otras autoridades, registrada bajo el número de amparo 1487/2017-IV. DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Así, dicho precepto, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio, lo que en la especie acontece, como más adelante se expone. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." ACTO RECLAMADO Ahora bien, la parte promovente, esencialmente señala como actos reclamados: 1.- El auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, emitido por la Juez Interina del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente 1093/2016, mediante el cual se autoriza el cambio de domicilio de depósito de FATIM SHAWKI KAMASH y su menor hija CLAIRE FLORES KAMASH a los Estados Unidos de Norteamérica, y se autorizó su salida de este país, asimismo se ordenó girar oficio al Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración, a efecto de que le fueran devueltas las formas migratorias múltiples, mismas que resultan necesarias para la salida del país de ambas. 2.- La ejecución de los autos anteriormente descritos. Así, del sumario se evidencia que mediante proveído de ocho de noviembre del año en curso, se previno al promovente Marco Antonio Lara Pérez, apoderado de la parte quejosa, entre otras cuestiones, a fin de que, de conformidad con el artículo 108, fracción I y 114 fracción III ambos de la Ley de Amparo, señalaran si promovía únicamente por cuanto ve a Francisca Aldape Ugalde y Javier Maldonado o también en representación de la menor CLAIRE FLORES KAMASH y del padre de ésta Javier Flores Aldape, luego, del escrito aclaratorio se advierte que promueve únicamente por los primeros nombrados y por la menor citada. Ahora, como se establece en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.-" Como se advierte del numeral acabado de transcribir de la Ley de Amparo, alude a la figura jurídica de la representación en general, tema respecto del cual este juzgado debe pronunciarse sobre ella cuando provee acerca de la demanda y acordar lo que corresponda, previo requerimiento en ese sentido, lo cual ya se colmó; pronunciamiento que debe ser conforme la legislación civil federal en tratándose de representación en general por no existir, en el caso, ley que rija la materia, por acudir directamente la parte quejosa a la instancia constitucional inobservando legislación secundaria. Resulta aplicable al particular, la jurisprudencia P/J 46/93, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Luego, la parte promovente, es omisa en exhibir la acreditación que los ostente que en su calidad de abuelos paternos, tienen la patria potestad sobre la menor CLAIRE FLORES KAMASH, ya que, el hecho de ser sus abuelos no les otorga ésta, pues de conformidad con los artículos 406 y 409 del Código Civil del Estado de Querétaro, que dicen: "ARTÍCULO 406.- La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones reconocidos por la ley a la madre y al padre en relación a sus hijos, para cuidarlos, protegerlos, educarlos y representarlos legalmente. "ARTICULO 409.- Artículo 409. La patria potestad sobre los hijos se ejerce: I. Por el padre y la madre; II. A falta de los padres, ejercerán la patria potestad sobre el hijo menor o incapaz, los abuelos paternos o maternos que mejor garanticen la protección y desarrollo de sus descendientes, a criterio de la autoridad competente, tomando en cuenta las circunstancias del caso y la opinión del menor, si éste ya hubiese cumplido los doce años; En efecto, la patria potestad se ejerce por el padre y la madre y, sólo a falta de éstos, por los abuelos, quienes solo tienen una potencialidad de ejercer la patria potestad, pero no gozan de ella cuando existan los padres, y en el caso particular, no se acredita la falta de dichos padres, antes bien, de las constancias del acto reclamado se desprende que existen y, por tal razón, sólo a ellos les corresponde representar a la menor. Inclusive, en el caso, la custodia de la menor la tiene la madre, como así lo señala el Juez Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial de Querétaro, en su auto combatido, al referir que en el juicio ordinario número 1093/22016, relativo al divorcio necesario promovido entre FATIN SHAWKI KAMASH en contra de JAVIER FLORES ALDAPE, la custodia de la menor, la tiene la madre de ésta. Tienen aplicación al particular las tesis 1ª. CXXIV/2012 y 1ª. CXXV/2012 sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2001004 y 2001005, visible a fojas 264 y 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dicen: "PATRIA POTESTAD. LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE AQUÉLLA SÓLO PUEDEN GENERARSE RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE LA EJERCEN. Respecto de la patria potestad, existen tres posiciones diversas: a) la titularidad, entendida como la conexión del derecho/facultad con el sujeto al cual pertenece, que en la legislación estatal reside en el padre y la madre; b) la potencialidad, que es el derecho potencial que conservan los abuelos y familiares ampliados previstos en el artículo 414 del Código Civil para el Distrito Federal, que no han perdido previamente la patria potestad; y, c) el poder de decisión a través de la conducción de hechos y actos necesarios para que la patria potestad se haga efectiva y produzca sus fines. De esta manera, la diferenciación entre dichas posiciones permite entender que las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones propias de la patria potestad sólo pueden generarse respecto de aquellas personas que se ubican en la tercera posición, es decir, sólo las conductas directas del sujeto que la ejerce pueden dar lugar a que se decrete judicialmente su pérdida; en tanto que la potencialidad, por su naturaleza, no es susceptible de generar conductas jurídicas que individualicen las causales de privación de la patria potestad." Y, "PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO PUEDE DECRETARSE DE MANERA SIMULTÁNEA ENTRE PADRES Y ABUELOS. La patria potestad es un estado jurídico que constituye el conjunto de prerrogativas y obligaciones legalmente reconocidas, en principio, al padre y a la madre respecto de los hijos menores, tanto en sus personas como en sus patrimonios, la cual se caracteriza por ser de orden público y en cuya preservación y debida aplicación de las normas que la regulan, la sociedad está especialmente interesada. Ahora bien, respecto de esta figura existen tres posiciones: a) la titularidad, entendida como la conexión del derecho/facultad con el sujeto al cual pertenece, que en la legislación estatal reside en el padre y la madre; b) la potencialidad, que es el derecho potencial que conservan los abuelos y familiares ampliados contemplados en el artículo 414 del Código Civil para el Distrito Federal, que no han perdido previamente la patria potestad; y, c) el poder de decisión a través de la conducción de hechos y actos necesarios para que la patria potestad se haga efectiva y produzca sus fines; por tanto, es la diferenciación de estas posiciones la que permite visualizar que los ascendientes no son los titulares de la patria potestad ni la ejercen, sino que respecto de esta institución guardan una posición de potencialidad, es decir, sólo a falta de los padres y a partir de una declaratoria judicial podrán ejercerla sobre el menor. Siendo esto así y al tener la pérdida de la patria potestad un doble fin en la codificación civil, por una parte, su aplicación constituye una medida de protección a futuro para el menor, ya que ciertas conductas pueden poner en peligro su integridad física, mental, psico-emocional, económica y sexual o causarle algún daño en tales aspectos y, por otra, es una sanción para quien esté en ejercicio de dicha facultad, de ahí que es jurídicamente imposible que se aplique esta sanción a aquellas personas que si bien guardan una relación potencial respecto de la patria potestad de los menores, lo cierto es que no la ejercen." De modo tal que al no demostrar los promoventes que en algún momento se les haya otorgado patria potestad o la custodia de la menor CLAIRE FLORES KAMASH, requisito indispensable para acreditar la personalidad acorde con lo previsto en el artículo 10 de la ley de la materia, lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de ocho de noviembre del mes y año actual, y por ende, se tiene por no presentada la demanda de amparo únicamente por cuanto ve en representación de la menor quejosa ya mencionada, de conformidad con el artículo 114 párrafo segundo de la Ley de Amparo. Por otra parte, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, en vigor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, en el caso se actualizan dos causas de improcedencia, por un lado el acto que se combate no afecta derechos fundamentales del quejoso; y, por otro lado el acto de que se duele no es real y actual. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente". En esa virtud, en el caso se advierte que el acto reclamado por un lado no afecta a la parte quejosa y, por otro lado, tampoco se trata de un acto real y actual en su esfera de derechos, como se verá enseguida. Los actos reclamados precisados en párrafos precedentes, no les causa perjuicio alguno a la parte quejosa, porque fueron dictados en el juicio ordinario número 1093/22016, relativo al divorcio necesario promovido entre FATIN SHAWKI KAMASH en contra de JAVIER FLORES ALDAPE, procedimiento en el que no son parte, como lo confiesan los quejosos, por lo que el perjuicio sólo recae en la contraparte de ese juicio, en razón de que de conformidad con el artículo 107, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Federal, tratándose de resoluciones provenientes de Tribunales Judiciales, como sucede en el caso, la parte quejosa debe acreditar tener un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo cual en el caso no acontece porque no ejercen la patria potestad de la menor y, además, se insiste, el acto reclamado se dictó en un juicio donde no son parte los abuelos paternos Francisca Aldape Ugalde y Javier Flores Maldonado, siendo que en el juicio del que sí son parte ya se había previsto un régimen de convivencias en caso de que la menor cambiara de residencia. Ahora, se estima que la promoción del juicio de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre si o su patrimonio, por lo que el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la ley o por la actuación de una autoridad de un derecho legítimamente tutelado, que le es desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, lo que precisamente, constituye el interés jurídico necesario para acudir en amparo. Por tanto, sólo tiene interés jurídico aquel particular que cuenta con un derecho jurídicamente tutelado que le otorga la potestad de exigencia oponible a la autoridad. Entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es requisito indispensable que el particular efectivamente resienta un perjuicio con motivo de un acto de autoridad; entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. En conclusión, tiene el carácter de quejoso quien aduzca ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular del derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, y tratándose de este tipo de actos el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. En efecto, los artículos 5, fracción I, y 6° de la propia Ley de Amparo, preceptúan que tendrá el carácter de quejoso quien aduzca ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo el quejoso deberá aducir ser titular del derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, y tratándose de estos actos el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Por ello, si los solicitantes del amparo Francisca Aldape Ugalde y Javier Flores Maldonado, comparecen por conducto de su representante legal y al efecto, refieren que la autoridad responsable al autorizar el cambio de domicilio de depósito de FATIM SHAWKI KAMASH y su menor hija CLAIRE FLORES KAMASH a los Estados Unidos de Norteamérica, y su salida de este país, así como girar oficio al Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración, a efecto de que le fueran devueltas las formas migratorias múltiples, mismas que resultan necesarias para la salida del país de ambas y con ello, evitar que se lleven a cabo las convivencias decretadas a su favor, con su nieta, en un diverso juicio, donde no son parte, tal circunstancia no implica tener derecho a controvertir lo resuelto en otro, pues esto sólo a las partes en cada procedimiento les corresponde, en su caso, controvertir. En tales condiciones, la decisión aquí tomada, se hace en este momento porque la causa de inejercitabilidad es insuperable aún con la tramitación del juicio de amparo, porque en el caso, no basta la simple acreditación de un interés legítimo, pues como se ha visto, tratándose de resoluciones provenientes de tribunales judiciales debe acreditarse un derecho subjetivo (interés jurídico) que en el caso es imposible de acreditar. Tiene aplicación al particular la jurisprudencia número 2ª./J 57/2017, con registro 2014433, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 1078, del Libro 43, Junio de 2017 del Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia ya analizada, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMAN DA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.....IV NP

  3. Principal

    Agréguese, a los presentes el escrito de cuenta signado por ****** mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención de ocho de noviembre del año en curso; sin embargo, no ha lugar a tener por cumplido el mismo, ya que desahogó de manera parcial el punto 1, pues no señaló si además de promover en representación de la menor Claire Flores Kamash, también promueve el juicio en representación de Javier Flores Aldape padre de la misma, en cuyo caso deberá manifestarlo así de manera expresa y acreditar con documento idóneo su representación. Atento a lo anterior, subsiste la prevención hecha valer mediante proveído de ocho de noviembre del presente año y se le hace saber que cuenta con el plazo de cinco días contados a partir de su legal notificación para dar cumplimiento a lo anterior. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 106/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de treinta de octubre de dos mil tres, que a la letra dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.- De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2º, todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de estos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda....IV NP

  4. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ***** apoderado legal de Francisca Aldape Ugalde y Javier Flores Maldonado, personalidad que acredita en términos del artículo 10 con el instrumento notarial que exhibe, contra actos de la Juez Interina del Juzgado Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro y otras autoridades, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1487/2017-IV, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN En esa virtud, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, cumpla con el siguiente requerimiento: 1.- Con apoyo en el artículo 108, fracción I, en relación con el diverso 114, fracción III de la Ley de Amparo, deberá indicar si promueve el amparo únicamente por Francisca Aldape Ugalde y Javier Flores Maldonado o también en representación de la menor Claire Flores Kamash, en cuyo caso, acredite con copia certificada del acta de nacimiento de la citada menor, con las cuales se acredite el vínculo filial entre la citada menor y los quejosos; y/o de su hijo Javier Flores Aldape, para lo cual deberá exhibir documento ideal con la que se acredite la representación de éste. Lo anterior es así, ya que la personalidad por tratarse de un presupuesto procesal, corresponde a la infrascrita analizarla desde la presentación de la demanda, ya que de manera posterior existiría impedimento para revisarla. Es aplicable, la tesis número 37/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 125, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. De lo dispuesto por la jurisprudencia número P./J. 43/96 de este Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", así como de la ejecutoria que la originó se infiere, por una parte, que el Juez de Distrito debe pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente cuando provee acerca de la demanda y, si no está acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 120 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el artículo 120 de la Ley de Amparo." 2.- Con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, deberá aclarar el acto reclamado, pues si bien en su demanda de amparo refiere que lo constituye el auto de treinta y uno de octubre actual, emitido por la Juez Cuarto Familiar de Querétaro; o bien el diverso de seis de septiembre del presente año, emitido por el Juzgado Décimo Primero de los Familiar de Querétaro, en el que decreta las convivencias de los quejosos con la citada menor; y en caso de que sea éste último, deberá precisar si lo señala como responsable. Debiendo exhibir copia simple o certificada del proveído de treinta y uno de octubre del año en curso. 3.- Finalmente, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa, en términos del artículo 114 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Nidia Nayeli Silva Romero y a los diversos que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten ser licenciados en derecho y por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 fracción II en relación con el 120 ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos, salvo los considerados sensibles. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.....IV NP

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