Francisca Dominguez Priego
Expediente 2064/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2064/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Francisca Dominguez Priego
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación que antecede, se tiene que con excepción de la parte quejosa, las demás partes no desahogaron la vista ordenada en proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de derechos fundamentales; por lo que, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento dado al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de siete de septiembre de dos mil veinte, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Francisca Domínguez Priego, para el efecto siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución incidental de liquidación de laudo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio laboral 539/2012-B, de su índice. 2. Siguiendo los lineamientos del presente fallo, dicte una nueva resolución fundada y motivada en la que deberá analizar las pruebas ofrecidas por las partes incluida la instrumental de actuaciones consistente en el informe respecto al expediente 1280/2009 del índice de la junta responsable, en los términos que se advierte en el laudo condenatorio (foja 13 del laudo), a fin de establecer el salario base correspondiente para cuantificar las pensiones de viudez, orfandad y aguinaldo anual; asimismo, deberá establecer los porcentajes correspondientes para cuantificar cada periodo que le corresponda a la pensión por viudez y por orfandad respectivamente, así como realizar las operaciones aritméticas correspondientes; echo lo anterior, determine lo que en derecho proceda." El diez de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la misma en el plazo de tres días. En proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno se tuvo a la junta responsable, remitiendo copia certificada del auto de diecinueve de enero de la presente anualidad, en la cual dejó insubsistente la resolución incidental de liquidación de diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco, adujo dar cumplimiento a la sentencia protectora de derechos fundamentales; esto es, emitió resolución con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en los autos del expediente laboral 539/2012, de su índice, determinando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, debería pagar a la aquí quejosa por pensión de viudez la suma de $1,381,707.54 (un millón trescientos ochenta y un mil setecientos siete pesos 54/100 moneda nacional), cuantificado hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, de acuerdo a la condena del laudo que consistió en el noventa por ciento de lo que hubiera correspondido al extinto asegurado AGUSTÍN MARTÍNEZ CRUZ, así como pagar a Shirley Martínez Domínguez y María Brillytte Martínez Domínguez, por pensión de orfandad, lo cuantificado en el considerando III consistente en el veinte por ciento de la pensión de invalidez que hubiera correspondido al citado asegurado, así como lo cuantificado por el aguinaldo anual equivalente a treinta días del importe de la pensión del extinto trabajador, cuantificado a partir del veintinueve de octubre de dos mil once y mientras se encuentren dentro de la hipótesis contenida en los artículos 134 y 135 de la Ley del Seguro Social. Trascurrida la vista otorgada a las partes en los términos establecidos en el párrafo que antecede, mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintiuno, se estimó que no se encontraba cumplido el fallo protector por parte del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en atención a las consideraciones pronunciadas en dicho auto, por ello, se requirió de nueva cuenta a dicha autoridad laboral para que dentro del término de diez días hábiles cumpliera con el fallo protector otorgado a la quejosa Francisca Domínguez Priego, esto es, remitiera copia certificada de las constancias con las cuales realice las operaciones aritméticas correspondientes a la pensión por orfandad, que les corresponden a Shirley Martínez Domínguez y María Brillytte Martínez Domínguez, así como el periodo que se cuantifica y la cantidad total y líquida que le corresponda a cada una de ellas, debiendo ajustarse además a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo por tener relación directa con los efectos concesorios de la misma; debiendo dentro del propio lapso remitir a este Juzgado las constancias con las que acredite el acatamiento al fallo protector. Posteriormente, por acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco, adujo dar cumplimiento a la sentencia protectora de derechos fundamentales; esto es, emitió resolución con fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en los autos del expediente laboral de referencia, determinando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá pagar: a) A la quejosa FRANCISCA DOMÍNGUEZ PRIEGO, por pensión de viudez la suma de $1,381,707.54 (un millón trescientos ochenta y un mil setecientos siete pesos 54/100 moneda nacional), cuantificado hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, de acuerdo a la condena del laudo que consiste en el noventa por ciento de lo que hubiera correspondido al extinto asegurado AGUSTÍN MARTÍNEZ CRUZ, en el cual incluye el aguinaldo anual equivalente a treinta días del importa de la pensión del extinto, así como los incrementos salvo error y omisión de carácter aritmético, más los que se sigan generando. b) En favor de Shirley Martínez Domínguez y María Brillytte Martínez Domínguez, la cantidad de $334,985.48 (trescientos treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 48/100 moneda nacional) por cada una, por pensión de orfandad, cuantificado al veinte por ciento de la pensión de invalidez que hubiera correspondido al asegurado, cuantificadas a partir del veintinueve de octubre de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, más lo que se sigan generando mientras se encuentren dentro de la hipótesis contenida en los artículos 134 y 135 de la Ley del Seguro Social, en el cual se incluye el aguinaldo anual equivalente a treinta días del importe por pensión del extinto trabajador. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por un servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CONCLUSIÓN En consecuencia, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en proveído de diecinueve de enero de la presente anualidad, dejó insubsistente la resolución incidental de liquidación de diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve y posteriormente emitió resolución con fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en los autos del expediente laboral 539/2012, de su índice, determinando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá pagar: a) A la quejosa Francisca Domínguez Priego, por pensión de viudez la suma de $1,381,707.54 (un millón trescientos ochenta y un mil setecientos siete pesos 54/100 moneda nacional), cuantificado hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, de acuerdo a la condena del laudo que consiste en el noventa por ciento de lo que hubiera correspondido al extinto asegurado AGUSTÍN MARTÍNEZ CRUZ, en el cual incluye el aguinaldo anual equivalente a treinta días del importa de la pensión del extinto, así como los incrementos salvo error y omisión de carácter aritmético, más los que se sigan generando. b) En favor de Shirley Martínez Domínguez y María Brillytte Martínez Domínguez, la cantidad de $334,985.48 (trescientos treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 48/100 moneda nacional) por cada una, por pensión de orfandad, cuantificado al veinte por ciento de la pensión de invalidez que hubiera correspondido al asegurado, cuantificadas a partir del veintinueve de octubre de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, más lo que se sigan generando mientras se encuentren dentro de la hipótesis contenida en los artículos 134 y 135 de la Ley del Seguro Social, en el cual se incluye el aguinaldo anual equivalente a treinta días del importe por pensión del extinto trabajador. c) De igual forma, la responsable al establecer el salario base correspondiente para cuantificar las pensiones referidas en el párrafo que antecede tomó en cuenta el informe respecto del expediente 1280/2009, en el cual se advierte que el salario, en el cual el extinto actor percibía era de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), concluyendo que la pensión de viudez favor de Francisca Domínguez Priego, conforme a lo establecido en el artículo 131 de la Ley del Seguro Social, le corresponde el noventa por ciento (90%) que le hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez a partir del veintinueve de octubre de dos mil once, y respecto a Shirley y María Brillytte de apellidos Martínez Domínguez, les corresponde el veinte por ciento (20%) del aludido salario por concepto de pensión por orfandad, mientras se encuentren dentro de la hipótesis contenida en los artículo 134 y 135 de la Ley del Seguro Social. d) Asimismo realizó las operaciones aritméticas pera determinar el monto de las pensiones correspondientes Francisca Domínguez Priego, Shirley y María Brillytte de apellidos Martínez Domínguez. Lo anterior, resultó ser el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. No siendo obstáculo para arribar a la anterior conclusión, lo alegado por la parte quejosa quien al desahogar la vista que le fue otorgada mediante auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, manifestó que el fallo protector no se encuentra cumplido; por lo que, en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA.", resulta conveniente necesario exponer lo siguiente. Esencialmente, la apoderada legal de la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, pues a su juicio, no realizó la cuantificación correcta del monto total al que asciende la pensión que le corresponde a la parte quejosa Francisca Domínguez Priego, en los términos de la concesión del laudo. En relación con lo anterior, debe decírsele a la parte quejosa que sus alegatos son inoperantes para demostrar que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al fallo protector, pues tal y como ha quedó señalado en párrafos que preceden, los efectos concesorios del amparo sólo constriñeron a la responsable a dejar sin efecto la resolución interlocutoria reclamada de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en autos del expediente laboral 539/2012, del índice del Tribunal laboral responsable, asimismo, siguiera los lineamientos del presente fallo, emitiera una nueva resolución fundada y motivada en la que analizara la instrumental de actuaciones consistente en el informe respecto al expediente 1280/2009 del índice de la junta responsable, en los términos que se advierte en el laudo condenatorio (foja 13 del laudo), a fin de establecer el salario base correspondiente para cuantificar las pensiones de viudez, orfandad y aguinaldo anual; de igual forma, estableciera los porcentajes correspondientes para cuantificar cada periodo que le corresponda a la pensión por viudez y por orfandad respectivamente, y realizara las operaciones aritméticas correspondientes; echo lo anterior, determinara lo que en derecho procediera. Lo anterior, resultó ser el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; de ahí que no sea técnico para este juzgador federal ocuparse en el análisis del cumplimiento de la ejecutoria de amparo de aspectos que no fueron materia del mismo. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Cuando la protección constitucional se otorga para efectos y el tribunal que conoce del juicio, con base en el informe de la responsable, determina que la ejecutoria ha sido atendida en sus términos, procede declarar infundada la inconformidad, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser la vía conducente para ello." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, se otorgó el plazo de tres días hábiles, a la parte tercero interesada Instituto Mexicano del Seguro Social; el cual transcurre del ocho al diez del citado mes y año, en virtud de que el oficio 6112/2021 fue recibido el cinco de marzo del año actual. No obstante lo anterior, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto del cumplimiento del fallo protector que hace el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en los autos del expediente laboral 539/2020; mismas que serán tomadas en consideración al emitirse la determinación de cumplimiento al fallo protector. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de la resolución incidental de veinticinco de febrero del presente año, pronunciada en el expediente 539/2012, de su índice; con la cual pretende dar cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la constancia que se recibió en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, este Juzgador efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto del cumplimiento del fallo protector que hace el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, las cuales serán tomadas en consideración en la presente determinación. Por otra parte, atendiendo la certificación de cuenta, se desprende que con excepción de la parte quejosa, las demás partes no desahogaron la vista ordenada en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de derechos fundamentales; en consecuencia, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de siete de septiembre de dos mil veinte, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Francisca Domínguez Priego, para el efecto siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución incidental de liquidación de laudo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio laboral 539/2012-B, de su índice. 2. Siguiendo los lineamientos del presente fallo, dicte una nueva resolución fundada y motivada en la que deberá analizar las pruebas ofrecidas por las partes incluida la instrumental de actuaciones consistente en el informe respecto al expediente 1280/2009 del índice de la junta responsable, en los términos que se advierte en el laudo condenatorio (foja 13 del laudo), a fin de establecer el salario base correspondiente para cuantificar las pensiones de viudez, orfandad y aguinaldo anual; asimismo, deberá establecer los porcentajes correspondientes para cuantificar cada periodo que le corresponda a la pensión por viudez y por orfandad respectivamente, así como realizar las operaciones aritméticas correspondientes; echo lo anterior, determine lo que en derecho proceda. El diez de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la misma en el plazo de tres días. Mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, adujo dar cumplimiento a la sentencia protectora de derechos fundamentales; esto es, emitió resolución con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en los autos del expediente laboral 539/2012, de su índice, determinando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá pagar a la aquí quejosa por pensión de viudez la suma de $1,381,707.54 (un millón trescientos ochenta y un mil setecientos siete pesos 54/100 moneda nacional), cuantificado hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, de acuerdo a la condena del laudo que consiste en el noventa por ciento de lo que hubiera correspondido al extinto asegurado AGUSTÍN MARTÍNEZ CRUZ, así como pagar a Shirley Martínez Domínguez y María Brillytte Martínez Domínguez, por pensión de orfandad, lo cuantificado en el considerando III consistente en el veinte por ciento de la pensión de invalidez que hubiera correspondido al citado asegurado, así como lo cuantificado por el aguinaldo anual equivalente a treinta días del importe de la pensión del extinto trabajador, cuantificado a partir del veintinueve de octubre de dos mil once y mientras se encuentren dentro de la hipótesis contenida en los artículos 134 y 135 de la Ley del Seguro Social. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por un servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO" CONCLUSIÓN En consecuencia, el suscrito estima que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, si bien emitió resolución con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en los autos del expediente laboral 539/2012, de su índice, determinando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá pagar a la aquí quejosa por pensión de viudez la suma de $1,381,707.54 (un millón trescientos ochenta y un mil setecientos siete pesos 54/100 moneda nacional), cuantificado hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, de acuerdo a la condena del laudo que consiste en el noventa por ciento de lo que hubiera correspondido al extinto asegurado AGUSTÍN MARTÍNEZ CRUZ, así como pagar a Shirley Martínez Domínguez y María Brillytte Martínez Domínguez, por pensión de orfandad, lo cuantificado en el considerando III consistente en el veinte por ciento de la pensión de invalidez que hubiera correspondido al citado asegurado, así como lo cuantificado por el aguinaldo anual equivalente a treinta días del importe de la pensión del extinto trabajador, cuantificado a partir del veintinueve de octubre de dos mil once y mientras se encuentren dentro de la hipótesis contenida en los artículos 134 y 135 de la Ley del Seguro Social. De igual forma, la responsable al establecer el salario base correspondiente para cuantificar las pensiones referidas en el párrafo que antecede tomó en cuenta el informe respecto del expediente 1280/2009, en el cual se advierte que el salario, en el cual el extinto actor percibía era de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), concluyendo que la pensión de viudez favor de Francisca Domínguez Priego, conforme a lo establecido en el artículo 131 de la Ley del Seguro Social, le corresponde el noventa por ciento (90%) que le hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez a partir del veintinueve de octubre de dos mil once, y respecto a Shirley y María Brillytte de apellidos Martínez Domínguez, les corresponde el veinte por ciento (20%) del aludido salario por concepto de pensión por orfandad, mientras se encuentren dentro de la hipótesis contenida en los artículo 134 y 135 de la Ley del Seguro Social; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Sin embargo, la junta responsable omitió realizar todas las operaciones aritméticas correspondientes al veinte por ciento (20%) del aludido salario por concepto de pensión por orfandad, que les corresponden a Shirley Martínez Domínguez y María Brillytte Martínez Domínguez, mientras se encuentren dentro de la hipótesis contenida en los artículo 134 y 135 de la Ley del Seguro Social; sin que establezcan cuáles son las operaciones aritméticas realizadas para determinar la referida pensión, así como el periodo que se cuantifica y la cantidad total y líquida que le corresponde a cada una de ellas, siendo éste uno de los efectos de la ejecutoria de amparo, lo cual no ha quedo debidamente cumplido. De ahí, que se considera que el tribunal responsable no cumple con lo establecido en los preceptos constitucionales invocados y en dar total y exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, respecto a la ejecución de la sentencia de amparo, el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 196. [.] La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. [.] Es por ello, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral apenas citado, a fin de no retrasar el debido cumplimiento de la sentencia de amparo y evitar reposiciones del procedimiento de ejecución, aún con lo informado por la autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, segundo párrafo, del propio ordenamiento legal, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que dentro del término de diez días hábiles cumpla con el fallo protector otorgado a la quejosa Francisca Domínguez Priego. Esto es, remita las constancias con las que realice las operaciones aritméticas correspondientes a la pensión por orfandad, que les corresponden a Shirley Martínez Domínguez y María Brillytte Martínez Domínguez, así como el periodo que se cuantifica y la cantidad total y líquida que le corresponde a cada una de ellas; debiendo ajustarse además a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo por tener relación directa con los efectos concesorios de la misma; debiendo dentro del propio lapso remitir a este Juzgado las constancias con las que acredite el acatamiento al fallo protector. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 109/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 870, del rubro y texto : SENTENCIA DE AMPARO. SI EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO REMITE LOS AUTOS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA DESTITUCIÓN Y CONSIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ANTES DE EXIGIRLE SUBSANAR EL POSIBLE EXCESO O DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO, PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN PARA QUE SE REQUIERA EL DEBIDO ACATAMIENTO DE AQUÉLLA. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo debe ordenar a la responsable, en su caso, que corrija esos vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo porque previo a sancionar, el juzgador debe procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada. Finalmente, en virtud de antes acordado resulta innecesario emitir pronunciamiento respecto a las manifestaciones formuladas por la quejosa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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