Francisca Domínguez Priego
Expediente 1513/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1513/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Francisca Domínguez Priego
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se tiene a la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, comunicando que por auto de diecisiete de octubre actual, el Tribunal de su adscripción admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por los quejosos. En consecuencia, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de la admisión del referido recurso, el cual quedó registrado con el número *****, del índice, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Notifíquese.
- Principal
mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este asunto Por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios; y una vez integrado con las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del presente acuerdo dentro del término de tres días Notifíquese y electrónicamente al Ministerio Público adscrito a este juzgado.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, A TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS Notifíquese personalmente
- Principal
NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE OLA LEY DE AMPARO SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1513/2023-6, promovido por ******, ****** Y ******contra los actos que reclaman de la Junta especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el trece de julio de dos mil veintitrés, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el catorce siguiente, *******, ******* y *********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: La RESOLUCIÓN de fecha 18 de Mayo del 2023 en el expediente laboral No. ****** SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el expediente ******; se admitió a trámite, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la moral tercero interesada **********; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El veintiuno de julio de dos mil veintitrés, la actuaria de la adscripción realizó el emplazamiento de la moral tercero interesada ********, por medio de lista de acuerdos, publicada en los estrados de este juzgado (foja 35). CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ? La resolución interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, dentro del expediente laboral 539/2012, de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado -aun cuando no fue negado, ni aceptado por la autoridad responsable al rendir su informe justificado3 - lo cual se corrobora con el original del expediente laboral de origen 539/2012, que remitió al presente asunto, mismo que obra por cuerda separada en un tomo de pruebas. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: Fojas 38 y 39 del presente juicio de amparo. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable; ello, porque de las aludidas constancias se deduce que el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, la responsable dictó la resolución reclamada. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 624 de la Ley de Amparo. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: 1. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, el tres de abril de dos mil doce, Francisca Domínguez Priego, en su calidad de viuda del extinto Agustín Martínez Cruz y en representación de las menores de iniciales S.M.D. y M.B.M.D., y Edalia Cruz Hidalgo en su calidad de ascendiente del extinto antes mencionado, demandaron al Instituto Mexicano del Seguro Social, Principal Afore sociedad anónima de capital variable e Infonavit, diversas prestaciones entre las que destacan el otorgamiento y pago de "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". pensiones por viudez y orfandad, así como aguinaldo anual (fojas 1 a 8 del tomo de pruebas). 2. Al respecto la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, el doce de abril de dos mil doce, admitió la demanda de mérito, la registró con el expediente 539/2012, fijó fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó emplazar a la parte demandada (fojas 14 y 15 del tomo de pruebas). 3. Seguida su tramitación, la Junta responsable emplazó a los demandados, desahogándose el juicio en todas sus etapas, y el cinco de abril de dos mil dieciocho (foja 598 a 619 del tomo de pruebas), dictó laudo que resolvió la controversia laboral planteada en el expediente 539/2012, de su índice estadístico, en el que se declaró como beneficiarios a Francisca Domínguez Priego en su calidad de viuda del extinto Agustín Martínez Cruz y en representación de las menores de iniciales S.M.D. y M.B.M.D., como beneficiarias por orfandad del extinto antes mencionado, y condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, Principal Afore sociedad anónima de capital variable e Infonavit, a lo siguiente: "PRIMERO: La parte actora FRANCISCA DOMÍNGUEZ PRIEGO, en calidad de Viuda y en representación de las menores . Y ., como beneficiarias de orfandad del extinto AGUSTÍN MARTÍNEZ CRUZ, probaron parcialmente su acción. EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y PRINCIPAL AFORE S.A. DE C.V., justificaron parcialmente sus defensas y excepciones y el demandado INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL justificó parcialmente sus defensas y excepciones. SEGUNDO: Se declara como beneficiarios a FRANCISCA DOMÍNGUEZ PRIEGO, en calidad de Viuda y en representación de las menores . Y ., como beneficiarias de orfandad del extinto AGUSTÍN MARTÍNEZ CRUZ, se condena a las demandas a que le apliquen las prerrogativas establecidas a favor de los trabajadores en el Artículo 123 apartado A Fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al reconocimiento de las acciones relativas al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar son inextinguible en términos del Artículo 301 de la Ley del Seguro Social vigente, así como al cumplimiento del artículo 127 y 129 de la Ley del Seguro Social; por consiguiente le asiste el derecho a que se declare que el extinto trabajador AGUSTÍN MARTÍNEZ CRUZ, tiene calidad de asegurado con el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, bajo afiliación número 83927227476; por lo que al demostrar la parte actora FRANCISCA DOMÍNGUEZ PRIEGO, que tenía la calidad de cónyuge, y las . Y ., calidad de hijas menores a la fecha en que aconteció el siniestro del extinto trabajador AGUSTÍN MARTÍNEZ CRUZ, por lo que deberá otorgarse la pensión de viudez a la C. FRANCISCA DOMÍNGUEZ PRIEGO en su calidad de viuda, que de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley del Seguro Social, será igual al noventa por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez, y respecto a la CC. . Y ., deberá otorgarse la pensión de Orfandad, tomando en consideración que a la fecha en que el trabajador falleció, las peticionantes eran menores de edad; por lo que tomando en consideración que el artículo 133 de la Ley del Seguro Social, establece que el derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez, por lo que en ese sentido deberán cubrirse a las C.C. . y ., el pago de la pensión de orfandad a partir del 29 de octubre de 2011 y mientras se encuentren dentro de las hipótesis contenida en los artículos 134 y 135 de la Ley del Seguro Social, es decir, que se encuentren con el carácter de menores de edad o que después de alcanzar el huérfano la edad de dieciséis años, y hasta la edad de veinticinco, si se encuentra estudiando en planteles del sistema educativo nacional, tomando en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario, tomando como base el veinte por ciento de la pensión de invalidez que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez, tal y como lo establecen los artículos 134 y 135 de la citada ley, debiendo demostrar que continua conservando los derechos para recibir su pensión, es decir, que en el caso de no ser menor de edad, continúe estudiando; debiendo además otorgarles la asistencia médica necesaria, con apoyo en los artículos 91 y 127 Fracción V de la Ley del Seguro Social; así como al otorgamiento de un aguinaldo anual equivalente a treinta días del importe de la pensión del extinto trabajador AGUSTÍN MARTÍNEZ CRUZ, ello tomando en consideración que los artículos 149, 167, último párrafo y 168 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, se advierte establecido que a la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada se otorgaran a sus beneficiarios, además de las prestaciones señaladas en el primer precepto citado, un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad del importe de la pensión que perciban los pensionados comprendidos en el capítulo V del título segundo de la citada legislación, esto es, a los pensionados por invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada o muerte; por lo que deberán percibir dicha prestación la C. FRANCISCA DOMÍNGUEZ PRIEGO, en su calidad de cónyuge, y las . Y ., como hijas menores a la fecha en que aconteció el siniestro del extinto trabajador AGUSTÍN MARTÍNEZ CRUZ, que deberán pagarse a partir del descenso del referido extinto ocurrido el 29 de octubre de 2011, y para los efectos de determinar a cuánto asciende el monto de la prestación consistente en 1).- AGUINALDO. Se ordenan la apertura del incidente de liquidación correspondiente referido, el que como se itera deberán cuantificarse 2).- EL MONTO EXACTO DE LA PENSIÓN DE VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA C. FRANCISCA DOMÍNGUEZ PRIEGO, en su calidad de viuda, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley del Seguro Social, será igual al noventa por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez, y que deberá cuantificarse a partir del 29 de octubre de 2011 en que aconteció el fallecimiento del C. AGUSTIN MARTÍNEZ CRUZ, 3).-LA PENSIÓN POR ORFANDAD correspondiente a cada una de las CC. . Y ., a partir del 29 de octubre de 2011 y mientras se encuentren dentro de la hipótesis contenida en los artículos 134 y 135 de la Ley del Seguro Social, debiendo tomarse como base el veinte porciento de la pensión de invalidez que el asegurado estuviere gozando al fallecer o de la que hubiere correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. Así como a las demandadas PRINCIPAL AFORE S.A. DE C.V. e INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, al pago de las prestaciones precisadas en el considerando VI de la presente resolución, que hacen un monto total $59,923.26, (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 26/100 M.N.) más los intereses que se hayan generado." 4. Mediante escritos de catorce de agosto y trece de julio de dos mil dieciocho, la parte actora promovió la ejecución del laudo de mérito (fojas 627 a 640 del tomo de pruebas). 5. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se inició la celebración de la audiencia incidental de liquidación (foja 658 del tomo de pruebas), la cual se continuó el trece de febrero de dos mi diecinueve, teniéndose por celebrada en esa data (fojas 687 y 688 del tomo de pruebas). 6. El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 719 a 753 del tomo de pruebas), la Junta responsable dictó dentro del expediente laboral 539/2012-B de su índice, la resolución incidental de liquidación del laudo, promovido por la parte actora en los siguientes términos: "PRIMERO: Esta Junta Especial No. 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, determina que el monto que le debe pagar al actor cantidad de $272,356.76 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.) salvo error u omisión de carácter aritmético; por concepto pensión por cesantía en edad avanzada y vejez a partir del a partir del 15 de agosto de 2012 al 22 de octubre de 2013, más los que se sigan generando, hasta que se dé cumplimiento al laudo condenatorio, por los motivos expuestos.- Notifíquese personalmente a las partes en sus domicilios señalados en autos.- CUMPLASE.- Así definitivamente juzgando lo resolvieron y firmaron los CC Representantes, Integrantes de la Junta Especial No 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Ante el Secretario de Acuerdos-DOY FE.------------ 7. Posteriormente, en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 2064/2019-2, la cual se concedió para los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente la resolución incidental de liquidación de laudo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio laboral 539/2012-B, de su índice. 2. Siguiendo los lineamientos del presente fallo, dicte una nueva resolución fundada y motivada en la que deberá analizar las pruebas ofrecidas por las partes incluida la instrumental de actuaciones consistente en el informe respecto al expediente 1280/2009 del índice de la junta responsable, en los términos que se advierte en el laudo condenatorio (foja 13 del laudo), a fin de establecer el salario base correspondiente para cuantificar las pensiones de viudez, orfandad y aguinaldo anual; asimismo, deberá establecer los porcentajes correspondientes para cuantificar cada periodo que le corresponda a la pensión por viudez y por orfandad respectivamente, así como realizar las operaciones aritméticas correspondientes; echo lo anterior, determine lo que en derecho proceda. La junta responsable dejó insubsistente la citada resolución incidental de liquidación de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, turnando los autos al proyectista de esa junta, para la emisión de una nueva resolución, siguiendo los lineamientos de la referida ejecutoria de amparo (foja 880 del tomo de pruebas). 8. Luego, el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno (fojas 927 a 965 del tomo de pruebas), la Junta responsable dictó dentro del expediente laboral 539/2012-B de su índice, la resolución incidental de liquidación de laudo, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, la cual resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO.- En cumplimiento a la ejecutoria emitida por el H. Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, dictada en el amparo directo 2064/2019-2, esta autoridad determina que el monto que le debe de pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la actora ********, por pensión de viudez, es de 1,381,707.54 (un millón trescientos ochenta y un mil setecientos siete pesos 54/100 moneda nacional), cuantificado hasta el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a la condena del laudo que consiste en el 90% de lo que hubiera correspondido al extinto asegurado ********, en el cual está incluida el aguinaldo anual equivalente a treinta días del importa de la pensión del extinto, así como los incrementos salvo error y omisión de carácter aritmético; más los que se sigan generando, hasta que se dé cumplimiento al laudo condenatorio. De igual manera se condena al citado instituto a pagar a la C. . el monto de $334,985.48 (trescientos treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 48/100 moneda nacional) Y . la cantidad de $334,985.48 (trescientos treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 48/100 moneda nacional) salvo error u omisión de carácter aritmético por pensión de Orfandad, cantidades que le corresponde por el veinte por ciento de la pensión de invalidez que hubiera correspondido al asegurado cuantificadas a partir del 29 de octubre de 2011 al 31 de diciembre del 2020, más que se sigan generando mientras se encuentren dentro de la hipótesis contenida en los artículos 134 y 135 de la Ley del Seguro Social, monto en que se incluyó el aguinaldo anual equivalente a treinta días del salario de la pensión del extinto trabajador. 9. Inconforme con tal resolución el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderada legal de Angélica Patricia Juárez López, interpuso juicio de amparo radicado bajo el expediente 330/2021-6 (fojas 995 a 1005 del tomo de pruebas) el cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, en el que se concedió el amparo para los siguientes efectos: ".En mérito de lo anterior, la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: 1. Dejar insubsistente la resolución incidental de liquidación de laudo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, emitida dentro del juicio laboral 539/2012-B, de su índice. 2. Siguiendo los lineamientos del presente fallo, dicte una nueva resolución fundada y motivada en la que deberá realizar lo siguiente: a) Precisar el régimen sobre el cual realizará las cotizaciones correspondientes a las pensiones de viudez y orfandad, esto es, con base en la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, o bien, la Ley del Seguro Social actual. b) Resuelva el incidente de liquidación planteado, determinando si es correcta o no la planilla formulada por la parte actora, conforme a las pruebas que obra en los autos del juicio de origen y en los parámetros establecidos en la ley, y en su caso, determine las cantidades correctas por los conceptos a cuantificar. c) Omita el argumento de que ante la falta de alegación o de controversia del Instituto quejoso se le tengan por ciertas las manifestaciones y montos establecidos en la planilla de liquidación planteada por la parte actora, aquí tercera interesada, y determine lo que en derecho corresponda con base en constancias de autos. d) Conforme a la ley aplicable, establezca la pensión por invalidez que corresponda, a fin de tomarla como base para cuantificar las pensiones de viudez y orfandad; asimismo, deberá establecer los porcentajes correspondientes para cuantificar cada periodo que le corresponda a la pensión por viudez y por orfandad respectivamente, además del aguinaldo, debiendo realizar las operaciones aritméticas correspondientes." 10. En tal razón, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno (fojas 1012 a 1034 del tomo de pruebas), la Junta responsable dictó dentro del expediente laboral 539/2012-B de su índice, la resolución incidental de liquidación de laudo, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, la cual resolvió en los siguientes términos: "R E S U E L V E PRIMERO. - En cumplimiento a la ejecutoria emitida por el H. Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, dictada en el amparo directo 330/2021-6, esta autoridad determina que el monto que le debe de pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social a la actora FRANCISCA DOMÍNGUEZ PRIEGO en su calidad de viuda, de conformidad con lo establecido la Ley del Seguro Social la cantidad de $614,886.29 (SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29 /100 M.N.), por pensión de viudez que conforme a la condena del aludo es el 90% de lo que hubiera correspondido al extinto asegurado AGUSTÍN MARTÍNEZ CRUZ, y el correspondiente aguinaldo anual equivalente a treinta días del importe de la pensión del extinto. Asimismo el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL deberá pagarle a la C. SHIRLEY MARTINEZ DOMINGUEZ la cantidad $137,045.86 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 86 /100 M.N.), y para MARIA BRILLYTTE MARTINEZ DOMINGUEZ el monto de $137,045.86 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 86 /100 M.N.), por pensión de orfandad y el correspondiente aguinaldo anual, cantidades que les corresponde por el veinte por ciento de la pensión de invalidez que hubiera correspondido al asegurado, más que se sigan generando mientras se encuentren dentro de la hipótesis de la Ley del Seguro Social, monto que incluye el aguinaldo correspondiente. Notifíquese a las partes personalmente en sus domicilios señalados en autos." 11. Después, inconforme con tal resolución el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderada legal Angélica Patricia Juárez López, interpuso juicio de amparo radicado bajo el número de expediente 1504/2021-9 (fojas 1046 a 1078 del tomo de pruebas) el cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, y en el que se le negó el amparo de la justicia federal a la citada promovente. 12. Seguido el trámite, en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, la junta responsable tuvo a la parte quejosa promoviendo incidente de liquidación por lo que ordenó dar vista a la parte contraria con la referida incidencia y señaló fecha y hora para la celebración de una audiencia incidental de liquidación (foja 1135 del tomo de pruebas). 13. El veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia incidental de liquidación, en la cual se tuvo a la parte actora ratificando el incidente planteado y por hechas las manifestaciones de las partes actora y demandada; además, se les tuvo ofreciendo sus respectivas pruebas (fojas 1144 a 1146 del tomo de pruebas). 14. Finalmente, el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés (fojas 1167 a 1179 del tomo de pruebas), la junta federal en cuestión emitió la resolución reclamada, en la cual, concluyó lo siguiente: "RESUELVE PRIMERO: Esta autoridad determina que FRANCISCA DOMINGUEZ PRIEGO, SHERLEY MARTINEZ DOMINGUEZ Y MARIA BRILLYTTE MARTINEZ DOMINGUEZ no demostraron sus alegatos. El INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL acredito sus alegatos vertidos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Se deja a salvo los derechos ********** Y *******, por las razones precisadas en el considerando III de la presente resolución. Notifíquese personalmente a las partes en sus domicilios señalados en autos. CUMPLASE. Así lo resolvieron y firmaron los CC: Representantes Integrantes de esta Junta Especial No. 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Lic. Jorge Méndez González.- Presidente de la Junta 36.- Lic. José Vicente Morales Ovando.- Representante Patronal y C. Carlos Arturo González Pérez. - Representante Obrero, ante la C. Secretaría de Acuerdos Mtra. Brenda Brindis Trejo, que da fe. - DOY FE. La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias, conforme a la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."5 5Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Mayo de 2010, página 830. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA En ese tenor, se procede a sintetizar los motivos de disidencia que hacen valer las peticionarias del amparo, en los que esencialmente aducen que la resolución reclamada vulnera los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: 1) La resolución incidental reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no se dictó a verdad sabida, pues la responsable viola las garantías de seguridad y legalidad jurídica, toda vez que no establece el salario base para el pago de la pensión y no condena a los incrementos reales, en términos de lo establecido en laudo de cinco de abril de dos mil dieciocho, tomando en cuenta que el incremento debe ser en base al índice nacional de precios al consumidor a partir de la fecha en que fue condenada la parte demandada. 2) Es ilegal la omisión de la junta responsable al no señalar el salario base establecido para el pago de la pensión y aguinaldo con los incrementos verificados tal y como fue planteado en la planilla de liquidación, pues el beneficiario puede solicitarlo en cualquier momento, siempre y cuando haya satisfecho los requisitos exigidos para tal efecto, es decir, que haya generado SU TRANSCRIPCIÓN." De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ese derecho durante la vigencia en su calidad de beneficiario o en el periodo de gracia que la ley determine, ya que la finalidad del otorgamiento de una pensión se centra en las necesidades de la clase trabajadora para su subsistencia. 3) La responsable estuvo incorrecto al omitir y no condenar al otorgamiento y pago de la pensión con el salario base establecido y los incrementos verificados durante la tramitación del juicio de la pensión y el aguinaldo omitido por la demandada, a partir de la fecha en que se cumplió con los requisitos exigidos para el goce de la citada pensión, de conformidad con el laudo emitido en el controvertido laboral de origen. 4) La junta responsable fue omisa en lo atinente a que la pensión de viudez y orfandad no debe ser inferior al cien por ciento del salario mínimo general que rija para la Ciudad de México, tal como se establece en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social de 1973, por lo cual debe aplicarse el salario mínimo a escala nacional vigente, con el cual se debe considerar anualmente los incrementos a la pensión, el aguinaldo anual equivalente a una mensualidad del importe de la pensión, ya que son consecuencia directa e inmediata de la procedencia de la pensión de viudez concedida. En apoyo de sus argumentos, la parte quejosa citó la siguiente tesis de rubro: "SALARIOS CAÍDOS. PARA EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES DEBEN TOMARSE EN CUENTA, EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, LOS INCREMENTOS VERIFICADOS DURANTE EL JUICIO HASTA QUE AQUELLAS SEAN CUBIERTAS, AUN CUANDO EN EL LAUDO NO SE HAYAN ESTABLECIDO NI EL TRABAJADOR LAS HUBIERE RECLAMADO." "INCREMENTOS SALARIALES. SI EN EL JUICIO LABORAL LA JUNTA NO TUVO ELEMENTOS PARA CUANTIFICARLOS, DEBE ORDENAR ABRIR EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN RESPECTIVO PARA QUE SE REALICE." "PENSIÓN DE VIUDEZ. SI EL BENEFICIARIO ACREDITA QUE TIENE EL DERECHO A ELLA, DEBE CONDENARSE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A CUBRIR LAS PRESTACIONES QUE LE SON INHERENTES Y CONSUSTANCIALES, AUN CUANDO NO SE HAYAN RECLAMADO EXPRESAMENTE EN LA DEMANDA LABORAL." "PENSIÓN DE VIUDEZ, INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. SU CUANTIFICACIÓN NO DEBE SER INFERIOR AL 100% DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL QUE RIJA PARA EL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO)." "PENSIÓN POR VIUDEZ QUE OTORGA EL SEGURO SOCIAL. SU INCREMENTO DEBE SER CON BASE EN LOS AUMENTOS PORCENTUALES DEL SALARIO MÍNIMO, PERO SI AQUEL ES INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO GENERAL QUE RIJA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL AÑO 2017, DEBE INCREMENTARSE CONFORME AL ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEROGADA, POR LO QUE ES INAPLICABLE EL MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACIÓN "MIR"." or, se procede abordar el estudio de los conceptos de violación, los cuales resultan infundados, mismos que, por cuestión de técnica, serán analizados de manera conjunta. Para demostrar lo anterior, es menester analizar en principio, que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del precepto constitucional antes reproducido, se aprecia que todo acto de molestia, debe ser dictado por autoridad competente, constar por escrito y contener la motivación y fundamentación adecuada; debiendo entenderse por motivación, la obligación que tiene toda autoridad de expresar en forma precisa, las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; y por fundamentación, el señalamiento exacto del precepto legal aplicable al caso, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y la aplicación de la hipótesis normativa. Si se toma en consideración que el derecho humano a la legalidad tiene como objeto que las autoridades no emitan determinaciones en forma arbitraria, sino que deben estar ajustadas a un determinado ordenamiento legal, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que la autoridad responsable consideró para emitir la resolución correspondiente. Además, debe señalarse de manera razonada, es decir, es necesario que la autoridad exponga los motivos o causas inmediatas por las que determinó que existe concordancia entre el supuesto legal normativo y los hechos o antecedentes propuestos por los gobernados. Es aplicable la jurisprudencia 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consulta en la página 166, Tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, novena época, La jurisprudencia 204, con registro 917738, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." También la jurisprudencia 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro 176546, que se cita en seguida: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." El derecho humano establecido en el referido precepto constitucional tiene su fundamento en el principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos precisados en aquélla; luego, de acuerdo con el texto constitucional, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. En otro aspecto, se tiene obligación relativa a la debida fundamentación y motivación del acto, y para que se estime cumplida, es necesario constatar lo siguiente: a) La existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo que el despliegue de la actuación de esa misma autoridad se constriña en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y, b) La existencia de los hechos o antecedentes fácticos o circunstancias que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la motivación. En efecto, el artículo constitucional que se examina contiene uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro del orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, ya porque sea arbitrario, es decir, que no esté basado en alguna norma legal, o por que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca; o bien porque no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Por su parte, la motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulan en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria como lo es el juicio de amparo. Ambos requisitos se suponen mutuamente, ya que no es dable citar disposiciones aplicables sin relacionarlas con los hechos de que se trate, y sin exponer las razones por las que dichas disposiciones son relevantes para esos hechos; dicha correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Para llevar a cabo esta adecuación, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, los cuales deben manifestarse en base a los hechos probados y las circunstancias y modalidades objetivas del caso, que permiten encuadrarlos dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente Ahora bien, conviene tener presente los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo aplicable en el momento de los hechos: "Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen." "Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente." Los preceptos legales transcritos establecen el principio de congruencia que rige el dictado de las resoluciones en materia laboral. Cabe señalar que aunque dichos artículos facultan a los tribunales obreros a estimar las pruebas sin sujetarse a reglas abstractamente preestablecidas y a apreciar los hechos en conciencia, sí les impone la obligación de fundar y motivar sus resoluciones. Dichas reglas procesales son aplicables, por analogía, respecto de los incidentes tramitados por las partes en el juicio principal y de las que se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos que deben observarse en toda resolución: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero, en su esencia, está referido a que el laudo o resolución, debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro lado, de congruencia externa, que en sí, atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo o interlocutoria, no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir alguna que no se hubiera reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fuera parte en el juicio laboral. A su vez, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos que le son sometidos a su consideración, sin omitir uno o algunos de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del órgano jurisdiccional de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, o se diriman las inconformidades planteadas, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Ahora bien, se destaca que en la resolución reclamada, la junta responsable respetó el principio de congruencia que contempla el artículo 842 de la Ley Federal de Trabajo, pues se resolvió con base en lo solicitado en autos. De igual forma, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que la junta responsable citó los preceptos legales en los que basaba su determinación, consistentes en los artículos 761, 763, 765, 836, 837, 838, 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo; además, de que expuso los razonamientos adecuados para determinar que no le asistía la razón a la parte actora, pues con las documentales exhibidas por las partes quedó demostrado que le fue otorgada a la parte quejosa la pensión de viudez, al amparo del régimen obligatorio del Seguro Social desde el tres de diciembre de dos mil veintiuno y que le fue cubierta la diferencia de los montos por el periodo del tres de septiembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de enero de dos mil veintidós; por lo que se insiste son infundadas las manifestaciones referentes a que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. Además de lo anterior, se advierte que en el presente juicio de amparo no se formularon los razonamientos lógico jurídicos tendentes a desvirtuar las consideraciones expuestas por la autoridad responsable que le llevaron a determinar porque no le asistía la razón a la parte actora en los argumentos vertidos en su planilla de liquidación, entre otras consideraciones, necesarias para que este órgano de control constitucional estuviera en aptitud de realizar el análisis correspondiente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2 Página 731, Décima Época, Materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En el caso, en el laudo firme de cinco de abril de dos mi dieciocho, la junta responsable condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar a la actora Francisca Domínguez Priego, pensión por viudez y a las menores de iniciales menores de iniciales S.M.D. y M.B.M.D., pensión por orfandad, respecto del extinto Agustín Martínez Cruz, en su calidad de asegurado con número de afiliación 83927227476, la primera, por el noventa por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez y a las últimas, el veinte por ciento de la pensión de invalidez que le hubiera correspondido al trabajador, todo ello, a partir de la fecha de fallecimiento de este último acontecido el veintinueve de octubre de dos mil once, así como a la ayuda asistencial o asignación familiar, al pago de aguinaldo anual equivalente a treinta días del importe de la pensión del extinto trabajador. De igual forma, se condenó a la diversa demandada Principal Afore sociedad anónima de capital variable e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al pago de las prestaciones indicadas en el considerando VI, por el monto de $59,923.26 (cincuenta y nueve mil novecientos veintitrés pesos 26/100 moneda nacional), más los intereses que se hayan generado. En ese contexto, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, se estima acertada la determinación de la junta responsable al señalar que no le asiste la razón a la parte actora respecto a la cuantificación que realizó en su planilla de liquidación, presentada mediante escrito de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, con motivo del otorgamiento y pago de una pensión de viudez y pago de una pensión de orfandad. Ciertamente, respecto a lo cuantificado por la parte actora en su planilla de liquidación, lo cual contemplaba el periodo comprendido del tres de septiembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, como bien lo resolvió la responsable, de la pruebas ofertadas por la moral demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, se desprende que dicho periodo ya le fue pagado a la citada actora, pues en el mes de febrero del presente año, se le pagó de manera retroactiva, la cantidad de $105,934.22 (ciento cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 22/100 m.n.) monto que cubrió el periodo del tres de septiembre de dos mil veintiuno al treinta de diciembre de dos mil veintidós; el cual ya incluía los aguinaldos del año dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Asimismo, en el mes de enero del año en curso, se le pagó a la impetrante la cantidad de $6,295.10 (seis mil doscientos noventa y cinco pesos 10/100 m.n.) cantidad que cubrió el periodo del uno al treinta de enero de dos mil veintitrés. Del mismo modo, con el informe de pago de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, exhibido por la moral demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que le fue pagado a la quejosa el periodo comprendido del uno al treinta de marzo del presente año, por el monto de $6,787.38 (seis mil setecientos ochenta y siete pesos 38/100 m.n.). De igual manera, en lo referente a la pensión por orfandad de ****** y *******, dado que de las documentales existentes en autos no se aprecia alguna prueba fehaciente que permita determinar si se encuentran dentro de los supuestos de la Ley del Seguro Social, dicha pensión también ya les fue cuantificada y pagada a las citadas quejosas, dejando a salvo sus derechos para que si así lo consideran con posterioridad ejerciten lo que estimen pertinente. Además, la entidad pública demandada informó que la quejosa ******, ya había sido incluida en la nómina de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el amparo del régimen obligatorio del Seguro Social desde el tres de diciembre de dos mil veintiuno; circunstancia que acreditó con la constancia relativa a la resolución para el otorgamiento de pensión de viudez de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, lo anterior pone en evidencia que los periodos que la parte quejosa cuantificó en su planilla de liquidación presentada ante la responsable el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, los cuales abarcan desde el tres de septiembre de dos mil veintiuno al treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, ya fueron cubiertos en su totalidad por la moral demandada, es por ello, que se reitera que fue acertada la determinación que tomó la junta responsable en la resolución reclamada, al resolver que a las impetrantes no les asistía la razón, ya que no comprobaron sus alegatos, pues también quedó demostrado que ya le fue otorgada la pensión de viudez desde el tres de diciembre de dos mil veintiuno, como consta en autos. Máxime que como se indicó con antelación, la parte quejosa no realizó razonamientos lógico jurídicos tendentes a desvirtuar las citadas consideraciones expuestas por la autoridad responsable que le llevaron a determinar de esa manera, a fin de que este órgano constitucional se encontrara en aptitud de analizar dicha circunstancia. Es por ello que se considera que dichos argumentos resultan infundados para otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. En ese contexto, también se desestiman las tesis invocadas por la parte quejosa en apoyo a sus argumentos, toda vez que es evidente que dichas disposiciones legales no se contraponen con los argumentos que se expusieron al resolver el presente juicio. En tal virtud, ante lo infundado de los conceptos de violación que se hicieron valer, y al no existir queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto al acto reclamado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *******, ****** y *******, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisada en el resultando PRIMERO; por las consideraciones establecidas en el considerando SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- Francisca Chan Damas2580/2023
- Francisca Contreras López2201/2022
- Francisca Correa Gómez1402/2017
- Francisca Correa Gómez105/2017
- Francisca Correa Gómez278/2017
- Francisca Correa Gómez657/2017
- Francisca Domínguez Priego1244/2018
- Francisca Dominguez Priego2064/2019
- Francisca Domínguez Priego1131/2019
- Francisca Domínguez Priego620/2019
- Francisca García Montero1011/2021
- Francisca Gordillo López1186/2015