Francis James Alfaro Arevalo
Expediente 742/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Francis James Alfaro Arevalo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el ocho de junio del presente año, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, sin que lo hubiere hecho. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante ser un juicio de amparo sobreseído; lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 742/2021-VIII-A, promovido por José ***, a favor de ***, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, turnado en la misma fecha a******, a favor de ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad; que hizo consistir en la incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento del directo quejoso. SEGUNDO. Por auto de la misma fecha (treinta de abril de dos mil veintiuno), se decretó de oficio la suspensión de plano para el efecto de que cesaran de inmediato la incomunicación, así como la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial del directo quejoso. Asimismo, se ordenó requerir al directo quejoso para que en el acto de notificación del citado proveído o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificara la demanda de amparo promovida a su favor. Por razón actuarial de treinta de abril de dos mil veintiuno, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, donde se entrevistó con el directo quejoso quien manifestó que sí ratificaba la demanda promovida a su favor. TERCERO. En virtud de lo anterior, mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de que se trata; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la representante social de la federación adscrita la intervención que le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que precede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir el directo quejoso Francis James Alfaro Arévalo, en: La incomunicación y detención. TERCERO. La autoridad responsable, al rendir su informe respecto de la suspensión de plano, negó categóricamente la existencia del acto reclamado consistente en la incomunicación, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En tales condiciones, ante la negativa respecto del citado acto reclamado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso, es cierto, toda vez que así lo reconoció al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". Para arribar a lo anterior se tiene en cuenta lo siguiente: En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad: La incomunicación y detención. Sin embargo, de lo informado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, en representación del Titular de dicha Secretaría, se advierte que mediante oficio SSP/DJ/14990/2021 de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, puso a disposición del Fiscal Investigador del Ministerio Público, al quejoso Francis James Alfaro Arevalo; lo anterior, con motivo de un hecho de transito ocurrido en la calle cuarenta y tres por veintiséis, del fraccionamiento Pedregales de Tanlúm, de esta ciudad. En esas condiciones, sin lugar a dudas se actualiza la causal de improcedencia invocada, al resultar notorio, primero, que no se trató de una privación de la libertad fuera de procedimiento, sino de una detención, con motivo de un hecho de tránsito; respecto de la cual ha operado un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado. Lo que trae como consecuencia que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en este juicio, por no poder decidirse en este procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, aunque persistan las violaciones que se aducen, debido a que el citado quejoso fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, tal y como lo informó la autoridad responsable, y se corroboró con la diligencia de ratificación de la actuaria de este Juzgado Federal, en cuanto a que el quejoso fue hallado precisamente en los separos de la Fiscalía General del Estado, en la sala de detenidos por hechos de tránsito, por lo que es a quien le corresponderá resolver sobre la detención del mencionado Alfaro Arevalo. De ahí que, las violaciones que en su caso se atribuyeron a los actos reclamados, como antes se dijo, se consideran irreparablemente consumadas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como por analogía la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 50, del Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 171841, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Por lo anterior, al quedar debidamente acreditada la casual de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Manuel Eduardo Herrera Ramos, a favor de Francis James Alfaro Arévalo, contra los actos que atribuyó a la autoridad responsable precisada en el resultando primero de la presente sentencia, respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, y privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención); por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y un minutos del diez de mayo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, autoriza y da fe, licenciado Raúl Ramos Berzunza, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, mismos que se pusieron a la vista con conocimiento de las partes. A lo que el Juez acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las responsables. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, el Secretario da cuenta con las que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda consistentes en la instrumental de actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto. Con las copias certificadas de las constancias deducidas del juicio laboral 282/2005, que el Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitió con su informe; y con la diversa certificación que la Directora del Registro Público de la Propiedad de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, adjuntó al suyo; mismas que obran glosadas a los autos. Y, con las que ofreció María del Mar Preciado Cicero, autorizada del tercero interesado Juan Martín Gurubel Vázquez, relativas a las documentales que relacionó y la presuncional en su doble aspecto; en su promoción presentada el veintisiete de enero de dos mil veinte. Por otra parte, se da cuenta con la reserva realizada por auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en relación con la manifestación hecha por el quejoso Carlos David Ramos Sosa, en su escrito de demanda, en el sentido de que objeta la autenticidad de la firma que obra en la carta poder exhibida por Fernando Eduardo Alpuche Ojeda y José Eligio Median Rivero, en el expediente laboral 282/2005, misma que fue presentada en audiencia de siete de octubre de dos mil cinco, ofreciendo para ello, la prueba pericial grafoscópica, al tenor del cuestionario que obra en el referido escrito. Seguidamente, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas antes señaladas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por otra parte, en atención a la objeción planteada por el quejoso, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se suspende esta audiencia para continuarla a las diez horas con cincuenta y un minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado. Así mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la prueba pericial grafoscópica, misma que deberá ser desahogada conforme al cuestionario presentado por el oferente de la prueba. Por otro lado, gírese oficio al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, a efecto de que sirva proporcionar a este Juzgado Federal, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación de esta audiencia, el nombre y domicilio de un profesionista en materia de caligrafía y grafoscopía, que labore en esa dependencia, con el objeto de que este órgano de control constitucional pueda designarlo como perito oficial de este Tribunal en el presente asunto. De igual manera, prevéngase también a las demás partes, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, designen perito en este juicio, con el propósito de que se asocie al nombrado por este órgano jurisdiccional, o bien, rinda su dictamen por separado; así como para que adicionen por escrito el cuestionario con lo que les interese, para lo cual córraseles traslado con copia del mismo. Apercibidas que de no hacer tal designación en el plazo concedido para ese efecto, se les tendrá por conformes con el dictamen que habrá de rendir el perito oficial de este Juzgado de Distrito, y con el cuestionario propuesto por el oferente. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto: glósese a este expediente el oficio 212-3/00823/2021, del Director y de la Directora, ambos Contenciosos adscritos a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C", quienes comparecen mancomunadamente en ejercicio de la facultad de su Titular, en representación del Director General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales, del Director General Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales y del Director General Adjunto de Finanzas, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México; remitido vía correo electrónico institucional. Mismo que presentan en cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo de diecinueve de abril último, en el sentido de acusar recibo a este Juzgado vía correo electrónico institucional, de los oficios 19125/2021, 9126/2021 y 9127/2021, dirigidos a las autoridades por quienes comparecen; con los que respectivamente se les enviaron diversos oficios, entre ellos, los relativos a la sentencia definitiva dictada en este juicio el once de diciembre de dos mil veinte; así como los correspondientes al proveído de veintiséis de enero del año que transcurre, por el cual se decretó que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ordenándose el archivo de este juicio, como asunto total y definitivamente concluido. Al efecto, se tiene por cumplido por parte de las autoridades responsables, el requerimiento formulado en acuerdo de diecinueve de abril del año actual, para los efectos legales conducentes. Finalmente, téngase como domicilio y delegados de las citadas autoridades, los que respectivamente se señalan en el oficio de cuenta. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
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