Flory Ruby Méndez González de Contreras

Expediente 704/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
704/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
07/02/2019

Partes del expediente

  • Flory Ruby Méndez González de Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. Lo anterior, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de treinta de enero último, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en estos autos y se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de veintidós de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna en el término concedido para tal efecto, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito se realizó personalmente a ambas partes el veintitrés de enero actual, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el treinta de julio de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para el efecto siguiente: "... que el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta capital, y lo haga del conocimiento de la quejosa. Y para que este fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica, la autoridad responsable deberá comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, en su carácter de autoridad ejecutora, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, deberá con la misma prontitud proporcionar los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar a cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios." (fojas 42 y 43). Determinación que fue recurrida por la parte tercero interesada y cuya revisión tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, que mediante acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso admitió a trámite el recurso de mérito, registrándolo con el número de toca 315/2018 (foja 77). Posteriormente, mediante resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho, la citada Superioridad resolvió: ""PRIMERO.- En la materia de la revisión, SE CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- PARA LOS EFECTOS PRECISADOS al final del considerando quinto de la sentencia impugnada, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a FLORA RUBY MÉNDEZ GONZÁLEZ O FLORY RUBY MÉNDEZ GONZÁLEZ DE CONTRERAS O FLORA RUBY MÉNDEZ GONZÁLEZ DE CONTRERAS O FLORY RUBY MÉNDEZ GONZÁLEZ, contra el acto y por la autoridad que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO.- SE DECLARA SIN MATERIA la revisión adhesiva interpuesta por la quejosa FLORA RUBY MÉNDEZ GONZÁLEZ O FLORY RUBY MÉNDEZ GONZÁLEZ DE CONTRERAS O FLORA RUBY MÉNDEZ GONZÁLEZ DE CONTRERAS O FLORY RUBY MÉNDEZ GONZÁLEZ." Luego, por acuerdo dictado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, su oficio 8370 de trece del propio mes y año, mediante el cual, remitió copia certificada de la resolución descrita en párrafos que anteceden; razón por la cual, este Juzgado Federal previno al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán para que cumpliera con la ejecutoria de mérito. A fin de cumplir con dicha sentencia, la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de veinticuatro de diciembre pasado, comunicó que el Gobernador del Estado acordó lo conducente respecto de la solicitud que le fuere hecha por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo y en las condiciones que le fueron requeridas (fojas 110 y 111). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento de la quejosa, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del oficio de diecinueve de diciembre pasado que la responsable remitió (foja 112). Y, en el propio auto de veinticuatro de diciembre del año pasado, por los motivos ahí expuestos, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo se vinculó al cumplimiento de la ejecutoria al Secretario de Seguridad Pública del Estado, quien a través del director jurídico de la secretaría a su cargo, mediante oficio relacionado en auto de veintidós de enero del año en curso, informó que programó las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de enero del año en curso para que con auxilio de la fuerza pública tuviera verificativo la diligencia ordenada por la referida juez en el expediente natural 551/2017, a fin de desalojar y hacer entrega del predio número cincuenta y cinco, letra "B", de la calle veinte, colonia México, de esta ciudad de Mérida, Yucatán (fojas 125 a 127). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuere solicitado por la juez del conocimiento y lo hizo del saber de la quejosa, en tanto que el Secretario de Seguridad Pública del Estado, por conducto de su director jurídico, programó fecha y hora para que con el apoyo de la fuerza pública se llevara a cabo la diligencia ordenada, lo que así realizaron y acreditaron. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se consideren destruidos los actos que se les atribuyeron, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, así como el anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada del presente así como del diverso oficio relacionado mediante proveído de veinticuatro de diciembre pasado, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta, que la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, remite en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en estos autos. Al respecto remite copia certificada del oficio DGOB/0383/2018 dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, del que se aprecia que le indicó se sirviera de inmediato proporcionar el auxilio de la fuerza pública a su cargo. En consecuencia, no obstante que no fue señalado como autoridad responsable en el presente asunto, requiérase al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Para efectos de lo anterior, remítase a la referida autoridad copias autorizadas de la sentencia y la ejecutoria pronunciadas en el presente juicio de amparo. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712 del IUS Intranet, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese y cúmplase.

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