Franchesca Pardo Berra

Expediente 1384/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1384/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Franchesca Pardo Berra

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de treinta y uno de agosto dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Magistrado Presidente y Magistrada Representante del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Ahora, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte en lo que interesa que el Tribunal responsable mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral D-19/2023, se agregó a autos la razón actuarial del actuario adscrito a ese Tribunal por la que asentó su imposibilidad de emplazar a la demandada Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, en el domicilio proporcionado por la parte actora Franchesca Pardo Berra; por lo que la requirió a efecto de que en el término de tres días precisara la dirección de la Secretaría demandada. Ahora, se precisa que la parte quejosa señaló como acto reclamado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario Adscrito: 1) la omisión de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de ley; y 2) la omisión de emplazar a la parte demandada, dentro del expediente D-139/2022 del índice de ese Tribunal. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En ese sentido, de las constancias que remite el tribunal responsable se advierte que el acto reclamado consistente en 1) la omisión de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de ley dentro del expediente D-139/2022 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, es inexistente. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En esas condiciones, al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el expediente de origen no se encontraba en estado procesal para proveer respecto a la audiencia de ley, toda vez que no se ha logrado notificar a las partes dentro del juicio, ya que mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral D-19/2023, se agregó a autos la razón actuarial de dieciocho de agosto del año en curso del actuario adscrito a ese Tribunal por la que asentó su imposibilidad de emplazar a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla (parte demandada en ese juicio), en el domicilio proporcionado por la parte actora Franchesca Pardo Berra; por lo que la requirió a efecto de que en el término de tres días precisara la dirección de la Secretaría demandada; lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. En la especie, de las constancias remitidas por el tribunal responsable, se observa que no se ha logrado notificar a las partes dentro del juicio, ya que mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral D-19/2023, se agregó a autos la razón actuarial de dieciocho de agosto del año en curso del actuario adscrito a ese Tribunal por la que asentó su imposibilidad de emplazar a la parte demandada y requirió a la actora para que precisara la dirección de la Secretaría demandada; por lo que el expediente de origen no se encontraba en estado procesal para proveer respecto a la audiencia de ley. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [cuatro de agosto de dos mil veintitrés], en el juicio de origen, la autoridad responsable aún no se encontraba procesalmente en condiciones para proveer respecto a la audiencia de ley en el juicio laboral D-19/2023. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que las autoridades responsables están imposibilitadas para dictar el acuerdo correspondiente, acto que la parte quejosa aduce han omitido. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado a las citadas responsables consistente en 1) la omisión de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de ley dentro del expediente D-139/2022 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. Por otro lado, respecto al otro acto reclamado a las responsables consistente en 2) la omisión de emplazar a la parte demandada, dentro del expediente D-139/2022 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Ahora, de las constancias remitidas por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, con su informe justificado, se advierte que el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés el actuario adscrito a dicho Tribunal se constituyó en el domicilio señalado por la parte actora, aquí quejosa, para notificar y emplazar a la demandada dentro del juicio labora D-19/2023 de su índice; sin embargo, ante su imposibilidad de notificar por no ser el domicilio correcto, levantó una razón actuarial y con ella, el Tribunal emitió un acuerdo el veintiocho de agosto siguiente por el que requirió a la actora, para que en el término de tres días, señalara el domicilio correcto de la Secretaría demandada. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de notificar a la demandada dentro del juicio laboral D-19/2023 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, pues al haberse constituido el actuario el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés al domicilio señalado por la parte actora, aquí quejosa, para notificar y emplazar a la demandada; la omisión de la que se duele la quejosa en su demanda de amparo promovida el cuatro de agosto del año en curso, dejó de existir, y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional. Es decir, como si la omisión reclamada no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". No pasa inadvertido que la diligencia de notificación de dieciocho de agosto de dos mil veintidós no fue fructífera al no haberse emplazado a la parte demandada en el juicio laboral dentro del juicio laboral D-19/2023 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; sin embargo, de la constancias remitidas por la responsable oficiante, se advierte que la razón de imposibilidad de notificar se derivó del domicilio incorrecto proporcionado por la parte actora en dicho juicio, aquí quejosa; y, aunado a ello, a dicha razón actuarial recayó en el acuerdo de veintiocho de agosto siguiente en el que se requirió a la parte actora para que señalara el domicilio correcto de la demandada. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado consistente en ----; y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal, respecto al otro acto reclamado. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DEINTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y dos minutos del ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Magistrado Presidente y Magistrada Representante del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Ahora, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte en lo que interesa que el Tribunal responsable mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral D-19/2023, se agregó a autos la razón actuarial del actuario adscrito a ese Tribunal por la que asentó su imposibilidad de emplazar a la demandada Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, en el domicilio proporcionado por la parte actora Franchesca Pardo Berra; por lo que la requirió a efecto de que en el término de tres días precisara la dirección de la Secretaría demandada. Ahora, se precisa que la parte quejosa señaló como acto reclamado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario Adscrito: 1) la omisión de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de ley; y 2) la omisión de emplazar a la parte demandada, dentro del expediente D-139/2022 del índice de ese Tribunal. Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En ese sentido, de las constancias que remite el tribunal responsable se advierte que el acto reclamado consistente en 1) la omisión de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de ley dentro del expediente D-139/2022 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, es inexistente. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En esas condiciones, al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el expediente de origen no se encontraba en estado procesal para proveer respecto a la audiencia de ley, toda vez que no se ha logrado notificar a las partes dentro del juicio, ya que mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral D-19/2023, se agregó a autos la razón actuarial de dieciocho de agosto del año en curso del actuario adscrito a ese Tribunal por la que asentó su imposibilidad de emplazar a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla (parte demandada en ese juicio), en el domicilio proporcionado por la parte actora Franchesca Pardo Berra; por lo que la requirió a efecto de que en el término de tres días precisara la dirección de la Secretaría demandada; lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. En la especie, de las constancias remitidas por el tribunal responsable, se observa que no se ha logrado notificar a las partes dentro del juicio, ya que mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral D-19/2023, se agregó a autos la razón actuarial de dieciocho de agosto del año en curso del actuario adscrito a ese Tribunal por la que asentó su imposibilidad de emplazar a la parte demandada y requirió a la actora para que precisara la dirección de la Secretaría demandada; por lo que el expediente de origen no se encontraba en estado procesal para proveer respecto a la audiencia de ley. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [cuatro de agosto de dos mil veintitrés], en el juicio de origen, la autoridad responsable aún no se encontraba procesalmente en condiciones para proveer respecto a la audiencia de ley en el juicio laboral D-19/2023. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que las autoridades responsables están imposibilitadas para dictar el acuerdo correspondiente, acto que la parte quejosa aduce han omitido. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado a las citadas responsables consistente en 1) la omisión de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de ley dentro del expediente D-139/2022 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. Por otro lado, respecto al otro acto reclamado a las responsables consistente en 2) la omisión de emplazar a la parte demandada, dentro del expediente D-139/2022 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Ahora, de las constancias remitidas por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, con su informe justificado, se advierte que el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés el actuario adscrito a dicho Tribunal se constituyó en el domicilio señalado por la parte actora, aquí quejosa, para notificar y emplazar a la demandada dentro del juicio labora D-19/2023 de su índice; sin embargo, ante su imposibilidad de notificar por no ser el domicilio correcto, levantó una razón actuarial y con ella, el Tribunal emitió un acuerdo el veintiocho de agosto siguiente por el que requirió a la actora, para que en el término de tres días, señalara el domicilio correcto de la Secretaría demandada. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de notificar a la demandada dentro del juicio laboral D-19/2023 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, pues al haberse constituido el actuario el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés al domicilio señalado por la parte actora, aquí quejosa, para notificar y emplazar a la demandada; la omisión de la que se duele la quejosa en su demanda de amparo promovida el cuatro de agosto del año en curso, dejó de existir, y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional. Es decir, como si la omisión reclamada no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". No pasa inadvertido que la diligencia de notificación de dieciocho de agosto de dos mil veintidós no fue fructífera al no haberse emplazado a la parte demandada en el juicio laboral dentro del juicio laboral D-19/2023 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; sin embargo, de la constancias remitidas por la responsable oficiante, se advierte que la razón de imposibilidad de notificar se derivó del domicilio incorrecto proporcionado por la parte actora en dicho juicio, aquí quejosa; y, aunado a ello, a dicha razón actuarial recayó en el acuerdo de veintiocho de agosto siguiente en el que se requirió a la parte actora para que señalara el domicilio correcto de la demandada. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado consistente en ----; y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal, respecto al otro acto reclamado. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DEINTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y dos minutos del ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

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