Fortino Camarillo Merino
Expediente 1829/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1829/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/12/2022
Partes del expediente
- Fortino Camarillo Merino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/690/2022 de veintiséis de octubre del año en curso, el secretario ejecutivo de adscripción informó a la licenciada Edna Matus Ulloa, que en sesión ordinaria de esa misma fecha el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó su primera adscripción como Jueza en este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, lo que se notifica a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Por otra parte, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Juez del Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, con sede en Puebla y de la Notificadora adscrita a dicho Tribunal, por medio del cual rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado que les corresponde y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias que se acompañan al informe justificado correspondientes al expediente 558/2022, del índice del Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, con sede en Puebla, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente, se advierte que el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se emplazó a las demandadas "NEGOCIACIÓN DENOMINADA RUTA REMANENTE 1", Sara Espinoza Ruiz y Gabriel Ambrosio Espinoza; lo que se corrobora con las constancias remitidas por las autoridades oficiantes. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte de las autoridades responsables de emplazar al juicio laboral 558/2022 a las demandadas "NEGOCIACIÓN DENOMINADA RUTA REMANENTE 1", Sara Espinoza Ruiz y Gabriel Ambrosio Espinoza, y así estar en posibilidad de que con posterioridad señale día y hora para el desahogo de la audiencia preliminar; y, el referido tribunal laboral, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emplazó al juicio laboral de referencia a las demandadas "NEGOCIACIÓN DENOMINADA RUTA REMANENTE 1", Sara Espinoza Ruiz y Gabriel Ambrosio Espinoza, lo que se acredita con las constancias que adjuntaron las autoridades oficiantes a su informe justificado. Ahora bien, tal y como la propia autoridad lo aduce, una vez que transcurra el término de quince días para la parte demandada conteste, o formule replica y contra replica si fuere el caso, en términos de lo establecido en el artículo 873-A de la Ley Federal del Trabajo, estará en posibilidad de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia preliminar en el juicio laboral de origen. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado ya que las autoridades responsables el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós emplazaron al juicio laboral 558/2022, del índice del Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, con sede en Puebla, a las demandadas "NEGOCIACIÓN DENOMINADA RUTA REMANENTE 1", Sara Espinoza Ruiz y Gabriel Ambrosio Espinoza, por tanto, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en funciones de Juez de Distrito, en términos del oficio CCJ/ST/5236/2022 de siete de noviembre de dos mil veintidós, firmado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Juez del Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, con sede en Puebla y de la Notificadora adscrita a dicho Tribunal, por medio del cual rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado que les corresponde y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias que se acompañan al informe justificado correspondientes al expediente 558/2022, del índice del Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, con sede en Puebla, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente, se advierte que el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se emplazó a las demandadas "NEGOCIACIÓN DENOMINADA RUTA REMANENTE 1", Sara Espinoza Ruiz y Gabriel Ambrosio Espinoza; lo que se corrobora con las constancias remitidas por las autoridades oficiantes. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte de las autoridades responsables de emplazar al juicio laboral 558/2022 a las demandadas "NEGOCIACIÓN DENOMINADA RUTA REMANENTE 1", Sara Espinoza Ruiz y Gabriel Ambrosio Espinoza, y así estar en posibilidad de que con posterioridad señale día y hora para el desahogo de la audiencia preliminar; y, el referido tribunal laboral, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emplazó al juicio laboral de referencia a las demandadas "NEGOCIACIÓN DENOMINADA RUTA REMANENTE 1", Sara Espinoza Ruiz y Gabriel Ambrosio Espinoza, lo que se acredita con las constancias que adjuntaron las autoridades oficiantes a su informe justificado. Ahora bien, tal y como la propia autoridad lo aduce, una vez que transcurra el término de quince días para la parte demandada conteste, o formule replica y contra replica si fuere el caso, en términos de lo establecido en el artículo 873-A de la Ley Federal del Trabajo, estará en posibilidad de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia preliminar en el juicio laboral de origen. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado ya que las autoridades responsables el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós emplazaron al juicio laboral 558/2022, del índice del Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, con sede en Puebla, a las demandadas "NEGOCIACIÓN DENOMINADA RUTA REMANENTE 1", Sara Espinoza Ruiz y Gabriel Ambrosio Espinoza, por tanto, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en funciones de Juez de Distrito, en términos del oficio CCJ/ST/5236/2022 de siete de noviembre de dos mil veintidós, firmado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se otorgó a las autoridades señaladas como responsables Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla y Actuario adscrito a dicho Tribunal, el término de quince días siguientes al en que recibieran el oficio de notificación relativo, para que rindieran sus respectivos informes justificados; en consecuencia, toda vez que se encuentra transcurriendo el referido plazo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Tiene aplicación
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