Fortunato Manuel Mancera Martínez
Expediente 511/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fortunato Manuel Mancera Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Del estado que guardan los autos se advierte que en el presente incidente de suspensión no se concedió medida cautelar alguna y que en esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal. En consecuencia, archívese este cuaderno incidental como concluido, en términos de lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se considera que este incidente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado; procédase a la destrucción del duplicado una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Atento a lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de este acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil diecinueve. De la certificación que antecede se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el quince de abril del año en curso, donde se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que proceda a su destrucción una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de este acuerdo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO.- FORTUNATO MANUEL MANCERA MARTÍNEZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta población, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, consistente en: ".el oficio sin número de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, y que en respuesta a mi solicitud de intervención, ME NEGÓ PROPORCIONARME LA INTERVENCIÓN SOLICITADA POR EL SUSCRITO, en las carpetas de investigación que se integran en mi contra por existir denuncia y señalamiento directo en mi contra en la comisión de diversos delitos.". Que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 20, apartado B, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Por cuestión de turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional de la aludida demanda de amparo, y por auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (fojas 18 y 19), inicialmente se desechó de plano la misma, al estimarse se actualizaba de manera manifiesta e indubitable la causal de improcedente prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. TERCERO.- Inconforme con dicha determinación el quejoso FORTUNATO MANUEL MANCERA MARTÍNEZ, interpuso el correspondiente recurso de queja, del cual correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, actualmente Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo. CUARTO.- Mediante ejecutoria de veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 35 a 49), el aludido Tribunal declaró fundado el recurso hecho valer, y en consecuencia, por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 50 y 51), se admitió a trámite la demanda de amparo planteada por el aludido quejoso, se solicitó informe justificado al autoridad responsable, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la citada demanda de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1, 6, 36, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; dado que se trata de un juicio de amparo indirecto en materia penal y que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Previamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado. Del contexto de la demanda de garantías, se advierte el acto controvertido consiste en: La negativa a darle intervención en las carpetas de investigación que a decir del quejoso, se integran en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". TERCERO.- La autoridad responsable (Jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca), al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado. CUARTO. La procedencia del juicio de control constitucional, es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63, fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento, cuando durante el juicio apareciera o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 814, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso sujeto a estudio, se materializa la causa de improcedencia de la acción constitucional, contemplada por la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce en términos de lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la propia normatividad, a decretar el sobreseimiento en el juicio. Lo anterior es así, por los motivos que a continuación se expondrán: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". El precepto 6°, del propio ordenamiento legal, establece que el juicio de amparo se puede promover por la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de la ley de la materia. Por cuestión de orden, es necesario precisar lo que debe entenderse por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, en la medida en que ello servirá de punto de partida, para evidenciar la materialización de la indicada causa de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Lo anterior implica que quien acude en demanda de amparo, al juicio correspondiente debe allegar elementos probatorios de los que se desprenda información bastante que conduzca al Juzgador a la certidumbre de que el peticionario es titular de un derecho jurídicamente salvaguardable, en contra del cual se tomó cierta determinación que se considera contraventora del orden constitucional. En el caso, del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que el quejoso, pretende que a través del juicio de amparo se acceda a su pretensión de que se le dé intervención a las diversas carpetas de investigación que refiere se integran en su contra, preservándose así sus derechos humanos de derecho defensa adecuada material y formal, así como el debido proceso penal. De igual forma, de la secuela legal del asunto, no se advierte que hasta el momento el quejoso FORTUNATO MANUEL MANCERA MARTÍNEZ, haya sido objeto de algún acto de molestia dictado en una carpeta de investigación, o que haya sido detenido, ni que se le haya recibido su entrevista. Lo anterior es así, toda vez que en su demanda no precisó que se le hubiere informado de alguna carpeta en específico. Tampoco manifestó que en caso de que existiera alguna investigación en la que se encontrara relacionado, la autoridad responsable o algún Agente del Ministerio Público, en su caso, lo hubieran citado para que efectúe las manifestaciones correspondientes o notificado en el lugar donde se encuentre recluido a fin de allegarse de mayores elementos de prueba y salvaguardar su derecho de defensa y audiencia. Aunado a que la autoridad responsable informó lo siguiente: ".Primero.- Respecto a la negativa de intervención que reclama el quejoso es cierto el acto reclamado pero no inconstitucional. Ya que con la determinación ministerial reclamada en ningún caso se violan en su perjuicio el derecho de defensa y debido proceso, ello con base en lo siguiente. Con fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, se recibió en esta Fiscalía el oficio número FGEO/VGZC/4950/2018 de fecha diecisiete de abril del año dos mil dieciocho, signado por la Encargada de la Mesa de Intervenciones, adscrita a la Vicefiscalía General Zona Centro, mediante el cual remite el escrito de intervención suscrito por el quejoso de fecha seis de abril del año dos mil dieciocho, en el cual manifiesta que se le están integrando diversas averiguaciones previas, así como diversas carpetas de investigación en la etapa inicial en su contra, lo anterior con la finalidad de que se le dé la intervención que legalmente le corresponda en las mismas. Derivado de la anterior solicitud, se le dio contestación al escrito en cuestión, mediante oficio sin número de fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, mismo que fue notificado y fijado el dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho, en la puerta del domicilio señalado ya que en repetidas ocasiones que acudió el notificador se encontró cerrado, en la cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 inciso B, fracción VI y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 127, 212, 213, 214 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación a las carpetas de investigación, se le hizo del conocimiento el impedimento legal que existe para proporcionarle la información e intervención solicitada al quejoso, al no encontrarse en las hipótesis constitucionales y procesales señaladas en los artículos antes mencionados, para tener conocimiento de posibles investigaciones o acceso al contenido de la misma. Segundo.- No le asiste la razón al quejoso Fortunato Manuel Mancera Martínez, al señalar que con el acuerdo ministerial vertido en el oficio sin número, se hizo nugatorio el ejercicio de su derecho de defensa, ya que el mismo es apegado a derecho y a los extremos constitucionales, ello con base a las siguientes consideraciones: Tal y como le fue notificado al ahora quejoso mediante el acuerdo que señala como acto reclamado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, son precisos en señalar el carácter de reservado con que deben tratarse los actos de investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, imponiendo a la Institución del Ministerio Público, la obligación de mantener con secrecía los actos de investigación que se realicen durante la etapa de investigación inicial, como en el presente caso acontece. A excepción de lo anterior, la Carta Magna y el ordenamiento Nacional invocado, señalan claramente las hipótesis en las que el imputado y su defensor pondrán tener acceso a dichos registros; las cuales, de acuerdo al artículo 20 apartado "B" fracción VI de la Constitución Federal y 218 de la ley invocada éste sólo tendrá acceso a esos registro de investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado; y se pretenda recibir su entrevista.- Hecho último que no entraña una obligación para el Ministerio Público, en el entendido que a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registro para no afectar el derecho de defensa del imputado, sin que en el presente caso se actualicen algunos de los supuestos mencionados. Si bien es cierto que el derecho de defensa adecuada y técnica deber ser respetado, observado y exigido por la Autoridad Ministerial, también lo es como se explica en el punto que antecede, que a la luz del artículo 20 apartado B, fracción VI de la Constitución Federal y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al negarse la intervención y solicitud de información dentro de la etapa de investigación en su fase inicial y fuera de los supuestos constitucionales y procesales antes mencionados, no se vulnera el derecho de defensa, toda vez que el precepto legal señalada establece: "El imputado y su Defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, o sea citado para comparecer como imputado, y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para no afectar el derecho de defensa del imputado". Luego entonces, al no informarle de posibles investigaciones que se haya iniciado en su contra y no otorgarle el acceso a las mismas si fuera el caso, cuando no se encuentre en las circunstancias anteriores. Es de destacar, que si fuera el caso de que existan otras investigaciones en donde esté relacionado el quejoso como "posible imputado", al no haber ordenado el suscrito hasta este momento, su detención o se encuentra privado de su libertad con motivo de una detención en flagrancia, ni tampoco lo he citado para comparecer como imputado, ni he pretendido que en esas posibles carpetas de investigación que refiere, se le reciba su entrevista. DE NINGUNA MANERA, COMO DE FORMA REITERADA HE MENCIONADO, SE VULNERAN EN SU PERJUICIO DERECHOS FUNDAMENTALES, habida cuenta de que como lo refiere el propio quejoso al encontrarse las posibles carpetas de investigación en fase inicial dentro de la etapa de investigación, no se ha ejecutado ningún acto de investigación ni procesal a partir del cual se requiera ejercer por parte de un imputado el derecho de defensa, incluso, ni siquiera se tiene precisado si la persona quejosa es imputada o no, ya que por el momento no se ha iniciado ninguna acción tendiente al ejercicio de la acción penal en su contra." Ahora bien, del análisis de las disposiciones constitucionales pertinentes y a la legislación adjetiva penal aplicable (Código Nacional de Procedimientos Penales), se desprende que el sistema penal acusatorio se distingue por una clara separación de funciones, pues las funciones de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. En este sentido, dentro del proceso acusatorio se pueden distinguir al menos tres momentos distintos: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral; y finalmente, c) la realización del juicio, donde un juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre culpabilidad del indiciado. Así, la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de los elementos que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando; por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizarán las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Ahora bien, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del juez de control en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y para que se formule la imputación correspondiente. En caso contrario, el Ministerio Público deberá solicitar al juez de control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia. En este orden, una vez puntualizado lo anterior, debe recordarse que en el presente caso la parte quejosa se duele de la negativa a darle intervención en las carpetas de investigación que se integran en su contra; acto que a criterio de este órgano de control constitucional no es susceptible de ser controvertido en el juicio de amparo biinstancial ya que no afecta su interés jurídico, aun cuando se hubiera señalado como una negativa vía derecho de petición, pues en todo caso, no debe analizarse el derecho de petición de forma aislada o autónoma, sino tomar en cuenta que se formula dentro de un procedimiento a cuyas normas debe someterse el justiciable. Lo antes destacado resulta importante debido a que, a diferencia del sistema de justicia tradicional, en el sistema penal acusatorio el Ministerio Público no recaba durante su investigación pruebas que puedan valorarse directamente en el juicio y que en su caso puedan ser usadas para dictar una condena a un imputado, pues los datos de prueba solamente constituyen información que recaba para determinar si debe llevarse a una persona ante el juez para iniciar una investigación complementaria con pretensión a ir a juicio. Por tanto, su investigación que por disposición constitucional debe ser en sigilo, no debe interrumpirse. Sustenta lo anterior en lo condúcete la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 04 de agosto de 2017, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014800, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". De ahí que, por regla general, el juicio de amparo contra actos u omisiones en la carpeta de investigación resulte improcedente porque no afecta el interés jurídico del quejoso. Lo anterior es así, debido a que existe una disposición de rango constitucional que dispone expresamente el sigilo de la carpeta de investigación, y establece una restricción que señala el momento a partir del cual ese sigilo ya no puede mantenerse, lo que en este caso no ha sucedido, según las propias manifestaciones del quejoso en su demanda. Así, se transcribe la porción constitucional que a este efecto interesa: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Apartado B. De los derechos de toda persona imputada: VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.) Como se advierte, existe un derecho del imputado, como también se contemplaba en el sistema tradicional, a que le sean facilitados todos los datos que solicita para su defensa y que consten en el proceso. Ese es un derecho fundamental que, como todos, no es absoluto. En el segundo párrafo de la fracción citada se contempla entonces la restricción. Si analizamos su contenido total, la regla general se contempla en la parte donde se habla del sigilo, es decir, prevé que a partir de determinado momento los registros de investigación no podrán guardarse en sigilo, lo cual implica que de inicio siempre será así. En el inicio del segundo párrafo encontramos precisamente una restricción constitucional al derecho de que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Esa restricción consiste en que, podrá tener acceso a los registros de investigación cuando el imputado se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez de control. Por tanto, si atendemos a la regla con rango constitucional que establece una restricción a un derecho, tenemos claro que, mientras una persona que ha sido señalada o denunciada en una carpeta, no ha sido detenida, no ha sido citada para comparecer ante el juez de control, ni se le ha pretendido recibir su entrevista, no tiene, por disposición expresa de la Constitución Federal, el derecho a que se le faciliten los datos que integran esa carpeta de investigación inicial, pues se parte de la base de que, esos datos, no son susceptibles de afectar materialmente sus derechos, pues no constituyen pruebas. Se invoca al respecto la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006224, que dice: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.". Así, la legislación procesal resulta acorde con dicha restricción, al señalar el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo siguiente: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.". Como se advierte, tanto Constitucional como legalmente, una persona señalada en una carpeta de investigación no tiene de inicio el derecho a acceder a su contenido ni intervenir, hasta en tanto se sitúe en alguno de los supuestos ya señalados, es decir, encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, por lo que, si el propio quejoso desde su demanda ha señalado que no tiene siquiera conocimiento del número de carpeta que se pudiera integrar donde exista en su contra una denuncia o señalamiento, es claro que no se ha situado aún en cualquiera de los supuestos que le da el derecho a tener acceso a la misma e intervenir. Es por ello que mientras esas hipótesis no se actualicen, el juicio de amparo indirecto es improcedente, puesto que aún no cuenta el quejoso con el derecho constitucional de acceder a todos los datos necesarios para su defensa, es decir, aún se encuentra en el supuesto de la restricción constitucional que debe ser observada. En este sentido, se estima que el acto que aduce el quejoso que incurrió la responsable no afecta algún derecho subjetivo ni tampoco su interés legítimo, pues en momento alguno le causa una afectación real y actual, ni directa ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, porque en términos de los artículos 21, párrafo cuarto, constitucional; 211, fracción I, inciso a), 212, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial (o carpeta de investigación), tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. Por ello, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional vía amparo indirecto, porque los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien cuando determina el no ejercicio de la acción penal. Por lo contrario, considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y por tanto, declarar la procedencia del juicio de amparo indirecto, trae como consecuencia necesaria entorpecer injustificadamente la potestad-deber conferida en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Con la salvedad de que, en el supuesto de que ya se hubiera recibido la entrevista del imputado, se le hubiere ocasionado algún acto de molestia concreto o hubiere sido detenido, es claro que a partir de ese momento su derecho fundamental de acceso a los datos necesarios para su defensa se actualiza y, por ello, ante los actos u omisiones que pudieran afectarlo estaría en posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto, ya que esos actos u omisiones podrían afectar ya un derecho tutelado tanto en sede constitucional como legal. En este caso, no existe ningún elemento que permita sostener que el quejoso ha sido detenido, ha sido citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista en una carpeta de investigación determinada. De ahí que se actualice la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, constitucional y 5, fracción I, de la legislación reglamentaria citada, relativa a la falta de interés jurídico del quejoso respecto al acto reclamado a la autoridad responsable; por tanto, se sobresee en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior por las razones que la integran la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, visible en el Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2592, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2012423, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 511/2018 promovido por FORTUNATO MANUEL MANCERA MARTÍNEZ, contra el acto reclamado al Jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en términos del último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, concedido al quejoso FORTUNATO MANUEL MANCERA MARTÍNEZ, en proveído de catorce de marzo del año en curso, a fin de que manifieste si amplía su demanda de amparo, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, se difiere y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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