Fortino Pacheco del Carmen
Expediente 901/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fortino Pacheco del Carmen
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de julio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de nueve de julio de dos mil quince (fojas 143- 146), en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscriben Fortino Pacheco del Carmen, Jaime Emilio González Cabañas o Jaime González Cabañas y Simón Anastacio Reyes Gonsalez (sic) o Simón Reyes Pérez, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales de Concepción Porfirio Díaz, Municipio de San Miguel Amatitlán, Huajuapan de León, Oaxaca, por el que dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de junio de dos mil quince, y al efecto exhiben un cuaderno de copias certificadas con las que acreditan su personalidad; en tal virtud, se les reconoce ésta en los términos en que promueven su demanda de garantías, contra actos del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, y actuario ejecutor adscrito a ese Tribunal y respecto de su admisión se prové: La demanda de amparo DEBE DESECHARSE DE PLANO por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se estima se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Es así, porque del análisis de la demanda de garantías se advierte, la parte quejosa reclama, la notificación por instructivo de la sentencia definitiva de catorce de octubre de dos mil nueve, dictada en el expediente agrario 20/2006, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46 con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, y como consecuencia el acuerdo de siete de junio de dos mil diez, en que se declaró ejecutoriada dicha sentencia; pues aducen su representada no tuvo la posibilidad de tener conocimiento del contenido de la resolución definitiva pronunciada en el referido juicio agrario, lo que les deparó perjuicio en tanto su recurso de revisión contra esa sentencia, promovido ante el Tribunal Superior Agrario, no fue objeto de estudio por haber sido presentado en forma extemporánea. Ahora bien, de lo expuesto en la demanda de amparo y documentos anexos a su escrito aclaratorio, con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte la comunidad quejosa es la parte actora en el juicio de agrario de origen, pues inició conflicto por límites con la comunidad de Santo Domingo Yolotepec, Municipio de San Miguel Amatitlán, Distrito de Huajuapan de León, Oaxaca; y en contra de la sentencia dictada en ese asunto, interpuso recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario. En ese sentido, al ser parte en el juicio de origen, la quejosa se encuentra obligada a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ahora bien, en contra del acto controvertido procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, en términos del artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, conforme al numeral 167 de este último ordenamiento legal, por medio del cual, se podrá confirmar, revocar o modificar la notificación que ahora impugna la comunidad promovente. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 467, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Julio de 2001, que dice: "NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY. Si bien es cierto que la Ley Agraria no establece de manera específica un mecanismo para impugnar las notificaciones omitidas o las que se hayan hecho indebidamente, también lo es que en sus artículos 170 a 177 regula la figura jurídica de las notificaciones, aunque no en todos los aspectos, ya que sólo contiene una serie de disposiciones atinentes a las formalidades que deben cumplirse para efectuar, entre otras, las notificaciones personales, los emplazamientos, la primera cita al procedimiento y las citaciones a los peritos, testigos y terceros, y con relación a los aspectos no regulados permite, en su artículo 167, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles para normar las notificaciones que no deben ser personales, el momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, etcétera, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones. Ahora bien, si en los aspectos no consignados expresamente en la ley últimamente citada, debe recurrirse al invocado código procesal, es inconcuso que de igual manera puede aplicarse lo relativo a la posibilidad de impugnar tales notificaciones a través del incidente previsto en su artículo 319, máxime si se considera que las cuestiones incidentales no son ajenas a los procedimientos agrarios, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la ley que los regula es posible que surjan ese tipo de cuestiones, las que únicamente se encuentran constreñidas a resolverse en los términos en que este propio dispositivo señala, es decir, deben decidirse de plano, conjuntamente con el negocio principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso resolverlas antes o que se refieran a la ejecución de la sentencia y sin sustanciar artículo de previo y especial pronunciamiento." Luego, al no agotar la parte agraviada previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, por virtud del cual pudo haberse modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, ni encontrarse en los casos de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, incisos a, b y c, de la Ley de Amparo, se actualiza en la especie la causa de improcedencia invocada, y por ende, conlleva a desechar de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, visible en página 902, Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". No es óbice que la quejosa también señale como acto reclamado en el capítulo respectivo, el auto de siete de junio de dos mil diez, dictado en el juicio agrario 20/2006, por el que se declaró ejecutoriada la sentencia de catorce de octubre de dos mil nueve, pues no lo hace por vicios propios, sino como consecuencia de la notificación por instructivo de dicha sentencia que controvierte destacadamente, y respecto de la cual como se dijo, se actualiza la causa de improcedencia referida. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de diecinueve de junio del año en curso, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Mediante sentencia engrosada el dieciséis de febrero de dos mil quince (fojas 74-77), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos ********************, para el efecto de que: El titular del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, de inmediato dictara las medidas legales procedentes a fin de continuar con la secuela procesal en la causa penal ******************** de su índice, y a la brevedad dictara la resolución final respectiva, como en derecho correspondiera. En auto de trece de marzo de dos mil quince, causó ejecutoria dicha sentencia, por lo que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento, ordenándose notificar al Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en su calidad de superior jerárquico de ésta, a fin de que vigilara el cumplimiento de la misma (foja 87). La Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Santa María Ixcotel, Centro, Oaxaca, mediante oficio número 1607/2015 de diecinueve de marzo de dos mil quince (fojas 89-92), remitió copia certificada del auto de once de marzo del año en curso, en el que declaró cerrada la instrucción en la causa penal ******************** de su índice; de igual forma, por oficio 3101/2015 envió copia autorizada del proveído de siete de mayo de dos mil quince, en el que señaló fecha para llevar a cabo la audiencia final en la causa penal citada (fojas 103-105); y mediante oficio 4499 de diecisiete de junio del presente año, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de mayo de dos mil quince, dictada en la causa penal ******************** de su índice, en contra de los quejosos ********************, en la comisión de los delitos de robo especifico y robo calificado con violencia por equiparación (fojas 113-131). Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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