Fortino Martínez Castañeda

Expediente 344/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
344/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Fortino Martínez Castañeda
  • Fortino Martínez Castañeda y Otros.
  • Oscar Daniel Martínez Salazar
  • Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. -Análisis de cumplimiento y archivo - Atento a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el treinta de julio de dos mil veintiuno, por este juzgado, se concedió el amparo y protección respecto al acto reclamado al Tribunal en Pleno de Supremo Tribunal de Justicia del estado, para los siguientes efectos: 1. Dejar insubsistente la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos del "INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE INDEMNIZACIÓN" promovido por los "inculpados" Fortino Martínez Castañeda y Oscar Daniel Martínez Salazar, dentro del Toca Penal 0241/2019-II en relación con el proceso penal instruido en su contra ante el Juez Sexto Penal del Estado en la causa 0046/2011 por el delito de Secuestro. 2. En su lugar deberá igualmente, emitir diversa resolución en la que siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia de amparo, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda respecto a la solicitud de indemnización por privación de libertad o condena injusta, realizada por Fortino Martínez Castañeda y Oscar Daniel Martínez Salazar; pero prescindiendo de aplicar las reglas establecidas respeto a dicha materia en el abrogado Código de Procedimientos Penales del Estado de Aguascalientes y, en su lugar, aplique las reglas previstas en lo que es materia de dicha clase de solicitud de indemnización en el Código Penal vigente en el Estado de Aguascalientes. Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad jurisdiccional responsable el cumplimiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, la Secretaria de Acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia del estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió la constancia respectiva con lo que se dio vista. De la documental que envió la autoridad responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: a) El seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictó resolución en el toca penal 0241/2019-II, en la que dejó insubsistente la sentencia emitida el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno; y, b) En su lugar emitió otra en la que, con libertad de jurisdicción, determinó declarar fundado el incidente no especificado de indemnización por privación de la libertad o condena injusta promovido por los inculpados Fortino Martínez Castañeda y Oscar Daniel Martínez Salazar, aplicando las reglas previstas en el Código Penal vigente en el Estado de Aguascalientes, correspondiendo el pago de la cantidad de ciento treinta y un mil setecientos quince pesos con noventa y nueve centavos, a favor de cada uno de ellos por dicho concepto. En tales condiciones este juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. -Manifestaciones de la parte quejosa en torno al cumplimiento - En relación a lo que señala el autorizado de los quejosos en su escrito recibido el diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que no está de acuerdo con el monto de las indemnizaciones calculadas para los quejosos, para lo cual se reserva el derecho de promover, en su caso, nuevo juicio de garantías donde se controvierta el fondo de esa cuestión; al respecto, la parte quejosa se encuentra en libertad de hacer valer el medio de defensa o juicio que considere necesario para hacer valer sus derechos, pues lo atinente al monto de la indemnización no constituyó un efecto de la sentencia, ya que se otorgó plenitud de jurisdicción para resolver en ese sentido. En cuanto a que al día de la presentación del referido escrito, la autoridad responsable no ha entregado materialmente a los quejosos las cantidades a las que se refiere la interlocutoria de referencia como lo afirma el autorizado de los quejosos, y que por lo tanto no puede considerarse que se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; como se señaló en párrafos que antecede, los efectos de la concesión del amparo fueron únicamente para que se dejara insubsistente la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, y se emitiera una diversa en la que, con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho proceda respecto a la solicitud de indemnización por privación de libertad o condena injusta, aplicando las reglas previstas en lo que es materia de dicha clase de solicitud de indemnización en el Código Penal vigente en el Estado de Aguascalientes, mas no así la entrega de dicho monto que les fue concedido en la nueva resolución. Para evidenciar lo expuesto, se transcribe parte de las consideraciones finales de la ejecutoria de amparo: ".9ª. No existe conflicto de normas entre el Código Federal de Procedimientos Penales abrogado y el Código Penal vigente, en la materia de indemnización por privación de libertad o condena injusta sino que existe derogación tácita parcial de éste último respecto del código instrumental citado, porque: a) ambas regulan la misma materia relacionada con la solicitud de indemnización por privación de la libertad o condena injusta, con la salvedad que el Código Penal tiene un mayor y más protector campo de regulación; b) regulan parcialmente de manera distinta una misma materia, ya que el Código de Procedimientos Penales no contempla las citadas prerrogativas a favor del solicitante de la indemnización, por lo que entre ambos cuerpos normativos no existe exista identidad sustancial de manera plena; c) la incompatibilidad entre una y otra norma se hace evidente, si se toma en cuenta que las dos fueron expedidas por el Congreso del Estado de Aguascalientes, d) tienen idéntica jerarquía en términos de lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, ya que ambas constituyen leyes ordinarias locales; y, e) también rigen en un mismo ámbito espacial de validez, es decir, en la misma entidad federativa [Estado de Aguascalientes]. Consecuentemente, para resolver tal contrariedad debe regir el principio jurídico de que la ley posterior deroga a la anterior en las disposiciones que se opongan a ella. 10ª. El Código Penal del Estado, en la materia de la controversia, derogó tácitamente el Capítulo único del Título Primero del Libro Tercero del Código de Procedimientos Penales del Estado de Aguascalientes, relativo a los preceptos legales que prevén la "Procedencia de la Indemnización por Privación de la Libertad o Condena Injusta", en particular lo dispuesto en lo dispuesto en el artículo 331 de dicho ordenamiento instrumental, en lo atinente a que la solicitud de indemnización deba presentarse "dentro del término de dos meses contados a partir de que cause estado la sentencia o la resolución que declare el sobreseimiento". Entonces, el Tribunal en Pleno responsable, debió declarar procedente las alegaciones del solicitante de la indemnización en lo concerniente a la derogación tácita de las normas establecidas al respecto en el abrogado Código de Procedimientos Penales del Estado de Aguascalientes, y, en consecuencia, abordar el estudio sobre si es o no procedente determinar fundada la pretensión del solicitante conforme a los lineamientos que al respecto establece el vigente Código Penal de la propia entidad federativa. 11ª.- Dados los alcances de los vicios de inconstitucionalidad detectados en la resolución reclamada, se torna innecesario ocuparse de las consideraciones de la misma en las que se calificó por el Tribunal responsable, la petición formulada por los quejosos Fortino Martínez Castañeda y Oscar Daniel Martínez Salazar, en relación con el "incidente no especificado de indemnización en razón del tiempo por el que estuvieron privados de su libertad"; pues para ello partió de analizarla conforme a lo "previsto tanto en el actual código sustantivo como en el adjetivo para el estado para procesos instruidos bajo el sistema de justicia penal tradicional, en lo referente al pago de la indemnización que solicitan los antes mencionados"; siendo que, como se ha concluido, este juzgador de amparo no considera jurídicamente correcto ese proceder, al haber utilizado el Tribunal en Pleno responsable las reglas de procedencia del Código de Procedimientos Penales del Estado cuya vigencia fue derogada tácitamente, en lo que constituye materia de la citada solicitud de indemnización por condena injusta, por el Código Penal del Estado." Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dese aviso a la autoridad responsable, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1.- El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 de dicho acuerdo, en razón de que treinta de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección, y en esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. - Se señala como fecha susceptible para tal efecto el veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser depurado después de tres años de haberse dictado el presente acuerdo. - Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. -Coincidencia del expediente electrónico como el impreso- Se instruye a la Secretaria de Juzgado encargada de la integración de los expedientes impreso y electrónico, para que previamente a la remisión física al archivo del primero de ellos, se realice y agregue a los autos la constancia de verificación respecto a la coincidencia total del expediente electrónico generado como el impreso. Adicionalmente, la secretaria deberá hacer una constancia de coincidencia entre expedientes impreso y electrónico. -Inexistencia de documentos originales- Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -Inexistencia de documentos de información reservada - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado autoridad; personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de los plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 9/2021. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido de la Secretaria Silvia Leticia Aréchiga Pérez, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 344/2021-II.

  2. Principal

    Se notifica por lista a los quejosos Fortino Martínez Castañeda y Oscar Daniel Martínez Salazar, el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: -Análisis de cumplimiento y archivo - Atento a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Este juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. -Manifestaciones de la parte quejosa en torno al cumplimiento - En relación a lo que señala el autorizado de los quejosos en su escrito recibido el diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que no está de acuerdo con el monto de las indemnizaciones calculadas para los quejosos, para lo cual se reserva el derecho de promover, en su caso, nuevo juicio de garantías donde se controvierta el fondo de esa cuestión; al respecto, la parte quejosa se encuentra en libertad de hacer valer el medio de defensa o juicio que considere necesario para hacer valer sus derechos, pues lo atinente al monto de la indemnización no constituyó un efecto de la sentencia, ya que se otorgó plenitud de jurisdicción para resolver en ese sentido. En cuanto a que al día de la presentación del referido escrito, la autoridad responsable no ha entregado materialmente a los quejosos las cantidades a las que se refiere la interlocutoria de referencia como lo afirma el autorizado de los quejosos, y que por lo tanto no puede considerarse que se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; como se señaló en párrafos que antecede, los efectos de la concesión del amparo fueron únicamente para que se dejara insubsistente la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, y se emitiera una diversa en la que, con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho proceda respecto a la solicitud de indemnización por privación de libertad o condena injusta, aplicando las reglas previstas en lo que es materia de dicha clase de solicitud de indemnización en el Código Penal vigente en el Estado de Aguascalientes, mas no así la entrega de dicho monto que les fue concedido en la nueva resolución. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dese aviso a la autoridad responsable, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo.

  3. Principal

    Visto el oficio remitido por la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por medio del cual informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe el documento respectivo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado autoridad por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos. Notifíquese por lista a las partes

  4. Principal

    Visto el estado de autos, advirtiéndose de la certificación que antecede que el plazo para recurrir la sentencia dictada por este juzgado ha transcurrido sin que se haya hecho valer el recurso de revisión; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria...Por ende, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia, o bien, informe los actos realizados para ese efecto...Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa...Por tanto, dese cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar. Finalmente, devuélvase al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el expediente 185/2021 del índice del Juzgado Segundo Penal (anteriormente 46/2011 del Juzgado Sexto Penal del Estado), en cinco tomos, y el toca penal 241/2019-II del índice del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que acompañó a su informe justificado y con los cuales se formaron tomos por separado. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad en su carácter de tercero interesado, y por lista a las demás partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 9/2021. Así lo acordó y firma electrónicamente Silvia Leticia Aréchiga Pérez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, encargada del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, emitida en sesión de cinco de julio del año en curso, conforme a lo comunicado en el oficio CCJ/ST/2092/2021, con motivo de las vacaciones concedidas al titular de este órgano jurisdiccional, signado por el Secretario Técnico de la citada comisión, asistida de la secretaria Ana Carolina Reyna Schulte, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 344/2021-II.

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