Fortino Martínez Castañeda y Otros.

Expediente 677/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
677/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Fortino Martínez Castañeda
  • Fortino Martínez Castañeda y Otros.
  • Oscar Daniel Martínez Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, nueve de abril de dos mil veintiuno. -Análisis de cumplimiento y archivo - Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el doce de febrero de dos mil veintiuno por este juzgado, se concedió el amparo para los siguientes efectos: Deje insubsistente la resolución de tres de junio de dos mil veinte, dictada en el toca penal .................., relativa al incidente no especificado de indemnización y, en su lugar dicte otra con libertad de jurisdicción, en la que atienda los lineamientos enunciados en párrafos previos, es decir, se ajuste a los principios de fundamentación y motivación. Mediante proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera y mediante proveído de veinticuatro siguiente se le tuvo por desahogada. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: La ejecutoria de que se trata quedó cumplida, en virtud que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dejó insubsistente la resolución de tres de junio de dos mil veinte y con libertad de jurisdicción, el diecinueve de marzo del año en curso dictó la resolución correspondiente, como se desprende de la siguiente transcripción: ".Por tanto, se procede a exponer por parte del Pleno de este Tribunal, los razonamientos considerados para aplicar en la presente resolución, tanto lo dispuesto en el código sustantivo como en el adjetivo de la materia, en relación a la solicitud de indemnización por privación de la libertad o condena injusta propuesta por Fortino Martínez Castañeda y Oscar Daniel Martínez Salazar, en los siguientes términos: El siete de noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto número 421, mediante el cual se adicionó un Libro Tercero denominado "Indemnizaciones" que contiene el Título Único "Procedencia de la Indemnización por Privación de la Libertad o Condena Injusta" conformado por el Capítulo Único y los artículos 201, 202, 203, 204 Y 205 del Código Penal del Estado, en el cual se estableció en el primero de sus artículos transitorios, que iniciaría su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Los artículos referidos en el párrafo que antecede, a la fecha en que fue promovida la solicitud de indemnización por parte de Fortino Martínez Castañeda y Oscar Daniel Martínez Salazar, ya se encontraban en vigor, considerando que el incidente no especificado de indemnización fue presentado por los antes mencionados el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve; empero, es pertinente señalar que el contenido de tales preceptos de manera alguna derogó lo establecido en el Código de Procedimientos Penales del Estado en materia de indemnizaciones, particularmente lo dispuesto en el numeral 331 del código adjetivo de la materia. Lo anterior es así, considerando que en el decreto número 421 antes referido, no se estableció en lo absoluto en sus artículos transitorios, que quedaran derogados los dispositivos 330 a 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado, puesto que lo dispuesto en este último ordenamiento sigue rigiendo el trámite de los procesos instruidos bajo el sistema de justicia penal tradicional, como acontece en el que fue instruido a Fortino Martínez Castañeda y Oscar Daniel Martínez Salazar, ante el Juez Sexto Penal del Estado en la causa 0046/2011 por el delito de Secuestro cometido en agravio de Raúl Lozano Aguilar. Bajo tales consideraciones, es cierto que en los actuales artículos 201 a 205 del Código Penal del Estado no se establece una temporalidad para que los procesados promuevan ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, una solicitud de indemnización por alguno de los supuestos a que se refiere el primero de tales preceptos; sin embargo, ello no es óbice para que en el particular se sigan aplicando las disposiciones previstas en los numerales 330 a 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues se reitera, estas últimas de manera alguna han sido derogadas mediante la adición al primero de los ordenamientos invocados del Libro Tercero referente a Indemnizaciones, ya que no resulta acertado que por haberse insertado al código sustantivo lo referente a tal materia, se ha dejado sin efecto el contenido de los dispositivos contenidos en el código adjetivo sobre el particular. Tampoco pasa desapercibido para este Tribunal en Pleno, que en la exposición de motivos para la elaboración del dictamen para llevar a cabo la adición propuesta al Código Penal del Estado por lo que hace a los artículos 201, 202, 203, 204 Y 205, planteada a la Honorable Asamblea de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, fue señalado toralmente, que la iniciativa tenía por objeto establecer la figura denominada "derecho de indemnización", para otorgar al procesado una indemnización en el supuesto de que haya sido privado de su libertad injustamente, derivado del hecho de que la responsabilidad patrimonial del estado por el error judicial, constituye una obligación de resarcir a quien haya sufrido daños y perjuicios por una equivocada actuación materialmente jurisdiccional, motivada por diversas causas. De igual manera se estableció en dicha exposición de motivos, que con antelación el Partido Revolucionario Institucional impulsó ante la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, una serie de reformas y adiciones a la normatividad penal vigente en aquel entonces, que fueron aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de septiembre de dos mil nueve, las cuales permitieron precisar las reglas aplicables para establecer los montos de indemnización a favor de quien fuera sujeto a prisión preventiva y posteriormente se le absolviera en el procedimiento penal; creándose el Fondo para la Indemnización de Sentenciados Absueltos, el cual aún está previsto por el Código de Procedimientos Penales del Estado de corte inquisitivo, que perdería completamente su vigencia para el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Así, se expuso en la aludida exposición de motivos, que en términos del principio de progresividad de los derechos humanos, reconocido en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez que el estado reconoció un derecho en beneficio de las personas, éste ya no puede ser eliminado, debiendo continuar su aplicación. En el mismo tenor, se estableció que en el sistema penal acusatorio que estará vigente en todo el estado a partir del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el principio de rectificación permite que cualquier afectado indebidamente por un acto de autoridad, pueda acudir a las instancias jurisdiccionales para el restablecimiento de sus derechos, por lo que en caso que exista un error en la decisión, se da lugar a una reparación por parte del estado, por actos u omisiones ilegales que violenten los derechos humanos, conforme al propio artículo 10 de nuestra carta magna. En tal contexto, fue señalado que el artículo 490 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la obligación de indemnizar a una persona cuando la autoridad judicial emite una resolución en la que reconoce su inocencia, remitiendo tal precepto a las disposiciones aplicables que cada entidad federativa determine; por lo cual se sostuvo la pertinencia de conservar la reglamentación referente a la indemnización por privación de la libertad o condena injusta, para lo cual era necesario adicionar al Código Penal del Estado las disposiciones que actualmente se prevén en el Código de Procedimientos Penales del Estado de corte inquisitivo que perdería completamente su vigencia el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis por lo que respecta a la totalidad de los delitos contemplados en la legislación estatal en cualquiera de los partidos judiciales del estado, realizando por ello los ajustes que permitan mejorar su aplicación y respetando lo ordenado por el artículo 490 del código nacional adjetivo. De lo antes transcrito, se advierte que la adición propuesta al Código Penal del Estado en lo referente al derecho de indemnización por privación de la libertad o condena injusta, tuvo por objeto que al entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales siguiera reconocido el derecho de los encausados a percibir el pago de una indemnización, en caso de que se actualice alguno de los supuestos a que actualmente se refiere el artículo 201 del primero de tales ordenamientos, puesto que dicha materia se encontraba regulada con antelación únicamente en el código adjetivo de la materia y no en el sustantivo. Empero, ello no significa que al haberse efectuado la precitada adición al Código Penal del Estado, en lo relativo al derecho al pago de una indemnización, quedara sin efecto lo establecido en el Código de Procedimientos Penales del Estado, particularmente en tratándose de procesos instruidos bajo el sistema de justicia penal tradicional, pues de manera alguna se estableció en el decreto de adición, que quedaran derogadas las disposiciones contenidas en el ordenamiento procesal estatal en relación a tal aspecto. Además, se considera que para poder hacerse operativo el derecho sustantivo a una indemnización previsto en el Código Penal del Estado, es menester el empleo de la legislación adjetiva aplicable, particularmente lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado, que rige para los procesos instruidos bajo el sistema de justicia penal tradicional, pues de no procederse de tal manera, se haría inoperable la prerrogativa antes indicada. Por otra parte, debe señalarse que cuando se encontraba en vigor la Legislación Penal del Estado que tuvo aplicación hasta el diecisiete de' julio de dos mil trece, debido a que la misma fue abrogada por el Código Penal del Estado y el Código de Procedimientos Penales del Estado publicados en el Periódico Oficial del Estado el veinte de mayo de dos mil trece mediante decreto número 331, el apartado correspondiente a "Indemnizaciones", se encontraba contenido en el Título Octavo del Libro Segundo, denominado del "Procedimiento Penal" en dicho ordenamiento, mas no en la parte sustantiva de ese ordenamiento. Lo cual permite concluir que la adición al Código Penal del Estado, en lo relativo al pago de una indemnización por privación de la libertad o condena injusta, obedeció precisamente a que al entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, se encontrara regulado ese derecho en la legislación sustantiva estatal por lo que se refiere a los procesos de índole penal que fueran instruidos bajo el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio oral. Por tanto, se concluye que para los procesos penales instruidos bajo el sistema de justicia penal tradicional, debe seguir rigiendo lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado antes aludido y no en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues como acontece en la causa seguida a Fortino Martínez Castañeda y Oscar Daniel Martínez Salazar, ésta se siguió bajo las normas adjetivas del primero de tales ordenamientos. A mayor abundamiento conviene citar, que el artículo tercero transitorio del decreto mediante el cual fue expedido el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce y su respectiva reforma de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, establece la abrogación del Código Federal de Procedimientos Penales y de los correspondientes a las diversas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del decreto; sin embargo, se señala que los procedimientos penales que a la entrada en vigor del ordenamiento nacional antes referido se encontraran en trámite, debían continuar su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos, toda vez que el código nacional adjetivo sería aplicable a los procedimientos penales que dieran inicio a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. Además, el propio artículo segundo transitorio del decreto número 421 relativo a la adición al Código Penal del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado el siete de noviembre de dos mil dieciséis, estableció que el Fondo para la Indemnización de Sentenciados Absueltos referido en el artículo 204 del decreto, es el mismo que prevé el artículo 303 del Código de Procedimientos Penales del Estado contenido en el artículo segundo del Decreto 331 publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de mayo de dos mil trece, mediante el cual fueron expedidos el Código Penal del Estado y el Código de Procedimientos Penales del Estado. Lo que desde luego, corrobora que los procedimientos instruidos con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben seguir rigiéndose por las disposiciones previstas en el Código de Procedimientos Penales del Estado relativo al sistema de justicia penal tradicional; mientras que la adición que operó al Código Penal del Estado, tuvo por objeto que el legislador previera lo relativo al derecho de indemnización por privación de la libertad o condena injusta en el propio ordenamiento sustantivo estatal, ante el comienzo de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales a los procesos instruidos bajo el nuevo sistema de justicia penal, con la consecuente abrogación de la normatividad adjetiva para el estado. Empero, ello no se traduce en que las disposiciones previstas en el código procedimental estatal de corte mixto, no sean aplicables a los procedimientos que dieron inicio bajo el sistema de justicia penal tradicional, pues a pesar de que la adición al ordenamiento sustantivo estatal entró en vigor (el ocho de noviembre de dos mil dieciséis) con posterioridad a la fecha en que cobró aplicación en todo el estado el Código Nacional de Procedimientos Penales (el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis), tal circunstancia no tiene por consecuencia que este último ordenamiento deba también regular los procesos instruidos bajo el sistema de justicia penal tradicional, según se expuso. De igual manera, debe atenderse a que en el artículo 490 del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente se establece que en caso de que se dicte un reconocimiento de inocencia, deberá ser resuelto de oficio sobre la indemnización que proceda en términos de las disposiciones aplicables, la que podrá ordenarse a favor del beneficiario o de sus herederos, según sea el caso; sin embargo, en la referida disposición no se contempla la forma en que podrá ejercerse tal derecho o el término que se tiene para hacerlo valer, lo cual con independencia de que no es válido aplicar a los procedimientos instruidos bajo las normas del sistema de justicia penal tradicional, como acontece en el caso concreto, es que se concluye debe acudirse a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado de corte tradicional, en el cual se regula el ejercicio de tal prerrogativa. Por otra parte, tampoco es válido concluir que la ley posterior (adición al Código Penal del Estado) derogó a la anterior (lo que anteriormente se encontraba regulado en el Código de Procedimientos Penales del Estado en materia de indemnizaciones en los supuestos antes indicados), ya que aunque ambas legislaciones regulan la misma materia (indemnizaciones), se refieren a procedimientos seguidos antes o después de que comenzó a tener aplicación el Código Nacional de Procedimientos Penales; amén de que el decreto de adición al Código Penal del Estado, no estableció derogación alguna de las disposiciones contenidas en el ordenamiento procesal de corte mixto, toda vez que éste sigue siendo aplicable a los procesos instruidos bajo el sistema de justicia penal tradicional, como acontece en el particular. ." En tales condiciones este juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues la responsable fundó y motivó las razones por las cuales resultaba aplicable el artículo 331 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que establece la temporalidad de dos meses para promover la solicitud de indemnización; de manera que, con la nueva determinación la parte quejosa está en condiciones de conocer los motivos que la llevó a resolver en sentido de declarar improcedente el incidente no especificado de indemnización por extemporáneo, en acato a la garantía de legalidad y seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No pasan inadvertidas las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido -toral- de que la autoridad responsable no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria, en su opinión, no ha ofrecido una exhaustiva fundamentación y motivación que justifique los asertos del acto reclamado; sin embargo, se considera que la ejecutoria sí está cumplida, ya que en la sentencia de amparo no se dio lineamientos específicos de la forma en que habría que resolver, se le dejó plenitud de jurisdicción, con la salvedad que debía expresar las causas, razones o motivos de la aplicación del artículo 331 del Código de Procedimientos Penales del Estado, como lo hizo. Para clarificarlo, se transcribe una parte de la sentencia de amparo: ". Por tal motivo, si la autoridad responsable en el apartado de los considerandos hizo alusión al trámite de la indemnización sustentada en los artículos 201 y 202 del Código Penal del Estado, pero además involucró como parte de su fundamentación y motivación los artículos 330 y 331 del Código de Procedimientos Penales del Estado, además con apoyo en el último de los numerales desestimó por extemporánea la solicitud de indemnización sin expresar las causas, razones o motivos de su aplicación, es ilegal su determinación. Lo anterior, pues como lo sostiene el quejoso, en el artículo 202 del Código Penal del Estado aplicable, no se contiene la temporalidad de dos meses para promover la solicitud de indemnización, que sí establece el diverso 331 del Código de Procedimientos Penales del Estado; de manera que si la autoridad responsable las complementó, entonces, estaba obligada a explicarlo de manera exhaustiva, a efecto de que el justiciable tuviera oportunidad de conocer las razones que la llevó a resolver de la manera en que lo hizo, al no haberlo hecho así, vulnera en su perjuicio la garantía de legalidad y seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que de suyo implica que lo reclamado carece de los requisitos exigidos en el precitado ordinal, es decir, adolece de la debida fundamentación y motivación que toda determinación de autoridad debe contener." Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dese aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. -Archivo- Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1.- El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) en razón de que el doce de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, y con esta fecha en la que se actúa, se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. Consérvese el presente asunto por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, depúrese, conservando la demanda y la resolución dictada; así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. -Inexistencia de documentos originales- Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -Inexistencia de documentos de información reservada- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada, personalmente a la parte quejosa y por lista al resto de las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 1/2021...... 677/2020-II.

  2. Principal

    Se notifica por lista a los quejosos el acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: Este juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues la responsable fundó y motivó las razones por las cuales resultaba aplicable el artículo 331 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que establece la temporalidad de dos meses para promover la solicitud de indemnización; de manera que, con la nueva determinación la parte quejosa está en condiciones de conocer los motivos que la llevó a resolver en sentido de declarar improcedente el incidente no especificado de indemnización por extemporáneo, en acato a la garantía de legalidad y seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No pasan inadvertidas las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido -toral- de que la autoridad responsable no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria, en su opinión, no ha ofrecido una exhaustiva fundamentación y motivación que justifique los asertos del acto reclamado; sin embargo, se considera que la ejecutoria sí está cumplida, ya que en la sentencia de amparo no se dio lineamientos específicos de la forma en que habría que resolver, se le dejó plenitud de jurisdicción, con la salvedad que debía expresar las causas, razones o motivos de la aplicación del artículo 331 del Código de Procedimientos Penales del Estado, como lo hizo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dese aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo.

  3. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. -DESAHOGA VISTA - Visto el escrito firmado por ..................., autorizado legal de la parte quejosa, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, a través del cual desahoga la vista otorgada mediante proveído de veintitrés de marzo del presente año, y al respecto realiza diversas manifestaciones, que serán tomadas en cuenta al momento de analizar el cumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese mediante lista a las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 1/2021. ...677/2020-II.

  4. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. - Vista cumplimiento - Visto el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por medio del cual informa el cumplimiento al fallo protector y exhibe los documentos respectivos. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y, en su caso, al tercero interesado, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos. Notifíquese por lista a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 1/2021. 677/2020-II.

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