Florina Martínez Ramón

Expediente 986/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
986/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
14/12/2016

Partes del expediente

  • Florina Martínez Ramón

Actuaciones

  1. Principal

    Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta Ciudad, mediante el cual envía copia debidamente certificada de la ejecutoria de uno de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciada en el recurso de queja civil 156/2016; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja de que se trata." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción II, del citado Acuerdo General el expediente principal es susceptible de ser DESTRUIDO.

  2. Principal

    Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta Ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por en contra del auto de cinco de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, al que le fue asignado el recurso de queja civil 156/2016.

  3. Principal

    Visto el escrito presentado por Florina Martínez Ramón, quejosa y atento a su contenido, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase interponiendo recurso de queja en contra del auto de cinco de septiembre del año en curso, dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo. Una vez que se haya notificado al recurrente, remítase el original de dicho escrito y el informe respectivo en relación a la materia de la queja, al que deberá adjuntarse copia certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de garantías para la substanciación de dicho recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, residente en esta ciudad, para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Se ordena agregar a los autos el escrito presentado por la quejosa ; en atención a su contenido, se tiene por desahogado en tiempo la prevención que se le formuló en proveído de treinta de agosto de dos mil dieciséis, en el juicio de amparo indirecto 986/2016, en que se actúa. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que la quejosa reclama de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: "La ejecución provisional de los autos de fecha 5 de agosto de 2016, publicado el día 09 de los mismos, y el diverso proveído 22 de agosto de 2016, publicado el 23 de los mismos, del juicio civil en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción reivindicatoria en contra de la suscrita, del índice de dicho juzgado bajo el expediente número 102/2015-2, los cuales surtes sus efectos por listas fijadas en los estrados del H. Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, y de la ejecutora su cumplimiento y ejecución." Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso concreto, los acuerdos de cinco y veintidós de agosto de dos mil dieciséis, emitido por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, en los que se tiene por solicitada la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 102/2015-2, puede ser impugnado a través del recurso de reconsideración que para tal efecto prevé los artículos 381 y 382, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero. Ello implica, que la impetrante de garantías tiene a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual dicha determinación puede ser modificada, revocada o nulificada, el cual tienen que agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, el recurso de reconsideración, previsto en el artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, establece: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad ordinaria, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos y no agoto ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Jurisprudencia 986, Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, página 678, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Apéndice 1917-1995). Es preciso mencionar, que si bien es cierto nuestro más alto tribunal del país ha emitido el criterio relativo a que la posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitir la demanda de amparo, empero cabe indicar que tal criterio es solamente aplicable cuando se infiere a la existencia de un recurso y que dicha certeza va a depender de los datos que se arrojen durante el procedimiento de amparo lo que significa en tal supuesto que ya no es manifiesta la causal de improcedencia que para tal efecto se invoque; pero no como acontece en la especie que la existencia del medio de defensa señalado con anterioridad es evidente y no una mera posibilidad, por ello la accionante constitucional debió agotar ese medio de defensa, ya que se insiste, mediante aquel puede obtener la revocación del acto que se reclama en la demanda de garantías. Es ilustrativa la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia VI.3º.C.J/62, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, pag. 1665, Tomo XXIII, Febrero 2006, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Por otra parte, a juicio de la suscrita, también se aprecia que se actualiza de manera notoria y manifiesta otra causal de improcedencia siendo la prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el arábigo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Conforme a lo transcrito, debe establecerse que el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a los quejosos. Así las cosas, por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente. Esta apreciación encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora bien, en el caso el acto reclamado por la peticionara de garantías, los hace consistir en: ".auto de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, y publicado el veintitrés de agosto, acuerdo que se tiene por exhibida la ficha de depósito por la cantidad de $30.000.00 (Treinta mil pesos 00/100), fijados por el juzgado para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarle a la demandada en razón a lo mencionado se ordena proceder con la ejecución provisional de la sentencia definitiva, dando cumplimiento al sexto punto resolutivo de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis." Asimismo, de la demanda de garantías se desprende que la quejosa se duele de que la autoridad responsable dictó auto en que ordenó proceder con la ejecución de la sentencia definitiva de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, dictada por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad; en esa tesitura se advierte que los actos reclamados los hace consistir en los autos de cinco y el diverso proveído de veintidós de agosto del presente año, en los cuales se ordenó la ejecución de la sentencia. Por tanto, es evidente que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, en virtud de que la peticionaria de garantías, en el capítulo de antecedentes manifiesta que la sentencia de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, es la que se está tratando de ejecutar; por lo que los actos que aquí pretenden reclamar no constituyen la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de origen; de ahí que en la especie, esta juzgadora estime actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa. Sin que pueda tener trascendencia alguna la valoración de "irreparable" del acto que se reclama, toda vez que tal aspecto no puede incidir en el análisis de los actos actualizados en la fase de ejecución de una sentencia o laudo de acuerdo con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que a continuación se cita. Tiene aplicación al caso particular la Tesis 1a./J. 29/2003, visible en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, primera Sala, Novena Época, Tomo XVII, Junio de 2003, que al rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". Al igual que la Tesis I.3º. C 765 C, visible en la página 1345 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, que al rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías. En suma, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en las fracciones XVIII y XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano