Floriberto Susano Flores

Expediente 1286/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1286/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2017

Partes del expediente

  • Floriberto Susano Flores
  • Floriberto Susano Flores y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por las partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por ......, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo indirecto 1286/2017-III, y fórmese expediente impreso y electrónico. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, y como lo solicitan los peticionarios se designa como representante común de los promoventes a Floriberto Susano Flores. Es preciso destacar que la demanda de amparo que se acuerda, fue promovida como amparo directo, sin embargo de la lectura de la misma se concluye que corresponde a amparo biinstancial dado que el acto que reclama la parte quejosa es el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Lo es el Auto de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Civil Número 134/2013, en el juicio ordinario civil de Nulidad absoluta de contrato privado de compraventa, promovido por Alicia Susano Flores y Teresa Flores Rodríguez y en contra de los quejosos, en el que se ordena hacer el Lanzamiento del bien inmueble a los suscritos hoy quejosos." Lo anterior es así, dado que de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, el auto que reclama no corresponde a los que deben ser impugnados mediante el juicio de amparo uniinstancial ante un Tribunal Colegiado, puesto que, el artículo señalado en primer término da competencia al órgano colegiado para conocer precisamente de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, y el segundo, establece que opera la competencia respecto a las sentencias definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales ya sea que la violación se cometa en ella o en el procedimiento y que afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Además, por sentencia definitiva debe entenderse como aquellas que deciden el juicio en lo principal, así como, las resoluciones que ponen fin al juicio y las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Es así que, conforme a las disposiciones, constitucionales y legales transcritas, que regulan el juicio de amparo en la vía directa, se advierte que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se promueve contra resoluciones definitivas, sean éstas sentencias o laudos, así como contra resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Hecha la precisión anterior, y dado que quien esto resuelve, considera que al ser el acto combatido en la presente demanda de amparo, competencia de un Juzgado de Distrito como lo es este, se procede al estudio de la misma a fin de proveer lo conducente. En ese orden de ideas, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, tocante a que el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Asimismo, el numeral en comento dispone que para desechar una demanda de amparo no basta que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Orienta a lo anterior, la tesis XV.2o.2 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Por lo anterior, se analizan las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3º, párrafos cuarto y quinto, 5º, fracción I, 6º, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. Los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I del Pacto Federal, disponen lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, (.)". Asimismo, los numerales 1º, fracción I, 3º, párrafos cuarto y quinto, 5º, fracción I, 6º, primer párrafo, 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 3º. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los otorgados para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, las promociones podrán ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, esta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese sentido, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la o las personas en las que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º, párrafos cuarto y quinto, 5º, fracción I, y 6º, primer párrafo, de la Ley de Amparo; asimismo, se deberá agregar la firma electrónica vigente de quién o quienes promueven, ya que este es un requisito establecido en el artículo 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por el cual se obligan las personas, tal como se advierte de lo siguiente: "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la oficina de correspondencia común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la oficialía de partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos". Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de parte afectada por el acto reclamado, es decir, cuando el quejoso no se encuentra identificado, dado que no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, toda vez que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante el desconocimiento del agraviado y la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad, por tanto, no es posible ni lógica ni jurídicamente que una resolución de tal naturaleza surta efectos respecto de un ente desconocido. Lo anterior se pone de manifiesto cuando los solicitantes del amparo no indican su nombre o agregan su firma electrónica vigente en la demanda presentada vía electrónica, pues si estos, en el caso, son la expresión de voluntad de los gobernados para demandar el amparo y protección de la justicia federal, consecuentemente, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de las violaciones a sus derechos en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quienes acuden ante el órgano jurisdiccional para tal fin. En el caso, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene que en el escrito de demanda presentado vía electrónica se presentó sin la firma electrónica correspondiente de la parte quejosa; por tanto, los quejosos no expresaron su voluntad de instar la vía jurisdiccional. Dicha irregularidad no puede ser corregida mediante prevención, por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, por tanto, al no haberse manifestado la voluntad de promover este juicio, procede DESECHAR la demanda de amparo referida, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Máxime, que dicha circunstancia no limita el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues nada impide a la parte quejosa presente su demanda por escrito con firma autógrafa, ante la imposibilidad jurídica y material de hacerlo electrónicamente. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo 38 Primera Parte, página 315 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época cuyo rubro y texto son los siguientes:........ También tiene aplicación a lo anterior por su contenido la tesis XIX.1º.A.C.2 K (10ª.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, página 3485, de rubro y texto siguientes:.......De igual forma, resulta aplicable al caso concreto la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". En consecuencia, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo intentada por Floriberto Susano Flores y Carmela López Rios; ello en razón de que se actualiza de manera notoria, plena e indubitable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que disponen los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Enrique Farias Villalobos y Manuel Mendoza Cruz, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales. Además, en términos del artículo 89 del acuerdo general antes citado, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y digitalícese oportunamente y de manera legible las constancias del presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la ley de amparo. Finalmente, se otorga a las partes el acceso al presente expediente electrónico en términos de los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

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